El Frente de Pacientes Renales denunció que el Gobierno Nacional y el IESS deben alrededor de 300 millones de dólares a las dializadoras, clínicas privadas que dan diálisis a alrededor de 19.200 pacientes con insuficiencia renal.
Lejos de encontrar solución, el problema se va agravando. Los convenios entre el IESS y dos dializadoras de Quito y Santo Domingo se cancelaron la semana pasada, por falta de pago. Esta medida afectó a 230 pacientes que, echados a su suerte, ahora buscan cupo en otras clínicas para recibir el tratamiento, el cual es de vida o muerte.
Ante esta situación, el Frente de Pacientes Renales dio una rueda de prensa la semana pasada solicitando financiamiento a organismos internacionales. Entre los pacientes que hablaron aquel día estaba Alicia Bedoya. Ella fue diagnosticada con insuficiencia renal hace cuatro años. Y eso le cambió la vida. Desde entonces, tiene que hacerse diálisis tres veces por semana y cada sesión dura cuatro horas.
La diálisis es un tratamiento para la insuficiencia renal, también conocida como enfermedad renal terminal, que ayuda a eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre porque los riñones no pueden hacerlo por sí solos. Esto es lo que cuenta Alicia de su vía crucis:
«Cuando recién me detectaron mi enfermedad, me hicieron mis primeras terapias en el hospital público, pero en el hospital enseguida me derivaron a una clínica, porque en el hospital solo había cinco máquinas. ¿Para qué son esas cinco máquinas que tienen?
«Ellos tienen que dar diálisis en esas cinco máquinas a los casos emergentes que llegan, o que a veces están hospitalizados ahí mismo y tienen que hacerse la diálisis. Entonces, esos son los casos a los que ellos dan el servicio. Pero no pueden atender a más pacientes porque no hay infraestructura, no hay máquinas, no hay personal para que atiendan. Entonces, tienen que derivar a las clínicas.
«Yo me hacía atender en el Pablo Arturo Suárez. Yo empecé en el Pablo Arturo y no me fue mal, me ayudaron, me dieron toda la atención. Pero hoy que voy a hacerme un chequeo por emergencia porque me siento mal y no hay nada. No hay nada de insumos ni medicación.
«No hay médicos, porque les despidieron o el médico se fue de vacaciones, no pueden atenderle a una. A ese tema ha llegado ya la salud. Y no podemos, yo le hablo como paciente renal, no podemos esperar. Nosotros no podemos esperar el tratamiento».
El Frente de Pacientes Renales estima que los hospitales del sistema público tienen capacidad para atender apenas a un 12% de personas afectadas con insuficiencia renal. Por eso, la necesidad de derribarlos a clínicas privadas.
No hay médicos, porque les despidieron o el médico se fue de vacaciones, no pueden atenderle a una. Y no podemos, yo le hablo como paciente renal, no podemos esperar.
La falta de pago a las dializadoras no es un problema nuevo. Las quejas de las clínicas al Estado por falta de pagos ha sido una constante, pero Alicia afirma que la actual crisis es diferente, pues nunca había visto un descuido tan intenso en el sistema de salud. Este problema, afirma, inició a finales del 2023. Esto coincide con la entrada de Daniel Noboa a la Presidencia de la República.
«Tengo entendido que que de los dos gobiernos anteriores había una deuda de unos dos meses, no más. Esta deuda ha venido con el gobierno. No podemos cerrar los ojos a la realidad y decir no, no es de este gobierno. Sí, es este gobierno.
«Yo puedo hablar de la clínica del cual yo pertenezco. El IESS le debe 14 meses. No han pagado. A nosotros nos supieron decir que ese es problema entre el Estado y las clínicas. Totalmente de acuerdo, pero no se dan cuenta de que al no pagar no sólo afectan a la clínica, afectan a los pacientes. Al no pagar, los que no recibimos el tratamiento, los que nos ponemos mal, los que no tenemos medicación ni un buen tratamiento global somos los pacientes».
Para sobrellevar esta situación, los pacientes renales formaron su propia organización. Uno de los objetivos es detectar en qué partes del país, el problema es más grave. Alicia cuenta que los más afectados son los pacientes de la Costa.
«En la Costa los pacientes están en un nivel crítico. Yo puedo decir que, gracias a Dios, en mi clínica todavía hay insumos, me han conectado, me han dado. He tenido que comprar medicación, sí. ¿Por qué? Porque no hay. Porque no avanzan a comprar la medicación.
«Pero en la Costa a mis compañeros de lucha mandan a comprar hasta las pegatinas, que sirven para que, cuando nos sacan las agujas, no se nos vaya la sangre. Imagínese, ese es nivel. Ellos tienen que comprar la Eritropoyetina, es cara y nos tenemos que poner eso, porque nos da anemia y si nosotros caemos con más fuerza, tenemos una anemia crónica.
«Nuestra enfermedad tiene la anemia, pero si es que nosotros no nos ponen esa medicación nos podemos morir. Nosotros tenemos el fósforo alto. A los pacientes renales se nos sube el fósforo. Es una complicación muy fuerte. Tenemos que comprar esa medicación.
«A veces hay pacientes que tomamos esa medicación, dos o tres veces al día, después de cada comida. Cada caja cuesta 70 dólares. Eso multiplique por tres cajas. La gente no puede pagar. Y habemos gente que ya no podemos trabajar, porque no nos dan trabajo en las entidades.
«Nos han mermado y nos han dicho, «No es que usted no puede trabajar porque tiene que salir a su terapia y yo no voy a perder dinero porque usted se vaya a hacer su terapia.» Entonces, hay personas que que no tienen a veces ni para llegar a la terapia porque toca pagar los pasajes. A ese a ese nivel de dolor, de dolencia estamos los pacientes renales».
Alicia recibe las diálisis en una clínica en el sur de Quito. Acude tres veces por semana, los martes, jueves y sábado. En cada visita, escuchaba que la deuda del gobierno aumentaba y que el servicio estaba en riesgo. La cuestión se agravó en diciembre del año pasado, cuando recibió una llamada de la clínica avisándole que tenían que suspender la atención.
«Yo me hice la diálisis martes. El día miércoles en la tarde nos llamaron a decirnos que el día jueves no había diálisis, porque ya no había insumos. Somos grupos, ¿no? Nos hacemos la diálisis por grupos; pónganse, yo me hago martes, jueves y sábado, el otro grupo se hace lunes, miércoles y viernes, o sea son diferentes turnos.
«Entonces nos suspendieron la diálisis del jueves y del viernes, porque ya no hubo insumos, pero el sábado ya nos hicieron la diálisis. Habían conseguido en la clínica un préstamo para poder comprar insumos. Entonces, el jueves ya nos hicieron la diálisis. El día en que nosotros no nos hacemos la diálisis es algo traumatizante, crítico, porque nos llenamos de toxinas el cuerpo, no hinchamos porque ya no orinamos, ya no podemos botar las toxinas. Entonces nos llenamos de toxinas el cuerpo. Y el día sábado fuimos con un peso exagerado, tal vez, estuvimos ya con el cuerpo que no nos resistía, con desmayos porque estábamos sumamente intoxicados».
Entonces nos suspendieron la diálisis del jueves y del viernes, porque ya no hubo insumos, pero el sábado ya nos hicieron la diálisis. Habían conseguido la clínica un préstamo para poder comprar insumos.
Desde entonces la atención se normalizó, hasta la semana pasada. Alicia recibe las diálisis en esa clínica junto con 200 pacientes. La mayoría de estos, 120, son derivados por el IESS. El resto pertenece al Ministerio de Salud y unos pocos al ISSFA y al ISSPOL. La semana pasada, la clínica notificó a los 120 pacientes derivados del IESS que el convenio con el Seguro se había suspendido y que no podrán seguir brindándoles el tratamiento.
«Son 120 pacientes los que pertenecen al IES y a los cuales les dijeron que no les den la terapia. Ah, okay. Entonces, son 120 pacientes que tienen que darles la transferencia y colocarles en otras clínicas, para que les puedan dar el tratamiento.
«Pero no se dan cuenta que en esos 120 pacientes hay discapacitados, hay gente que tiene sus miembros amputados. Hay gente, la mayoría de la tercera edad, que ya no se puede movilizar y va en silla de ruedas.
«Cuando a usted le derivan, lo hacen a una clínica que esté cerca de su casa para que pueda moverse y hacerse su tratamiento tranquilamente. Pero ahora, con esta suspensión, tengo entendido que a mis compañeros les han dicho que tal vez les reubiquen a sitios donde hay espacio. Entonces, han dicho que a algunos tal vez les manden a hacerse la diálisis en Latacunga, otros en Calderón, en Carapungo. Es un trayecto muy largo, muy lejano y muchos pacientes viven al día.
«Muchos pacientes tienen que salir, después de la diálisis, a vender sus caramelitos para tener unos 2 o 3 dólares para poder comer. Imagínese esos pacientes, ¿con qué dinero van a irse a Latacunga, a Calderón? No les alcanza, si a veces para salir de su casa les cuesta un taxi, porque no se puede andar en bus a las 4 o 5 de la mañana, hora en que salimos a hacernos la diálisis, no podemos coger bus y digamos que de su casa a la clínica nos cuesta 2 dólares, ¿cuánto nos va a costar desde la casa a Latacunga? Siquiera unos 15 dólares. ¿Usted cree que el paciente va a tener ese dinero tres veces por semana, ida y vuelta, para poder hacerse la diálisis? No va a tener».
De los 300 millones que el Estado debe a las dializadoras, la mayoría se concentra en el IESS. El Frente de Pacientes Renales calcula que esta deuda llega a los 200 millones.
De su parte, el Ministerio de Salud ha informado que pagó 57 millones de dólares entre enero y mayo de este año. A pesar de estos pagos, el Frente de Pacientes Renales afirma que aún queda deuda acumulada.
El Frente sostiene que han solicitado reuniones con autoridades de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, del IESS y de la Asamblea Nacional para encontrar una solución, pero no han recibido respuesta. Por esa razón dieron la rueda de prensa la semana pasada, solicitando ayuda a organismos internacionales. Uno de estos ya les respondió. Tuvieron una reunión el viernes y acordaron que los representantes de esa organización pedirán respuestas a las autoridades ecuatorianas y harán de puente de diálogo.