Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fue destituido del cargo el lunes 12 de agosto de 2024, con tres de cinco votos afirmativos, luego de denunciar que existirían supuestos intereses para tomarse el Tribunal de cara al proceso electoral del próximo 9 de febrero de 2025.
El hecho, que generó gran controversia jurídica y política, apeló al artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, que apenas pocos días atrás, se había utilizado para destituir a Sofía Almeida y Nicole Bonifaz del Consejo de Participación Ciudadana.
El 8 de agosto la vicepresidenta Abad demandó al presidente Noboa en el TCE.
Creer que la vicepresidenta Verónica Abad y sus asesores no hayan calculado que la acción interpuesta el jueves 08 de agosto por ella ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el presidente Noboa -a quien acusa de “violencia de género”-, no iba a generar una respuesta igual y contundente del mandatario y su entorno, resulta difícil de creer. También es difícil creer que la batahola que se produjo el lunes em el TCE y que removió de su cargo al magistrado Muñoz, no tiene relación con ese hecho.
Tongo o macondiana realidad, la estrategia que pretende sembrar la idea de que el gobierno enfrenta un “intento de golpe de estado” en el Ecuador, realmente merece todos los “likes” que ensalzan a la kakistocracia nacional por su inédita capacidad de vivir en el rídículo.
(kakistocracia: “El gobierno de los peores”)
El viernes 16 de agosto, el presidente Noboa, movió piezas de su Gabinete al emitir los decretos ejecutivos 356, 357 y 358: Arturo Félix, asumirá el ministerio de Gobierno, Cynthia Gellibert lo reemplazará en la Secretaría de la Administración Pública y Gabinete; en tanto Michele Senti-Contugi -que era ministro de Gobierno- pasa a ser director general del Centro de Inteligencia Estratégica.
Siguiendo con un guión ya demasiado repetido y que podría lesionar algún momento su legalidad, el mismo viernes 16, la Fiscalía informó a través de su cuenta en X, que junto con la Policía “allanaron un domicilio y las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional” (de Justicia), que concedieron un habeas corpus (con privilegios) al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán. Las magistradas Enma Tapia y Katerine Muñoz, son investigadas por el presunto delito de cohecho. La Fiscalía denominó a este nuevo proceso como Caso “Confourtable”. (Quien bautizó el caso seguro es un espanglish criollo; en inglés, lo correcto para denominar “confortable” se escribe comfortable).
(*) If you don’t speack english, it means Confortable, en español. (Aclaración necesaria aunque se antoje irónica).
Este es el análisis de los tres hechos más relevantes en política:
I. El conflicto entre el binomio en un punto de no retorno
El culebrón entre el presidente-candidato Daniel Noboa y su binomio, Verónica Abad, tiene al público de las opiniones comiendo canguil y muy entretenido.
La línea de tiempo entre la crisis provocada en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el lunes 12 de agosto, con la destitución de su presidente, Fernando Muñoz, y la presentación de la demanda contra Noboa y otros funcionarios de su confianza, por parte de la vicepresidenta Abad, el jueves 08 de agosto, es demasiado cercana como para creer que se trata de una coincidencia; y esta es una duda razonable, además, porque no sería la primera vez que en este país -donde lo imposible es lo probable- se conecten “coincidencias” entre sucesos que preceden a decisiones políticas, luego de haberse calentado el ambiente por una de las partes en conflicto.
No obstante, la demanda que incluye la solicitud de destitución al presidente, no implica necesariamente que el juez acceda al petitorio; la sanción dependerá del análisis de las pruebas presentadas. En casos de violencia de género, la carga de la prueba recae en el acusado, quien debe demostrar que no ha cometido el delito.
La denuncia de Abad no solo menciona su forzada designación diplomática como “Embajadora de paz” en un muy lejano Estado en guerra, con el cual se involucró de manera inconsulta a todo el país, alineándose con uno de los actores en conflicto, lo cual es muy delicado.
En su acusación, Abad señala varios aspectos que abarcan exclusión de funciones, ambiente hostil y violencia política.
La respuesta del gobierno se ancló en el desprestigio de Abad y en una campaña de comunicación y propaganda que trató de cohesionar una opinión pública mayoritaria, bajo la narrativa de “golpe de estado”. Seguidamente una asesora del régimen presentó también al TCE una denuncia contra la vicepresidenta, acusándola por presunta violencia política contra el presidente.
El presidente Daniel Noboa también deslegitimó la denuncia de su binomio, mediante un comunicado difundido el 15 de agosto, en el cual señaló que el abogado que presentó la denuncia en su contra, “ es el defensor los narcotraficantes Reyes Torres y de la mafia albanesa”.
El 15 de agosto de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) empezó la sustanciación de la causa, la misma que luego del sorteo recayó en el juez Fernando Muñoz, el mismo destituido de la presidencia de esa entidad, quien ha iniciado acciones legales para recuperar su cargo.
Abad deberá aclarar y detallar los fundamentos de su demanda y presentar dicha argumentación hasta el lunes 19 de agosto; una vez analizada, el juez Muñoz decidirá sobre la admisibilidad o no de la causa.
Los cambios producidos el viernes en el gabinete presidencial evidencian la severidad del impacto político de los hechos controversiales suscitados durante una semana, y que incluyen divergencias con la gestión de Noboa.
La confrontación del binomio, desde su inicio, provoca serias inquietudes ciudadanas sobre el modo en que la política y la legalidad muestran sus flancos más desatinados en el actual gobierno.
Los cambios producidos el viernes en el gabinete presidencial evidencian la severidad del impacto político de los hechos controversiales suscitados durante una semana, y que incluyen divergencias con la gestión de Noboa por las cuales dos asambleístas renunciaron a la bancada de ADN, y el mandatario decidió afinar su equipo de trabajo.
En el juego de la política no existen empates. El “ganar-ganar” solo se cumple en política cuando dos o más jugadores juegan su única estrategia posible, sin romper ese principio matemático y si todos conocen a cabalidad las reglas del juego; caso contrario, el equilibrio se rompe y solo favorece a uno de ellos.
Si Abad es desplazada mediante cualquier procedimiento para evitar que asuma temporalmente la presidencia, Noboa gana su legitima participación en la campaña y designa a un ministro para que lo reemplace.
Pero: ¿qué gana Abad?
Desde el inicio del conflicto con su binomio, su manejo político ha estado definido por su inconsistencia y muy probablemente por la emotividad. Ganar legitimidad mediante la victimización no ha sido una estrategia efectiva, y además tampoco ha sido comunicada adecuadamente.
Otra respuesta podría ser su seguridad personal y la de su hijo.
Desde el primer momento en que pisó Israel, un estado en guerra, ha responsabilizado al presidente por su seguridad y la de su hijo; hace pocos días fue enviada a Turquía, en donde tampoco se siente segura.
Por cierto, Turquía es el mismo país de donde procede la famosa barcaza que venderá electricidad a Ecuador, cuya economía se bancó perdidas de U$ 12 millones la hora, a causa de los recientes apagones, los cuales son una prueba irrefutable del abandono, la negligencia y de negocios turbios que se producen desde hace décadas en ellos.
Urgen decisiones políticas de estado que precautelen a la sociedad y a los sectores estratégicos del país. Como hemos venido sosteniendo, el aperturismo de los dos últimos gobiernos expone, a comerciantes, industriales, agricultores y emprendedores, así como a nuestros recursos, a merced de potencias extranjeras infinitamente superiores en comparación con el contracturado aparato productivo y la economía ecuatoriana en recesión. Salvaguardas solo están en el papel, no sirven.
El conjunto de la sociedad mira impotente, como se hipoteca su futuro con cantos de sirena sobre inversión y generación de empleo que vendrán al país. La extracción minera, la explotación de hidrocarburos, los negociados en el sector energético, los contratos a dedo y con sobreprecio de arterias vitales conectadas con el sector del transporte; así como la inversión en telecomunicaciones, no han servido para sacar al país del subdesarrollo.
La solicitud de destitución hecha por la vicepresidenta no garantiza que el juez la conceda, para ello debe analizar las pruebas de cargo y descargo. Noboa debe demostrar su inocencia. Aunque la denuncia de Abad menciona su designación como embajadora en Israel, su reclamo incluye también la exclusión de funciones, un ambiente laboral hostil y violencia política, entre otros.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) debe resolver faltas que sean de su competencia y pesen sobre actores que compiten para las próximas elecciones; es un árbitro electoral y la polémica destitución de su presidente podría sugerir que no existen garantías de transparencia para las elecciones generales previstas para el 2025; por lo tanto, cualquier decisión de ese organismo podría ser impugnada.
La campaña del “golpe de estado” tiene un tufo a tongo, a una puesta en escena; pero incluso, de no ser así, el manejo de la comunicación oficial en este caso pretende imitar —pero con muy mala letra— el estilo de los hermanos Alvarado.
La respuesta oficial a la denuncia de Abad privilegia la narrativa en desmedro de la argumentación jurídica. La campaña de comunicación se ejecuta para deslegitimar el contenido de la denuncia de Abad tachándola como un intento de “golpe de estado”, movida por su ambición, y más reprochable cuando el país enfrenta un conflicto armado interno contra el crimen organizado.
La campaña del “golpe de estado” tiene un tufo a tongo, a una puesta en escena; pero incluso, de no ser así, el manejo de la comunicación oficial en este caso pretende imitar —pero con muy mala letra— el estilo de los hermanos Alvarado, años atrás muy eficientes ellos y los operadores políticos del correísmo, a la hora de movilizar a todo el aparato estatal, así como a sus enclaves de apoyo territorial, en medios públicos, redes sociales e incluso en medios independientes, bajo el lema “si es con Correa es conmigo” y replicada en otros casos que afectaban a sus cuadros más visibles, como para que le quede claro a la opinión pública con quién no debía meterse. Cosas de la “vieja política”…
II. Elecciones 2025: un bazar de candidaturas
El panorama electoral en Ecuador refleja un escenario político sumamente fragmentado. Con 78 partidos y movimientos habilitados para las próximas elecciones, 17 binomios presidenciales, más de una veintena de aspirantes al Parlamento Andino, y más de un centenar de precandidatos a la Asamblea Nacional.
Los aspirantes en esta primera etapa:
Henry Cucalón, exministro de Gobierno de Guillermo Lasso, quien representa al movimiento «Construye», dirigido por María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Lenín Moreno. Por su parte, Andrea González, excompañera de fórmula de Fernando Villavicencio, asesinado en agosto de 2023, ha forjado una alianza con Lucio Gutiérrez a través del Partido Sociedad Patriótica. A su vez, Leonidas Iza, líder indígena, ha oficializado su candidatura para las elecciones de febrero de 2025 por el Movimiento Pachakutik. Como era previsible, Unidad Popular ha reafirmado a Jorge Escala como su
aspirante presidencial, bajo la premisa de que no es aceptable ninguna coexistencia con el correísmo representado en la Revolución Ciudadana, donde quiera que éste se encuentre.
Como lo habíamos previsto en el anterior Análisis de Reporte Global, las fuerzas autodenomidas de izquierda y centro político, no sellarían ninguna alianza para la primera vuelta. De entre las autoconvocadas para la abortada unidad, solo el correísmo tiene alguna posibilidad de llegar a segunda vuelta.
En la Revolución Ciudadana, la candidata es Luisa González.
Por su parte, el Partido Social Cristiano que enfrenta una crisis tras la detención de Pablo Muentes, implicado en el caso de corrupción Purga, ha decidido apoyar a Jorge Kronfle, actual presidente de la Asamblea. Carlos Rabascall, ex correísta, es la carta de la Izquierda Democrática, aunque su candidatura enfrentó impugnaciones internas. Por otro lado, Pedro Granja se postula por el Partido Socialista Ecuatoriano, mientras que el general en servicio pasivo, Víctor Araus, movimiento PID; Felipe Tillería, AVANZA; Eduardo Sánchez, por RETO.
En el entendido de que la papeleta electoral es hoy la resultante de las “primarias realizadas por las distintas agrupaciones políticas, debemos enfatizar que no es la definitiva. Hay que esperar hasta el cierre de las inscripciones oficiales, previsto en el calendario electoral para el 2 de octubre.
En paralelo, Edwin Ortega, capitán retirado de la Armada, ha lanzado su candidatura con el apoyo del movimiento Gente Buena, anteriormente liderado por (+) Fernando Villavicencio.
El movimiento Democracia Sí, por su parte, anunció el 13 de agosto de 2024 a Iván Saquicela como su candidato. El exministro del Interior José Serrano será candidato de Centro Democrático. Francesco Tabacchi aceptó ser el candidato presidencial de CREO; Juan Cueva correrá por el movimiento Amigo.
El sábado 17 en la noche, el movimiento SUMA aprobó que sea Jan Tópic su candidato a la presidencia de la República.
Finalmente, el vaso medio lleno o medio vacío -según se mire- de la aceptación al mandatario oscila alrededor del 40%, lo que es un alto capital político.
Pero desde otra mirada, el hecho es que su apoyo ha caído de cerca del 80% de la aceptación que logró cuando decretó el “conflicto armado interno”, al 40%, en 9 meses.
La “dureza” de la aceptación presidencia es solo del 22,5%. En sencillas palabras, quienes le apoyan no son mayoría, la mitad de quienes lo respaldan no creen firmemente en él; su aceptación es muy vulnerable ante factores que evidencien sus desaciertos, su incumplimiento de sus propias promesas de campaña, la dimensión de la crisis económica y social, que contrastan con su narrativa publicitaria.
En el entendido de que la papeleta electoral es hoy la resultante de las “primarias realizadas por las distintas agrupaciones políticas, debemos enfatizar que no es la definitiva. Hay que esperar hasta el cierre de las inscripciones oficiales, previsto en el calendario electoral para el 2 de octubre; en ese lapso pueden producirse alianzas y fortalecer una tercera opción que rompa la polarización entre Noboa y la Revolución Ciudadana, con Luisa González.
En resumen, el escenario político ecuatoriano se caracteriza por la superposición de intereses y alianzas, pero con poquísimas excepciones, muestra una ya inaceptable descomposición de su “clase política”, a la que bien le calza la categoría de kakistocracia.
La fragmentación, el oportunismo y la improvisación no fortalecen la democracia; todo lo contrario, la contaminan y dinamitan desde adentro.
El escenario electoral está cada vez más definido, pero nada estará dicho hasta que finalice el plazo para la inscripción de candidaturas. Aún pueden sobrevenir alianzas o elementos que redefinan el tablero.
El único actor que sale favorecido de la fragmentación y dispersión del voto producida como una viruela del mono electoral, es el actual presidente-candidato. Todos los que saben que no pueden ganar y que ni siquiera tienen opción de entrar en una posible segunda vuelta le hacen el juego, y apuestan por curules en la Nueva Asamblea, o por alianzas de última hora, como estrategia para beneficiar sus intereses particulares.
Todos ellos forman, hasta el cierre de este reporte, la hilera de vagones arrastrados por las únicas opciones reales de competir con posibilidades de triunfo.
Priorizar la comunicación por sobre la gestión es uno de los peores síndromes de la política desde el aparecimiento de las redes sociales. La hegemonía digital en la esfera pública ha convertido a la inmensa mayoría de políticos, en apéndices de plataformas virtuales; la política ha perdido su sentido original.
Todo el país pierde, si el vencedor en los comicios del 2025 sale de la kakistocracia.
Hay espacio para una tercera vía —ojalá más competente, madura y más empática con la sociedad—. Que se abra ese camino dependerá, de: a) que el binomio oficialista no triunfe en primera vuelta; b) de alianzas con estructuras sólidamente implantadas en territorio, que promuevan un binomio con una mejor oferta electoral; c) que ese binomio esté liderado por un perfil fácilmente identificable positivamente por la mayoría de electores, capacitado para conectar emocionalmente con una ciudadanía diversa, y dispersa; un liderazgo que sea capaz de catalizar la creciente decepción ciudadana dándole respuestas claras a su preocupación por la realidad que la agobia.
Priorizar la comunicación por sobre la gestión es uno de los peores síndromes de la política desde el aparecimiento de las redes sociales. La hegemonía digital en la esfera pública ha convertido a la inmensa mayoría de políticos, en apéndices de plataformas virtuales; la política ha perdido su sentido original; sociedades enteras y sus electores son desinformados, engañados y manipulados por estrategias de mercadeo aplicadas a campañas publicitarias y de propaganda. La gente es solo un dígito más en la estadística y la data que facilitan crean corrientes de opinión para ocultar o disfrazar la verdad, para atacar, para difamar, y casi nunca, para motivar de manera responsable y transparente la participación de la ciudadanía para un mejor gobierno.
La peor política, es aquella que puede engendrar la peor de las sociedades.
II. El fin de la autoprórroga en el Consejo Nacional Electoral
El martes 13 de agosto también ocurrió algo digno de tomar en cuenta. Las elecciones generales del 2025 tienen otro elemento interesante, más allá de que los aprestos operativos, tecnológicos y políticos ya estén encauzados: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) emitió un comunicado que casi pasó desapercibido en medio de la jarana preelectoral, la crisis del TCE y el culebrón Gobierno-Abad, pero que tiene efectos jurídicos y políticos sustantivos en el contexto de los¡ intereses en juego. Del comunicado reproducimos sus conclusiones:
“De los antecedentes expuestos es evidente que el mandato de los consejeros: Diana Atamaint Wamputsar, Fernando Enrique Pita García, José Ricardo Cabrera Zurita, y Esthela Liliana Acero Lanchimba culmina —con base en el artículo 218 de la Constitución— el 20 de noviembre de 2024.
Los cinco consejeros electorales cuyo periodo termina en 2024: Elena Nájera, Enrique Pita, Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero. Foto: CNE
Actualmente existen autoridades electorales suplentes, legalmente designadas y posesionadas por la Asamblea Nacional, cuyo período culmina el 6 de febrero de 2025, es decir luego del fin de período de los consejeros mencionados.
El fin de gestión de las autoridades autoprorrogadas del CNE está marcado. Siempre bajo sospecha, después del apagón que por arte birlibirloque desplazó a Guillermo Lasso de su aparente triunfo en las elecciones del 2017, ese organismo nunca ha generado una percepción de transparencia ciudadana sobre su gestión.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentra tramitando la renovación parcial y total de los consejeros titulares y suplentes del Consejo Nacional Electoral. No obstante, en caso de que dichos concursos no hayan concluido para el 20 de noviembre de 2024, corresponde asumir funciones a las autoridades electorales cuyo período todavía no ha fenecido con base en lo establecido constitucionalmente. Consecuentemente, corresponde la salida de los mencionados consejeros principales y su reemplazo por parte de los suplentes ya posesionados.
Prorrogar en funciones a los consejeros principales, haciendo caso omiso de los plazos previstos en la Constitución, así como del criterio de Procuraduría General del Estado Nro. 12902 de 9 de noviembre de 2017; y, considerando que se cuenta con autoridades suplentes designadas y posesionadas, podría consistir en comportamientos que incurran en ilegalidades. Entre ellas, impedir que los suplentes ejerzan las funciones para las cuales compitieron y ganaron sus respectivos puestos en el concurso de méritos realizado por el CPCCS, supondría una lesión a sus derechos constitucionales previstos”
El fin de gestión de las autoridades autoprorrogadas del CNE está marcado. Siempre bajo sospecha, después del apagón que por arte birlibirloque desplazó a Guillermo Lasso de su aparente triunfo en las elecciones del 2017, ese organismo nunca ha generado una percepción de transparencia ciudadana sobre su gestión.
El fin de gestión de las autoridades autoprorrogadas del CNE está marcado, luego del pronunciamiento del CPCCS difundido mediante un comunicado público. El CNE siempre se manejó al filo de la sospecha sobre los procesos electorales a su cargo. Esa duda aún existe sobre las elecciones del 2025. Gracias al CNE, es más vigente que nunca, la frase del célebre escritor Jorge Luis Borges: “La democracia es un abuso de la estadística”.
* Un análisis de Reporte Global