Cuando en el título de un reciente proyecto de ley leí aquello de los Flujos Irregulares de Capitales, automáticamente, aparecieron en mi cabeza otros flujos irregulares, provocados por la extracción petrolera y minera que alteran profundamente los ciclos naturales del agua, aire, suelo y energía.
A fin de dimensionarlos, recordemos lo que ha sucedido en los últimos meses. Hubo derrames de petróleo aterradores en la costa y la Amazonía, generando flujos irregulares en los ríos Esmeraldas, Coca y Napo, contaminándolos con crudo, alterando su vida acuática y afectando severamente la vida de las poblaciones que dependen de ellos.
Recientemente se cumplieron cuatro años de la sentencia en el caso de los mecheros, en el que nueve niñas y adolescentes presentaron, en el 2020, una acción de protección contra el Estado ecuatoriano por la contaminación que genera la combustión constante de los mecheros a gas en las instalaciones petroleras. Esto genera flujos irregulares de aire caliente, que modifican los patrones de viento y temperatura, afectando la salud de las personas y la formación de nubes. A pesar del fallo a favor de que se apaguen, la mayoría de los mecheros sigue funcionando. El pasado 13 de agosto, las niñas presentaron ante las Corte Constitucional una acción de incumplimiento contra el Estado.
La remoción de tierra por las excavaciones de la minería, en las áreas montañosas, origina flujos irregulares de lodo y rocas que dañan carreteras, ecosistemas y comunidades. Además, es importante considerar que la minería metálica usa cianuro y mercurio y causa flujos irregulares con escorrentías altamente tóxicas que se infiltran en el suelo y cuerpos de agua que se envenenan, dando paso a impactos severos a la población que depende del líquido vital.
El extractivismo minero y petrolero repercute en los ciclos ecológicos. La gran infraestructura requerida para llevar a cabo estas actividades fragmenta hábitats suscitando flujos irregulares de especies de mamíferos como el tapir, el jaguar y diversas especies de aves.
Frente a todos estos flujos irregulares y muchos otros más, que causan desequilibrio en la Naturaleza, parecería que la estrategia del gobierno es mirar en la dirección contraria y no remediarlos.
Por otro lado, la pérdida del bosque y de los páramos crea flujos irregulares en muchos ríos, enturbiándolos completamente y generando gran sedimentación e inundaciones que causan graves destrozos. En el marco de la preocupante crisis climática, esta destrucción reduce la capacidad de captura de CO2, ya que produce flujos irregulares atmosféricos que ahondan esta crisis.
Frente a todos estos flujos irregulares y muchos otros más, que causan desequilibrio en la Naturaleza, parecería que la estrategia del gobierno es mirar en la dirección contraria y no remediarlos. Mientras tanto, envía una serie de proyectos de ley económica urgente que aumentarán estas tendencias destructoras. En esa dirección están la absorción del Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica, MAATE, por parte del Ministerio de Energía y Minas, MEM, e inclusive el intento por redoblar, a través de la Ley de Flujos Irregulares de Capitales los controles a las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces son las que han denunciado y enfrentado los flujos irregulares de las actividades extractivas y sus impactos socioambientales.
Naturaleza protegida por las organizaciones de la sociedad civil
Antes de comentar sobre la ley mencionada es importante recalar que, en democracia, la sociedad civil organizada ha tenido un papel crucial como actor ético, competente y transformador.
En el país hay una diversidad de organizaciones, con diferente misión y ámbitos de trabajo. Casi todas las organizaciones trabajan con grupos vulnerables y de atención prioritaria, demandando el cumplimiento de derechos humanos y de la Naturaleza. Su trabajo también busca avanzar en el cumplimiento de los derechos sociales, económicos culturales y ambientales. Otras fiscalizan al poder público, promueven la transparencia y exigen rendición de cuentas. Su gestión, muchas veces, ha permitido establecer un puente entre las necesidades ciudadanas y las políticas públicas, en temas como salud, educación, ambiente y justicia social. En más de una ocasión, ante la ausencia o inoperancia del Estado, estas organizaciones han asumidos tareas muy importantes de atención de las necesidades básicas.
La incidencia política es otro papel importante de las organizaciones sociales en la formulación de leyes, políticas públicas y reformas institucionales. El fortalecimiento de capacidades locales también es una línea de acción importante. La defensa, protección y cuidado del agua y de los ecosistemas en sus territorios, por parte de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, ha sido clave frente al avance de las actividades extractivas. Muchas organizaciones han contribuido a impulsar procesos orientados a proteger la biodiversidad y la vida de las comunidades.
El 20 de agosto del 2023, el pueblo ecuatoriano votó a favor de que se conserven el Yasuní y el Chocó Andino. Constatamos como la voluntad popular es vulnerada: aún no se cumple el mandato del soberano.
Organizaciones, colectivos indígenas, campesinos, de mujeres, de jóvenes, comprometidos con la defensa del agua, los territorios, la Naturaleza y la vida digna, han trabajado de manera sostenida y responsable para proteger bosques, páramos y manglares, frente al avance del modelo extractivista. Recordemos los complejos procesos que permitieron cristalizar varias consultas populares exitosas en las urnas, pero que son sistemáticamente irrespetadas.
Veamos unos cuantos casos emblemáticos. El 20 de agosto del 2023, el pueblo ecuatoriano votó a favor de que se conserven el Yasuní y el Chocó Andino. Constatamos como la voluntad popular es vulnerada: aún no se cumple el mandato del soberano para proteger estas áreas aún amenazadas por la actividad petrolera y minera. Algo similar sucede con el irrespeto a las consultas populares en Girón (2019) y Cuenca (2021), provincia del Azuay, en las que el pueblo se pronunció masivamente en contra de la minería; decisión democrática amenazada por la disposición del gobierno para permitir la explotación minera en Quimsacocha.
A lo anterior se suman varias medidas del Gobierno Nacional, que implican una regresión de derechos, vulneran derechos fundamentales y atentan contra la institucionalidad socioambiental del país.
Las amenazas de una ley inconstitucional e inconveniente
La llamada, Ley de Flujos Irregulares de Capitales, que nada tiene que ver con controlar los flujos irregulares que afectan a la Naturaleza, es el cuarto proyecto económico urgente enviado por Noboa desde mayo del 2025. Esta ley, que no cumple con el mandato constitucional de unidad de materia, parte de un supuesto muy peligroso y preocupante: el uso de organizaciones sin fines de lucro como posibles vehículos para lavado de activos, corrupción y financiamiento ilícito.
Es importante señalar que las organizaciones sociales están registradas en el ministerio que tiene relación con la misión de cada una. Existen normativas claras en relación al registro, operación y supervisión, deben hacer periódicamente una rendición de cuentas, cumplir con requisitos tributarios y presentar reportes financieros y de actividades.
Como si este control no existiera, esta ley propone nuevos controles, centralizados y complejos, a fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones comunitarias y otras entidades sin fines de lucro. El proyecto señala que estas organizaciones, por su naturaleza —recibir fondos de diversas fuentes y realizar transferencias a beneficiarios—, son vulnerables a ser utilizadas para fines ilícitos, como lavado de activos, financiamiento del terrorismo, evasión fiscal, corrupción o uso indebido de fondos públicos y privados. Si esto fuera cierto, hay mecanismos para controlar e impedir dichos ilícitos.
Este proyecto busca controlar el dinero que las organizaciones sociales reciben para sus actividades, estableciendo nuevas formas de vigilancia, control y sanción sobre las fundaciones.
Lo preocupante es que este sistema de control conlleva una serie de riegos para las organizaciones sociales: sobrecarga administrativa financiera, intervenciones y sanciones desproporcionadas, pérdida de autonomía y exclusión de actores legítimos. Se propone que las más de 70 mil organizaciones de la sociedad civil estén registradas en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), bajo el manejo del Ministerio de Gobierno, y que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) asuma el control, supervisión y auditoría de estas entidades. De esta manera se carga una enorme tarea a esta Superintendencia, provocando otra violación a la Constitución que establece que las entidades financieras de la economía popular y solidaria deben recibir un trato preferente y diferenciado. Así, de refilón, con esta malhadada ley se golpea a la economía popular y solidaria.
Lo grave, en síntesis, es que este proyecto busca controlar el dinero que las organizaciones sociales reciben para sus actividades, estableciendo nuevas formas de vigilancia, control y sanción sobre las fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y grupos sin fines de lucro nacionales e internacionales. Una aspiración, propia de regímenes autoritarios, que se extiende por el mundo y que golpea la institucionalidad democrática y las posibilidades de participación ciudadana.
Respuestas de la sociedad civil organizada
Este proyecto de ley ha provocado una fuerte ola de rechazo. A través de comunicados, pronunciamientos, manifestaciones, varias organizaciones, pertenecientes a asambleas, colectivos y frentes, alertan que:
- La ley podría criminalizar la defensa de derechos y limitar la libertad de asociación, protegida por la Constitución y por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Las sanciones son desproporcionadas, pues se plantea la disolución de organizaciones por incumplimientos administrativos o por supuestas actividades ilícitas, sin garantías claras de debido proceso. La carga administrativa puede excluir o disolver colectivos pequeños.
- Se puedan aplicar controles más severos a organizaciones que le incomodan al gobierno y bajo la premisa de control financiero podría darse una persecución política.
- Se rechaza la estigmatización que hace el discurso oficial, vinculando a algunas fundaciones con lavado de activos, minería ilegal o financiamiento de protestas.
En este contexto adverso a la defensa ambiental es importante tener presente que el Ecuador fue el primer país en el mundo en reconocer los Derechos de la Naturaleza, y que ha sido una inspiración para que otros países adopten medidas similares a favor de su protección y conservación. Durante casi dos décadas, este pequeño país ha sido pionero en nuevas formas de imaginar y legislar la relación humana con otras formas de vida en la Tierra, y ha inspirado innovaciones similares en todo el mundo.[1] El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza ha transformado la relación entre sociedades humanas y ecosistemas, generando impactos jurídicos, ecológicos y culturales. Cabe resaltar efectos positivos como: la protección legal directa de ecosistemas, el cambio de paradigma ético y jurídico, el fortalecimiento de comunidades locales y el freno a la degradación ambiental.
Mientras los Derechos de la Naturaleza se expanden y se convierten en una herramienta jurídica global, desde el gobierno ecuatoriano se muestra una clara tendencia regresiva en la protección de los derechos humanos, colectivos y de la Naturaleza. Y en este complejo escenario no se puede permitir que se debilite a las organizaciones de la sociedad civil.
Por todas estas y muchas otras razones más se comienzan a tejer nuevas redes de resistencia, que tendrán fuerza efectiva si logran conjugar las diversas demandas. Las reformas impulsadas no buscan controlar los flujos irregulares que las actividades extractivas generan en la Naturaleza y las comunidades, si no que, al parecer, buscan deteriorar rápidamente el flujo regular con el que las organizaciones sociales han trabajado en defensa de las comunidades, la tierra, el agua, la Naturaleza y la vida.
[1] Ecuador, el país con más visión medioambiental, está bajo ataque – The New York Times