De los 22 casos denominados Casos de connotación por parte de la Fiscalía General, solo hay tres por lavado de activos, y uno solo de ellos está basado en reportes de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), que es el organismo operador del sistema antilavado del Ecuador. Sin embargo, por ser un delito de acción pública, la Fiscalía ha manejado casos recientes de investigación de capos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, que derivan en casos de lavado. Apenas hay un caso de lavado que escapa a esa relación. Los casos mencionados a continuación siguen en proceso de juzgamiento, en donde muchos de estos naufragan. Las sentencias por lavado son mínimas en el Ecuador, según reportó el Observatorio del Crimen Organizado en su investigación sobre sentencias desde el 2016 al 2020. No hay más datos actualizados.
I. Los capos y el dinero sucio
El general Patricio Carrillo —quien como comandante de la Policía empezó la investigación sobre el narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero, y la culminó como Ministro del Interior con su detención y el allanamiento de sus propiedades— cuenta que en la mansión donde el capo fue detenido los agentes investigadores encontraron decenas de contratos de varias empresas con alcaldías del Ecuador, sobre todo de la Costa ecuatoriana. Las evidencias encontradas en el allamiento, incluidos los documentos contractuales, pasaron a cadena de custodia… y nunca más se supo de ello, hasta que en una entrevista con este portal, el ex funcionario reveló este dato.
Cuando la casa de Norero fue allanada el 25 de mayo de 2022, las autoridades encontraron, además de los contratos mencionados, USD 6,4 millones en efectivo, lingotes de oro y armas de fuego. Norero fue procesado por lavado de dinero e investigado por narcotráfico, pero antes de ir a juicio fue asesinado el 3 de octubre de 2022, en una celda de la cárcel de Latacunga. Las autoridades incautaron 11 inmuebles, cuyo costo alcanzaba los USD 15 millones. Muchos de esos bienes eran de lujo y se ubicaban en lugares exclusivos de Samborondón, Manta y Santa Elena.
Otro personaje con una historia similar es la de Édison Washington Prado Álava, conocido como alias Gerald o como el Pablo Escobar ecuatoriano. En abril de 2017, cuando el capo fue detenido en Colombia y 11 miembros de su organización capturados en Ecuador fue evidente su poderío económico. En operativos en Guayaquil y Manta se encontraron caletas con más de USD 17 millones en efectivo. En Colombia se le incautó 10.000 millones de pesos (USD 3,6 millones) que tenía en la cárcel como caja chica para apuestas, alcohol, fiestas y mujeres. En Ecuador entre los capturados estuvieron guardaespaldas, choferes, abogados y hasta un capitán de la Policía y su esposa, que fue candidata a asambleísta.
USD 17 millones en efectivo fueron encontrados por las autoridades en caletas ubicadas en Guayaquil, manta y en la casa de alias gerald, apodado «el pablo escobar ecuatoriano» por su incidencia en el ingreso de más de 200 tm de cocaína a los estados unidos.
También el asesinato de un extrabajador del Puerto de Guayaquil, en agosto de 2022, develó otro caso de actividades de lavado de activos. En su casa, los agentes encontraron, en media docena de cartones, carteras y maletas, casi USD 8,4 millones en efectivo y 100.000 euros. También encontraron documentos de propiedades.
La jueza anticorrupción que conoció el caso ordenó la incautación de 13 inmuebles y 11 vehículos. Mientras que prohibió enajenar cuatro inmuebles más y otros cuatro vehículos. El proceso descubrió las actividades de una banda que contaminaba con droga los contenedores destinados a la exportación por del mayor puerto nacional.
Entre 2017 y 2023 la banda criminal adquirió 17 inmuebles que ascienden al valor de USD 1,3 millones, ubicados en las provincias de Guayas y Santa Elena. Entre estos destacaban lotes de terreno y casas avaluados entre USD 100.000 y USD 150.000. También constaba un departamento cotizado en USD 300.000 en el edificio Punta del Pacífico, ubicado en la playa más exclusiva del cantón Salinas, en Santa Elena. Además se incautaron 12 vehículos, algunos de ellos de alta gama como un Audi y un automóvil BMW, además de cuatro motos. Además pagaron viajes al exterior y compraron metales preciosos, sin un aparente respaldo económico legítimo, agregó la Fiscalía. El monto aproximado del lavado de activos fue de USD 9,7 millones. La principal acusada huyó del país hacia Panamá y su abogado defensor fue juez de la Corte Nacional de Justicia.
USD 9,7 millones fue el monto calculado por las autoridades en lavado de activos de una banda capturada, cuyo papel era contaminar los contenedores que eran exportados por el puerto de guayaquil.
Pero quizá la perla más grande en el tema de lavado de activos ligado al crimen organizado fue la captura de la banda del ecuatoriano Gato Farfán. Considerado la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como uno de los mayores narcotraficantes del mundo, estableció en Ecuador su centro de operaciones para el narcolavado de activos. Fue capturado en Colombia el 9 de febrero del 2023. Según la Fiscalía, el Gato Farfán utilizó empresas para lavar dinero a través de la compra y venta de inmuebles y de vehículos de alta gama.
Según el ministro del Interior de entonces, 124 inmuebles pertenecían a la organización del capo ecuatoriano. Pero, tras la orden del juez para la incautación, se conoció que en la lista de la Fiscalía había 30 inmuebles, entre casas y terrenos, además de 24 vehículos.
A esto se sumaban lotes de terreno en Imbabura y Manabí, y una hacienda de 179 hectáreas en San Vicente, Manabí. Además de una casa de lujo en Isla Mocolí, sector exclusivo en Guayas, y otras propiedades en una urbanización de lujo en Samborondón, además de una finca en Baños de 15 hectáreas, y otras propiedades a nombre de familiares. Además de camaroneras y haciendas bananeras a nombre de otros familiares. Las autoridades calcularon un activo de USD 15 millones….
Otro de los capos vinculados al crimen organizado y al lavado de dinero es Enrique Portocarrero, capturado en España mientras viajaba al mundial de Fútbol de Qatar. Portocarrero creo un conglomerado comercial valorado en más de USD 7 millones, con una red de empresas que prestaron «servicios» a la Policía y al Ministerio de Salud. Comercializaba combustible a través de una gasolinera de su propiedad, tenía una empresa de seguridad que contrataba con el Estado: era proveedor habilitado por el Portal de Compras Públicas desde marzo del 2022.
Hay otros varios casos de capos, grandes y medianos, involcrados en el lavado de activos, delito casi siempre asociado a delincuencia organizada y narcotráfico. Las nombres de alias Fito, máximo líder de los Choneros mostró una enorme enjambre de empresas, inversiones e intereses comerciales en manos de sus parientes.
O el más reciente, el de Azhael Alexander R., hijo del capo JR —asesinado presuntamente en Colombia— quien también fuera cabecilla de los Choneros. Este es uno de los tres casos de lavado de activos que la Fiscalía califica como de connotación (son 22 casos, los otros casos por lavado son los casos: Norero, PipMaster y Pampa). A fines de abril de este año, la Fiscalía realizó un operativo sobre la base de Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la UAFE, entidad que identificó movimientos económicos injustificados, además de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y la constitución de empresas. La Fiscalía formuló cargos contra seis personas —una de ellas la ex pareja de Junior Roldán y otra su hijo— y una empresa, acusados de haber ingresado unos tres millones de dólares al sistema financiero nacional, la mayor parte en efectivo, sin tener justificativos. Y de que ese dinero sería producto de actividades delictivas como narcotráfico, tráfico de armas, sicariato
II. Las investigaciones
El último reporte de la Fiscalía General (2023) señala que a ese año se estaban procesando 25 casos relacionados al delito de lavado de activos, los cuales se encontraban en diferentes etapas del proceso judicial. De estas causas, dijo la Fiscalía, 11 contaban con un Reporte de Operaciones o Transacciones Económicas Inusuales e Injustificadas (ROII), que son informes elaborados por analistas de la UAFE que tienen su firma de responsabilidad y cuyo testimonio puede servir durante el proceso de investigación.
En las cinco fiscalías que conforman la Unidad Nacional Antilavado de Activos –cada una con un agente fiscal, un asistente y un secretario– se registraban 553 investigaciones activas por estos delitos.
«En el marco de los casos de lavado o delitos precedentes que están siendo investigados por esta Unidad, la FGE solicita informes ejecutivos, tomados de la base de datos alimentada por los sujetos obligados a reportar. Esa información es analizada para continuar con los procesos o abrir nuevos, de considerarse pertinente conforme lo manda la Ley», dice la entidad en sus reportes oficiales.
La Unidad Antilavado de Activos de la FGE «tiene como objetivo investigar las actividades y a los responsables del delito de lavado de activos, y judicializarlos; así como la recuperación de activos que han sido utilizados para el financiamiento de otros delitos, como narcotráfico, terrorismo y otros realcionados con corrupción. También, evitar que los capitales ilícitos ingresen al sistema financiero, con el fin de ocultar su procedencia.
«Las investigaciones de inteligencia cuentan con el apoyo de redes internacionales en la lucha contra el lavado de activos, que en el marco de sus competencias trabajan en conjunto con la Fiscalía General del Estado, lo que hace posible sumar esfuerzos con el objetivo de detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, corretaje (negocios), comercio interno y externo, transferencia gratuita, conversión y tráfico de activos, que fueren producto de delitos o constituyan instrumentos de ellos, para conseguir que se apliquen las sanciones correspondientes.
Además, decomisará —en beneficio del Estado— los activos de origen ilícito y ejecutará acciones y gestiones para recuperarlos, cuando sean producto del lavado de activos cometido en territorio ecuatoriano y se encuentren en el exterior».
La UAFE, de su lado, es el organismo operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. El Consejo es una entidad de derecho público y está conformado por ocho instituciones, además de la Unidad de Análisis Financiero. Estas son: el Servicio de Rentas Internas, SRI; las superintendencias de: Economía Popular y Solidaria, Companías y Valores, y la Súper de Bancos. También están en el Consejo la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General del Estado y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SNAE.
La Unidad de Análsis Financiero y Económico, uafe, es el organismo operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos. El Consejo es una entidad de derecho público y está conformado por ocho instituciones, además de la Unidad de Análisis Financiero.
La UAFE, dentro de sus funciones, en el 2023 realizó la supervisión de 29 notarías en ocho provincias. En el Ecuador existen 592 notarías y 235 registros de la propiedad y mercantil. La supervisión consiste en la verificación de los diversos riesgos, mediante la verificación de cumplimiento. La UAFE determinó que estas 29 notarías estaban en condición de «alto riesgo». En ese año, la Unidad centró también sus actividades en capacitación de la cultura de antilavado, esto significa ahondar en el conocimiento de la normativa y todos los procesos de verificación y cumplimiento en las entidades controladas que deben reportar a la Unidad. Participaron 32.800 personas de modo presencial y más de 6.000 de modo virtual. Además de 12 mil asistencias técnicas a los sujetos obligados y otras 15 mil en gestión documental.
Bajo reserva, la UAFE recibe información sobre operaciones económicas, inusuales e injustificadas, para analizarlas y, de ser el caso, remitir un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, ROII, a la Fiscalía General del Estado. En el 2023, la UAFE hizo 25 reportes, procesó 57 requerimientos del Centro de Inteligencia Estratégica, CIES; recibió 6.163 reportes de operaciones sospechosas por parte de sujetos de cumplimiento (de entidades obligadas a reportar) y respondió con informes ejecutivos a 1.515 pedidos de información de la Fiscalía en el marco de investigaciones en curso sobre delitos como lavado de activos, delincuencia organizada, narcotráfico, cohecho, concusión… Los reportes tienen que ver con transacciones que impliquen una variación sustancial en bancos, cooperativas y entidades financieras, además de las que se hacen en notarías por el registro de bienes, compras de vehículos, seguros de vida. Pero «no todos estos reportes cumplen con todos los parámetros técnicos necesarios para convertirse en un ROII», dijo el entonces director de la Unidad, Alan Sierra. Desde el 2016 la ley faculta a la UAFE para ser sujeto procesal en la investigación y juzgamiento de delitos. Pero en el 2023 sólo se presentaron tres acusaciones particulares sobre la base de los reportes emitidos. Entre el 2020 y el 2022, la UAFE se observa una disminución en la incidencia de la UAFE como fuente de investigaciones de apenas del 5,5%: Pero en ese mismo periodo, la Fiscalía solo aportó con el 2,5% del total de investigaciones de lavado en esos tres años, en los cuales un 68% tuvo que ver con casos de flagrancia.
1 (una) sentencia por el delito de lavado de activos, por año, entre el 2016 y el 2020 es lo que reportó el observatorio del crimen organizado, oeco, en el único análisis de sentencia realizado en el país. la impunidad es el elemento más visible.
En el Informe de Evaluación Mutua del Ecuador, el GAFI, (2023) advirtió poca comprensión de los riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el Poder Judicial. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado –OECO-, realizó el documento denominado Estudio de Sentencias por Lavado de Activos correspondiente al período 2016-2022. Se revisaron 118 casos ingresados en el Sistema Ecuatoriano de Trámite Judicial Ecuatoriano puesto a disposición por el Consejo de la Judicatura, de los cuales 113 correspondían a registros públicos.
Del análisis efectuado se determinó que, durante el período de enero 2016 a marzo 2020, se identificaron 12 sentencias condenatorias, es decir tres sentencias por año. Mientras que, durante el período de enero 2020 a diciembre 2022, se identificaron tres sentencias condenatorias (1 en firme); en consecuencia, el Observatorio determinó que existió 1 sentencia por año.
III. Se develan los problemas
En el marco del debate legislativo para la construcción de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, se reveló que cada año, en promedio en Ecuador se lavarían USD 3.500 cada año. Una cifra tomada del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, en la cual las autoridades del sistema antilavado no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, el debate de la Ley fue una oportunidad clave para enlistar todas las alertas sobre las debilidades del Estado a la hora de prevenir este mal transnacional que ha convertido a Ecuador, por su economía dolarizada y sus débiles controles, en una especie de “edén” para purificar el dinero sucio.
La norma, publicada en el Registro Oficial el pasado 29 de julio de 2024, nació de la unificación del proyecto presentado en agosto de 2022 por el entonces asambleísta Ricardo Vanegas, y el proyecto de febrero de 2023 de los entonces legisladores Eitel Zambrano y Nathalie Arias.
Como antecedente, entre marzo y abril de 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica visitó el país y constató el nivel de cumplimiento de las recomendaciones desprendidas de la Evaluación Nacional de Riesgos de 2021.
En el proceso legislativo se citó a 26 autoridades (SRI, Senae, Fiscalía, UAFE, Súper de Compañías, etc.) y expertos en la materia (académicos, notarios, integrantes del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario, etc.), los cuales brindaron sus aportes en nueve mesas técnicas.
De entrada, se advirtió que no se había profundizado en dos ámbitos sensibles. Uno: en los activos virtuales, es decir todas las representaciones de valor que se pueden comercializar y transferir digitalmente. Y dos: en las nuevas modalidades de financiamiento del terrorismo que pudieran incidir en la Función Judicial.
Se indicó que los informes de inteligencia financiera no eran consistentes con las amenazas relacionadas con el narcotráfico y el contrabando. Que existían limitaciones de recursos humanos y tecnológicos para profundizar en sentencias condenatorias por lavado de activos. Y se destacó que hay limitaciones en la comprensión de la autonomía del delito de lavado por parte de ciertos jueces de última instancia.
Se advirtió que no se había profundizado en dos ámbitos sensibles. Uno: en los activos virtuales, es decir todas las representaciones de valor que se pueden comercializar y transferir digitalmente. Y dos: en las nuevas modalidades de financiamiento del terrorismo que pudieran incidir en la Función Judicial
Existían, además, limitaciones en los recursos de la FGE y PN que impactan en la figura del decomiso. El sistema de sanciones financieras dirigidas no permite un implementación diligente en menos de 24 horas.
El país, asimismo, no cuenta con suficientes supervisores de actividades y profesiones no financieras designadas, como casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios y contadores, que realicen actividades a nombre de sus clientes, o proveedores de servicios societarios y fideicomisos. En este punto se establece que hay poca supervisión de parte de la Superintendencia de Compañías y “ninguna de parte de la UAFE”.
Una investigación de este portal reveló, por ejemplo, que unas diez empresas de reciente formación, sobre todo en la provincia de El Oro, habían exportado oro al exterior por un valor de USD 525 millones entre el 2020 y el 2023. Una de ellas había exportado, sobre todo a la India, más de USD 100 millones en seis meses. Las empresas tenían registradas ante las autoridades de control direcciones, teléfonos y correos electrónicos, que no coincidían con la realidad, de acuerdo a la reportería de este medio en esa provincia. La mayoría de esas empresas no tenían concesiones de producción minera. Además, luego de los reportajes, la Agencia de Control Minera señaló la necesidad de establecer un convenio institucional con la UAFE para detectar posible lavado de activos en la actividad exportadora.
Según lo que las autoridades pertinentes señalaron Ecuador no cuenta con una evaluación de riesgos específica de los distintos tipos de personas y estructuras jurídicas. Sin embargo, los estudios estratégicos desarrollados presentan hallazgos razonables que contribuyen al entendimiento sobre potenciales riesgos asociados a personas jurídicas.
Aún no se ha constatado la existencia de controles suficientes respecto de la calidad de la información de las distintas personas, estructuras jurídicas y beneficiarios finales. Las sanciones por falta de actualización de información es responsabilidad de la Súper de Compañías y el SRI. Sin embargo, todavía no se advierte la aplicación de tales sanciones, de forma proporcional y disuasiva con relación a la calidad de la información de beneficiarios finales presentada al registro del SRI.
SEGUNDA ENTREGA: el papel de la administración de Justicia y de la Procuraduría. El Ecuador a la luz del informe del GAFILAT de 2023.