I. La economía en sala de emergencias
El FMI no entregará más de 414 millones de dólares programados por deuda y esperará al resultado de las elecciones del 13 de abril para tomar decisiones, dado que cualquiera de los dos candidatos que triunfen en el balotaje presidencial, deberán tomar medidas que cambiarán drásticamente el entorno financiero del Ecuador de cara a s
us compromisos con los multilaterales, así como desde los inversionistas, los cuales requieren certezas sobre el modelo económico que aplicará el nuevo régimen. Adicionalmente, al caerse la entrega/concesión/delegación del campo Sacha, Ecuador dejará de percibir más de 1.900 millones. Ahora se entiende mejor la premura del régimen, por recibir a cómo de lugar, los 1.500 millones por adelantado que debía entregar el consorcio chino – canadiense.
El Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2025 alcanza un total de 36.063 millones de dólares; un reciente análisis económico que cita como fuente al ministerio de Finanzas, afirma que Ecuador necesita financiamiento por 11.932 millones para cubrir dicho presupuesto. El financiamiento requerido representa el 33,1 % del presupuesto inicial. Dado que 2025 es un año electoral, el PGE mantiene continuidad con el presupuesto de 2024 y deberá ser actualizado por el nuevo gobierno hasta agosto de 2025.
Al inicio del año, el desfinanciamiento se situaba en 10.432 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó ingresos proyectados por 1.500 millones bajo el concepto de «venta de activos no financieros», sin embargo, estos recursos no cuentan con una fuente identificada ni garantizada, lo que incrementa el desfinanciamiento total a 11.932 millones. Para equilibrar las cuentas, el MEF deberá obtener 1.500 millones adicionales a lo planificado inicialmente mediante fuentes de financiamiento internas y externas. Además, se prevé un déficit fiscal global de 3.837 millones, así como un acumulado de 2.300 millones en pagos diferidos para 2026 y el uso de 1.000 millones de otras instituciones públicas bajo esquemas de manejo de liquidez.
Hay que ser insensato para alegrarse por el pésimo manejo de la economía nacional en los últimos años; o para aplaudir el irresponsable endeudamiento con los multilaterales mientras se mantenía en cero la inversión pública.
La cancelación de la concesión del campo petrolero Sacha ha generado una pérdida financiera inmediata para el Gobierno de Ecuador, que esperaba recibir 1.500 millones de dólares como anticipo por la delegación de este activo estratégico. Además, el aplazamiento de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha retrasado un desembolso adicional de 414 millones. En conjunto, estas situaciones representan una pérdida de 1.914 millones en recursos que el Gobierno contaba para cubrir gastos inmediatos y afrontar crisis urgentes.
Hay que ser insensato para alegrarse o mostrar satisfacción por el pésimo manejo de la economía nacional en los últimos años; y también hay que ser enajenado para aplaudir el irresponsable endeudamiento con los multilaterales mientras se mantenía prácticamente en cero la inversión pública. Solo a indolentes e ignorantes de los riesgos que suponen para la supervivencia de todo el país les puede resultar indiferente la ineficiencia, la falta de sentido de la urgencia y la improvisación que han caracterizado la gestión sobre el sector energético, el de hidrocarburos, o el minero; y las millonarias pérdidas que ahora le están pasando una factura tan grande a la mayoría de ecuatorianos, con excepción de un puñado de beneficiados y, aun así, guardar silencio.
II. Tras cuernos, palos de carpintero: el invierno y el derrame de petróleo
Ecuador enfrenta graves inundaciones y el 13 de marzo se produjo un derrame de crudo en Esmeraldas. A las que el gobierno responde con medidas de emergencia Desde el inicio del invierno de 2025, Ecuador ha sido golpeado por intensas lluvias que han provocado deslizamientos de tierra e inundaciones en varias provincias. Hasta el 9 de marzo, se registraron 1.394 eventos adversos en 23 provincias, dejando un saldo de 18 personas fallecidas y más de 82.000 afectadas. Las regiones más golpeadas incluyen Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Loja. El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró el estado de emergencia el 25 de febrero en ocho provincias, permitiendo la movilización de recursos y personal para atender la emergencia; el 11 de marzo, Noboa anunció bonos de emergencia y créditos destinados a la reconstrucción de viviendas y la reactivación de negocios locales. El 13 de marzo, una rotura en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en el sector de El Vergel, cantón Quinindé, provocó un grave derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas. Este incidente, causado por deslizamientos de tierra tras fuertes lluvias, afectó a más de 1.000 familias debido a la contaminación del agua. Asimismo, el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario del Río Esmeraldas sufrió daños ambientales significativos. La respuesta del gobierno se oficializó el 15 de marzo, cuando el presidente Daniel Noboa instruyó a Petroecuador a asumir la remediación ambiental y la reparación a las comunidades afectadas, destinando un fondo especial para estos fines. Además, ordenó a la ministra del Ambiente, Inés Manzano, convocar al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para coordinar acciones inmediatas.
Si bien el gobierno de Noboa ha tomado medidas para mitigar los impactos de estos eventos, la gestión de ambas emergencias ha puesto en evidencia los desafíos de coordinación y rapidez de respuesta. En el caso de las inundaciones, la declaratoria de emergencia se realizó de manera anticipada, permitiendo la movilización de recursos. No obstante, en el derrame de crudo la reacción tomó dos días, lo que generó preocupaciones sobre la capacidad de respuesta frente a emergencias ambientales. Estos eventos ponen a prueba la capacidad del gobierno para enfrentar desastres naturales y ambientales en un país que, año tras año, sufre los estragos del cambio climático y la vulnerabilidad de su infraestructura energética.
III. Leonidas Iza celebra la no concesión del Campo Sacha y denuncia persecución judicial en su contra
A través de sus redes sociales, el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y excandidato presidencial, Leonidas Iza, calificó como una «gran victoria» el que no se haya firmado el contrato de concesión del Campo Sacha que apuró atropelladamente el gobierno, con un consorcio chino -canadiense creado ad-hoc. Destacó que este resultado fue posible gracias a la movilización y resistencia ciudadana, defendiendo los intereses nacionales «con dignidad, claridad y firmeza». Sin embargo, Iza también informó que ha sido notificado de un proceso legal en su contra por el presunto delito de «instigación», relacionado con su participación en la defensa de este campo petrolero estratégico; ironizó la denuncia calificándola como una «buena noticia», afirmando que evidencia el uso del aparato judicial para perseguir a quienes denuncian abusos del poder y defienden los recursos estratégicos del país; y sostuvo que la denuncia refuerza su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad. «Lo bueno sucede cuando el país se une», enfatizó en su mensaje.
Leonidas Iza resume dos aspectos clave de la coyuntura política ecuatoriana: la victoria de los sectores que se oponían a la concesión del Campo Sacha y la denuncia de persecución política contra actores críticos del gobierno. Su postura busca consolidar una narrativa de resistencia y movilización popular, presentando la demanda en su contra no como un obstáculo, sino como una reafirmación de su lucha. Venimos anticipando desde el inicio de la campaña electoral, que las elecciones del 2025, no solo dirimen la presidencia entre dos propuestas antagónicas, sino que en el contexto de crisis sistémica que sufre el país, el voto de los electores -quiéranlo o no- también legitimará la oposición política por fuera de las candidaturas en pugna. Ninguna de las candidaturas que triunfe, tendrá posibilidades de gobernar el país sin que de por medio se genere un acuerdo nacional que lo permita. El llamado a una Constituyente como promesa de campaña, apesta a demagogia. El mecanismo y los contenidos de una reforma profunda de todos los espacios en crisis, deben contar con el consenso debidamente informado, transparente e inclusivo de la sociedad. Ecuador no aguanta más una Constituyente para reformar la Constitución -sería la 21 de su historia republicana- creada como traje a la medida de ninguna élite política manipuladora y vendida a intereses económicos que pululan tras el impune saqueo de sus recursos estratégicos.
Es un hecho positivo para el país que no se haya concretado la concesión o delegación del campo petrolero Sacha. No obstante, es imprescindible que quienes avalaron su adjudicación expliquen cómo se permitió avanzar en este proceso, pese a que todos los estudios de costo-beneficio evidenciaban claramente el enorme daño económico que habría significado para el país. Más aún, considerando que el consorcio beneficiario ni siquiera contaba con una constitución legal formalizada. Decir que el contrato se cayó porque no cumplió con el tiempo estipulado, apagar la luz y cerrar la puerta, sin dar explicaciones; es un acto de arrogancia que, por enésima vez, pone en la vitrina del quemeimportismo lo que mal se hace y se deshace desde el régimen.
Es positivo que no se haya concretado la concesión del campo petrolero Sacha. No obstante, es imprescindible que quienes avalaron su adjudicación expliquen cómo se permitió avanzar en este proceso.
La derogación de resoluciones y acuerdos que habilitaron el frustrado intento de concesionar/delegar Sacha podría ser una de las medidas de reparación política, no a la empresa, sino al país, que es el dueño y soberano de los recursos que debe administrar cualquier gobierno elegido por los ecuatorianos. Dejar de sabotear a Petroecuador y no mermarle sus recursos, para que pueda darse adecuado mantenimiento y reacondicionamiento del campo, y revisar el arbitrario despido de técnicos y funcionarios que no cedieron ante el intento de entregar Sacha a un consorcio de dudosa credibilidad, podrían ayudar también, a lavar la cara y la mano negra detrás del polémico proceso. Y, adicionalmente, no judicializar ni perseguir políticamente a quienes, independientemente de su postura ideológica o política, defienden la transparencia y la protección de los recursos estratégicos del país.
Esa nefasta práctica la sufren democracias que son abatidas por dictaduras, consumidas por autócratas, o secuestradas por mandatarios de cualquier nivel, proclives al despotismo. En la historia reciente del Ecuador esa nefasta conducta aun resuena en la memoria de la sociedad.
En un escenario donde la judicialización de la política se ha convertido en un mecanismo recurrente de disputa, Leonidas Iza fortalece su imagen como líder opositor y refuerza la percepción de que el sistema de justicia es utilizado para silenciar voces incómodas al poder. Con este discurso, Iza no solo se reivindica como un defensor de los recursos estratégicos del país, sino que también apela a la unidad social en un contexto de creciente polarización y descontento ciudadano.
IV. ¿Acordar el apoyo de un mercenario era parte del “Plan Fénix”?
El fracaso de la lucha contra el crimen organizado evidencia la falta de una estrategia de seguridad nacional, o en todo caso, la inobservancia de la misma por parte de la cúpula política, pues todos los ecuatorianos sabemos que las Fuerzas Armadas siempre han tenido una estructurada y actualizada, de conformidad con sus obligaciones constitucionales y su responsabilidad con el país. Pero también, todos los ecuatorianos, incluidos los militares y la Policía Nacional, sabemos que no hay estrategia que resista la incidencia de los enfoques e intereses de los mandos civiles -a veces para bien, y en otras ocasiones no tanto-, y no se diga cuando dicha incidencia responde a los intereses de la política oportunista, improvisada, y desconectada con la realidad nacional. Otra polémica política ha sido tomada recientemente ante la ineficiencia del “Plan Fénix” que bien lleva su nombre, tomado de un ave mitológica, es decir, de una ficción. El 12 de marzo de 2025, The Guardian informó que el presidente Noboa anunció una «alianza estratégica» con Erik Prince para reforzar la lucha contra el narcoterrorismo y proteger las aguas territoriales de la pesca ilegal. Esta decisión se enmarca en los esfuerzos de Noboa por proyectarse como un líder firme contra el crimen, especialmente de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales programadas para el 13 de abril. Sin embargo, la medida ha generado críticas debido al historial de abusos de Blackwater, incluyendo la masacre de civiles en Irak en 2007. The Guardian Por su parte, Reuters reportó el 14 de marzo de 2025 que las fuerzas de seguridad de Ecuador recibirán asesoramiento de Erik Prince para combatir la creciente violencia de las pandillas antes de la segunda vuelta electoral. “El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que están dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para reducir la criminalidad, destacando la disposición del gobierno para enfrentar el problema de la delincuencia”. Reuters Las implicaciones de la alianza con Erik Prince La decisión del presidente Noboa de aliarse con Erik Prince tiene varias implicaciones políticas:
1. Percepción de seguridad y liderazgo: Al asociarse con una figura conocida internacionalmente en operaciones militares privadas, Noboa busca demostrar un enfoque proactivo y decidido en la lucha contra el crimen organizado. Esta estrategia puede fortalecer su imagen como líder fuerte en materia de seguridad, especialmente en un contexto electoral.
2. Controversias y críticas: La colaboración con Prince es polémica debido al historial de Blackwater y su implicación en incidentes graves, como la masacre de civiles en Irak en 2007. Esta asociación podría generar desconfianza entre ciertos sectores de la población y organizaciones de derechos humanos, que podrían ver la medida como una externalización de funciones de seguridad a entidades privadas con antecedentes cuestionables.
3. Impacto en las instituciones nacionales: La dependencia de asesoría externa para combatir el crimen podría interpretarse como una señal de debilidad o insuficiencia de las fuerzas de seguridad nacionales. Esto podría afectar la moral de estas instituciones y plantear dudas sobre su capacidad para enfrentar los desafíos internos sin ayuda externa.
¿En verdad las FF.AA. están de acuerdo? Acordar con una empresa internacional para coordinar acciones contra la inseguridad es un acto lesivo para la soberanía y muy peligroso para la seguridad de personas inocentes.
4. Relaciones internacionales y soberanía: La colaboración con una figura estrechamente vinculada a la política estadounidense podría influir en la percepción de la independencia y soberanía de Ecuador en la gestión de sus asuntos internos. Además, podría afectar las relaciones diplomáticas con otros países que ven con recelo la participación de contratistas militares privados en asuntos de seguridad nacional. La alianza con Erik Prince presenta riesgos significativos en términos de percepción pública, legitimidad institucional y relaciones internacionales. El historial sobre las acciones del grupo paramilitar que lidera Prince en varios países, está a un click de distancia en internet para aquellos que busquen la verdad, y sepan con quién se está aliando el gobierno que resuelve. Es crucial que el gobierno de Noboa maneje esta colaboración con transparencia y cautela para mitigar posibles repercusiones negativas 3.
¿En verdad las Fuerzas Armadas están de acuerdo? Acordar con una empresa internacional dirigida por un exmilitar, para coordinar acciones contra la inseguridad es un acto lesivo para la soberanía y muy peligroso para la seguridad de personas inocentes. Ecuador parece un espejo roto de la Colombia de los años 80 tomada por los cárteles de la droga y luego consumida por la violencia de grupos paramilitares enfrentados a los irregulares levantados en armas. ¿En verdad, las FF. AA. están de acuerdo, con el modo en que las han tratado a cuenta de combatir el crimen organizado? Gustavo Isch