viernes, abril 24, 2026

La comunicación del Gobierno o el levantamiento de un cadáver

Llama poderosamente la atención la falta de coherencia de la comunicación del gobierno. Los largos silencios del primer mandatario, su renuencia a debatir o a enfrentar a medios fuera de espacios controlados son algunos de sus rasgos más notorios. A no ser por su presencia en redes sociales, apalancada en influencers de su entorno íntimo o en la virulencia de troles, la imagen pública del presidente y la del conjunto del Ejecutivo se resume en fuegos fatuos, derrapes e inaudita improvisación

Gustavo Isch

Por: Gustavo Isch

I. La contracomunicación en el Gobierno del Nuevo Ecuador

Bastaría una plana en Word para enumerar las conexiones realmente importantes del Gobierno con la ciudadanía para difundir sus ideas, e informar sus logros. Este ejercicio obviamente debe realizarse sin perderse en el juego de la redundancia ni en el eco en medios virtuales o tradicionales, obligados a cubrir las enunciaciones públicas del Ejecutivo, con la esperanza de encontrase con una noticia capaz de trascender su impronta publicitaria.

Una retórica cargada de mensajes emocionales que fácilmente se desgranan como un puñado de arena; otros destinados a polarizar con “su enemigo” y forjar cohesión social a partir de narrativas en las que el miedo es el elemento preferido, incluso por sobre la posibilidad de compartir una visión de futuro, o enarbolar una causa común que le dé esperanzas y razones para abrigarlas, a la gente.

Muchas veces, las crisis políticas son endilgadas a las falencias de sus equipos de comunicación; los políticos nunca aceptan sus errores, algunos tratan de enmendarlos como si “aquí no ha pasado nada”. Son excepcionales en la historia de la política, los casos en que sus actores principales admiten públicamente sus errores.

En la sociedad del culto a la transparencia, establecido precisamente porque toda la gente desconfía de los políticos y en general de los funcionarios públicos, la lógica y la sensatez deberían empujar la decisión de contar con un sistema de comunicación estratégico, capaz de analizar coyunturas, realizar prospectivas, conformar equipos multidisciplinarios y especializados capaces de definir líneas, mensajes y medios para informar, para educar, para eliminar la opacidad, para manejar situaciones de crisis; para comunicar las decisiones más importantes, para preparar voceros, para estudiar audiencias.

Es inaudita la improvisación con la que se ha manejado la comunicación del gobierno por fuera de su zona de confort, que básicamente se tramita mediante comunicados oficiales —donde no hay posibilidades de promover la interacción ni la retroalimentación ciudadana—; y no existen precisamente porque al parecer, no le interesa al gobierno. Adicionalmente a los comunicados oficiales, están las redes personales del jefe de Estado, que concitan más atención que los comunicados de su gabinete; eventuales y cortas declaraciones públicas y, finalmente, algunas entrevistas en espacios absolutamente controlados. Las cadenas nacionales en momentos dramáticos como los apagones, o para informes a la Nación, son acotadas y llenas de naderías; por lo que hay más desarrollo de los temas por parte de la prensa, cosa que muchas veces le habrá generado fastidio al régimen, pero que se agradece desde la ciudadanía responsable que necesita contar con elementos de juicio e información contrastada.

En escenarios como tiktok e Instagram la política se vuelve trivial o se convierte en show barato; cuando migra a la plataforma X, la desinformación, el ataque, la manipulación marcan el ritmo de las efímeras tendencias viralizadas por bots desde troll centers.

Se elude y se escamotea el debate. Las ideas centrales en temas clave como seguridad, migración, recesión económica, desempleo, desinversión pública, crisis del sistema de salud pública, entre muchas otras, no se tocan a profundidad, y cuando se mencionan, en más de una vez las cifras no cuadran. Probablemente, se prefiere evitar los riesgos de hablar con transparencia la verdad —aunque sea la verdad oficial— y contrastar esa versión que difícilmente supera un párrafo de más de cuatro líneas, con otras versiones, con otras voces, con otras opiniones.

La inversión en redes sociales está dirigida a consumidores de información de cualquier origen o clasificación construidas ex profeso para el divertimento, la banalización. En escenarios como tiktok o Instagram la política en la era digital, se vuelve trivial, o se convierte en show barato; cuando migra a la plataforma X, la desinformación, el ataque, el falseamiento de la verdad, marcan el ritmo de las efímeras tendencias viralizadas por bots desde troll centers, o por sistemas algorítmicos que identifican grupos afines y los juntan en tribus o en cardúmenes, con la misma rapidez con la que luego los invisibilizan.

Casos como Olón, la captura de Jorge Glass en la embajada de México, la contratación de desayunos escolares, el escándalo eléctrico de Progen, la contratación para construir una terminal de gas en Monteverde, los cuatro niños asesinados en Guayaquil, la venta de diesel subsidiado, los chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas y el de la concesión del campo Sacha, son algunos ejemplos de la precaria atención, la desconexión y la improvisación que se muestra en las burbujas del poder político, e invitan a pensar que esto ocurre bajo dos posibilidades, en estos tiempos de outsiders digitales que pretenden liderar las sociedades:

a) O no tienen la más peregrina idea de los que es comunicación de gobierno; o b) Para ellos, estructurar un sistema de comunicación estratégica transparente, eficiente, inclusiva, para fortalecer la ciudadanía y la democracia, les importa un orito. La contracomunicación es un asunto de mucho riesgo para cualquier actor político, y más para un gobierno, en un país electoralmente polarizado y políticamente fragmentado.

La comunicación del Gobierno es un elemento indispensable para robustecer la gobernabilidad y mejorar la democracia en un país. Es lamentable que las evidencias muestren displicencia y desorden en el caso de Ecuador.

II. Campo Sacha, una crisis de transparencia y comunicación política

Lo de Sacha es ya una crisis política en toda la regla. El proceso llevado a cabo para “concesionar” el campo petrolero ha producido una crisis política muy seria para el gobierno de Daniel Noboa, de la que es muy poco probable que se recupere, rescate su credibilidad pública y redima la reputación que ha tratado de construir presentándose como la encarnación del cambio y la renovación que el país necesita.

El movido feriado de carnaval fue en el que se produjo la polémica decisión del régimen, incluso alcanzó para que, el 3 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (@FiscalizacionAN) denuncie que @EPPetroecuador no ha proporcionado los informes técnicos requeridos, los cuales deben evidenciar de manera explícita que la empresa no posee las capacidades técnicas y financieras necesarias para gestionar el Campo Sacha.

La denuncia es bastante seria, y se incluye en la cadena de decisiones criticadas por distintos sectores donde se percibe que el Ejecutivo parece haber forzado una reestructuración interna en Petroecuador para habilitar, administrativamente, un proceso contractual de enorme delicadeza como el relacionado con la “concesión” del campo Sacha.

Hay muchas opiniones que desde redes sociales y en algunos espacios periodísticos y de opinión expresan su desconfianza sobre de la transparencia del concurso, y esgrimen diversos argumentos que el régimen no ha podido esclarecer de manera contundente, por lo que las suspicacias y el malestar no han disminuido.

Algunos señalan que se adjudicó el contrato sin licitación, aunque la ministra de energía, afirmó que en octubre de 2024 se invitó a otras empresas y que solo Sinopetrol mostró su interés en el proyecto. La ministra Manzano anunció que ella no firmará el contrato, y que en su lugar lo suscribirá su viceministro de hidrocarburos, Guilhermo Ferreira; ello, si es que se concreta la adjudicación, para lo cual hay un plazo de 30 días (que ya está corriendo) en los que el gobierno debe recibir una prima de 1.500 millones de dólares y deben cumplirse varias condiciones por parte del consorcio. Durante el gobierno de Daniel Noboa han renunciado a sus cargos cuatro gerentes, y el 26 de febrero fueron despedidos de la empresa más de 20 funcionarios de distintas áreas.

La concurrencia de estos y otros factores que deben ser aclarados, es una prueba inapelable de la necesidad de que en el país se establezca un sistema que precautele la calidad de las inversiones públicas o privadas, nacionales o extrajeras; y que la ciudadanía esté incorporada activamente en la rendición de cuentas y en la transparencia de las decisiones de sus mandatarios. Nada como una ciudanía bien informada, activa y organizada para garantizar la soberanía y el adecuado manejo de los sectores estratégicos.

Una de las aristas más agudas de la entrega del campo Sacha por parte del gobierno ecuatoriano, se encuentra en la estructura de la cadena de actores conectados con la licitación. La colocación de participantes en ese proceso, es muy semejante a la de una muñeca rusa; una matrioska en la que una entidad encierra otra adentro. La dificultad para identificar de partida a todos los beneficiarios directos de la licitación, y descartar irregularidades que apuntan a ciertos personajes, ha generado una peligrosa tormenta política que anuncia una mayor intensidad en los próximos días.

Gustavo Isch

Gustavo Isch

Consultor político, experto en comunicación electoral y de gobierno. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar

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