Los últimos ocho días exhiben un patrón claro en la gestión política del Ejecutivo, al consolidar su agenda usando proyectos urgentes en materia económica y una mayoría legislativa disciplinada (en el rango de 77–78 votos) que viabiliza su aprobación acelerada. El 26 de agosto se aprobó la Ley de Transparencia Social (cuarta ley urgente), y el 28 de agosto ingresó la Ley de Fortalecimiento Crediticio (quinta urgente), ambas tramitadas en plazos abreviados y sobre asuntos sensibles (sociedad civil e institucionalidad previsional).
Este ritmo, con votaciones alineadas y escaso procesamiento deliberativo en la Asamblea, robustece el control del Gobierno sobre la agenda pública y ancla la oposición en el papel de “contención” judicial y callejera, más que parlamentaria.
Ley de Transparencia Social y el control a la sociedad civil
El debate y votación del 26 de agosto en la Asamblea Nacional sobre la Ley Orgánica de Transparencia Social (más conocida como Ley de Fundaciones), fue el cuarto proyecto económico urgente enviado por Daniel Noboa. Refleja una estrategia de doble filo: por un lado, el Gobierno intenta proyectar una imagen de lucha contra la opacidad institucional; por otro, la norma genera alarma en organizaciones de la sociedad civil por los riesgos de burocratización y control político. La Ley obliga a organizaciones sin fines de lucro a registrarse en una plataforma estatal e implementar sistemas que el régimen llama “de integridad institucional”.
La aprobación de esta ley responde a la lógica gubernamental de “orden y disciplina social”, pero abre un frente de confrontación con actores sociales que han sido contrapeso histórico frente a gobiernos autoritarios. Una de las narrativas que se sembraron para generar consenso sobre esta normativa señaló, sin prueba alguna, la posible utilización de estas organizaciones para el lavado de activos; una presunción económicamente tan difícil de sostener logró que el ridículo sea el efecto distractor más relevante que el peso de las preocupaciones, con más sentido, que se hicieron presentes en la esfera pública.
La ley obliga a las ONG, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, a registrarse obligatoriamente y reportar el origen de sus recursos (aportantes, beneficiarios, flujos de dinero), bajo supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Además, establece sanciones administrativas, congelamiento de fondos y revocación de la personería jurídica si se detectan irregularidades. El oficialismo sostiene que la norma “cierra las puertas a los flujos irregulares de capital que alimentan a grupos de delincuencia organizada” y combate el lavado de dinero. No obstante, la oposición y organizaciones civiles consideran que este marco excede el combate del crimen y apunta a controlar la sociedad civil.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), encargada de la detección de operaciones inusuales y sospechosas, ha sido incorporada dentro de la estructura del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que le otorga capacidad de actuar incluso antes de que un juez intervenga. El Ejecutivo justifica esta decisión como parte de su estrategia de prevención del lavado de activos.
Entre las objeciones a la Ley destacan que el proyecto impone cargas desproporcionadas a las organizaciones comunitarias: auditorías costosas, exigencia de bases de datos, facultades estatales para clasificar ONG por niveles de riesgo o incluso congelar sus recursos sin proceso judicial; y que se entrega al Estado “la potestad de clasificar organizaciones, exigir bases de datos, revocar personerías jurídicas o disponer de fondos sin sentencia previa”.
Por su parte, la relatora de la ONU sobre los derechos de libertad pacífica y asociación, la colombiana Gina Romero, señaló que la normativa “estigmatiza al sector de la sociedad civil en su conjunto al asociarlo con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, la corrupción y otros ilícitos sin justificación satisfactoria”, y recomendó un análisis de riesgo basados en estándares internacionales.
La norma, publicada en Registro Oficial el 28 de agosto, obliga a las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL) a nuevos registros, reportes y esquemas de evaluación de riesgo; y, crucialmente, traslada la UAFE al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), habilitándola a inmovilizar fondos con una medida administrativa inicial (ejecución bancaria en 72 h), sujeta a control judicial dentro de un máximo de 8 días. Es un salto cualitativo:
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), encargada de la detección de operaciones inusuales y sospechosas, ha sido incorporada dentro de la estructura del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que le otorga capacidad de actuar incluso antes de que un juez intervenga. El Ejecutivo justifica esta decisión como parte de su estrategia de Prevención del Lavado de Activos (Anti-Money Laundering, AML) y Combate al Financiamiento del Terrorismo (Countering Financing of Terrorism, CFT).
Sin embargo, voces críticas advierten que este cambio puede abrir la puerta a usos políticos de la información financiera y a un clima de inhibición para la sociedad civil. En materia de estándares globales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a través de su Recomendación 29, y la Red Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, establecen como principios la independencia y la autonomía operativa de estas unidades.
Que la UAFE quede bajo el paraguas del CNI no constituye en sí mismo una infracción, pero sí genera riesgos de percepción de injerencia y de desvío hacia fines ajenos al ámbito financiero, aspectos que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) suele subrayar en sus evaluaciones.
En la historia reciente ecuatoriana hay un antecedente claro: en 2013 el gobierno de Rafael Correa promulgó un decreto de contenido similar (Decreto 16), que imponía controles estatales sobre las ONG. Aquella experiencia “facultó un control y vigilancia que atentó contra la independencia de las organizaciones y vulneró el derecho a la libre asociación”. Dicho decreto permitió, en la práctica, que el correísmo silenciara grupos incómodos e incluso disolviera entidades como la Unión Nacional de Educadores, Pachamama o Acción Ecológica, lo que generó rechazo internacional. Los patrones autoritarios precedentes parecerían repetirse ahora.
La polémica también alcanzó al IESS
La sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transparencia Social, conocida popularmente como “ley de fundaciones”, dispone que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no pueda exigir multas ni recargos a las instituciones estatales o empresas públicas que, producto de su liquidación, transfieran como pasivos las obligaciones relacionadas con aportes y fondos de reserva de sus trabajadores. Diversos sectores opositores sostienen que el alcance de la norma incluye no solo sanciones e intereses, sino también el capital principal adeudado, lo que vulneraría el principio constitucional de que los recursos de la seguridad social son autónomos y diferenciados de los del fisco, establecido en el artículo 372 de la Constitución. La medida, en los hechos, se asemeja a una condonación de deudas del Estado con el IESS. Desde el plano político, los efectos son claros: deteriora la confianza de afiliados y jubilados en la gestión del seguro social y abre espacio a que organizaciones políticas y sociales busquen impugnar la disposición ante la Corte Constitucional del Ecuador.
Si la consigna de “no meter la mano al IESS” logra instalarse en la opinión pública, el Gobierno enfrentará un costo reputacional más alto que los beneficios fiscales inmediatos que persigue con esta reforma.
Audiencia en la Corte Constitucional: Ley de Integridad Pública
El 26 de agosto la Corte Constitucional del Ecuador instaló audiencia para tramitar veintiséis demandas contra la Ley de Integridad Pública, que introduce reformas en el ámbito laboral y penal. Los sindicatos y las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (OSSFL) se movilizan exigiendo su suspensión parcial. La Corte se convierte así en el espacio de compensación frente a la correlación de fuerzas en la Asamblea: si concede medidas cautelares sobre los artículos centrales de la Ley Orgánica de Transparencia Social o de la propia Ley de Integridad Pública, el Ejecutivo reorientará su estrategia hacia la vía de reglamentos y protocolos administrativos para preservar el control; si no lo hace, la conflictividad social se intensificará. En ambos escenarios, el costo recae sobre la legitimidad y la gobernabilidad, un aspecto que al Gobierno parece no preocuparle.
Ley de Fortalecimiento Crediticio: sostenibilidad del sistema previsional
El envío del quinto proyecto urgente de Daniel Noboa —la Ley de Fortalecimiento Crediticio— revela la prioridad económica de blindar el sistema de pensiones. La propuesta busca garantizar el ahorro previsional y responder a la presión del déficit estructural del IESS.
En términos de coyuntura política, el proyecto coloca al Presidente como reformador pragmático frente a una Asamblea fragmentada, conducida por una mayoría sumisa al poder. Sin embargo, el debate se perfila como un campo de disputa entre sectores que exigen garantías para jubilados, gremios que rechazan privatización encubierta, y fuerzas políticas que ven en este proyecto una oportunidad para marcar distancia o alianzas coyunturales con el Ejecutivo.
En la lógica política del momento, la nueva propuesta actúa como un intento de reconfigurar la discusión pública, tras la controversia generada por la sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transparencia Social: se la presenta bajo el discurso de la “sostenibilidad”, aunque en el fondo plantea un rediseño del sistema previsional.
Con una correlación de fuerzas que se mantiene en el rango de 77 a 78 votos en la Asamblea Nacional, el proyecto tiene un entorno de confianza fuertemente debilitado: después de la aprobación de la Ley de Fundaciones y de su disposición transitoria, las organizaciones gremiales y los colectivos de jubilados exigirán garantías explícitas para la protección de fondos y prestaciones. Al mismo tiempo, los bloques de oposición presionarán por incorporar “cláusulas candado” o mecanismos cautelares que aseguren la intangibilidad de los recursos. El escenario más plausible es que la normativa sea aprobada con ajustes puntuales, pero con alta probabilidad de que, posteriormente, se active un proceso de impugnación parcial ante la Corte Constitucional del Ecuador.
Caso Sinohydro: un recalentado muy oportuno
La instalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sinohydro, con 24 procesados incluido el expresidente Lenín Moreno, devuelve al escenario político un tema sensible: la corrupción en los megaproyectos estratégicos de la última década. El proceso por presunto cohecho en la construcción de Coca Codo Sinclair reabre la memoria de la relación con capitales chinos y coloca bajo tensión la legitimidad del Estado para sancionar las redes de corrupción transnacional. El impacto se proyecta en tres dimensiones: a) el deterioro de la credibilidad de las élites políticas, b) la narrativa gubernamental de lucha anticorrupción como recurso de legitimidad y c) el efecto electoral que este caso puede tener en las fuerzas políticas vinculadas al correísmo en un contexto de polarización.
Más sobre la corrupción en sectores estratégicos
Más allá de leyes recientes, la coyuntura se caracteriza por escándalos de corrupción que afectan sectores estratégicos (energía, salud, minería, etc.). Por ejemplo, en el sector eléctrico-social se reactivó el caso Sinohydro (hidroeléctrica Coca Codo Sinclair): la Fiscalía acusa por cohecho a 24 personas (entre ellas el ex presidente Lenín Moreno) por un monto estimado en USD 76 millones de sobornos canalizados a través de consultorías y triangulaciones financieras. La Corte Nacional de Justicia instaló audiencia preliminar para setiembre de 2025 con 25 procesados, mostrando que el caso (iniciado en 2019) continúa adelante.
También en energía, Progen (contratada de emergencia para 150 MW) enfrenta arbitraje: Celec adjudicó en agosto 2024 dos contratos por USD 149,1 millones y pagó anticipos por USD 69,58 millones (2024, Salitral) y USD 34,79 millones (ene–feb/2025, Quevedo); fue multada con USD 900.000 en dic/2024. En junio/25, la Celec terminó unilateralmente los contratos y ahora Progen demanda por daños. Todos estos hechos han suscitado críticas públicas por falta de transparencia en la adjudicación de contratos críticos para la crisis eléctrica.
En el sector salud pública, las filtraciones de Daniel Salcedo y Xavier Jordán (procesados por sobornos hospitalarios) han arrojado datos estremecedores. A fines de julio, la Comisión de Fiscalización reunió casi 5.000 documentos entregados por ambos, con información de supuestas irregularidades en compras y contratación en hospitales públicos.
En conjunto, estos ejemplos muestran la vulnerabilidad de los sectores estratégicos ante el crimen organizado, la delincuencia política y la corrupción.
¿El Gobierno afila un bumerán?
El balance prospectivo es claro: en el corto plazo, el Gobierno de Daniel Noboa mantiene una mayoría legislativa suficiente para seguir aprobando leyes urgentes y blindar su discurso de orden, pero la gobernabilidad se desplaza hacia el terreno judicial y social. La Corte Constitucional será el árbitro de artículos clave, mientras la sociedad civil y los sindicatos podrían convertirse en actores de protesta frente al avance del control estatal. En el mediano plazo, la combinación de autoritarismo legalizado, fragilidad previsional y corrupción estructural en sectores estratégicos amenaza con profundizar la crisis de legitimidad, multiplicar los focos de conflictividad y reconfigurar la correlación de fuerzas.
La estrategia del Ejecutivo de gobernar con leyes urgentes y control financiero puede otorgar eficiencia inmediata, pero si no se acompaña de transparencia y respeto institucional, corre el riesgo de convertirse en un bumerán político que acelere la erosión de su legitimidad.
Emtre tanto, que buena parte del nuevo Ecuador se movilice en redes sociales contra Perú, en una reñida batalla digital en el «mundial de los desayunos» organizado por el streamer español ibai llanos, donde el bolón de verde y el encebollado se enfrentan al pan con chicharrón y tamal peruano, basta y sobra para olvidar las crisis de seguridad, desempleo, salud pública, 18 muertos y 40 desaparecidos en el marco del conflicto armado interno, y otras desventuras.
Roma, siglo II d.C.: “pan y circo”. Ecuador, 2025 d.C.: bolón y pan con chicharrón.