I. Varias razones de la crisis presupuestaria que afecta a los ecuatorianos
Ecuador se está hundiendo en medio de la deficitaria administración de los recursos públicos en el actual régimen, una nueva etapa de injerencia en las Funciones del estado, —quizás salvo la Función Electoral— por parte del poder político, y las “bajas colaterales” causadas por la metralla del conflicto armado interno decretado en enero del 2024.
El país navega su día a día entre una economía ineficiente, el hostigamiento político a sus críticos y una alta asignación de recursos para promocionar una imagen gubernamental que no refleja la realidad de la mayoría. Esta situación contradice prioridades sociales urgentes y la necesidad de resultados concretos para el bienestar ciudadano.
El manejo de las prioridades presupuestarias del gobierno revela una gestión que no cuadra con las necesidades de una sociedad atrapada en una crisis sistémica. El manejo de los recursos públicos no solo incrementa la deuda pública, sino también la deuda social, acentuando la inequidad y ampliando la brecha entre ricos y pobres. Solo en Quito, el número de “habitantes de la calle” ha crecido casi un 400%.
Al inicio del gobierno de Daniel Noboa en 2023, la caja fiscal era de aproximadamente 179,7 millones de dólares, considerada insuficiente para cubrir pagos inmediatos como sueldos y compromisos pendientes. Sin embargo, en solo dos años la situación empeoró: la proyección oficial para 2025 estima un déficit fiscal cercano a los 3.500 millones de dólares.
Durante el primer semestre de 2024, el Estado logró un superávit fiscal pequeño de 109 millones, pero este alivio fue temporal: en 2025, el déficit acumulado en los primeros seis meses alcanzó 1.757 millones.
Este deterioro se explica por varios factores. Después de la disolución anticipada de la Asamblea Nacional en mayo de 2023, el gobierno anterior redujo la contratación de deuda externa y aplicó medidas populistas que recortaron ingresos estatales, agravando la crisis de liquidez. Al cierre de 2023, la cuenta única del Tesoro registraba solo 135 millones, cifra inferior a la de la crisis sanitaria de 2020, lo que llevó al gobierno a buscar préstamos de emergencia para cubrir salarios.
Durante el primer semestre de 2024, el Estado logró un superávit fiscal pequeño de 109 millones, pero este alivio fue temporal: en 2025, el déficit acumulado en los primeros seis meses alcanzó 1.757 millones.
A pesar del aumento de impuestos en 2024 —como la subida del IVA del 12% al 15%, el impuesto a la salida de divisas y contribuciones especiales a entidades financieras— que aumentaron ingresos en alrededor del 17%, el alivio fiscal fue parcial y breve. El déficit cerró en 2.522 millones en 2024, menor que los 5.456 millones de 2023, aunque en parte gracias a diferir pagos obligatorios a 2025. Esto generó una acumulación de cuentas por pagar que disminuyeron de 3.584 millones en diciembre de 2023 a 1.674 millones en diciembre de 2024, pero representan una carga financiera diferida.
En el primer trimestre de 2025 —coincidiendo con la campaña electoral anticipada— se ejecutó un gasto público extraordinario cercano a los 924 millones de dólares, incluyendo bonos sociales y otros programas, lo cual tensionó aún más el presupuesto. Junto con la caída de los precios internacionales del petróleo, esto impulsó el aumento del déficit fiscal proyectado para 2025.
Para cubrir estos compromisos, el gobierno estima una necesidad de financiamiento externo de unos 7.900 millones, que incluyen el déficit fiscal entre 2.5 y 3.5 mil millones y amortizaciones de deuda por 5.4 mil millones.
Aunado a este difícil panorama, la ejecución presupuestaria en ministerios clave ha sido deficiente. A mitad de 2025, los 20 ministerios solo habían ejecutado el 19,6% del plan anual de inversiones, equivalentes a 295 millones de dólares de los 1.500 programados, reflejando graves ineficiencias.
Ministerios como Energía y Minas, Transporte y Obras Públicas, Interior y Salud han mostrado bajos niveles de ejecución, pese a las crisis en sus sectores. Por ejemplo, en Energía y Minas, frente a una severa crisis eléctrica en 2024, solo se ejecutó el 2,76% del presupuesto asignado para inversiones en 2025.
En el sector estratégico de hidrocarburos, la reciente importación de 137 500 barriles de turbo jet a-1, a Perú, y los USD 633.6 millones pagados a Colombia por electricidad entre 2022 y 2024, con apagones de hasta 14 horas diarias, son solo dos ejemplos de la debilidad estructural que lo está ahogando.
La crisis hospitalaria: el ministerio de Salud evidenció un avance del 34,6% en inversión en obras, pero solo un 6% en la adquisición de equipos médicos, un nivel insuficiente ante la alta demanda sanitaria, además de recortes por alrededor de USD 1300 millones en el presupuesto del sector que ahora ha reventado con la crisis hospitalaria.
Para atender esta crisis que lleva varias semanas con efectos devastadores en pacientes con enfermedades catastróficas, en atenciones urgentes y hasta en el personal de los hospitales públicos, el 19 de agosto de 2025, mediante el decreto ejecutivo no. 108, el presidente Daniel Noboa estableció el Comité nacional de salud pública; como una respuesta a la emergencia sanitaria —aunque según ciertos delirantes la crisis “es una percepción”, y “no hay ninguna crisis”—. La decisión busca coordinar instituciones y centralizar compras; sin embargo, a la tardía reacción se suma un patrón recurrente: gobiernos que frente a la crisis sanitaria recurren a comités sin garantizar recursos sostenibles.
En Energía y Minas, frente a una severa crisis eléctrica en 2024, solo se ejecutó el 2,76% del presupuesto asignado para inversiones en el 2025.
Esta contracción, que contradice la norma constitucional que exige incrementar al menos 0,5 % del PIB anual en salud, explica el colapso actual del sistema hospitalario: falta de medicamentos, déficit de personal y precarización de servicios.
La reducción no solo refleja improvisación fiscal, sino también un vaciamiento político de la noción de salud como derecho. En la coyuntura actual, el desafío no es solo administrativo sino político: sanar la confianza ciudadana requiere voluntad de inversión, transparencia y combate a las mafias que lucran con el dolor de seres humanos. Luego de más de 21 meses en el poder, la nueva estructura burocrática hace que mucha gente se pregunte ¿Qué se pasaron haciendo durante ese tiempo?
«Se dice que un comité está diseñado para no resolver nada. Y eso es algo que hace muy bien». (Juan Domingo Perón).
Por otro lado, el gobierno ha destinado recursos importantes a publicidad oficial y a la construcción de una narrativa favorable, especialmente en el contexto electoral de 2025.
En octubre de 2024 se adjudicó un contrato publicitario por 5 millones de dólares que cubre parte de 2024 y 2025, y se han comprometido más de 17 millones en publicidad institucional durante los primeros 21 meses de mandato. Esto ha generado críticas por desbalancear prioridades en un contexto de estrechez fiscal, destinando fondos para mejorar la imagen gubernamental en lugar de atender problemas estructurales.
En resumen, Ecuador enfrenta una gestión fiscal y presupuestaria marcada por un desfase entre ingresos y gastos, con un déficit creciente, financiamiento externo vía deuda significativo, y una ejecución presupuestaria deficiente en sectores clave. Mientras tanto, el aumento de la deuda social y la inequidad no encuentran salida, lo que profundiza las desigualdades dejando desatendidas urgentes demandas sociales. La apuesta por la promoción mediática, en lugar de ajustes efectivos y planificación estratégica, revela una falta de coherencia entre los recursos destinados y las necesidades reales de la población, en un escenario político y económico complejo. El Ejecutivo invierte grandes sumas en publicidad y propaganda, pero falla en convertir su presupuesto en resultados concretos para la ciudadanía.
II. Controlar la Justicia a cualquier precio
Controlar la Justicia a cualquier precio parece ser la estrategia de la política y para ello se necesita sembrar una narrativa que genere de adhesión social.
En los últimos 15 días el régimen ha intentado responsabilizar a la Corte Constitucional (CC) por supuestamente frenar las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, enviadas por Daniel Noboa (indiscutible líder político del llamado Nuevo Ecuador, de ADN, y quien además es el presidente de la República) a la Asamblea Nacional cuya mayoría funcional al Ejecutivo, las aprobó -según expertos constitucionalistas y en procesos legislativos- pese a deficiencias de forma y fondo.
El régimen reaccionó con una rabieta a lo dispuesto por la Corte, y promovió una movilización que se realizó el 12 de agosto en Quito, en la que se calificó a la institución como “enemiga del pueblo” y se estigmatizó públicamente a los jueces que cumplieron con su obligación y sus atribuciones establecidas en el Art. 79 de la norma, y calificaron 38 demandas de inconstitucionalidad, de las cuales se admitieron 3 que motivaron la suspensión temporal de 17 artículos, en razón de encontrar “efectos concretos, inminentes y graves” en la posible aplicación de los artículos cuestionados.
En ese contexto, el presidente anunció que se incluía entre las preguntas preliminares de la próxima consulta popular una, que en su condumio fundamental dice: “¿…está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político?”.
Así las cosas, la tensión sobre las Funciones de Control Social y Justicia escaló la semana pasada.
Con cuatro votos a favor, un voto en contra (Nicole Bonifaz), y dos abstenciones (Gonzalo Albán y Piedad Cuarán), el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el viernes 22 de agosto de 2025, el informe remitido por la Comisión Técnica sobre el proceso de selección y designación de vocales del Consejo de la Judicatura para el período 2025-2031. En dicho informe, se declararon inadmisibles las 19 impugnaciones ciudadanas presentadas contra los postulantes de las ternas: Mario Godoy, Ivonne Núñez, Magaly Ruiz, Fabián Fabara, Wendy Moncayo, Alfredo Cuadros y Juan Benalcázar.
En los últimos 15 días el régimen ha intentado responsabilizar a la Corte Constitucional por supuestamente frenar las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública, enviadas por Daniel Noboa.
La presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ), que por norma corresponde al delegado designado por la Corte Nacional de Justicia, emergió como un puesto estratégico en la disputa por el control de la Función Judicial. Entre otras desconocidas razones, esto se debe a que la reciente Ley de Integridad Pública faculta al CJ para declarar emergencias judiciales y ejercer poderes extraordinarios, entre ellos intervenir en nombramientos y remociones dentro del sistema judicial.
En julio, la situación fue reveladora: la Corte Nacional incluyó a Mario Godoy en su terna para presidir el CJ, lo que llevó a la renuncia del juez Marco Rodríguez, quien encabezaba inicialmente esa lista y denunció que los cambios de última hora desvirtuaban los criterios de mérito y experiencia.
En ese contexto, sobresalen con ventaja nombres como Mario Godoy y la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, incluida en la terna enviada por el Ejecutivo. Sin embargo, continúan existiendo impugnaciones por posibles conflictos de interés y actuaciones controvertidas.
El riesgo político es evidente: el CPCCS prioriza cuotas y afinidades políticas sobre la idoneidad y probidad. El nuevo Consejo de la Judicatura será percibido como un instrumento de poder y no como un garante de la independencia judicial.
La crisis de legitimidad en la designación de los vocales para el CJ mostró su profundidad entre el 21 y 23 de agosto. El 21 de agosto, la abogada María Emilia Grijalva renunció irrevocablemente a formar parte de la terna propuesta por la Asamblea Nacional, argumentando falta de confianza en un proceso marcado por criterios excesivamente formalistas en la evaluación de impugnaciones ciudadanas.
El 23 de agosto, el Pleno del CPCCS, en sesión extraordinaria, aceptó su renuncia por unanimidad y ordenó a la Asamblea que reponga la terna en un plazo de diez días. Estos eventos evidencian que la transparencia del proceso fue cuestionada de manera abierta, lo que refuerza la percepción de fragilidad institucional, opacidad procedimental y extralimitación de competencias de la Comisión calificadora, frente a un concurso clave para oxigenar una Función Judicial enlodada hasta las salpicaderas por la metida de mano de la política.
III. Cuando el Estado vigila
Los resultados del combate a la delincuencia organizada son desalentadores. No se han podido disminuir sus embates, y los récords de violencia se incrementan al punto de llegar a niveles históricos sucesivamente desde 2023, 2024, y lo que va del año 2025.
El 18 de agosto de 2025, en la comunidad de San Ignacio (Toacaso, Cotopaxi), tres agentes de inteligencia policial fueron retenidos por dirigentes indígenas tras descubrir que realizaban seguimientos al expresidente de la Conaie, Leonidas Iza.
La comunidad aplicó su jurisdicción propia y abrió un proceso de justicia indígena. Este episodio expone una fractura crítica: la del Estado que espía a sus opositores y la de las comunidades que se asumen garantes de su soberanía territorial frente a la intromisión.
Tras conocerse el seguimiento al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, tres agentes retenidos en Cotopaxi reconocieron ante la justicia indígena la existencia de un equipo de al menos 16 miembros operativos y dos mandos superiores dedicados a vigilarlo. Según su testimonio, la operación —bautizada “asadero del cuy”— recurría a personal encubierto que se presentaba como periodistas, abogados o funcionarios de la asamblea nacional.
La reacción de la comunidad no fue improvisada. Responde a un patrón histórico: cuando el Estado vulnera los derechos colectivos, las comunidades activan su justicia propia, reconocida en la constitución. Para los indígenas, permitir que agentes ingresen a su territorio sin autorización y con fines de espionaje significaría abdicar de su autonomía. La retención, en este sentido, no fue un acto de violencia sino de afirmación política y territorial.
El suceso no puede entenderse aislado. Desde junio de 2025, la aprobación de la nueva Ley de Inteligencia otorga amplias facultades de vigilancia a la Dirección Nacional de Inteligencia, sin controles judiciales efectivos. En nombre de la seguridad nacional y en el marco del conflicto armado interno, el Ejecutivo podría defender la potestad de vigilar a actores políticos, periodistas, líderes sociales y probablemente a toda opinión que pueda considerarse peligrosa para la seguridad del Estado, ergo, a cualquier persona o entidad.
Para los indígenas, permitir que agentes ingresen a su territorio sin autorización y con fines de espionaje significaría abdicar de su autonomía.
La captura de los agentes en Cotopaxi evidencia cómo esa normativa se tradujo en prácticas de espionaje dirigidas contra opositores visibles, con el riesgo de criminalizar la disidencia.
El evento transparenta cómo en el Ecuador, el poder mira con desconfianza a la democracia; se ve un Estado más preocupado por vigilar que por dialogar, un Estado que espía a sus opositores, y que podría estar tentando un nuevo episodio de crisis política de consecuencias difíciles de predecir.
Si el escenario se mantiene como hasta ahora, mucho tiene que ver la ausencia de un liderazgo renovado y de carácter nacional, así como la debilidad de un tejido social fragmentado, polarizado, cautivo de la infoxicación y el canibalismo de redes digitales, así como debilitado por la incertidumbre, el desempleo, y la inseguridad que cabalga sobre el miedo.
La persecución política contra un líder cuya legitimidad social trasciende el ámbito indígena no es el único episodio que comunica el rápido y progresivo deterioro de la política en un país que ya cuenta un candidato presidencial asesinado, decenas de víctimas de violencia política, periodistas autoexiliados para precautelar su vida y la de sus familias, hostigamiento contra funcionarios electos en las urnas, y ahora, presiones apuntaladas en narrativas falaces contra la Corte Constitucional.
Procesar a los indígenas por “ataque a agentes del Estado”, puede incrementar la tensión con el movimiento indígena y reforzaría la narrativa de persecución. También abre un frente de crítica internacional: organizaciones de derechos humanos y observadores ya advierten que la inteligencia ecuatoriana opera más como instrumento político que como mecanismo de seguridad.
En ese marco, el verdadero debate es otro: ¿hasta qué punto el actual gobierno está dispuesto a usar el aparato de inteligencia para controlar la disidencia, en vez de resolver la crisis estructural de inseguridad y desigualdad que aqueja al país?
¿Cuántos agentes de seguridad e inteligencia están infiltrados entre periodistas?
IV. En Azuay: en el siglo XXI, de barro es el camino hacia El Dorado
En Azuay, a falta de políticas sociales, una reciente visita amistosa a comunidades marginadas trivializó la resistencia comunitaria hacia el extractivismo, en el contexto del rechazo popular al proyecto minero Río Blanco.
En un país donde reinan las apariencias por sobre las realidades, la puesta en escena del evento no apeló a derechos —eso no es cool, no es vip, no es guay— sino al desgaste emocional de los excluidos, de “los nadies” de hoy, herederos víctimas de 533 años de expoliación.
El gesto planta la manipulación simbólica que busca aminorar el rechazo ciudadano.
Esa práctica política añeja, que no tiene nada de inofensiva, muestra de que barro está hecho el camino hacia El Dorado que hoy se codicia en el Ecuador contemporáneo.
El modo en el que el poder político administra como dominio privado las necesidades de los marginados y de los más vulnerables, no puede pasar sin que la ciudadanía reflexione. Si se generaliza, esta estrategia consolidará el uso de un dispositivo en el que las comunidades dejan de ser agentes con voz y a lo mucho son beneficiarias de caridad publicitada.
V. Estudio de opinión para tener en cuenta
El más reciente estudio de opinión pública elaborado por IMASEN sobre un universo de 1500 personas, y divulgado el miércoles 20 de este mes, revela muchos datos dignos de atención; uno de los más interesantes tiene relación con la percepción ciudadana sobre inversión extranjera, economía y relaciones comerciales:
El 53.8% de entrevistados no está de acuerdo con que el gobierno concesione a una empresa china el manejo de Coca-Codo Sinclair, luego de que el régimen de ese país reconoció que la construcción de la represa tuvo fallas e indemnizó a Ecuador con USD 440 millones.
El 68,3% de entrevistados creen que China tiene cada vez más peso en las decisiones políticas. El 81% siente que han aumentado las inversiones de ese país en ecuador, y el 73.9% siente que ha dejado de comprar productos ecuatorianos porque son más caros que los chinos; el 77.3% cree que ecuador debe desarrollar un mecanismo que atraiga inversiones pero que a la vez garantice que beneficien al país.
Es políticamente incorrecto señalarlo, pero … lo veníamos anticipando; la alegre apertura comercial de Ecuador a países enormemente superiores en sus capacidades productivas, tecnológicas, financieras podría golpear a nuestro aparato productivo. Los impactos recién están sintiéndose: pequeños comercios, tiendas y emprendimiento están cerrando frente a la imposibilidad de competir con precios chinos de productos mercadeados masivamente, incluso mediante aplicaciones tecnológicas como Temu, por solo citar un ejemplo.
Pero seamos positivos, a lo Guschmer: quizá solo sea una percepción.
VI. (Bono) Los heraldos de El Hallazgo…
La noche del sábado 23 de agosto, la casa del poeta esmeraldeño y exministro, Antonio Preciado Bedoya, ubicada en el barrio Nuevo México de Esmeraldas, fue atacada a tiros. Los proyectiles destrozaron ventanales y la puerta principal, en un ataque que dejó a la vivienda marcada por la violencia.
Preciado había abandonado el país días antes, tras recibir vía telefónica, amenazas de extorsión; sus hijos y nietos también había dejado el inmueble días atrás, por la misma causa.