Las 8 dudas sobre el celular de Villavicencio
El teléfono de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto del 2023, era uno de los elementos clave en las investigaciones para identificar a los autores intelectuales del fatal atentado. Pero entre el 5 y el 6 de noviembre todo pareció cambiar. El 5 de noviembre, un tapado, apareció desde la cuenta troll Mundo Político afirmando “Tenemos el teléfono de Fernando Villavicencio. ¿Quién lo mató?” Un video contextualizaba la expectativa generada, pero no mostraba por ningún lado la respuesta a la pregunta. El manejo de los chats del teléfono destacaba cómo habrían conspirado la fiscal Diana Salazar con Villavicencio para, mediante un fraude procesal, perseguir y encarcelar al exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, esposo de Priscila Schettini, quien junto con Angélica Porras hicieron públicos, al día siguiente, los chats del teléfono, causando un grave perjuicio a centenares de personas, entre ellas al menos a 150 periodistas nacionales y extranjeros que habrían contactado con Fernando Villavicencio en su trabajo de investigación sobre temas delicados para políticos y para el crimen organizado.
Priscila Schettini, candidata para la Asamblea por el correísmo, y Angélica Porras, postulante a la Corte Constitucional, propuesta para encabezar la terna para ese cargo por la asambleísta Pierina Correa, abrieron las puertas del inframundo político nacional, al difundir en redes sociales el enlace al archivo de 266 MB con 8,959 chats del teléfono de Villavicencio.
El enlace, estaba alojado en una cuenta de Google Drive vinculada al correoanonymusecuador46@gmail.com. El contenido de los chats —expuesto durante 48 horas y que ya no se encuentra en internet— abarca mensajes de Fernando Villavicencio con funcionarios y exfuncionarios de diferentes gobiernos, ministros, exministros, empresarios, asambleístas, exasambleístas, activistas de derechos humanos, jueces, fiscales, miembros de la seguridad pública, y con familiares del occiso. Un verdadero wiki liks a la ecuatoriana se destapó y lo seguro es que la polémica continuará sin plazo fijo.
Correa fue uno de los primeros en reaccionar en sus redes sociales el 5 de noviembre. Retuiteó una publicación de la cuenta troll @MundoPolitico con el mensaje: «Baia, baia (sic). De ser cierto, se aproxima un terremoto».
La Fiscalía reaccionó a esa publicación anónima en un comunicado, en el cual señala que el celular se encuentra bajo una cadena de custodia del FBI, en Estados Unidos. La Fiscalía sostuvo que el FBI analizó el móvil y no esa institución. El FBI, según el Ministerio Público, le entregó una copia del contenido en diciembre del 2023. Las conversaciones abarcan fechas anteriores a la elección de Villavicencio como asambleísta, el 7 de febrero de 2021, revelando mensajes intercambiados cuando él ejercía como periodista, su ocupación antes de incorporarse al sector público. El expresidente Rafael Correa fue uno de los primeros en reaccionar, comentando la noticia en sus redes sociales el 5 de noviembre. Retuiteó una publicación de la cuenta @MundoPolitico con el mensaje: «Baia, baia (sic). De ser cierto, se aproxima un terremoto». El terremoto profetizado el 5 de noviembre por Correa, progresivamente fue cobrando intensidad. Para el 8 de noviembre de 2024, varios medios y periodistas dentro y fuera del país, informaban sobre la filtración de los mensajes intercambiados entre (+) Villavicencio y más de 150 periodistas nacionales e internacionales, así como otros en los que intervienen o son mencionados muchas otras personas. Uno de los más activos difusores y críticos de las revelaciones en los chats, resulta ser el portal digital La Posta, cuyo directivo principal y su familia se autoexiliaron en Canadá hace poco tiempo.
#COMUNICADO | Ante el video que circula en redes sociales, respecto al celular que perteneció a Fernando Villavicencio (+), #FiscalíaEc hace un llamado a no utilizar a la Institución con fines electorales.
Detalles ⬇️ pic.twitter.com/MmowiUZPvV
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 5, 2024
El hecho sin duda sugiere algunas implicaciones graves: a) La cadena de custodia del teléfono nunca fue suficiente para evitar la filtración de su contenido. A estas alturas, toda la información del teléfono está en poder de un incierto número de personas. b) Alguien tuvo acceso al contenido del teléfono, aparte del periodista Christian Zurita, la Fiscalía y el FBI. c) Quien haya filtrado el contenido del teléfono, lo hizo por una motivación previa. Corresponde identificarlo y esclarecer las razones por las que se filtró la información. Revelar esa motivación conducirá, inevitablemente, al autor o autores intelectuales que impulsaron el hecho. d) Esa tarea le corresponde a la Fiscalía y debe hacerlo rápida y transparentemente. Para hacerlo puede recurrir de nuevo a la cooperación internacional si lo cree pertinente. e) Dado que la información (un archivo de 266 megas de peso y con 8.959 chats) está en poder de un incierto grupo de individuos, es muy probable que los contenidos del chat puedan ser alterados o contaminados. Además, se ha divulgado solo una parte de los chats; algunos fueron borrados cuando varios internautas identificaron errores capitales en algunos de ellos. f) Buena parte de la información digital debe tener respaldos documentales. La compra y venta de información es uno de los negocios más rentables en situaciones de crisis. En Ecuador, es prácticamente imposible señalar con exactitud el monto de dineros obtenidos inescrupulosamente, y probar sin lugar a dudas, la participación de impunes personajes en un colosal entramado de corrupción y delitos conexos, que creció en el país desde hace años, y se acentuó con la presencia de las mafias del narcotráfico enquistadas en la administración del Estado. g) La reputación, la seguridad y quizás hasta la vida de muchas personas inocentes puede estar en manos de intereses económicos y políticos mafiosos, capaces de forjar casos, actuar como retaliación o para silenciar testimonios potencialmente incriminatorios y, además, para ocultar sus propias responsabilidades en actos ilegales. Las redes sociales son el espacio ideal para ahogar la verdad bajo el lodazal de opiniones infames y noticias falsas, creando el propicio ambiente de presión social. h) El tema supone un conflicto entre varios derechos: el de conocer información delicada que es de interés social; el derecho a la privacidad de las personas, el derecho a la libertad de expresión; y, al resguardo de las fuentes de información por parte de periodistas.
Una verdad puede resultar devastadora. ¿Está el país, hoy mismo en condiciones de conocerla, procesarla y superarla? Difícil saberlo, cuando muchos miran impávidos la corrupción rampante, cuando no pocos la ensalzan, y cuando la delincuencia política domina un país sumido en la oscuridad no solo por la crisis energética, sino también por la inmoralidad del poder. El “viejo país” y el “Nuevo Ecuador” no son más que los repetitivos compases de la retórica que, desde tiktok, Instagram, X y cuentas digitales trata de cubrir la verdad, tal como se cubrió el rostro el tapado que difundió el enlace a los chats de Villavicencio.
Urge clarificar jurídicamente el modo en que en adelante deberán abordarse los conflictos suscitados tras la difusión pública del contenido del chat de (+) Fernando Villavicencio, dado que no hacerlo, se puede provocar la autocensura del periodismo serio, que se dirige a develar los secretos de Estado y las conexiones con operadores del crimen organizado, la delincuencia política, o la delincuencia financiera, poniendo en total indefensión al país.
La violencia en Ecuador también está conectada con la minería ilegal
La violencia en Ecuador se mantiene en niveles críticos, sobre todo en diez ciudades donde los homicidios han aumentado sin que la acción del Estado para contenerla muestre mejoras sustantivas en lo que va del año. Por ejemplo, en Durán, entre enero y julio de 2024 se duplicó a 82,8 muertes violentas la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, comparada con la de 40,4, en el mismo período del año 2023. El estudio y estadísticas fueron realizados por Plan V, y se basan en datos del INEC.
Según la investigación, Camilo Ponce Enríquez encabeza la lista de los cantones más violentos, con una tasa de homicidios diez veces mayor que el promedio nacional. Ello obedece en gran parte a la minería ilegal; así mismo, Joya de los Sachas, en la Amazonía y otros municipios de la misma región también muestran un notable aumento de violencia. La presencia de grupos armados alrededor de la minería ilegal, es gravitante en lugares prácticamente tomados por la delincuencia, según Plan V y la investigación de Amazon Underworld. Una amplia investigación de Susana Morán, publicada el 22 de octubre de este año por Plan V detalla la gravedad del tema. En ella, Morán señala a otros municipios conflictivos Puebloviejo, en Los Ríos, y Durán, en Guayas: “Los índices de violencia se han intensificado a pesar de las mesas de seguridad que el gobierno ha implementado, especialmente en áreas con actividad minera y de grupos armados”. Es evidente que la militarización y los Decretos de emergencia no bastan para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia criminal.
Deben revisarse las estrategias implementadas y recuperar la soberanía del Estado en los sectores más afectados, y al mismo tiempo, garantizar la implementación de procesos que precautelen la vida de las personas y los recursos que están siendo explotados en los sectores estratégicos del país. La minería está incluida como parte de dichos sectores. La tensión entre las actividades extractivas mineras ilegales y aquellas aprobadas por el Estado son cada vez mayores. Ante la urgente necesidad del régimen por atraer inversión al país, es inapelable la necesidad de contar con parámetros que garanticen la calidad de tales inversiones, sean extranjeras, nacionales o mixtas, para precautelar la vida, el medio ambiente, la legalidad y la transparencia de los procesos involucrados. Este es uno de los temas vitales que no se han discutido en medio del contexto preelectoral.
Tratamiento de la Reforma Constitucional sobre Bases Militares Extranjeras
Con el respaldo de las bancadas correísta, Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik, Avanza-Suma, Unidad Popular (UP), Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Democracia Sí y con la abstención del bloque ADN, la legisladora correísta Gissela Garzón fue designada presidenta de la comisión temporal de la Asamblea encargada de analizar posibles reformas al Artículo 5 de la Constitución, que establece regulaciones sobre la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador.
La votación generó suspicacias sobre una posible decisión previamente acordada. Rafael Dávila, de Avanza-Suma, propuso la candidatura de Garzón, aunque inicialmente sin contar con respaldo; no obstante, se procedió a votar, resultando en su elección. Garzón luego votó a favor de Dávila, quien quedó como vicepresidente de la comisión. En el 2009, el Gobierno de Rafael Correa finalizó el acuerdo que permitía a militares estadounidenses utilizar la base ecuatoriana de Manta. Las negociaciones y el manejo de esta reforma por parte del Legislativo suponen una difícil negociación del gobierno de Daniel Noboa con el Legislativo.
No solo se ha puesto en evidencia lo que desde un inicio advertíamos, sobre la imposibilidad de anular con una estrategia militar, policial y judicial al poder del narcotráfico internacional, y de las mafias que disputan el control de territorio para la exportación de droga. La violencia que sacude al país, lo señalamos oportunamente, reedita el proceso que inició en Colombia en los años 80, luego en México en la década de los 90, y que subrayan el hecho de que ninguno de ambos países ha logrado sojuzgar al crimen organizado, pese a contar con recursos supremamente mayores que los disponibles por Ecuador. El narcotráfico es una industria global, ni siquiera los mismos Estados Unidos de Norteamérica ha logrado erradicarlo dentro de sus fronteras.
Los costos de la empatía
Haber forzado “por empatía”(¿?) la central hidroeléctrica y reservorio de Mazar, para que opere bajo el límite de la cota límite, la cual cayó a 2111,13 msnm, sería la causa del daño en una de sus turbinas, sobre el que se especuló fuertemente el domingo 10 de noviembre. en redes sociales. Sobre el tema, recién poco antes de las 19h00 y mediante un comunicado, el ministerio de Energía y Minas, informó que “… todas las unidades de generación de las centrales hidroeléctricas Mazar, Molino y Sopladora, que conforman el Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, están operativas, de acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CENEL EP). Los mensajes difundidos en redes sociales sobre el estado de la Hidroeléctrica Mazar no corresponden a la realidad”.
Desde el viernes se sintió de nuevo el rigor de los “apagones” sobre la vida de todos los ecuatorianos. La negativa reacción en redes tardó en ser respondida y aclarada por el ministerio de Energía. Es notable el modo como en este largo período de oscuridad, mensajes reguetoneros cargados de doble sentido se difunden con mayor rapidez y persistencia en las cuentas de aquél quien debería liderar —como él mismo lo anunció— las respuestas del régimen ante la crisis energética.
¿”Comprando” el voto?
Incumplimiento de promesas de campaña, ineptitud y negligencia en la administración del Estado, distractores y desatinos comunicacionales, incapacidad de respuesta y control de daños en las crisis más graves que enfrenta el país; denuncias sobre conexiones gubernamentales con empresas y grupos de interés que se benefician de decisiones contractuales; grave desatención a ciudadanos en riesgo en el sector de la salud; uso de recursos públicos direccionados a la publicidad y la propaganda oficial que de manera indirecta o abierta se registran en un contexto electoral, anular a su vicepresidenta, ralentizar el crecimiento de la candidatura de Jan Tópic hasta que las apelaciones ante el Contencioso Electoral logre sacarlo de la competencia presidencial; inclusive el enorme impacto de la crisis energética a nivel económico y social… nada parece alterar la hoja de ruta de Daniel Noboa en su campaña electoral. Muchos se preguntan si su popularidad ha decrecido, si el rechazo ciudadano a la crisis política, económica, de seguridad y social, junto con “los apagones” lo condenarán a una derrota electoral, o si volverá a ocupar el solio presidencial el 2025. Es difícil proponer una respuesta tajante sobre el resultado de las próximas elecciones generales. En política pueden pasar muchas cosas y en este país aún hay tiempo para sorpresas. Sin embargo, siempre es interesante observar cómo se mueve la campaña del presidente-candidato, por fuera y en medio de la crisis que mantiene ocupados a periodistas, entretenidos a los analistas políticos, y desconcertados a sus contrincantes. Esta semana, el mandatario publicitó su decisión de contratar 80.000 jóvenes que podrán ganar USD 400 al mes, en programas para frenar el cambio climático. USD 400 dólares x 3 meses x 80 mil Jóvenes suman USD 96 millones de dólares.
A diferencia de su padre, que regalaba colchones, fundas de avena, camisetas y billetes cuando era candidato, el costo de ese estilo de campaña le pertenecía; actualmente, se están utilizando recursos del Estado, en un contexto electoral.
Previamente, Noboa decidió que el Estado cubra el costo del consumo de electricidad para hogares que usen hasta 180 kWh mensuales desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025, los meses de campaña electoral. En principio se dijo que esta medida incluye el consumo de energía de residencias que están dentro de este límite, aunque los usuarios que excedan los 180 kWh deberán pagar el consumo adicional. Sin embargo, los detalles sobre el total que representará esta medida para el Estado aún no se han publicado oficialmente. Este gasto podría variar dependiendo de la cantidad de hogares beneficiados y el consumo real registrado en ese período. El cálculo más modesto indica que el monto será de al menos USD 34 millones. Comprar el voto, se llama ese estilo de campañas, en el argot electoral. Comprar el voto, aunque no haya dinero para dializadores; ni para generadores. A ello se suma la millonaria inversión en pauta publicitaria para informar sobre las acciones y logros del régimen en estos ya casi 12 meses de gestión. A diferencia de su padre, que regalaba colchones, fundas de avena, camisetas y billetes cuando era candidato, el costo de ese estilo de campaña le pertenecía; actualmente, se están utilizando recursos del Estado, en un contexto electoral. ¿Eso es legal?; aparentemente sí, pues no se explicita abiertamente una convocatoria a que voten por él, en el 2025, aunque ese sea el efecto implícito.
Por otra parte, las redes sociales no pueden ser reguladas, ni aquí ni en ningún estado democrático, y la campaña que se siembra sin recato en esos espacios tampoco puede ser sancionada. De hecho, la gran mayoría de aspirantes también utiliza las redes sociales para darse a conocer, edulcorar su imagen y posicionarse. Pero controlar el manejo del presupuesto general del Estado, y todo el enorme aparato estatal que conforma el Ejecutivo, con todos sus recursos e infraestructura y personal enfocados en las políticas definidas por un gobierno, es una enorme ventaja para un funcionario que quiera elegirse o reelegirse, frente a otros aspirantes que no cuentan ni remotamente con esa capacidad operativa y de comunicación.
Esa práctica inequitativa que encierra una conducta reprochada por muchos, existe y se repite desde elecciones para un Consejo estudiantil secundario hasta en campañas presidenciales de todos los países; lo cual no quiera decir que deba ser aceptada sin cuestionar su legitimidad. Los ecuatorianos no sabemos lo que decidirá el gobierno que triunfe en los comicios generales del 2025 sobre ¿Cómo reponer a la industria y el comercio nacional que hablaron de al menos “25 millones de dólares diarios en pérdidas por los apagones? ¿Y los 40 millones perdidos en el sector turístico, y en centenares de emprendimientos, quebrados por el peso de la crisis? Tras 121 días (hoy 10 de noviembre de 2024) de sequía hidrológica, Mazar y otras hidroeléctricas en estado crítico han seguido operando. El poder suele sacar lo peor de las personas, la enceguece, y también las desgasta.
El camino a la sucesión temporal del presidente
Finalmente, luego de varios meses de un vergonzoso culebrón político, la “sanción administrativa” a la vicepresidenta Verónica Abad, fue anunciada el día 9 de este mes, mediante un comunicado de ministerio del Trabajo. El gobierno del presidente-candidato Daniel Noboa, optó por utilizar la figura administrativa de “suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días”, acusando a su incómodo binomio de “Abandono injustificado del trabajo por tres o más días consecutivos”. Se ha dicho en incontables oportunidades y desde distintas apreciaciones debidamente fundamentadas, que el traje administrativo a medida, que reformó normas del ministerio de Trabajo tenía el objetivo de evitar, de cualquier manera, que la vicepresidenta asumiera temporalmente la presidencia, mientras Noboa debía ausentarse para dedicarse a la campaña electoral en la que está en juego su reelección el 2025. La resolución administrativa, (no judicial), carece de eficacia jurídica por disposición del art. 424 de la Constitución de la República. Una funcionaria del Ministerio del Trabajo no puede sancionar a la vicepresidenta de la República, cuyas atribuciones y competencias son constitucionales. Procede, una acción de protección constitucional de @veroniabad. Pero es muy difícil que el proceso de impugnación pueda sortear el laberinto de un sistema judicial enredado, y en muchos casos cooptado por el poder político.
Verónica Abad se pronuncio en la noche del domingo 10, en sus cuentas personales, con un encendido mensaje cuestionó la legalidad de su sanción, inculpó a Daniel Noboa de atropello a la Constitución y de atentar contra la democracia; llamó a todas las funciones del Estado a proteger la institucionalidad y las leyes, y particularmente a la Asamblea Nacional a la cual, dijo, lo actuado por el ministerio del Trabajo le ha restado derechos naturales explícitamente definidos por la Constitución. Abad también se dirigió a las mujeres en busca de sororidad tras evidenciarse en todo el largo proceso en su contra, violencia política de género, actos de misoginia, linchamiento mediático de algunos periodistas y comunicadores afectos al régimen, y llamó a la ciudadanía a rechazar los actos antidemocráticos del gobierno.
Lo actuado por el ministerio del Trabajo, más allá de ser una deleznable interpretación de la ley en contra de la vicepresidenta Verónica Abad y de atentar contra la Constitución ecuatoriana, sienta un precedente político administrativo muy peligroso para el futuro, pues de ahora en adelante, una funcionaria del ministerio del Trabajo gozará de un poder supra constitucional. Adicionalmente, si consideramos los 150 días de sanción, la ausencia temporal de la vicepresidenta puede interpretarse por el gobierno de Noboa como ausencia definitiva, pues según la Constitución, en sus artículos 146 y 150, la ausencia temporal prescribe luego de tres meses, es decir 120 días. Si esa es la estrategia del régimen, Verónica Abad seguramente será destituida. Los nombres para ocupar su cargo se barajaban desde hace rato. El uso del poder político para violar la Constitución de la República es uno de los más repulsivos síntomas del envilecimiento de la política nacional, así como es uno de los elementos que producen la falta de credibilidad en los políticos y en las instituciones públicas
El Contencioso Electoral sacó a Jan Topiç de la competencia electoral
Con 4 votos a favor y uno salvado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó las apelaciones del movimiento Pachakutik y el Partido Sociedad Patriótica (PSP), y dejó fuera de la campaña por la presidencia al candidato Jan Topiç. La decisión fue conocida en las primeras horas de la mañana del lunes 12. Pachakutik y el PSP, presentaron sendas apelaciones contra la precandidatura presidencial de Jan Topiç ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 3 de octubre de 2024, un día después de finalizar el plazo de inscripción de candidaturas para las elecciones de 2025. Según el asambleísta Lucio Gutiérrez, líder del PSP, la apelación denuncia un posible conflicto de intereses, pues Topiç figura como apoderado del Consorcio Tránsito Seguro de Manta, entidad que tiene un contrato vigente con el municipio de Manta desde 2017 hasta 2027. El caso derivó hacia el Tribunal Contencioso Electoral (CNE). La sesión del CNE fue convocada para el domingo, sin embargo, desde el sábado 09 se filtró parte del presunto texto de la sentencia que estaba lista. Voceros del organismo no se pronunciaron al respecto. El documento reafirmaba lo que ya muchos habían considerado inevitable: aceptar las apelaciones, no dar paso a la candidatura de Topiç y darle el plazo que la ley electoral contempla a la alianza política que lo auspició, para presentar una nueva candidatura presidencial en el Consejo Nacional Electoral.
Desbancar a Topiç ha golpeado la transparencia del proceso electoral. El empresario anunció que recurrirá a organismos internacionales y a las propias leyes ecuatorianas para defender y restituir su derecho a la participación en las elecciones del 2025. La advertencia empezó a hacerse realidad el mismo domingo, pues la tensión llegó hasta la OEA, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), se refirió ante una posible inhabilitación del precandidato. Almagro señaló “Ante versiones oficiosas respecto a la inhabilitación del precandidato a la presidencia de Ecuador, Jan Topic, consideramos que, de hacerse efectiva, la misma constituiría un fuerte golpe a la integridad del presente proceso electoral y un serio revés a la democracia ecuatoriana”.
La respuesta de la Cancillería ecuatoriana no se hizo esperar, mediante un timorato comunicado que cuestiona de ladito lo que podría considerarse una injerencia de la OEA en asuntos internos de un país. La diplomacia del régimen elude el hecho de que Ecuador es miembro signatario de la OEA, así que el argumento de la injerencia cae por su propio peso. Pero el país sabe que ello poco importa al gobierno de Daniel Noboa, que ya advirtió de lo que es capaz cuando ordenó la incursión a la Embajada mexicana en Quito por fuerzas de seguridad del Ecuador, para prácticamente secuestrar al exvicepresidente Jorge Glas, refugiado en esa legación diplomática para evadir sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción, antes de que se beneficie de la concesión del asilo que le otorgó el gobierno de AMLO.
La guinda del pastel: un proyecto fallido para un país fallido
El 08 de noviembre, Noboa retiró de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley contra Lavado de Activos a menos de 24 horas de haberlo anunciado. El tema del lavado de activos es una de las mayores preocupaciones que durante años ha flotado en el limbo de la legislación ecuatoriana. Tanto el envío como el retiro del Proyecto de Ley, pasaron casi desapercibidos en medio de la infoxicación informativa que sigue atenta a noticias en desarrollo, tales como las revelaciones del celular de (+) Villavicencio, el deplorable manejo de la crisis energética, el posible retorno de bases militares extranjeras para colaborar en la lucha contra el crimen transnacional organizado en territorio ecuatoriano, y muchos otros temas subordinados, que repletan la comidilla de la esfera pública. Hace algún tiempo fuentes de investigación periodística, académica y especialistas, afirmaban que no menos de USD 3.500 millones de dólares se lavaban anualmente en el país. El monto no ha sido actualizado, pero incluso en ese caso, es una cifra de enorme incidencia en el conjunto del sistema financiero ecuatoriano, más todavía, cuando es público y notorio que toda la institucionalidad pública y parte del sistema financiero han sido contaminados por el narcotráfico. Incrementar mediante un Proyecto de Ley el impuesto a cierta clase de vehículos usados que se comercializan en el país, es una medida que se antoja ridícula, por su minúscula capacidad de contribuir al combate contra el lavado de dinero.
P.D. Las cárceles …de nuevo
Como si algo faltara a este coctel, la sangre volvió a fluir en la Penitenciaría del Litoral, con la masacre de 15 presos, y otros 14 heridos. Coincidentemente, el «éxito» del gobierno de controlar la violencia en las cárceles se acaba de caer, para alimentar el discurso de que «antes estábamos mejor» y solo un salvador, residente en el extranjero, puede salvarnos.