¿Hay restricciones constitucionales contra la participación privada en la generación eléctrica? La actual crisis energética que soporta el país mueve una sutil estrategia de comunicación para generar una corriente de opinión basada en un enfoque muy discutible, dada su perspectiva contingente mediante la cual se atribuye la crisis energética a una dependencia excesiva de la energía hidroeléctrica y a supuestas restricciones constitucionales o legales contra la participación privada en la generación eléctrica.
La realidad es que, desde enero de 2015, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE) permite que el Estado, a través del Ministerio de Energía, planifique y gestione el sector eléctrico mediante el Plan Maestro de Electricidad (PME). Este plan determina cuáles proyectos energéticos son gestionados por empresas públicas y cuáles pueden delegarse al sector privado, sin un límite fijo de capacidad siempre que cumplan con el proceso de licitación pública (PPS). Ejemplos de ello son los proyectos de energía renovable como Villonaco III, El Aromo y otros proyectos eólicos y solares que, sumando más de 800 MW, están abiertos a inversión privada conforme a la legislación. Por otra parte, la Ley Orgánica de Competitividad Energética (LOCE), vigente desde enero de 2024, permite concesiones directas para proyectos de hasta 10 MW sin necesidad de PPS, con beneficios preferenciales como mejores precios y plazos de concesión. En el PME actualizado en agosto de 2024, se prevén bloques de generación renovable para los próximos años, así como nuevas capacidades de generación firme hasta 2032, lo que reafirma la integración del sector privado en el plan energético.
Por lo tanto, la normativa ecuatoriana permite y fomenta la inversión privada en energía, desmintiendo la afirmación de que existen impedimentos legales para su participación en el sector eléctrico. Por el contrario, en los espacios donde se genera información y opinión pública, merecen examinarse como antídoto contra la desmemoria, las incontables investigaciones denunciadas públicamente, sobre la estructura que conecta desde hace muchos años atrás, los contratos en sectores estratégicos con aquellos encargados de la preparación y aprobación de estudios técnicos que habilitan el señalamiento de la “necesidad” contractual, los encargados de la preparación y aprobación de estudios que predefinen las características del bien y/o servicio a contratar; los procesos de invitación a proveedores, su calificación, selección y contratación por los niveles de decisión técnica y política; estructura que además se blinda con operadores en la esfera de auditoría.
Si la corrupción desenfrenada en el manejo de los sectores estratégicos del país se transformara en lluvia, el Ecuador no tendría que preocuparse nunca por los apagones.
La desinversión, la falta de mantenimiento del parque termoeléctrico e hidroeléctrico, son parte de una vieja y rentable estrategia de quienes se han enriquecido atentando contra los sectores estratégicos del país, y sin que ninguna normativa haya podido precautelar en estos la calidad de la inversión extranjera y nacional.
Si la corrupción desenfrenada en el manejo de los sectores estratégicos del país se transformara en lluvia, el Ecuador no tendría que preocuparse nunca por los apagones. Urge un acuerdo nacional incluyente y transparente que revierta esa perniciosa condición.
Crónica de un fracaso anunciado
En este contexto, la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, viajó a Colombia con la intención de negociar la compra de electricidad para aliviar la situación. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. Tras la reunión con el ministro colombiano de Energía, Andrés Camacho, Manzano confirmó que Colombia no reanudaría la exportación de electricidad hacia Ecuador, a pesar de la «disposición política» del presidente Gustavo Petro. Colombia priorizó la protección de sus recursos hídricos ante el riesgo de sequía, una decisión que no permitió que Ecuador accediera a la energía que necesitaba Manzano expresó que tenía la expectativa de lograr un acuerdo, en especial porque las lluvias habían comenzado a mejorar los embalses colombianos. Además, planteó la opción de adquirir energía de empresas privadas en Colombia. Sin embargo, este proceso también fue problemático, ya que requería una regulación especial en el país vecino que aún no está implementada. Manzano criticó la lentitud del gobierno colombiano en establecer esta normativa, destacando que Ecuador había aprobado regulaciones similares en solo cinco días…
Sin embargo, la afirmación de la ministra es discutible, no solo apelando a la falta de transparencia que suele rodear esos procesos en la historia de este país, sino porque, básicamente, no es necesario esperar que otro país modifique sus leyes para firmar un contrato con una empresa extranjera. Esa afirmación encierra una pretensión desmedida que puede evitarse si se revisan técnicamente los contextos legales. Ecuador, desde el año 2000 puede firmar contratos sin que se requiera un cambio en la legislación de otro país. No es necesario que Colombia altere sus regulaciones para que un contrato sea válido en Quito. Para adquirir bienes o servicios en Colombia, cualquier empresa ecuatoriana, ya sea pública o privada, simplemente debe cumplir con la normativa colombiana. Esto implica que CELEC y CENACE, al registrarse como agentes intracomunitarios en Colombia bajo las disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones, pueden operar en el mercado de energía colombiano (XM). Actualmente, CENACE ya está registrado como agente en XM, lo cual permite transacciones de energía entre ambos países a nivel estatal.
¿Por qué el gobierno tardó tanto en implementar medidas ante la inminente crisis energética advertida por funcionarios del expresidente Lasso, por técnicos del CENEL, y por la exministra de este gobierno Andrea Arrobo a la cual se le acusó de “sabotaje”? ¿Por qué no se implementó antes la operación de compra-venta con Colombia? Cuando esas preguntas siguen vigentes, no es de extrañar que muchos crean que ello se debe a los intereses de ciertos sectores que obstaculizan el desarrollo del mercado eléctrico ecuatoriano, manteniendo la narrativa de que el problema es la falta de regulación. En realidad, si bien en Ecuador había obstáculos, desde siempre se ha podido negociar energía en Colombia. Este intento fallido generó fuertes críticas entre la ciudadanía ecuatoriana y la oposición, quienes señalaron la gestión errática del gobierno de Daniel Noboa. La administración fue acusada de crear expectativas exageradas sobre la posibilidad de solucionar la crisis mediante un acuerdo con Colombia, lo que exacerbó el descontento cuando la negociación fracasó. Además, la falta de información clara y oportuna sobre las acciones para enfrentar la crisis ha contribuido a la percepción de una gestión deficiente y poco transparente en el manejo de la emergencia energética.
La crisis energética y el empleo en Ecuador, muestran con meridiana claridad la necesidad de contar con un sistema transparente y participativo que garantice la calidad de la inversión extranjera.
Coca Codo Sinclair es la central hidroeléctrica más grande e importante de Ecuador. Su construcción comenzó en julio de 2010 y fue inaugurada el 18 de noviembre de 2016. Con una capacidad de generar 1.500 megavatios de potencia, es una obra emblemática del gobierno de Rafael Correa, construida por la empresa china Sinohydro. Sin embargo, fue entregada con fallas que fueron auditadas por la Contraloría y motivaron reclamos legales del Estado ecuatoriano, los cuales llegaron a arbitraje internacional. A pesar de estos problemas, la central ha sido fundamental para sostener el sistema de provisión de energía eléctrica durante la crisis actual. La crisis energética en la producción y el empleo en Ecuador, muestra con meridiana claridad la necesidad de contar con un sistema transparente y participativo que garantice la calidad de la inversión extranjera que viene al país, así como sus conexiones con actores nacionales de los sectores públicos y privados.
El modelo económico que está en juego en las elecciones del 2025
De mayo de 2017 a agosto de 2024, la deuda pública aumentó en 43.668 millones de dólares, pasando del 41,3% del PIB al 70,3%. Para agosto de 2024, la deuda pública total ascendió a 86.561 millones de dólares, de los cuales el 90% se financia con recursos del Presupuesto General del Estado. Este endeudamiento incluso a utilizado los 950 millones de dólares que en 2021 llegaron al país gracias a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La atención a la infraestructura crítica del país aparentemente no contó con los recursos provenientes del endeudamiento. Analistas e información oficial demuestran que, en este año, el gobierno recibió suficiente financiamiento para inversiones cruciales. Dichos recursos -por ejemplo- bien podrían haberse dirigido al mantenimiento y potenciación de la generación termoeléctrica. Esta falta de inversión sumada a la incapacidad para ejecutar los recursos del Plan Operativo Anual (¡En el Ministerio de Energía solo se ejecutaron cerca de 120 mil dólares!!) encontró un país totalmente vulnerable a cortes de energía en tiempos de sequía. Quienes tratan de exculpar las responsabilidades de sucesivos gobiernos, incluido el actual, sobre la crisis energética y sus impactos en la producción y el empleo, aduciendo que la sequía es un fenómeno que ha golpeado a la mayoría de países de la región, deberían explicar por qué otros países no han tenido que imponer restricciones como las de Ecuador o Cuba en el suministro eléctrico. Durante 2023 y 2024, el gobierno ecuatoriano recibió ingresos de deuda neta por 3.703 millones de dólares y acumuló reservas internacionales por 8.826 millones, según datos del Banco Central. A pesar de esto, se ha priorizado el pago puntual de la deuda externa, destinando 4.767 millones de dólares solo hasta septiembre de 2024, y se prevé que al cierre del año el monto pagado en deudas (interna y externa) ascienda a 8.500 millones de dólares (@MARCOFLORESDT). Los gobiernos que han destinar gran parte de los recursos nacionales al pago de la deuda ha sido criticados, ya que se percibe como beneficioso para los acreedores pero desfavorable para las necesidades económicas internas, lo cual genera una carga negativa para la mayoría de los ecuatorianos.
Esta falta de inversión sumada a la incapacidad para ejecutar los recursos del Plan Operativo Anual (¡En el Ministerio de Energía solo se ejecutaron cerca de 120 mil dólares!!) encontró un país totalmente vulnerable en tiempos de sequía.
Los recursos públicos que se invierten como contraparte de inversiones extranjeras en sectores estratégicos del país, así como su retorno en la estructura del negocio, no deberían albergar la más mínima sospecha de concusión o tutelaje de gobernantes u operadores políticos en los vitales procesos de reanimación económica, que requiere el Ecuador, sin embargo, tal procedimiento aún no ha podido ser eliminado en el país, como puede revisarse en los últimos 11 meses. Comparar la gestión de distintos gobiernos marcados por la infamia de la corrupción, con otros, cuya marca ha sido la ineptitud, la improvisación o el abierto direccionamiento de contratos de alta gama, para favorecer clanes familiares, debe servir a la ciudadanía para entender que, ambas opciones se resumen en una sola definición: delincuencia política.
Entre 2023 y 2024, aunque el déficit fiscal se redujo drásticamente (de -2.871 millones a -358 millones de dólares), esta mejora no provino de un crecimiento económico, sino de recortes en inversión pública, nuevos impuestos y un aumento de la deuda. Desde 2017, la deuda pública creció enormemente, llegando a representar el 70,3% del PIB en 2024, lo que afecta directamente los recursos nacionales, mientras el país enfrenta graves problemas, como cortes de energía por falta de inversión en infraestructura.
Los primeros actos de violencia política en las elecciones del 2025
Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes en los años 2023 y 2024, afectando gravemente a políticos y candidatos de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Hasta ahora, se han registrado al menos 14 asesinatos de figuras políticas entre 2023 y 2024, entre los que se incluyen alcaldes, concejales y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023. La violencia política en los últimos días ha desencadenado amenazas de muerte denunciadas por los candidatos presidenciales Jan Topic y Pedro Granja -que está siendo investigadas- así como un ataque armado contra el vehículo en el que viajaba el hijo del candidato Jimmy Jairala junto a otras personas.
La reciente desaparición de la exalcaldesa de Colimes también se suma a esta preocupante tendencia de intimidación y agresión, lo que subraya el estado de inseguridad en el que se encuentran no solo los candidatos, sino también funcionarios y exfuncionarios públicos.
La situación ha llevado a organismos, como la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), a exigir acciones urgentes para proteger a las autoridades y aspirantes políticos, ante una crisis de seguridad que se proyecta como uno de los mayores desafíos de las próximas elecciones en febrero de 2025.