Entre el 18 y el 22 de agosto de 2025, la comunidad de Planchaloma, en Cotopaxi, se convirtió en el epicentro de un acontecimiento que trascendió lo local. Lo que ocurrió no fue un episodio anecdótico ni un “incidente folclórico”: fue un ejercicio de justicia indígena que puso en evidencia la relación conflictiva entre el Estado ecuatoriano y sus pueblos originarios.
Durante audiencias organizadas por la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc), tres policías fueron retenidos tras ser identificados como parte de un operativo de infiltración en territorio indígena. El detonante fue la denuncia de Leonidas Iza, ex presidente de la CONAIE, sobre un intento de atentado en su contra. Lo que emergió de esas audiencias fue revelador: los policías confesaron la existencia de una red de espionaje estatal compuesta por al menos 16 agentes encubiertos que se hacían pasar por periodistas, abogados y funcionarios.
El caso abrió un debate nacional e internacional: ¿qué significa vivir en un Estado que se autodefine plurinacional, pero que en la práctica sigue desconociendo la soberanía jurídica de sus pueblos?
Este artículo analiza lo sucedido desde tres dimensiones:
- Cómo la justicia indígena permitió develar una estrategia estatal de persecución.
- Cómo se evidenció la extensión de la vigilancia a periodistas y defensores.
- Cómo las respuestas oficiales y mediáticas pusieron de relieve racismo e ignorancia frente al pluralismo jurídico.
Desde el páramo: la verdad revelada por la justicia indígena
El primer elemento que quedó claro es que la retención de los agentes no fue un acto arbitrario. El artículo 171 de la Constitución reconoce la jurisdicción indígena y faculta a las comunidades a ejercer sus propios sistemas de justicia, siempre que respeten los derechos humanos. En ese marco, la comunidad actuó frente a una invasión territorial y frente al vacío de protección estatal.
Las audiencias no se limitaron a sancionar la presencia de los infiltrados. Se convirtieron en un espacio de verdad, donde los policías revelaron métodos, nombres y objetivos de la operación de espionaje. Según testimonios recogidos en medios locales:
“Tres policías retenidos por la comunidad indígena revelaron los nombres de 16 agentes encubiertos que operaban como periodistas, abogados y funcionarios para espiar a Leonidas Iza y otros líderes indígenas” (@LaPosta_Ecu, 20/08/2025).
“El movimiento indígena de Cotopaxi publicó el listado del ‘equipo de espionaje e infiltración en el movimiento indígena y otras organizaciones sociales del Ecuador’” (@radio_pichincha, 19/08/2025).
En un país donde los casos de espionaje suelen diluirse en el sistema judicial ordinario, fue la justicia indígena la que permitió sacar a la luz lo que de otra forma habría quedado como rumor.
Históricamente, cada levantamiento indígena ha sido acompañado de procesos de criminalización, juicios y vigilancia estatal. Cotopaxi no fue la excepción, pero sí marcó una diferencia: el desmantelamiento de la trama no lo hizo la Fiscalía ni la Policía, sino un tribunal comunitario. Allí se expresó con claridad que la justicia indígena no es un vestigio del pasado, sino una herramienta viva para proteger la dignidad colectiva.
En un país donde los casos de espionaje suelen diluirse en el sistema judicial ordinario, fue la justicia indígena la que permitió sacar a la luz lo que de otra forma habría quedado como rumor.
La persecución estructural a defensores y periodistas
El caso evidenció que la persecución no se limita a dirigentes indígenas. Los policías revelaron que los agentes de inteligencia también se infiltraron en espacios periodísticos.
Fundamedios emitió un comunicado urgente:
“Fundamedios exige explicaciones al Gobierno y a las autoridades de inteligencia ante la gravísima infiltración de agentes de policía en chats de prensa. Lo ocurrido constituye una amenaza directa a la libertad de expresión, a la privacidad y a la seguridad de periodistas en Ecuador” (22/08/2025).
El informe describe cómo al menos 17 grupos de WhatsApp de periodistas fueron infiltrados, con identidades suplantadas y recopilación de información privada. Uno de los chats operativos llevaba un nombre irónico y revelador: “Asadero del cuy”, usado para coordinar vigilancia sobre Iza y otros dirigentes sociales.
La infiltración en espacios de prensa no es un exceso aislado, sino una práctica incompatible con la democracia. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha establecido que este tipo de espionaje vulnera la libertad de prensa y el secreto profesional de las fuentes.
Lo disruptivo del caso es que la justicia indígena fue el mecanismo que permitió documentar y denunciar estas prácticas. Al hacerlo, mostró que el ejercicio de la jurisdicción comunitaria no se limita a resolver conflictos internos, sino que puede proteger derechos fundamentales de alcance nacional.
Las respuestas torpes y racistas del Estado y algunos medios
La reacción del Gobierno fue inmediata, pero no para reconocer la legitimidad de la justicia indígena, sino para criminalizarla. La vocera oficial, Carolina Jaramillo, declaró que la Fiscalía investiga a Leonidas Iza por “secuestro de tres policías”. Frente a preguntas sobre la infiltración, añadió:
“¿Qué veracidad puede tener información extraída de dispositivos que no han tenido un procesamiento pericial o judicial? Para el Gobierno nacional, no tienen ninguna importancia” (@wambraEc, 22/08/2025).
En algunos medios, la deslegitimación fue aún más explícita. En el programa Politizados de Diario Expreso, los periodistas Roberto Aguilar y Martín Pallares afirmaron:
“Lo que vimos fue una turba, no un procedimiento ancestral. (…) El romanticismo con lo ‘ancestral’ nos lleva a atribuir sabiduría a lo que muchas veces es solo turba. (…) No hay sabiduría ancestral en las turbas” (25/08/2025).
Estas declaraciones expresan un racismo epistémico que niega el valor de los sistemas jurídicos indígenas y los reduce a expresiones irracionales.
En contraste, Leonidas Iza sostuvo con claridad:
“Sí, absolutamente. La Constitución y la Corte Constitucional reconocen la jurisdicción indígena. (…) No se trató de hostigamiento, sino de un proceso de coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria” (Declaración pública, agosto 2025).
El choque de narrativas es evidente: de un lado, el Estado y ciertos medios que insisten en ver la justicia indígena como amenaza; del otro, líderes comunitarios que reivindican su legitimidad constitucional.
Este contraste muestra la fractura entre el Ecuador escrito en la Constitución —plurinacional y respetuoso de la justicia indígena— y el Ecuador real, donde prevalecen prácticas de espionaje, persecución y racismo estructural.
Justicia indígena como horizonte democrático
El episodio de Cotopaxi evidenció que la disputa no es solo jurídica, sino civilizatoria. Dos paradigmas se confrontan:
El estatal, que reclama el monopolio de la legalidad y descarta todo lo que no encaje en su gramática.
El comunitario, que entiende la justicia como reparación de vínculos, restitución de la dignidad y verdad compartida.
Las audiencias en Planchaloma fueron un recordatorio de que la justicia indígena no es improvisación ni folclore, sino ejercicio legítimo de libre determinación. Se desarrollaron sin violencia física, con disculpas públicas y restitución de la dignidad. Frente a la lentitud y corrupción del sistema ordinario, ofrecieron un modelo rápido y transparente.
Cotopaxi habló, y lo que dijo resuena más allá de sus páramos: la justicia indígena no es un vestigio del pasado, sino un horizonte de futuro. El desafío del Ecuador es decidir si honrará su condición de Estado plurinacional o si seguirá atrapado en un simulacro que niega la palabra de los pueblos que lo fundan.