El próximo 16 de noviembre vamos a votar sobre si queremos reformar la Constitución del 2008 y, al mismo tiempo, si la queremos sustituir por otra. Esto sucede porque dos preguntas, la de bases militares y la de recursos públicos para partidos políticos van simultáneamente a la consulta con la pregunta de si queremos una nueva Constitución.
Pero la pregunta previa es evidente: ¿para qué reformamos la Constitución del 2008 si la vamos a reemplazar? Quien propone este absurdo es el gobierno. Es como si alguien se dedicará a remodelar su casa de acuerdo con sus necesidades, para mudarse a otra apenas termine la remodelación.
Se dirá que son cambios urgentes hasta que se escriba y apruebe la nueva Constitución. Pero esos cambios llevarán un tiempo que reduce demasiado el de su vigencia.
En definitiva, la mera posibilidad de estas y otras reformas a la Constitución del 2008 evidencian lo innecesario de la constituyente.
Pero lo absurdo de la constituyente no queda allí. Una constituyente debe ser representativa del país. Pero es matemáticamente innegable que la constituyente misma, si llega a reunirse, será profundamente antidemocrática. En virtud de la fórmula electoral establecida en el respectivo estatuto, el Gobierno y Revolución Ciudadana serán casi las únicas fuerzas políticas presentes. Y la mayoría de las provincias tendrán una representación mínima.
El absurdo es más hondo. Desde los orígenes del constitucionalismo, las constituciones se dictan para limitar el poder estatal, dividiéndolo y estableciendo derechos de los ciudadanos. Pero, por lo que han dicho quienes apoyan una nueva Constitución, lo que quieren hacer con ella es disminuir derechos y concentrar el poder.
Se pretende eliminar la plurinacionalidad e interculturalidad, es decir los derechos colectivos. También se busca restringir derechos del debido proceso, para tratarnos a todos como delincuentes. Se quiere eliminar los derechos de la naturaleza, seguramente el derecho al agua, para devastar nuestra biodiversidad con minería metálica a gran escala. Y muy probablemente las mujeres, los estudiantes, los discapacitados, las minorías sexuales, los jóvenes y muchos otros grupos verán mermados sus derechos, para tener una “constitución corta”.
Una reciente enmienda declarada inconstitucional por la Corte Constitucional evidencia como ni siquiera nuestro derecho al patrimonio cultural del país va a salvarse en la nueva Constitución. Quieren comprarlo y venderlo libremente, como cualquier negocio privado.
Y en cuanto a la concentración del poder, también se ha ratificado que instaurarán el juicio político contra los jueces de la Corte Constitucional. Así, el gobierno asegurará una Corte a la medida, que solo legitimará la arbitrariedad. De hecho, ahora mismo podemos ver cómo el ejecutivo captó sin rubor alguno al Consejo de la Judicatura, Fiscalía, y el Consejo de Participación Ciudadana.
Se critica a la Constitución del 2008 su carácter reglamentario, pues sin casi argumentos se le atribuye el aumento del crimen y la disminución de inversiones extranjeras, pero para solucionar estos problemas parece que se quiere convertir a la nueva Constitución en Código Penal y Código de Comercio e Inversiones.
Fijémonos: se dice sin un solo dato, sin ninguna evidencia concluyente, que la Constitución del 2008 limita la inversión extranjera, pero no hay peor escenario para tal inversión que la inseguridad jurídica y polarización política que genera una constituyente. El argumento muere ahogado en sus propias contradicciones.
Se dice que hay que eliminar la categorización de sectores estratégicos de la actual constitución supuestamente socialista. Pero, en realidad, la clasificación constitucional de sectores estratégicos viene desde la Constitución de 1978, y no excluye delegaciones al sector privado. De hecho, ha permitido políticas económicas muy distintas y tenemos inversión extranjera directa en todos los sectores estratégicos: electricidad, petroleo, minería, telecomunicaciones, puertos.
La constituyente se instalaría en un país polarizado, sumido en la violencia, el racismo, y la criminalización de la sociedad, sin debate público serio, sin propuestas realmente claras para la nueva Constitución o, peor aún, con propuestas contrarias a la realidad e intereses del país.
La constituyente que se propone es contradictoria, innecesaria, inoportuna, antidemocrática y un peligro para los derechos de los ciudadanos. Es una constituyente absurda. Hay que votar NO.