9 de la noche, avenida principal, sur de Guayaquil. Aparece una camioneta blanca de doble cabina; de ella bajan raudamente doce soldados uniformados con rifles de asalto. Rodean a un chico de 14 años que esperaba un bus y que se entrega sin ofrecer resistencia. El menor de edad es subido a la camioneta donde un soldado le propina un puñetazo. En una esquina del balde, otro niño, acurrucado en posición fetal, intenta levantar la vista, pero es pateado. La escena es desgarradora, atroz, porque nos recuerda a las dictaduras de los años setenta en el cono sur. No, no se trata de un documental sobre la época de Pinochet o Videla: el video corresponde a Guayaquil, 8 de diciembre de 2024. Este video ha recorrido todo el mundo, y ahora el gobierno ecuatoriano ya no solo es visto como el régimen de un magnate del banano, sino también como una dictadura.
Ismael, Saúl, Josué, Steven son los nombres de cuatro niños de entre 11 y 15 años, que vivían en Malvinas, un barrio pobre del sur de Guayaquil. Ellos fueron detenidos por el ejército el 8 de diciembre. Habían salido a jugar fútbol, uno de ellos tenía algunas medallas por su habilidad para el balompié, la tarde deportiva se transformó en una pesadilla no solo para los niños sino para sus familiares. La sociedad ecuatoriana salió de su burbuja de conformismo frente al pésimo gobierno de Noboa y empezó a mostrar su rechazo ante la violencia de Estado, sin embargo, en redes sociales, los noboístas dudaron sobre la inocencia de los niños tachándolos de delincuentes.
Al inicio, como era de esperar, el Gobierno se deslindó de toda responsabilidad e incluso acusó a los que denunciaron este hecho como cómplices “por hacerle el juego al crimen organizado”. En una tenebrosa rueda de prensa, el ministro de Defensa señaló que a los niños no los habían apresado miembros de las fuerzas armadas sino alguna banda de narcotraficantes. Al siguiente día, ante la presión ciudadana y frente a la contundencia del video presentado en la Asamblea Nacional, por la empresa municipal de Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil, el ministro Loffredo declaró que los niños habían estado robando, y que por eso fueron detenidos por los militares. Finalmente, a los catorce días de la desaparición forzada de los niños apareció Daniel Noboa, diciendo que no habrá impunidad y que propondrá que los menores sean declarados “héroes nacionales”. Los padres le respondieron al presidente: “no queremos héroes sino a nuestros hijos con vida.”
ONU y UNICEF en sendos escritos manifestaron su preocupación por la desparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil. Ésto es más grave porque Ecuador es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, allí está claro que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Deben garantizar que, cuando un adolescente es detenido, siempre pueda acceder al sistema de justicia juvenil especializado. La desaparición forzada y detención ilegal de niños, niñas y adolescentes no es justificable en ninguna circunstancia. Las cifras en nuestro país son dramáticas, según el Ministerio del Interior, existen 783 casos de personas desaparecidas.
La declaratoria de conflicto armado interno, realizada por Daniel Noboa, no ha disminuido la cantidad de asesinatos en Ecuador. Por el contrario, ha creado un problema más serio: la población teme más a las fuerzas armadas que a los mismos narcotraficantes. Lo de los cuatro niños desaparecidos por elementos de la FAE no es un caso aislado: corresponde a una estrategia de violencia estructural donde el poder ha establecido los estereotipos del narcotraficante: pobre, negro, mulato, cholo, indígena, adolescente y niño. Después de la conmoción social y política creada por la desaparición forzada de Ismael, Josué, Steven y Saúl, aparecieron nuevas denuncias sobre casos de niños y adolescentes que han sido desaparecidos en circunstancias parecidas por el ejército.
Es grave tener un país con bandas de narcotraficantes, pero más peligroso aún es que las fuerzas armadas actúen cobardemente, solo guiadas por estrategias de persecución aporofóbicas y racistas. Según diario Expreso, existen 700 militares vinculados a hechos ilícitos. ¿Es posible confiar en los militares? ¿No fue un error gravísimo lanzarlos a las calles a que patrullen calles sin tener un manual básico de procedimientos para enfrentar a los narcotraficantes? Está claro que lo de los chicos de Malvinas refleja el modus operandi de fuerzas armadas, porque fue una patrulla entera la que apresó, torturó y asesinó a estos niños inocentes.
Si no despertamos ahora como sociedad, y marcamos claramente nuestras prioridades políticas, estaremos siendo cómplices de la crueldad y la cobardía. Este Gobierno no solo ha sido una pesadilla económica, también es un gobierno manchado con la sangre de niños y jóvenes inocentes. Volver a votar por Noboa sería desconocer el sufrimiento absoluto de los niños asesinados y de sus familias destrozadas. Las elecciones de febrero servirán para tener claro quiénes defendemos la vida y los derechos humanos y quiénes, simplemente, defienden el despotismo.