El juez procesado Banny Rubén Molina compareció esta tarde ante la Comisión de Participación de la Asamblea. Afirmó que el día 5 de agosto, cuando concedió el habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas, Daniel Salcedo y Christian Araujo, estaba con todas sus competencias vigentes.
Eso en relación a la investigación en su contra por presunta usurpación de funciones. Santiago Peñaherrera, director General del Consejo de la Judicatura, denunció a Molina por emitir tres órdenes de excarcelación a favor de Glas, Salcedo y Araujo a las 16:46 del 5 de agosto pasado, cuando ya había sido llamado a juicio el mismo día, a las 12:10. Según la Fiscalía, actuó cuando su jurisdicción se encontraba suspendida.
Molina manifestó este viernes que se ha tratado “de confundir a la sociedad” respecto a su suspensión. Según Molina, esta sanción “surte efecto a partir de su notificación”. El acto administrativo, dijo, le llegó el pasado 10 de agosto a su correo personal. “Actué en plena competencia y jurisdicción en dicho habeas corpus”. Habló de que ese viernes despachó todas las causas que tenía previsto para ese día. “Es más estaba encargado adicionalmente de otro juzgado”, dijo.
Sobre la validez de las boletas, dijo que son legales y que fueron firmadas por él. Agregó que dichas boletas fueron realizadas de forma manual por el actuario de su despacho debido a que el sistema Satje tuvo “varias inconsistencias”. Pero aseguró que las boletas para la excarcelación de los procesados son válidas.
Según él, la libertad de Glas y los otros debió ser inmediata indistintamente de la notificación por escrito de la sentencia. Afirmó que un error de forma -como el número incorrecto en la cédula de Glas- no es un impedimento para que no se cumpla con la excarcelación. “El propio SNAI ha validado mi sentencia por el solo hecho de haberla apelado”. Dijo que, si había inconsistencias, el SNAI pudo pedir al juez encargado de su despacho que remita una nueva boleta porque ya hay una boleta que debe cumplirse. Manifestó que las partes tienen derecho a apelar una resolución, “pero la sentencia es de cumplimiento inmediato”.
Denunció una presunta persecución del Consejo de la Judicatura y calificó su detención como ilegal. Molina está con arresto domiciliario y con grillete. Para él, esta medida es improcedente porque la pena máxima por el delito de usurpación de funciones es de seis meses a un año.