En Carondelet dicen que hay indicios sobre ciertas organizaciones sociales y religiosas que se estarían prestando para lavar activos, financiar al terrorismo, encubrir a pedófilos o agresores sexuales, entre otros delitos.
Sin aún precisar nombres, la Subsecretaría de Movimientos Sociales, Libertad de Cultos, Creencia y Conciencia, del Ministerio de Gobierno, cree esa hipótesis y por ello se echó al hombro la tarea de revisar, de manera cruzada, los registros de las organizaciones, con ayuda de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Servicio de Rentas Internas y la Secretaría de Integridad Pública, adscrita a la Presidencia de la República.
En Ecuador existen alrededor de 70.000 organizaciones sociales, el 10 por ciento de ellas de carácter religioso. En febrero pasado, la cartera de Gobierno emitió ya el acuerdo para el registro de líderes y pastores religiosos. Y la semana anterior, por ejemplo, ya hubo las primeras mesas técnicas con organizaciones de las diversas comunidades religiosas.
El antecedente: para el Gobierno es clave contar con un registro de pastores o líderes religiosos con el fin de evitar casos como el de Juliana Campoverde, joven que asistía a la iglesia Oásis de esperanza, al suroccidente de Quito. La última vez que se supo de ella fue el 9 de julio de 2012, cuando se contactó con el pastor Jonathan Carrillo.
Este individuo, siete años después, fue sentenciado a 25 años de cárcel por secuestro extorsivo con resultado de muerte. Pese a esta condena, Carrillo aún no revela dónde se encuentra el cadáver de la joven.