La historia de la desinstitucionalización de nuestro régimen político se remonta a los gobiernos de Rafael Correa y a la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución de Montecristi, actualmente vigente. La metida de la mano en la justicia tras el referéndum de 2011 y la victoria de Correa en las elecciones de 2013 vulneraron el estado de derecho a través de la concentración del poder. En las elecciones de 2017, Alianza País anunció la victoria de Lenin Moreno en una sola vuelta frente a Guilleromo Lasso. Utilizaron al Consejo Nacional Electoral impúdicamente para dar la victoria a Moreno en una sola vuelta. Pero fallaron. Moreno no fue un títere de Correa y éste se empleó a fondo para desestabilizarle con la ayuda del levantamiento indígena de 2019.
La irresponsabilidad política de Correa fue manifiesta. También quiso hacer lo mismo con Guillermo Lasso, con la ayuda nuevamente de otra toma de Quito, entre otras ciudades y territorios, en 2022.
Los casos Metástasis, Purga y otros muestran la toma de la justicia por la narco política que se ha inflitrado en esos organismos del Estado. Las investigaciones efectuadas por Fernando Villavicencio y sus denuncias como asambleísta, revelaron los nexos entre el correismo y la narco política. La inseguridad y la violencia del crimen organizado han contado con la complicidad de actores políticos ligados a la revolución ciudadana. El odio del correismo a la fiscal Diana Salazar lo confirma.
Esta desinstitucionalización también hizo posible la implantación de un sistema que ha corroído la ley de partidos permitiendo la reinscripción de partidos sin ideología ni estructura orgánica y desmantelando los que sí tenían una mediana organicidad. La proliferación de este tipo de aparatos electorales es el antecedente de la polarización entre dos fuerzas políticas que han capitalizado el malestar provocado por la confluencia de múltiples crisis. Tales agrupaciones representan dos visiones contrapuestas de país. La revolución ciudadana se identifica con ese pasado en el que Rafael Correa fungió de jefe de todos los poderes del estado. ADN, de Daniel Noboa, responde a la ruta democrática marcada en los gobiernos de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso.
Hay, pues, dos miradas del presente. La que mira hacia atrás —la de Luisa González— y la que mira hacia adelante —la de Daniel Noboa—. No es, por tanto, una confrontación entre derecha e izquierda. La Revolución Ciudadana es un movimiento heterogéneo en el que hay de todo. Igual en ADN, que agrupa a distintas corrientes del pensamiento.
La polarización política agrava los déficit de la economía. Entre los dos candidatos finalistas hay dos comprensiones distintas del manejo de las finanzas públicas. Esto explica que se haya disparado el riesgo país por los resultados electorales con una mínima diferencia entre ambas candidaturas. La prudencia en el manejo de la caja fiscal es mayor en Noboa que en Luisa González. Las declaraciones de Diego Borja respecto de la reserva monetaria internacional son expresión de una ligereza frente a la dolarización. Esta no se sostiene si se da a dicha reserva un uso populista.
Frente a este panorama, la posibilidad de la conciliación entre visiones contrapuestas se vuelve más difícil en el contexto de ese vaciamiento institucional que se inició en los gobiernos de Correa. La polarización resultante de la primera vuelta deja a amplios sectores sin representación. Pero la victoria en la primera vuelta de Noboa, pese al natural desgaste de su gobierno, revela una nueva correlación de fuerzas. Unas de carácter democrático versus las que postulan una reedición del autoritarismo encarnado en la RC.
La revolución ciudadana, en el ojo de su líder Rafael Correa, apunta a un gobierno hiperpresidencialista, autoritario, en el modelo del socialismo del siglo XXI. Noboa se ubica en una posición liberal con un sentido social, sin caer en el populismo. Se le tilda de autoritario y si bien ha incurrido en acciones discrecionales, en modo alguno ha intentado imponer un modelo de Estado como el que pretendió establecer el correismo.
¿Hasta qué punto Luisa González marca distancias con el socialismo del siglo XXI y frente al estilo autoritario de Correa? De ganar en la segunda vuelta, ¿será ella quien tome las decisiones o será tutelada por el líder mayor? ¿Qué posición tiene Luisa González respecto de la dictadura de Maduro y al despotismo de Ortega en Nicaragua? La auditoria de la deuda externa anunciada por esta candidata ¿no devendrá en un default en el pago de la deuda externa? ¿Qué posición adoptará la candidata de la RC respecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de ganar la segunda vuelta? La incertidumbre aumenta frente a la posibilidad de una victoria de la RC en abril. Estos temas deberían ser abordados en el debate proyectado para marzo entre los dos finalistas.
Nuestra democracia carece de instituciones sólidas que limiten el hiperpresidencialismo. Los partidos políticos, tal como están, no garantizan un juego equilibrado de poder. El caudillismo y el clientelismo desplazan el ejercicio eficiente de la política. Las prácticas políticas aupadas por ese caos institucional no le hacen ningún favor a la democracia ni a la reinstitucionalización del Estado. Una reforma política que ponga freno a este desbande partidista requiere una voluntad política que no parece tener Luisa González.
El pragmatismo hace abstracción de los principios. El socialismo del siglo XXI ha demostrado hasta la saciedad que es contrario a la democracia. Su modelo económico es empobrecedor, ajeno a los principios proclamados por una sana izquierda. Paul Tapia Goya en el diario Expreso sostiene que esos gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI empobrecen a la clase media con las expropiaciones. Solo la burocracia, convertida en la nueva clase burguesa se libra de tal empobrecimiento.
Hace falta una estrategia gubernamental económica y social a través del fomento de políticas públicas para abrir nuevas oportunidades a la clase media cuyo porcentaje poblacional ha crecido.
Diego Cueva en El Universo anota que la clase media ha sido históricamente uno de los principales impulsores de la economía, fomentando el consumo, la inversión y la generación de empleo. Esto también incumbe a la política. El debate sobre el modelo económico no debe desconocer cómo la inseguridad y la inestabilidad económica y política limitan a la clase media en su capacidad de ascenso y sostenibilidad.
La ideologización del debate sobre el modelo económico lo encasilla en blanco y negro, generando enfrentamientos que hacen imposible la construcción de consensos en la perspectiva de ampliar las posibilidades de empleo, a través del crecimiento económico, lo cual fomenta la informalidad y, consecuentemete, la propagación del crimen oragnizado.
Lo que está en juego en las elecciones de abril es más que una confrontación ideológica. La aspiración de ascender socialmente es muy extendida en los sectores medios, populares y marginales de la ciudad y del campo. Es en este contexto que cabe situar la elección entre las dos candidaturas finalistas.