Varias organizaciones políticas rechazan la restitución del método D’Hont para la asignación de escaños por favorecer a los movimientos que captaron la mayoría de votos en la última contienda electoral. En circunstancias en las que los partidos políticos han dejado de funcionar como una banda de transmisión de la demanda ciudadana, como postulaba el politólogo Giovanni Sartori, y se han convertido más bien en grupos electorales sin principios ideológicos, esto es un atentado contra la democracia y una abdicación de la reforma política ofrecida en campaña por el presidente Noboa.
El académico Julian Quibell, en entrevista a diario Expreso, destaca la pérdida de fe de la población en la ola de democratización que surgió entre los años de 1970 y 1990. Esto se debió a que los gobiernos de la época no impulsaron cambios sostenidos en la brecha social. Los partidos políticos, que entonces eran verdaderos partidos, al llegar al gobierno chocaron con una realidad que no les dejó cumplir con sus ofertas de campaña.
Si ello ocurrió con una élite política más preparada, con mayor experticia, el desplazamiento de ésta, hacia finales del siglo 20, por un tropel de políticos improvisados y populistas, ha roto los vínculos entre representantes y representados, y ha creado un vacío de representación. Los incumplimientos en el ejercicio de gobierno desde entonces son infinitamente mayores que en la ola de democratización, en la que hubo, sin duda, mayor capacidad de gobierno. En este contexto volver al método D´Hont es un despropósito.
Suponer que los partidos así llamados, hoy mayoritarios, mantendrán ese respaldo en futuras elecciones es ignorar la dinámica política. Nadie puede asegurar que ADN siga siendo mayoritario en las elecciones del 2027. Ello dependerá del desempeño del actual gobierno. Tampoco se puede adivinar lo que ocurrirá con la RC. El acuerdo al que han llegado ambas bancadas para controlar al poder legislativo se inscribe en una concepción que ignora la complejidad de lo que significa gobernar.
Otro punto importante que trata el entrevistado es la responsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos en la lucha contra el crimen organizado. Una de las causas de la configuración de este fenómeno, es precisamente esa crisis política que se tradujo en un deterioro progresivo de la institucionalidad. En momentos en los que se vive un resquebrajamiento de los valores básicos de la democracia se hace necesario librar una lucha por reconstituir ese andamiaje institucional perforado e infiltrado por el narcotráfico.
Para lograrlo se debe emprender en una reforma política profunda que de vida a partidos políticos serios, responsables y bien organizados. Era lo que muchos ecuatorianos pensábamos que el gobierno se proponía hacer con una asamblea constituyente o con reformas parciales pero orientadas por ese propósito. No se sabe si el presidente Noboa siga en esa línea. Esta también forma parte de la lucha contra el crimen organizado. Soslayarla sería un equivocación histórica.
La confusión que prima en el electorado y en los políticos entre intervenir en una campaña electoral y el ejercicio gubernamental impide que los candidatos se preparen para las funciones a las que postulan. La consecuencia suele ser una decepción de los electores frente a la incapacidad de los ungidos para gobernar. Por eso los partidos que ganan las elecciones mal entienden lo que es la gobernabilidad y apuestan a tener mayoría en la Asamblea para poder evitar la inestabilidad.
Esto también parece que está detrás de la convergencia entre ADN y RC para regresar al método D’Hont. Estos partidos tienen una visión sesgada de la gobernabilidad. Obtener la mayoría de escaños en la Asamblea, como muestra ADN, no le da al gobierno un balance favorable. Sin pesos y contrapesos la voz oficial se vuelve un monólogo.
Los partidos perjudicados por este acuerdo deben impulsar reformas al Código de la Democracia no solo en su provecho sino en beneficio de la democracia. Expertos señalan que dichas reformas deberían exigir a los partidos políticos la realización de verdaderas primarias para designar candidatos, obligarles a llevar padrones electorales para, mediante el voto secreto, elegir a los dignatarios internos. El Consejo Nacional Electoral debe aumentar los requisitos necesarios para optar por puestos de elección popular.
Se debe fomentar en los partidos una cultura política que rompa la división nefasta entre el momento electoral y el del gobierno. Hace falta en este campo incorporar en el Código de la Democracia la necesidad de la preparación de afiliados y dirigentes no en vísperas de las elecciones, sino de una manera continua. También es necesario crear medios para promover la educación política de los ciudadanos con el concurso de la academia y de organismos de la sociedad civil a fin de que su presencia no cese con el voto en las urnas sino que prosiga con un examen prolijo, responsable y juicioso de los actos y decisiones de los gobierno, de los cuales éstos están obligados a rendir cuentas.