Las decisiones tomadas por el presidente Noboa sobre la reubicación de entidades y el despido de 5 mil servidores públicos no guardan relación con la técnica sino con apremios coyunturales y cálculos políticos. Al menos esto se deprende de las declaraciones de la vocera presidencial, de la ministra de Trabajo y del propio presidente. Lo peligroso de este procedimiento es que el remedio resulte peor que la enfermedad.
En lo que a la fusión de ministerios se refiere, hace falta apelar al conocimiento experto. ¿Será lo más indicado juntar en un mismo lugar institucional dependencias especializadas en educación superior, educación media y básica? Si se está pensando en alcanzar niveles de articulación entre estas esferas de la educación, tal objetivo no puede lograrse mecánicamente. Convertir al ministerio del ramo en un ente desmesuradamente grande no parece procedente. Esta cartera de Estado no se ha caracterizado por su eficiencia operativa. Con más entidades a ella adscritas ¿será posible mejorar su rendimiento?
Parecería necesario promover una evaluación seria y rigurosa de las experiencias habidas en el campo de la reforma educativa en las últimas décadas, en Ecuador. ¿Qué aspectos positivos se registraron y cuáles fueron los negativos? La secretaría de educación superior (Senescyt), por ejemplo, fue creada en el 2007 con el criterio de que no fuesen las universidades las que se auto evaluaran. ¿Cabe volver al criterio anterior, que fue el que rigió al Conesup (Consejo Nacional de Educación Superior)? No es aconsejado eliminar a esa Secretaría porque haya sido establecida en el gobierno de Rafael Correa. La polarización ideológica no debe desterrar el criterio de continuidad. Correa sí echó abajo todo lo anterior a su mandato bajo el principio de la refundación del Estado ecuatoriano. Noboa no debe proceder de la misma manera.
Patricia Rincón Mazo, en El Tiempo de Bogotá, analiza lo que pasa cuando lo político ignora lo técnico. Por supuesto no se puede evitar que las decisiones públicas tengan un componente político. El problema surge cuando lo político elimina lo técnico. Cuando quien gobierna aplica órdenes unilaterales ignorando el conocimiento acumulado, la experiencia de los equipos que dan alertas habida cuenta de la complejidad de lo público.
La fusión de los ministerios de Energía y Ambiente es otra decisión que exige un debate. Importantes sectores sostienen su inconveniencia, puesto que sus objetivos, funciones y acciones no concuerdan. Además, hay un largo trecho recorrido con la inclusión de la variable ambiental en la organización del Estado. El conocimiento experto acumulado en esta materia no puede ser ignorado. Otros expertos señalan que reunir en una misma oficina los temas ambientales y energéticos propiciará la búsqueda de acuerdos técnicos, sin paralizar su labor ni las decisiones en áreas tan relevantes para el país. Falta al respecto una visión de largo plazo, no hay cómo encerrarse en una visión parcial e inmediatista.
No se puede eliminar la deliberación sobre temas que no nacieron ayer. Es aquí donde requerimos un liderazgo inspirador que busque consensos entre los ciudadanos, los grupos que han trabajado en estos campos y el interés nacional. Desde esta perspectiva, afirma Rincón, se deben descartar los liderazgos autoritarios, desactualizados y miopes.
Creo que las decisiones tomadas por el gobierno de Noboa apuntan a ciertas prioridades como la reducción del gasto fiscal. Independientemente de si esto fue una condición del acuerdo con el FMI, privilegiar este objetivo en desmedro de otros hace pensar que no son prioridades del gobierno los temas culturales ni de la equidad de género. Estos también demandan discusión sobre la base de análisis bien informados.
Andrea Medina, economista, afirma en La Hora: “El gobierno debe justificar cada paso con transparencia, datos precisos y criterios técnicos verificables”. Ello implica: auditorías funcionales e independientes, evaluaciones de desempeño individual y por equipos, cruce de datos interinstitucionales para detectar funciones duplicadas, entre otros pasos.
Hay que evitar las improvisaciones. Es urgente la reforma del Estado para lograr mayor eficiencia. Pero esta no se logra achicando su tamaño sino garantizando que los servicios que el Estado presta a los ciudadanos no se deterioren. El objetivo debe ser construir bienestar valiéndose de métodos de trabajo más efectivos. El problema no es el tamaño del Estado sino la calidad de servicios que provee. Quienes sostienen como panacea la reducción del tamaño del Estado lo hacen desde un sesgo ideológico. Tampoco cabe postular lo contrario: dejar que el Estado crezca sin medida y oponerse a su reforma confundiéndola con su privatización.
Este debate exige madurez y no adhesión a posturas preconcebidas.