De qué calibre será la desfachatez que se han propuesto los correistas que hasta los socialcristianos se les han hecho el quite. Y eso que los discípulos del ingeniero Febres Cordero han sido particularmente adictos a todo tipo de chanchullos políticos.
Querer destituir a la fiscal general del Estado por una simple y rastrera venganza aparece como una jugada indigerible desde todo punto de vista. Inclusive si la incluimos dentro del amplio abanico de irregularidades y atropellos al que está acostumbrada nuestra pedestre política. La impunidad de los crímenes cometidos durante los quince años de gobiernos de Alianza PAIS, a los que ahora se suman los del gobierno de Guillermo Lasso, puede no solo terminar con la deteriorada imagen pública de sus promotores y eventuales acólitos, sino que pudiera provocar una airada reacción de la sociedad.
La instalación de la Pichicorte, ese engendro destinado a santificar amarres inconfesables, fue el detonante para la defenestración de Lucio Gutiérrez. Y Daniel Noboa no es que tenga la legitimidad, las bases sociales, la experiencia ni la fuerza institucional como para lidiar con una crisis de similar naturaleza. Por más imberbe, renovado y lozano que parezca. Si el acuerdo para contar con una mayoría afín en la Asamblea Nacional requiere pasarse por el forro la justicia, el presidente electo puede colocar el reloj en reversa. Antes incluso de posesionarse.
Los pactos de trastienda deben tener una alta dosis de ilegalidad, inmoralidad y cinismo. Al igual que la corrupción. De otro mundo, no funcionan.
Hacer acuerdos de cara al país, incluso cuando se trata de temas altamente polémicos, implica que las partes en conflicto pongan sobre la mesa propuestas de carácter general. O políticas estratégicas y fundamentales para la administración del Estado o para el bienestar colectivo.
Lo que sucede en España a propósito de la investidura del próximo gobierno es ilustrativo. De por medio está la negociación con las fuerzas independentistas vascas y catalanas. Todo un desafío para el futuro del Estado español. Al margen de la simpatía o antipatía que nos generen ambas posiciones, estamos frente a una disputa política trascendental para la sociedad española. Inclusive, para Europa entera.
Acá, en cambio, las negociaciones legislativas buscan beneficiar, en términos absolutamente personales e individuales, a personajes corruptos, prófugos o sentenciados. ¿Qué importancia tiene para este pobre país que un reducido grupo de personas se beneficie de la manipulación arbitraria y grosera de la justicia para alcanzar impunidad? Ninguna. A lo mucho, sentar un nefasto precedente para terminar de demoler las instituciones y convertir al Ecuador en tierra de nadie… o en tierra de narcos.