Si un dueño de una importante empresa necesita de alguien que la administre, buscará a un profesional con una hoja de vida llena de certificaciones laborales y de títulos académicos. No elegirá al azar ni a su amigo ni al amigo de su mejor amigo. Preferirá elegir entre a quienes han cursado, con probada eficiencia, estudios académicos o han dirigido con suficiente éxito otras empresas.
Nunca improvisará pues sabe que ahí habitan los buenos para nada, es decir, los mediocres.
Elegirá al más probo, al que posee títulos académicos obtenidos en las mejores universidades del país o del exterior. Preferirá a quien posee probada experiencia.
Elegirá al más honorable. Por ende, leerá con cuidado la hoja de vida de cada candidato, tanto la obvia como, sobre todo, la oculta para, finalmente, elegir al mejor. Desde luego, no tomará en cuenta a quienes nunca han administrado absolutamente nada.
Pero, entre nosotros, para las funciones del Estado, con demasiada frecuencia, se elige a los amigos, aunque sean mediocres y, a veces, soberanos desconocedores de la materia en cuestión. Porque lo que en verdad está en juego no es la eficiencia sino el futuro pago de favores electorales recibidos.
En la práctica, para el desempeño de funciones de menor rango las exigencias terminan siendo casi nulas. Apenas si saber escribir algo y hablar una repetición de ideas precariamente conexas unas con otras. ¿Y la escritura? No. Eso no forma parte del juego de los saberes requeridos para el desempeño de innumerables actividades, como la presidencia de la República.
Para ser asambleísta, por ejemplo, tal vez, en la práctica, tan solo sea suficiente el saber hablar: la precariedad del lenguaje o los errores gramaticales de modo alguno impiden que se alce la mano para aprobar o para negar una determinada ley que, muy probablemente, no se entiende.
Desde luego, parecería absurda la exigencia de la lecto-escritura a quienes se candidatizan para formar parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, parece que debería constituir una de las condiciones, aunque ciertamente vergonzosa, para ser candidato.
También es triste y doloroso reconocer que esta condición debería ser explícitamente indispensable en nuestra legislatura. La democracia ni se ejerce ni se sostiene con la precariedad académica de no pocos asambleístas que nunca, pero nunca, han leído ni leerán un libro. Es muy triste pero absolutamente cierto.