Lo que mal empieza, mal termina. Cuando un gobierno diagnostica de manera deficiente un problema, lo combate, en el mejor de los casos, a medias. Eso está sucediendo actualmente en el Ecuador. Esta obviedad explica por qué llevamos más de un lustro perdiendo la batalla contra la minería ilegal. Y seguimos en desventaja, ojo. No es que falten operativos, que sí, ni normativa suficiente, que también, sino que el país no ha logrado dimensionar la minería ilegal como un problema de gobernanza criminal.
Entonces, mientras la respuesta estatal esté enfocada en los operativos de territorio, cerrar bocaminas, ataques y operativos altamente performativos y marquetineros sin tener en cuenta a la estructura criminal que organiza, financia y monetiza, la cadena del oro ilegal permanece intacta
Más dinero y menos riesgo que la cocaína
Para dimensionar el problema, hay que mirar las cifras. Por las cifras los conocereís… A nivel global, la minería ilegal genera entre 12.000 y 48.000 millones de dólares anuales en ingresos ilícitos, según la Interpol. Como buen delito transnacional, en el Sahel africano, el tráfico de oro financia simultáneamente a grupos yihadistas y redes criminales, según la UNODC. En la República Democrática del Congo, la minería ilegal financia grupos armados y opera bajo estructuras donde la distinción entre fuerzas estatales, grupos armados y redes criminales se ha vuelto indistinguible.
En América Latina, se ha documentado que las ganancias del oro ilegal ya superan a las de la cocaína tanto en Colombia como en Perú, los dos mayores productores del mundo, y en Ecuador el patrón no es distinto. Es bien sabido, por quienes conocen del sector, que alrededor del 90% del oro extraído en Ecuador es de origen ilegal, lo que significa que el perjuicio para el Estado es enorme.Por eso la lucha contra este delito es imperante.
Ecuador no es ni ha sido una excepción a este patrón global, sino que es un laboratorio de análisis para ver cómo el crimen organizado se ha desnarcotizado para pasar al tráfico de este metal precioso. Pocos expertos y muchos entusiastas han estimado que la minería ilegal genera entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales en el país. Sin embargo, esta cifra se ha esparcido como rumor y no cuenta con una metodología seria que cuantifique en realidad el impacto de esta economía ilegal en el país. Todo aquel que dé una cifra sin mencionar su metodología de cálculo se quedaría en el campo de la astrología. Aquí no nos vamos a aventurar en esa rama.
El problema del COIP
En Ecuador, la minería ilegal está tipificada en el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal como «actividad ilícita de recursos mineros». Este tipo penal sanciona a quien, sin autorización de autoridad competente, «extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros«, con sanciones de dieciséis a veinte años. Aunque los verbos rectores cubren varias acciones, la arquitectura conceptual ubica como un delito contra los recursos naturales del Estado: un problema de autorización, de licencias, de permisos faltantes, no de crimen organizado. Sólo hace falta ver cuántos casos han sido sentenciados por este artículo en la Fiscalía General del Estado para darnos cuenta del grave problema que pocas autoridades siquiera conocen.
Definir y tipificar un delito determina cómo se combate. Si la minería ilegal es un delito extractivo, la respuesta lógica es destruir maquinaria, cerrar bocaminas y detener operadores. Pero si se trata de un sistema de gobernanza criminal, la respuesta debe ser desmontar redes financieras, interrumpir cadenas de suministro y recuperar el control territorial del Estado.
Ecuador ha optado mayoritariamente por lo primero, y los resultados hablan por sí solos: entre 2018 y 2024, los operativos se multiplicaron, las incautaciones de explosivos se dispararon y el número de retroexcavadoras decomisadas y destruidas creció exponencialmente. Sin embargo, la actividad ilegal no solo no disminuyó, sino que creció un 300% entre 2015 y 2021, controlando más de 7.495 hectáreas según el proyecto MAAP.
El análisis de la cadena de valor
Un análisis del guion criminal, metodología criminológica que descompone cualquier delito en fases, aplicado al caso ecuatoriano, revela que la extracción es apenas uno de siete actos de una cadena criminal integrada por planificación, transporte, asentamiento, extracción, procesamiento, venta y exportación.
Esto nos permite entender que la minería ilegal es más que un acto extractivo y comprenderla como un sistema. Desde la planificación, donde se seleccionan zonas con potencial aurífero y baja presencia estatal,financiación de insumos hasta pactos con actores locales. Pasando por el transporte, donde corredores logísticos movilizan mercurio, explosivos, armas, personas y maquinaria. Hasta la exportación, donde empresas fachada constituidas con capital mínimo logran exportar cientos de millones de dólares en oro sin capacidad operativa verificable.
Si la extracción es el acto más visible, la monetización es la más estratégica y por ello mismo, la más compleja de atacar. En Ecuador, el 95% de las plantas de beneficio se concentra en El Oro y Azuay, provincias que no coinciden con la ubicación de los grandes proyectos mineros legales, lo que sugiere su uso para procesar mineral de origen ilícito. De 211 plantas registradas, solo 85 cuentan con licencia ambiental vigente según el medio Connectas, y varias han declarado procesar volúmenes hasta veinte veces superiores a su capacidad técnica, señal característica del «lavado de oro«.
Las discrepancias en datos de comercio exterior son igualmente reveladoras: en 2019, Ecuador declaró exportaciones de oro a China por 76,7 millones de dólares, mientras que China reportó importaciones de oro ecuatoriano por 339,2 millones. Estas brechas son la estela del circuito financiero criminal.
¿Quién gobierna donde el Estado no llega?
El crimen organizado se debe entender como una empresa que provee bienes y servicios ilícitos con la capacidad de infiltrarse en el gobierno. Partiendo de ello, en los enclaves mineros ilegales de Ecuador opera una forma de gobernanza paralela que reemplaza al Estado en sus funciones más básicas. Los campamentos no son refugios improvisados, sino microcentros rurales donde conviven hasta 4.000 personas, con mercados informales, proveedores de internet, salas de entretenimiento, prostíbulos. En ese orden de ideas, también existen estructuras internas de autoridad con figuras que ejercen poder sobre el territorio controlado. Los grupos criminales imponen reglas internas, cobran «impuestos», controlan el acceso a insumos y regulan los conflictos mediante la violencia
Cabe mencionar que la minería ilegal es uno de los delitos en donde convergen muchos de los demás delitos conexos, como tráfico ilícito de sustancias; trata de personas con fines de explotación sexual y laboral; tráfico de armas; lavado de dinero; tráfico de hidrocarburos; tráfico de flora y fauna, de los que muy poco se habla.
Crimen Organizado Vs Estado Desorganizado
El Estado ecuatoriano no carece de instituciones para combatir la minería ilegal, pero sí de institucionalidad. El Ministerio de Ambiente y Energía, ARCOM, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, el SRI, la SENAE, la UAFE y los GAD tienen competencias diferenciadas sobre distintos eslabones de la cadena de valor de la minería ilegal. Pero tantos actores fragmentan la operatividad porque cada institución opera con su propia lógica, sus propios datos y sus propios tiempos.
No existe interoperabilidad de información entre los controles ambientales, mineros, tributarios, de seguridad y financieros, lo que permite que los actores ilegales se vean beneficiados por los vacíos entre jurisdicciones. La creación del CONIM en 2024 mediante el Decreto Ejecutivo 435 fue un paso en la dirección correcta, pero los desafíos de implementación persisten: los operativos siguen siendo reactivos, de corto plazo, y la rápida reconfiguración de los actores ilegales tras cada intervención demuestra que atacar campamentos sin desmontar la estructura financiera y logística que los sostiene es un ejercicio de Sísifo. Y uno ya no puede imaginar a Sísifo feliz.
Reconceptualizar: la minería ilegal como gobernanza criminal
Hasta como ejercicio de humildad intelectual se debe tener en cuenta que, si el diagnóstico cambia, por ende, la respuesta debe cambiar. Reconocer la minería ilegal como un problema de gobernanza criminal implica, al menos, cinco reorientaciones fundamentales. Primero, dar prioridad al cierre del círculo financiero del oro.
Segundo, transitar del control territorial reactivo y voluntarioso a la presencia estatal sostenida, que combine seguridad con servicios básicos.
Tercero, articular una coordinación interinstitucional que supere el intercambio de información y se traduzca en operativos conjuntos con seguimiento judicial y decomiso efectivo de activos.
Cuarto, reconocer la dimensión sociocomunitaria. Porque mientras miles de personas dependan de esta actividad, cualquier estrategia que las ignore como actores fundamentales generará resistencia y fracasará.
Quinto, fortalecer la cooperación internacional con países de destino del oro ecuatoriano para exigir certificación de origen y detectar esquemas de triangulación.
La minería ilegal en Ecuador no es un problema de mineros sin permiso. Es un ecosistema criminal que combina control territorial, economía paralela, lavado de activos, corrupción institucional y conexiones transnacionales. Mientras el Estado la siga tratando como lo primero, seguirá perdiendo una guerra cuyo enemigo real ni siquiera ha sabido nombrar correctamente.