El derecho internacional está muerto. Mejor dicho, lo han matado. Ese referente jurídico, que durante cuatro siglos la modernidad se empeño en construir y pulir, ha quedado desintegrado bajo el peso de la arbitrariedad política y militar de las grandes potencias.
Y no es que durante este extenso período de la Historia no hayamos asistido a varios episodios de avasallamiento del derecho internacional, sino que hoy parece imposible regresar al cauce de la racionalidad diplomática. La asimetría de poder entre las grandes potencias y el resto del planeta es arrolladora. La Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Carta de los Derechos Humanos, ampliada y ratificada luego de la II Guerra Mundial, lucen como expresiones inútiles de un sueño civilizatorio que se diluye. Ni una ni otra pueden garantizar el equilibrio y la compensación de las desigualdades políticas globales para lo que fueron creadas.
Resultan inverosímiles tanto el respaldo como la adhesión que ha conseguido la política de Donald Trump en países con una innegable trayectoria democrática. La Europa de la Ilustración, con todos sus vacíos, defectos y limitaciones, ha terminado plegando a un proyecto de hegemonía que se basa en el más pedestre autoritarismo. O, más precisamente, en la total ausencia de la razón. Un absoluto contrasentido con los principios liberales que fundaron las democracias europeas contemporáneas.
Desde que el gobierno de los Estados Unidos decidió bombardear lanchas en el mar Caribe, la escalada de atropellos no ha cesado. Luego vino la agresión militar contra Venezuela, la guerra injustificada contra Irán y la asfixia de Cuba. Tres trofeos que, con toda seguridad, Trump presentará como logros históricos para su país y para Occidente.
La idea de la soberanía territorial, que ha sido el pilar sobre el que se asienta la doctrina del respeto a la independencia y la autodeterminación de los Estados modernos, ha sido desmantelada por el discurso primario y rústico del presidente gringo. Basta una referencia ambigua, imprecisa e incluso inverificable a las amenazas externas para que se invada cualquier nación del planeta. En concreto, cualquier nación económica y militarmente más vulnerable. Ahora sí el orden mundial es descaradamente impuesto por las potencias; ya no se guardan ni las formas.
La respuesta que dio Donald Trump a un periodista que le señaló la postura del gobierno de España de oponerse al uso de las bases gringas en su territorio para respaldar los ataques a Irán es digna de una antología de la demolición del derecho y la democracia. Podemos utilizar esas bases cuando queramos, afirmó Trump; por ahora, dijo, no las necesitamos. Ergo, toca suponer que el señor Sánchez, presidente legítimo de España, no tiene ninguna autoridad sobre una parte del territorio que gobierna.