El Art. 16.1 de la Constitución de la República establece que todas personas tienen derecho a ‘una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos’, así como a ‘buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior’ (Art. 18.1 ibid).
No obstante, una cosa es lo que dice la Carta Fundamental y otra muy distinta son los hechos que definen a una sociedad líquida –para usar una definición de Zygmunt Bauman- caracterizada, por una marcada ambigüedad moral, donde los valores y principios se relativizan y el maquiavelismo está a la orden del día, en la que el fin justifica los medios, claro desde una visión retorcida de lo que se entiende por poder y política.
De hecho, en el último informe que presenta Reporteros sin Fronteras, se llega a la preocupante conclusión que, a nivel mundial, ‘…la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas…’.
Lamentablemente, los periodistas deben lidiar con problemas de inseguridad, violencia y censura que comprometen la vida e integridad de los comunicadores y, desde luego, a la propia actividad informativa.
En el caso de Ecuador, existe un notorio retroceso (el país cae 30 puntos en el ranking mundial, al comparar los años 2024 y 2023), ubicándonos en la posición 110 de 180 estados, dentro de la incómoda categoría ‘situación difícil’.
Sin duda, uno de los elementos vertebrales de todo sistema democrático es la libertad de expresión y pensamiento, derecho humano fundamental y bien público, que deben ser preservados y protegidos. Es evidente que a los gobernantes la actividad periodística les incomoda en tanto el papel del comunicador social es sacar a la luz todo aquello que la autoridad no le interesa que trascienda. Es un oficio que está buscando la verdad o, al menos, que le permite aproximarse a ella. De ahí que el periodista se convierte en un faro que alumbra, que enciende esa potente luz y que permite ver –en palabras de Ryszard Kapuscinski- como las cucarachas corren a esconderse.
El haber retrocedido en la clasificación mundial de la libertad de prensa debe ser motivo de preocupación. No podemos ni debemos permanecer ajenos ante el deterioro de un indicador que compromete no solamente la calidad de nuestra democracia sino la propia supervivencia de una sociedad civilizada, regulada por la ley y las buenas costumbres.
No se trata de soslayar el problema o de mirar para otro lado como una forma de evadir responsabilidades ante una cruda realidad que golpea a una sociedad del conocimiento anegada en información que deriva finalmente en desinformación.
Tampoco corresponde administrar la verdad como lo sugiere, suelto de huesos, un comunicador ecuatoriano, es decir, dependiendo de las circunstancias, entregar a cuenta gotas, o simplemente no entregar, el hecho noticioso, lo cual iría en contra de todo principio deontológico.
Las alertas están encendidas y corresponde a la sociedad civil, a los periodistas, medios de comunicación y, desde luego, a las autoridades de gobierno, asegurar que los derechos consagrados en la Constitución en materia de comunicación se respeten y no sean un simple papel mojado.