Escuchar a Paola me devolvió a esta columna, no para emitir mi opinión jurídica respecto a la eutanasia, sino para rendirle un justo homenaje a esa heroína que se convirtió en la voz de los que viven sólo para sufrir.
Esa mujer valiente, cuya voz apenas se escucha, está haciendo retumbar un país entero; le está gritando a nuestra Corte Constitucional que no puede comer, que no puede correr, que no puede darle el rumbo que ella quiso a su destino. Le está diciendo a todos que la vida que está llevando en este momento únicamente está destinada al sufrimiento y no es justo que el Estado la obligue a seguir viviendo en esa agonía.
Escucharla generó un nudo en la garganta, paralizó los sentidos y llenó los ojos de lágrimas; con sus calcinantes palabras desinfló el discurso que se sostenía en la antagonía de la vida y la muerte, cerró la boca de aquellos que decían que si la vida es un derecho, la muerte no puede serlo. Lo que hizo Paola fue recordarnos que todos los derechos giran en la órbita de la dignidad humana y que lo realmente antagónico es que el propio Estado la prive de esa vida digna al obligarla a vivir para sufrir.
El deber del Estado es garantizar que tengas una libre elección sobre tu propio destino, que seas tú y nadie más quien toma las decisiones sobre tu propia existencia; negarle ese derecho, es arrebatarle la capacidad de autodeterminarse, cosificarla, reducirla a una condición de objeto sin poder de decisión sobre sí misma.
Todos sabemos que Paola tiene que dejar de sufrir; conocemos que el Estado, la ciencia, los médicos no pueden hacer nada para mejorar su salud, nadie puede hacer nada para que vuelva a jugar con su hijo, caminar, estudiar o trabajar. Estamos conscientes que el único impedimento para terminar con su agonía es que los médicos no pueden asistirla en su suicidio sin sufrimiento, porque se cree que enfrentarían una pena por homicidio.
La verdad es que los médicos que asistan un suicidio en las condiciones de Paola jamás podrían ser condenados, porque es la víctima quien implora que terminen con su sufrimiento.
Además, solo se puede imponer una pena a quien la merezca en razón de haber ejecutado una conducta reprochable ante los demás, ¿o acaso le imponen una pena al cirujano que lesiona intencionalmente a su paciente al sacarle las costillas para que este se vea delgado, o le cortan el estómago para que baje de peso; o, incluso le extirpe el pene porque así lo quiere? Esos médicos no merecen una pena porque no están haciendo nada reprochable, de hecho están actuando con el consentimiento de la víctima.
El debate que Paola abrió no merece más discusión, es un tema que la Corte Constitucional debe sellar en su lápida.