Desde su creación, hasta el final del gobierno del ex presidente Rafael Correa, el poder en Ecuador se disfrazó de legalidad para ejercer censura con sello oficial. El Consejo de Comunicación —antes denominado CORDICOM— no fue un órgano técnico ni una institución independiente: fue la mordaza del autoritarismo mediático correísta. Bajo su control, la Ley Orgánica de Comunicación se convirtió en una herramienta de represión sofisticada, que se utilizó para silenciar voces disidentes, intimidar a periodistas y desmantelar cualquier atisbo de prensa libre. Fue así como, a través de réplicas y rectificaciones, se llenaron páginas enteras de periódicos y se saturó buena parte del tiempo en radio y televisión para sacralizar la imagen y satisfacer el ego de autoridades correísta con publicidad gratuita, aunque tiempo después, estas mismas personas salieran del país en plan de huida.
Pero esto no fue todo, con un aluvión de demandas a medios y periodistas se pretendió saciar con dinero la honra del correísmo. El objetivo era claro, linchar y quebrar económicamente a medios y periodistas para domesticarlos a fin de que no hagan su trabajo y se eximan de investigar aquella verdad que no salía en las cadenas sabatinas, pero que se escondía entre amenazas, demandas y titulares obligatorios.
Frente a este escenario, el Consejo de Comunicación, bajo el liderazgo de la comunicadora lojana Jeannine Cruz, ha experimentado un cambio profundo en los últimos cuatro años. De entidad persecutoria y sancionadora, se transformó en un órgano defensor y promotor de la comunicación como derecho humano, brindando respaldo a periodistas amenazados y condenando públicamente los intentos de intimidación provenientes de diversos niveles de poder.
De esta manera, Jeannine Cruz denunció abusos y promovió el periodismo investigativo, por sobre la resistencia de quienes prefieren una prensa subordinada. Es así que, durante su administración, se implementó el Sistema de Protección para Periodistas, mecanismo que articula acciones con diversas instituciones del Estado, la sociedad civil y trabajadores de la comunicación, para garantizar la seguridad de los periodistas en su labor ante posibles agresiones como amenazas -políticas, pero también de la criminalidad-, obstrucción a su trabajo y el hostigamiento a través de la justicia. Todas con una cifra nada menor de 1.009 agresiones desde el 2022 hasta la presente. Historia que debe cambiar.
Sin embargo, aunque la época oscurantista para la libertad de expresión cesó formalmente con las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y su Reglamento General, promovidas durante la etapa post-correísta; todavía persisten —de manera tapiñada— contados rezagos del antiguo orden censurador en la institucionalidad del Estado, que buscan tumbar las puertas de los medios de comunicación para amedrentar a sus periodistas y colaboradores con demandas ante los tribunales de justicia, porque no entienden que, en democracia, formar parte del servicio público como autoridad (hombre o mujer), implica estar dispuesto a ser observado, cuestionado y evaluado por el periodismo responsable, de investigación, ético y serio.
Pese a ese pasado autoritario, el Consejo de Comunicación, durante la presidencia de Jeannine Cruz, se transformó en un necesario muro de contención frente a la tentación del poder y el amedrentamiento de la criminalidad por silenciar al periodismo incómodo. Su gestión demostró que, por encima de ideologías y lealtades partidistas, quien asume un cargo público debe entenderse como un servidor del Estado y garante de derechos.
Que este camino no se revierta depende ahora de que la nueva administración, encabezada por César Martín Moreno —profesional que ha ganado reconocimiento en poco tiempo por el Gobierno del presidente Noboa—, sostenga un compromiso firme con la defensa de la libertad de expresión, de prensa y de opinión. Pero, sobre todo, dependerá de una sociedad vigilante y activa, dispuesta a defender su derecho innegociable a saber la verdad.
[1] Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista político, experto electoral.