Quisiera exponer unas breves —y espero que contundentes— razones para votar no. Por cuestión de extensión, me referiré únicamente a las preguntas sobre el número de asambleístas, el financiamiento de partidos y la formación de una nueva Constituyente.
Los dos primeros argumentos para votar no a una nueva Constitución son económicos. Pensemos en la relación inversa entre información e incertidumbre: la información permite calcular, problematizar, estimar probabilidades y tomar decisiones con fundamento; la incertidumbre, en cambio, priva a los agentes económicos de datos fiables, desincentiva la inversión y tiende a contraer la economía. Por su propia naturaleza, suelen incrementar la incertidumbre. Este fenómeno es “natural” en democracia, dada la alternancia en el poder y la necesidad de escoger nuevos dignatarios cada cierto tiempo. Abunda la evidencia sobre cómo los procesos electorales afectan la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio demuestra que en los años electorales la inversión se reduce en promedio un 4,8%. En América Latina, otro estudio revela que en ciertos países el déficit fiscal tiende a aumentar durante los años de elecciones.
En general, estos análisis se enfocan en elecciones presidenciales (que suelen coincidir con las legislativas). Pero ¿qué sucede cuando esa incertidumbre se multiplica? Si ganara el sí, entraríamos en tres procesos electorales —con un cuarto posible—. Primero, la consulta de este domingo; luego, la elección de constituyentes; después, la aprobación del nuevo texto; y, dependiendo de lo aprobado, podría incluso convocarse a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas antes de que concluya el periodo de Noboa. En términos económicos, esto equivaldría a un ciclo de incertidumbre de al menos dos años, durante los cuales la inversión y la economía previsiblemente se contraerían ante la ausencia de reglas claras del juego.
El segundo argumento en contra también es económico. Se ha señalado que el costo de estos procesos podría bordear los 200 millones de dólares; es decir, cerca del 5% del déficit fiscal anual. ¿Es necesario asumir tal gasto en un contexto de austeridad? ¿Cuáles son realmente las prioridades del gobierno? Podría alegarse que, ante la necesidad de cambios constitucionales y un nuevo proyecto político, esos costos son justificables. Sin embargo, ese argumento se desvanece cuando recordamos que aún no conocemos el supuesto proyecto.
Este tercer problema quizá es el más grave. El presidente ha declarado que presentará su propuesta de Constitución despuésde los resultados de la consulta. Esto sugiere dos posibilidades: o bien desean ocultar el proyecto, o bien no lo tienen. Ninguna de las dos resultaría sorprendente, considerando la falta de rumbo del gobierno en sus propuestas de consulta y cambio constitucional. Basta recordar, que uno de sus principales estandartes ha sido precisamente la convocatoria a un referendo, pero en la primera consulta modificó repetidas veces las preguntas, tanto en contenido como en estructura. En este sentido, la metáfora del “cheque en blanco” resulta exacta: ¿sobre qué estamos votando y con qué información tomamos esta decisión? Sencillamente, es gravísimo y atenta contra un principio elemental de democracia: acceso claro y libre a la información. La trampa o la pereza presidencial son una burla.
Una cuarta cuestión concierne al discurso oficial respecto a la Constitución vigente. El gobierno insiste en dos ideas: que la actual Carta Magna protege a los delincuentes y que generó una institucionalidad hecha a la medida de un partido político. Lo primero responde al populismo penal más elemental. Que la Constitución consagre derechos y garantías universales implica, por definición, que incluso los delincuentes puedan ampararse en ellos. Pero ¿se justifica recortar los derechos de todos los ciudadanos por el mal uso que algunos hacen de ciertos mecanismos, como las acciones de protección? Es como arrojar un pastel entero a la basura para evitar que alguien robe una pequeña porción.
Con respecto a lo segundo, sin duda, la Constitución necesita reformas institucionales que mejoren su funcionamiento. Algunas instancias, como el Consejo de Participación Ciudadana, podrían incluso suprimirse. Sin embargo, en lugar de centrarse en ello, el gobierno ha optado por una consulta que explota los sentimientos más comunes de rechazo. En Ecuador, los únicos grupos más desprestigiados que los políticos son las mafias del narcotráfico. Esta consulta, de manera extraña, asocia ambos mundos mediante preguntas sobre bases extranjeras o el financiamiento de los partidos políticos.
Quisiera recordar que bajo el amparo de la Constitución actual el gobierno nos ha colocado en la contradicción de vivir bajo estados de excepción permanentes, lo que le ha permitido emitir más proyectos económicos urgentes de los que estaría autorizado en condiciones normales. Dada la calidad de esos proyectos, que ni siquiera mantienen la unidad de materia, uno de los principales focos de ataque y justificación para una nueva Constitución es la única institución que se le opone: la Corte Constitucional.
Reducción de asambleístas y pérdida del financiamiento estatal para campañas
Históricamente, el antiguo Congreso o la actual Asamblea Nacional han sido de las instituciones con mayor desprestigio en el Ecuador. Se las percibe como refugio de la partidocracia, guarida de corruptos y vagos. Con la pobre calidad legislativa que ha mostrado, no es difícil comprender esa percepción. Sin embargo, existen razones de peso para votar no a las preguntas sobre la reducción del número de asambleístas y la eliminación del financiamiento estatal de las campañas.
En economía y en derecho existe el concepto de costos de transacción, que alude a los gastos derivados de realizar un intercambio o acuerdo. En política, el concepto también se aplica: toda negociación, alianza o coalición implica costos. Imaginemos que un partido necesita aprobar una ley y requiere votos adicionales. Deberá pactar con otro partido, intercambiando apoyos: “hoy por ti, mañana por mí”. Estos pactos tienen un precio. Si el gobierno necesita conformar una mayoría legislativa, debe reunir los votos necesarios para aprobar sus proyectos. En el sistema político ecuatoriano, donde los asambleístas pueden cambiar de bancada sin sanción alguna, el Ejecutivo puede “comprar” votos con facilidad. Reducir el número de asambleístas disminuye los costos de transacción de estas operaciones, abaratando la corrupción. En otras palabras, corromper se vuelve más fácil. Reduciendo asambleístas podríamos ahorrarnos unos doce o quince millones de dólares anuales, pero el costo social de la corrupción podría aumentar.
Además, al reducirse el número de asambleístas, cada provincia o circunscripción elegirá menos representantes. La formación de mayorías legislativas depende de dos factores: el método de reparto de escaños y la cantidad de candidatos elegidos por circunscripción. Cuantos menos escaños haya, menos partidos lograrán representación. Un ejemplo claro es la elección presidencial o de alcaldes, aunque ahí no aplica el reparto proporcional, porque gana el más votado, incluso si obtiene apenas una fracción del electorado (como ocurrió con Yunda, electo alcalde con cerca del 20% de los votos, dejando al 80% sin representación). Menos candidatos favorecen la formación de mayorías, lo que puede funcionar en países con partidos consolidados —como Inglaterra—, pero en Ecuador no hay garantía de ello. Reducir el número de asambleístas favorecería a las maquinarias electorales, aquellas que acceden al financiamiento.
¿Por qué no eliminar el financiamiento estatal? Quitar ese apoyo fortalecería a las maquinarias con grandes presupuestos —perfecto para el partido del presidente— o abriría la puerta al dinero ilícito. Ciertamente, se requieren reformas en la regulación del financiamiento, pero no es necesario cambiar la Constitución para ello. El problema no radica en el financiamiento, sino en la debilidad institucional de los partidos.La facilidad con que se crean, compiten y desaparecen. Lo que el país necesita es una reforma que impida el transfuguismo, que obligue a los electos a mantener su militancia y que sancione el abandono del partido con la pérdida del cargo. En Ecuador, los partidos funcionan como simples catapultas electorales sin vocación de permanencia. Hay demasiados para un país tan pequeño, y corregir eso no exige un referendo, sino voluntad política.