En ciertas circunstancias, no es impertinente preocuparse por el significado más preciso de las palabras. Especialmente, cuando una similitud puede encubrir una diferencia de fondo. Más aún en un momento político tan incierto y frágil como el que vive el Ecuador.
Mucho se especula sobre el carácter que tendrá el próximo gobierno, teniendo en cuenta que apenas tiene asegurada una permanencia de año y medio. La idea más recurrente es que se tratará de un gobierno transitorio o de transición que, aunque suene parecido, no es lo mismo.
Transitorio significa de duración corta y limitada. Esto es, en síntesis, lo que define a un gobierno con esta característica. Su naturaleza está definida por el tiempo, no por el sentido. Poco importa lo que proponga o haga; la gente estará pendiente sobre todo del tiempo que le resta para concluir con su período.
Por lo general, los gobiernos transitorios aparecen cuando, por distintas razones, un presidente electo no puede concluir con su mandato. En principio, se espera que su sucesor (usualmente su vicepresidente) concluya con los objetivos trazados desde un inicio. Pero es un hecho que a quien asume el poder en tales condiciones no se le retribuye con la misma legitimidad ni confianza de un primer mandatario.
Un gobierno de transición, en cambio, está definido, al margen del tiempo de duración, por su misión. Transición significa cambiar de un estado a otro, ir de un punto generalmente agotado a otro diferente.
Una transición clásica en nuestra historia política, y no sujeta a equívocos ni confusiones, ha sido pasar de una dictadura a un régimen democrático.
La coyuntura actual es tan particular y delicada que mal haríamos en apostarle a un gobierno transitorio que simplemente haga buena letra con el calendario político. Basta considerar un inminente triunfo del SÍ en la consulta por el Yasuní para concluir que se abre para el país un panorama completamente inédito. Entre otras cosas, porque toca empezar a discutir seriamente sobre un modelo productivo y una economía pospetroleras o posmineras (post extractivistas, para estar más a tono con el argot ecologista).
En este escenario surgen preguntas fundamentales, ineludibles, imperiosas: ¿de qué transición estamos hablando cuando nos referimos a un gobierno de transición? ¿Qué entienden por transición la y los candidatos a la presidencia de la república? O, más precisamente, ¿hacia dónde quieren llevar al país en caso de ganar las elecciones? ¿Qué nos proponen que no sea un simple tránsito por Carondelet?
Usualmente, en el imaginario de la gente la transición implica un cambio que supere las deficiencias previas. No obstante, en la actual contienda electoral hay candidaturas que van a contracorriente: ofrecen un horizonte de corrupción, autoritarismo o militarización del espacio público que no se compadece para nada con la noción de transición que aquí se ha expuesto.