Desde el exterior, el presidente Noboa anunció combatir al narcotráfico y la inseguridad a través de aranceles. La cancillería y el ministerio de la producción han optado por el silencio. Colombia ha dado su versión de las cosas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, jubiloso por el resultado de su reunión con el presidente Donald Trump, indicó que le solicitó su intermediación para resolver el problema planteado por el Ecuador.
A pesar de que el Ecuador fue directamente aludido por Petro, según lo anunció el mismo presidente colombiano, el Gobierno ecuatoriano y su cancillería no han hecho una sola referencia acerca de la cuestión. Tampoco se conoce reacción de los Estados Unidos.
Según medios internacionales, el resultado del encuentro entre los presidentes Trump y su invitado Petro, fue positivo. En particular, un logro del Gobierno de Colombia, después de haber atravesado una grave crisis. El cruce verbal entre los mandatarios fue en los peores términos. Petro hizo un llamado a los militares estadounidenses a desobedecer, por lo que quedó sin visa para ingresar a ese país. Trump, por su parte, calificó a Petro de líder del narcotráfico.
Había el presagio de que el encuentro acabaría de manera parecida a la primera comparecencia de Volodimir Zelenski, que terminó humillado y expulsado de la Casa Blanca, por el simple hecho de haber defendido la integridad territorial de Ucrania.
La prensa colombiana, acorde con la polarización histórica de su sociedad, ha estado dividida en su apreciación de los hechos. Aquellos que esperaban una incursión estadounidense, similar a la de Venezuela, la consideraron un fracaso. Y, para los que miraron con temor, por la agresividad e imprevisibilidad del presidente americano, les pareció un éxito.
A pesar del veto previo a su viaje a los Estados Unidos, el presidente colombiano luego se paseó por Washington: visitó a legisladores en el Congreso americano, hizo un discurso en la OEA, dio una conferencia en la Universidad de Georgetown, se reunió con líderes religiosos y con sus compatriotas residentes en la capital americana.
Los medios ecuatorianos, en cambio, dieron prioridad a difundir ampliamente el pedido del presidente de Colombia al de Estados Unidos, a fin de que interviniera para resolver el elevado arancel que ha impuesto Daniel Noboa. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano no ha dicho nada al respecto.
Después del encuentro en Washington, Petro envió a Quito a su canciller, ministro de defensa y viceministros de comercio y energía y encargados de temas de justicia, para reunirse con autoridades ecuatorianas.
El ministerio de relaciones exteriores del Ecuador indicó que la reunión fue “privada y reservada”. No hubo ni una fotografía; más bien, la información de los medios fue adornada con una imagen de la embajada de Colombia en Quito, en sesión de coordinación con sus autoridades.
Después de haber generado la crisis comercial más grande de la historia del Ecuador y Colombia, y en espera de una explicación acerca de la “estrategia” que se encuentra detrás de esa decisión, sólo se ha producido un largo y angustiante silencio por parte de la cancillería y Gobierno ecuatorianos.
Luego de un boletín inocuo, la primera expresión de la cancillería se produjo cuando se conoció un comunicado emitido por Colombia, al terminar la reunión “privada”. En esa publicación se anunció una demanda jurídica contra el Ecuador ante la Comunidad Andina.
No es inusual el silencio de la cancillería del Gobierno de Daniel Noboa. A pesar de sus frecuentes anuncios publicitarios, daría la impresión de que no hay nadie que señale el rumbo internacional que sigue el país.
En este sentido, los silencios han sido parte de la política con la Colombia de Petro. Se produjeron antes y después de la ceremonia de posesión del segundo mandato de Noboa. El mandatario colombiano impugnó la validez del proceso electoral y cuestionó la calidad de la democracia ecuatoriana y nadie dijo nada.
Desde la misma Asamblea ecuatoriana Petro “tuiteaba” y reclamaba la existencia de “presos políticos” en el Ecuador, señalaba “problemas estructurales de violencia” y “amenazas latentes de intervención foránea” y nadie en el Gobierno ecuatoriano hizo mención alguna al asunto.
Sorpresivamente, Petro pasó tres días en Manta. A pesar de las complicadas especulaciones, no hubo ningún pronunciamiento oficial.
Después de la incursión a la embajada de México en Quito, Petro suspendió los encuentros binacionales, grave error aceptado por el Ecuador. A pesar de todo ello, ambos mandatarios decían que había una “buena relación”. En ningún momento hubo una sola mención al asesinato de 11 militares ecuatorianos, en territorio ecuatoriano, por parte de grupos colombianos armados, vinculados a la minería ilegal, acerca de lo que la cancillería guardó silencio.
Poco antes de su visita a Washington, el Gobierno de Petro anunció fumigaciones con glifosato a plantaciones de hojas de coca, muy cercanas al Ecuador, esta vez utilizando drones. Pese a la existencia de un tratado formal suscrito entre Ecuador y Colombia sobre la materia, la cancillería ecuatoriana no ha hecho ni una sola mención al tema.
En ninguna de las reuniones de Noboa y Petro, a las que el presidente ecuatoriano, en estos días, ha hecho frecuente referencia, nunca se supo nada acerca de los temas tratados en esos encuentros.
Si se hubiera sabido que el presidente del Ecuador planteó, de manera oficial, el problema que implica la existencia de sembríos de hojas de coca, el procesamiento de cocaína y grupos armados al otro lado de la frontera probablemente habría recibido inmediato respaldo. Pero nunca se supo de ese reclamo formal.
Las fronteras constituyen elementos ineludibles de las relaciones internacionales y la vecindad tiene una serie de posibilidades y responsabilidades. La principal, una política exterior de Estado, planificada y una diplomacia activa y bien implementada. Los actos de sorpresa generalmente son desafortunados.
Imponer aranceles desmedidos, para llamar la atención de la otra parte, se convierte en un búmeran: es una afectación directa y generalizada a los habitantes del país, a sus negocios y empresas, y contradicen políticas que se supone el Gobierno prioriza: la seguridad jurídica.
Cuando hay un problema que afecta a un Estado o que causa daño, se pueden utilizar varios mecanismos que expresan molestia y reclamo. Dicen los manuales que, además del diálogo, se puede entregar una comunicación de protesta o nota verbal, o se puede llamar en consultas al Embajador, en este caso al del Ecuador en Bogotá.
El asunto se agrava cuando se guarda silencio. Cuando, al ser cuestiones de interés público, no hay información. Cuando se deja que los problemas se acumulen. Cuando habiendo afectaciones, no se reclama por vías adecuadas o se utiliza unas inapropiadas.
No adoptar una acción diplomática apropiada y en su lugar callar y lanzar medidas inconvenientes y de sorpresa, es una muestra de impericia. La ausencia de información no es un vacío neutral, al contrario, es un factor activo que impulsa conflictos internacionales y desafíos democráticos.
Esa inhabilidad ya expuesta en el asalto a la embajada de México, también expuesta ahora en el caso de los aranceles, provoca otra demanda internacional que, como señala Colombia planteará ante la Comunidad Andina.
En este asunto internacional, el más espinoso que vive el país actualmente ¿Puede calificarse de reservado el tratamiento de cerca de tres mil millones de dólares anuales de intercambio comercial? ¿Puede ser privado un tema que compromete la actividad económica de cientos de miles de ecuatorianos? ¿No hay nada qué decir acerca del pedido de intervención de Estados Unidos?
El vacío o el silencio, a veces por debilidades institucionales o cálculos políticos, es un detonante de crisis internacionales graves y evitables.