Si es una norma o un estado de la realidad, tanto como algo que produce una acción o cambia la realidad por el mero hecho de ser enunciada, la soberanía es contingente, esencialmente histórica. Los primeros Estados que efectivamente la ejercieron lo hicieron en dos ámbitos. Fronteras adentro, como un atributo de sus instituciones de gobierno; fronteras afuera, como un atributo del Estado en su totalidad, en virtud de su reconocimiento como tal por otros Estados.
Los requisitos de la soberanía externa han variado considerablemente en el tiempo. En este ámbito es fundamental el reconocimiento concedido por los demás países, en función de diferentes consideraciones, desde principios de sucesión dinástica, autodeterminación nacional e integridad territorial, conveniencias comerciales y hasta las formas de gobierno. Un amplísimo y cambiante abanico de requisitos, aplicables según la coyuntura histórica.
La aparente precisión que gana el concepto acompañándolo con un adjetivo (como interna, o externa), es una ganancia funcional, pero no lógica. En la segunda mitad del siglo XX el “principio de igualdad soberana” con el que se gestó la ONU se retaceó una y otra vez para ‘parchar’ varios problemas internacionales (alimentación, energía, moneda o –últimamente– digitales) de una realidad dinámica y cambiante.
La soberanía alimentaria es un caso paradigmático. Es un concepto afín a movimientos políticos de izquierda, campesinos, indígenas y ecologistas. Desde la Conferencia de la FAO de 1996 el principal promotor de esta idea ha sido Vía Campesina, movimiento anti neoliberal y anti agronegocios, con una plataforma política ligada a la defensa de los territorios y la promoción de la agroecología (https://bit.ly/49VOcIT). La soberanía alimentaria ha sido combatida tenazmente por los promotores de las ventajas comparativas aplicadas al comercio de productos agrícolas y de la expansión de la frontera agrícola para uso de las empresas transnacionales.
La soberanía energética es el derecho de un país a decidir sobre la generación, distribución y consumo de energía, los recursos usados, las infraestructuras y la matriz energética (combustibles fósiles o renovables…), a establecer el grado y condiciones de participación de actores externos (transnacionales o gobiernos extranjeros) y a fijar el control sobre redes, tecnologías, y recursos (https://bit.ly/43sDIgp; https://bit.ly/4dxfcAU). Para el orden neoliberal es suficiente hablar de seguridad energética, criterio tecnoeconómico referido a la suficiencia energética, el precio y la oportunidad, sin importar quién la controla y al margen de objetivos políticos, sociales o ecológicos propios de la autonomía política de un estado independiente.
La potestad del Estado para emitir la moneda nacional, definir el régimen cambiario, administrar las tasas de interés, regular el uso del dinero y gestionar la política monetaria y cambiaria se conoce como soberanía monetaria (https://bit.ly/4dvL20Q). Se la considera una extensión de la soberanía del Estado, que le permite tomar decisiones sobre la moneda sin interferencias de terceros, aunque constreñida por mercados globales, endeudamiento externo, presiones comerciales y desequilibrios fiscales (https://bit.ly/4e1Stgm) o presiones indebidas del poder político o de los grandes grupos financieros.
La pérdida de la soberanía monetaria, como ocurre en el caso de una zona monetaria negociada y planificada (como en la Unión Europea) no deja de acarrear la renuncia a instrumentos de política fundamentales para preservar la autonomía económica ante choques externos, crisis o la inflación. Las pérdidas sociales y económicas son más traumáticas si no se trata de una cesión acordada como parte de un proceso de integración, sino de una obliteración provocada por factores políticos internos (https://bit.ly/4e1Stgm).
La más reciente de las soberanías parche es la digital. Para la empresa BlackBerry la soberanía digital se refiere “a la autoridad de las naciones, las comunidades y los individuos para gobernar sus entornos digitales de acuerdo con las leyes y regulaciones locales” (https://bit.ly/49naDGH). La consultora Deloitte destaca que el control es crucial para lograr que los datos de los ciudadanos y las empresas residan, se procesen y se rijan por leyes nacionales, evitando que otros Estados o plataformas globales puedan acceder sin autorización (https://bit.ly/3Rlu10L). También supone un grado mínimo de autonomía tecnológica y de infraestructura (apoyo a redes, servidores, software y proveedores locales o regionales).
Dada la estructura oligopólica de la economía de la información y el apoyo estratégico de la autoridad política, dos países gozan de plena soberanía digital (EE. UU. y China). Países desarrollados, como Francia o Rusia, solo alcanzan una soberanía digital relativa. Para los demás, la soberanía digital es una aspiración cada vez más lejana. (https://bit.ly/4fNDrft).
¿Soberanía en el siglo XXI?
“Si no estamos en la mesa seremos parte del menú”, dijo Carney en Davos. Su discurso expresa el anhelo de las potencias medianas (desde Canadá hasta Sudáfrica) de sentarse a negociar en una mesa en la que la multipolaridad sigue ausente. Y en la que la gran mayoría de países con soberanía ficticia —como la llama Amin, con diplomática cortesía— pueden ser invitados a oír a los mayores, pero jamás a participar como iguales. En un escenario complejo, con la globalización en crisis, en medio del caos internacional y con crecimiento económico mínimo, el soberano usa su poder para obtener concesiones o, sin ambages, apropiarse de recursos de otros países (desde petróleo crudo hasta depósitos monetarios). El otro soberano subsidia, contrata más deuda y, sin pudor, se inclina ante el primero para que la inversión extranjera directa siga fluyendo. Lo importante es sostener el crecimiento económico, base material de la acumulación / desposesión. Y la neo-dependencia se edulcora bajo el exótico membrete de la franja y la ruta.
La soberanía —y sus tradicionales connotaciones de supremacía, territorialidad, indivisibilidad y absolutismo— sería un atributo vestigial del Estado. Oriunda de la Europa medieval, no pudo expandirse por el mundo de manera uniforme, pues siempre estuvo supeditada a la política colonial articuladora de las relaciones de dependencia centro-periferia del capitalismo en expansión.
No es una noción teórica, sino un resultado de la historia, y, por lo tanto, contingente. Para la gran mayoría de países del sur global la soberanía es un atributo ilusorio, fruto de una independencia política que mantuvo estructuras productivas orientadas a satisfacer las demandas de los países centrales del sistema.
Ya no es una norma jurídica y menos un hecho empírico constatable. Forma parte de la ideología del capitalismo y de sus variados mecanismos de acumulación / desposesión. Pero sigue ejerciendo una poderosa influencia en el imaginario internacional, empleada como justificativo de abusos y como coartada de la conflictividad internacional. Su reiteración en el discurso político la ha transformado en uno de los factores causantes de la asimetría mundial.
Dado el carácter contingente de la soberanía, la normativa de un nuevo orden internacional —algo indispensable para recuperar una convivencia pacífica predecible, regida por la equidad— podría prescindir de ella, en beneficio de fundamentos ontológicos más prácticos y realistas, como autonomía, independencia, responsabilidad y sostenibilidad. Sería una condición mínima necesaria para reducir la asimetría entre superpotencias, potencias medias y los demás. La alternativa radical (el desacoplamiento propuesto por Amin) parece cada vez menos posible, en un planeta tan interrelacionado e interdependiente como el resultante de la última ola de globalización del capital.
Sin un renovado orden internacional basado en normas —al menos relativamente predecible, y medianamente respetado—, los países con soberanías ficticias, e incluso los países tácitamente representados por Carney, seguirán siendo parte del menú. El mundo podría superar este dilema mediante la negociación política. Para lograrlo, el desafío inmediato consiste en la elección de la persona que asumirá la Secretaría General de la ONU. Esa persona, ¿estará en capacidad de proponer a los más de 192 países miembros del organismo un nuevo orden económico-social, ambiental e institucional basado en normas? Al fin de cuentas, como dice Foucault, la política es “la guerra librada por otros medios”.