El debate sobre el Estado es un asunto recurrente e insoslayable en la política nacional. Sobre todo, en períodos electorales. Los ciudadanos quieren saber qué harán los candidatos y candidatas presidenciales con esa estructura laberíntica encargada de administrar los bienes comunes.
El debate se agita aún más como consecuencia de la grave crisis energética por la que atraviesa el país. Las posturas en favor de una hegemonía estatal en la provisión de electricidad chocan con aquellas que se decantan en favor de una hegemonía privada. Aunque ahí hay mucha tela que cortar, ninguna de las candidaturas a Carondelet ha dado una respuesta clara y convincente frente a un problema que puede convertirse en una deficiencia crónica de impredecibles consecuencias.
Del rol que le asignemos al Estado dependerá, en gran medida, la calidad de la democracia que logremos construir. No es lo mismo un Estado que sirve a la sociedad que uno que la subordina. Tampoco es igual un Estado que prioriza el bienestar colectivo que uno que se transforma en apéndice del mercado. O un Estado que optimiza el uso de los recursos públicos frente a uno que funciona como territorio para la corrupción
Y este último aspecto es esencial a la luz de lo que se ha vuelto una perversa institución: hacer del Estado una agenda de empleo para los seguidores del gobierno de turno. En este punto, ni siguiera los más recalcitrantes neoliberales, aquellos que abogan por la reducción drástica del tamaño del Estado, renuncian a la ventaja de contar con un instrumento político que les asegura clientelas electorales. En efecto, si revisamos los procesos de contratación de burócratas en las últimas administraciones, la lógica se repite impajaritablemente.
Y las justificaciones siempre son las mismas, sin importar la ideología de los involucrados. Un alcalde que llega al sillón municipal se queja, con absoluta razón, de que su antecesor llenó la nómina de empleados con amigos, parientes y simpatizantes ineptos e impreparados. El problema es que decide reemplazarlos con pipones igualmente ineptos e impreparados, pero incondicionales a la nueva autoridad.
En el fondo, el debate sobre el Estado va mucho más allá de estas contingencias. Es un desafío civilizatorio. Implica preguntarnos qué se debe hace con una estructura tan gigantesca en un mundo cada vez más complejo.
El viejo ideal de los socialistas y anarquistas de inicios del siglo XIX, a propósito de la abolición del Estado, parece cada vez más utópico. Pongamos tan solo un ejemplo: ¿cómo se puede manejar una ciudad de diez o quince millones de habitantes (algo imposible de imaginar para los revolucionarios de hace dos siglos) sin un aparato que se haga cargo de la provisión de los servicios básicos? Suprimir el Estado en esas condiciones abriría las puertas al caos total.
Lo que sí está claro es que el Estado no puede seguir siendo un instrumento para laocra corrupción y el abuso. Y mucho menos una simple agencia de empleo.
Noviembre 5, 2024