Tradicionalmente imaginamos el autoritarismo como un régimen que elimina elecciones, persigue a la oposición y concentra todo el poder. La literatura contemporánea muestra una realidad más compleja. Como sostienen Sergei Guriev y Daniel Treisman, el autoritarismo moderno ya no suele destruir las instituciones democráticas; prefiere conservarlas, mientras las va vaciando de contenido mediante instrumentos mediáticos, económicos y administrativos que terminan inclinando el sistema en favor del poder.
Si bien todos los elementos que caracterizan al autoritarismo son importantes, en el caso ecuatoriano existe uno que no ocupa el lugar que debería en el debate público y que, de cara a las próximas elecciones seccionales, merece especial atención: la igualdad de condiciones para competir electoralmente. Toda democracia necesita que quienes participan en una elección lo hagan bajo reglas imparciales; es la condición básica para que la voluntad popular pueda expresarse libremente.
I. El árbitro
En Ecuador, la responsabilidad de proteger esa igualdad recae sobre la Función Electoral, integrada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Mientras el primero organiza y administra los procesos electorales, el segundo resuelve las controversias y garantiza el cumplimiento de las reglas. En términos sencillos, uno organiza la competencia y el otro debe asegurarse de que sea justa.
Ambos organismos comparten un mismo origen institucional: sus autoridades son designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La discusión sobre ese mecanismo de designación merece un debate aparte. Personalmente no comparto la idea de eliminar instituciones simplemente porque funcionan mal; si ese fuera el criterio, buena parte del Estado tendría que desaparecer. El problema no es la existencia de las instituciones, sino su capacidad para actuar con independencia. Ecuador no necesita menos institucionalidad. Necesita instituciones capaces de resistir la presión del poder, la captura política y la infiltración del crimen organizado.
A esta discusión cabe sumar un hecho: los cinco consejeros del CNE fueron designados en noviembre de 2018 para un período de seis años. Su mandato debía terminar en noviembre de 2024. Actualmente continúan en funciones prorrogadas, ya que el concurso de renovación parcial se encuentra congelado en el CPCCS desde hace más de tres años. Desde noviembre de 2024 hasta la fecha, las autoridades del CNE han dirigido las elecciones presidenciales y de asambleístas de 2025 y el referéndum de finales del año pasado. Hoy, ese mismo grupo de autoridades tiene en sus manos organizar las elecciones seccionales y calificar el pedido de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa.
Es en este punto donde podemos observar cómo la prórroga de sus funciones tiene consecuencias que afectan la democracia: un consejero prorrogado no debe su permanencia a un concurso ganado, sino a que el concurso no se realice. De esta manera, para mantener su posición no debe incomodar a quien decide cuándo hacer el cambio que la ley determina. Con esto quiero decir que la prolongación de funciones solo beneficia a un sistema que se mantiene en equilibrio gracias a los réditos que pueden obtener mutuamente los consejeros y el poder de turno. Nadie tiene apuro en cambiar a un árbitro que sabe perfectamente a quién no debe pitarle las faltas.
No deberíamos alarmarnos únicamente por la influencia que la política puede tener sobre las decisiones del árbitro. Existe otro motivo que debe llamar nuestra atención, y no proviene necesariamente de la política.
En un contexto donde el crimen organizado ha demostrado su capacidad para infiltrarse en distintas estructuras del Estado, resulta legítimo preguntarse si los mecanismos actuales alcanzan para impedir que intereses ilícitos financien campañas o capturen espacios de representación política. El Código de la Democracia otorga al CNE amplias facultades para controlar el origen, destino y legalidad del financiamiento electoral. El debate no pasa por determinar si esas herramientas existen, sino si se están utilizando con el rigor que la situación exige.
II. La cancha inclinada
Para entender el fenómeno conviene detenerse en uno de los conceptos más útiles de la ciencia política contemporánea: el level playing field, desarrollado por Steven Levitsky y Lucan Way. Los autores sostienen que muchas democracias dejan de ser plenamente competitivas no porque desaparezcan las elecciones, sino porque quienes ejercen el poder comienzan a inclinar sistemáticamente la cancha en su favor. No hace falta alterar el conteo de los votos. Basta con que un candidato compita utilizando recursos públicos, publicidad estatal, programas gubernamentales, ventajas institucionales o decisiones administrativas de las que el resto de participantes no dispone. Las elecciones continúan celebrándose. Los ciudadanos siguen votando. Los votos siguen contándose. Lo que empieza a desaparecer es la equidad de la competencia.
La discusión, entonces, no gira alrededor de la existencia o no de fraude electoral. La pregunta es otra: ¿todos los candidatos compiten realmente bajo las mismas reglas?
Cuando un gobierno utiliza recursos públicos durante un proceso electoral, la primera pregunta no debería ser si cometió una infracción, sino si la autoridad electoral verificó que esos recursos no alteraran la competencia. Para eso existe un árbitro independiente: no para decidir qué políticas puede ejecutar un gobierno, sino para garantizar que ninguna termine otorgando ventajas indebidas.
En el Ecuador existen hechos recientes que justifican esa discusión. Durante el proceso electoral de 2025, entre la primera y la segunda vuelta presidencial, el Gobierno anunció diversos programas sociales, bonos, becas y créditos financiados con recursos públicos por aproximadamente 500 millones de dólares.
Conviene una precisión importante. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) no afirmó que hubiera existido fraude; su advertencia fue distinta. Identificó condiciones de inequidad e indicios de utilización de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas, y recomendó fortalecer la regulación de la precampaña y el control sobre el uso de recursos estatales. Esa diferencia es fundamental: una democracia puede celebrar elecciones técnicamente correctas y, al mismo tiempo, desarrollar una competencia desigual. Ese es precisamente el fenómeno que describen Levitsky y Way.
Uno de los casos más visibles es Jóvenes en Acción. El programa consiste en una transferencia económica mensual dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años, condicionada al cumplimiento de actividades de capacitación y apoyo comunitario. Más allá de la utilidad social que pueda tener, resulta llamativo el momento en que ha sido implementado en cada una de sus fases.
Así, en la primera fase hubo 83 000 cupos y entre la convocatoria (noviembre del 2024) y los pagos (diciembre 2024 – febrero del 2025) se dieron las presidenciales en primera vuelta (9 de febrero del 2025). En la segunda fase hubo 80 000 cupos y entre la convocatoria (agosto del 2025) y los pagos (noviembre 2025 a enero del 2026) se dio el referéndum del 16 de noviembre del 2025. En la tercera fase hubo 150 000 cupos y la convocatoria fue en junio del 2026, los pagos están programados entre julio y octubre del 2026 y las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre del 2026.
La coincidencia temporal, por sí sola, no demuestra una utilización electoral del programa. Pero sí justifica un escrutinio institucional mucho más intenso. Más aún cuando compromete aproximadamente 380 millones de dólares en menos de dos años y todavía no se conoce públicamente cuánto se ha ejecutado en realidad, bajo qué criterios fueron seleccionados los beneficiarios y cuáles han sido sus resultados. La transparencia no es una carga para un programa social: es su principal garantía de legitimidad.
Es ahí donde aparece la verdadera discusión. El debate nunca debió ser si el programa era bueno o malo, ni si el Gobierno tenía derecho a implementarlo. El debate es si el CNE verificó que no alterara la equidad de la contienda. Ese era su trabajo.
III. La explicación alternativa
Existe una explicación alternativa que no puede ser ignorada. El Gobierno sostiene que programas como Jóvenes en Acción responden a una política pública permanente destinada a enfrentar el desempleo juvenil y fortalecer la participación comunitaria. Es perfectamente posible que sea cierta. Todo gobierno tiene el derecho —y, en muchos casos, la obligación— de ejecutar programas sociales cuando las circunstancias del país lo requieren. Ningún Estado puede paralizar su acción únicamente porque se aproxima una elección.
Precisamente por eso el estándar de control debería ser más exigente. Si un gasto social de gran magnitud coincide con el calendario electoral, la discusión deja de centrarse en la intención del Gobierno y pasa a centrarse en el árbitro: su papel no es demostrar la culpabilidad de nadie, sino verificar que nadie obtenga ventajas indebidas.
Y precisamente allí aparece la principal preocupación: hasta ahora se desconoce qué acciones concretas adoptó el CNE para realizar esa verificación. Esa ausencia de información no demuestra que el organismo haya incumplido sus funciones, pero impide que la ciudadanía pueda evaluar si el control existió y con qué rigor se ejerció. En democracia, la confianza en las instituciones no depende únicamente de que actúen correctamente. También depende de que puedan demostrarlo.
IV. Lo que muestran los hechos
Este análisis no pretende concluir que Ecuador ya constituye un caso de autoritarismo competitivo; esa afirmación requeriría una investigación más amplia y el examen de múltiples variables institucionales. Lo que los hechos sí permiten afirmar es distinto: existen elementos que la literatura especializada identifica como señales tempranas de afectación de la competencia electoral. La reiterada coincidencia entre programas de gran impacto económico y procesos electorales, las observaciones de la Misión de la OEA y la ausencia de un debate público profundo sobre el papel de la autoridad electoral son razones suficientes para reforzar el escrutinio institucional. No prueban, por sí solas, que la competencia haya sido alterada. Pero sí exigen que las instituciones encargadas de protegerla rindan cuentas con mucha mayor transparencia.
La democracia no se debilita únicamente cuando se violan las reglas. También se deteriora cuando los ciudadanos dejan de confiar en que se aplican por igual para todos.
En los próximos meses, y antes de las elecciones seccionales, el Ecuador podrá evaluar cuál es el papel que desempeñará el CNE en la siguiente contienda democrática. Primero: observar qué resuelve sobre el pedido de revocatoria de mandato y si lo hace debidamente fundamentado. Segundo: verificar si el calendario de pagos del programa Jóvenes en Acción concluye en octubre, como está previsto, y si los organismos de control formulan alguna observación. Y tercero: comprobar si el CNE acoge las recomendaciones realizadas por la OEA y ejecuta un examen formal sobre el uso de recursos públicos en período electoral.
El resultado de estas decisiones permitirá tener una idea clara de si la cancha seguirá inclinándose o empezará a nivelarse.
El debate no debería limitarse a cuestionar las decisiones del Gobierno, sino concentrarse en la capacidad de las instituciones que deben garantizar la equidad de la contienda.
V. ¿Qué debería ocurrir?
Si el objetivo es fortalecer la confianza pública antes de las próximas elecciones, el debate no debería limitarse a cuestionar las decisiones del Gobierno, sino concentrarse en la capacidad de las instituciones que deben garantizar la equidad de la contienda. No bastan pronunciamientos ni intenciones: se necesitan resultados tangibles, traducidos en reglas específicas como las siguientes.
La primera es la prohibición de crear o ampliar programas sociales seis meses antes de las elecciones. No se trata de detener el trabajo del gobierno en materia social —los programas existentes deben continuar su normal desarrollo—, sino de impedir que nuevos beneficios aparezcan antes y durante el período electoral. Existen casos prácticos en países cercanos como México y Perú, donde se limita el abuso de estos recursos en período electoral sin afectar el desempeño del gobierno. La legislación peruana, por ejemplo, prohíbe la publicidad estatal desde la convocatoria a elecciones, salvo excepciones autorizadas, y somete la neutralidad de los funcionarios públicos a la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones. Incluso la inauguración de obras se encuentra limitada, para evitar que exista alguna ventaja en el escenario electoral.
La segunda es ejecutar la observación realizada por la Misión de Observación Electoral de la OEA — formulada tras las elecciones de 2025— respecto de sanciones efectivas por el uso de recursos del Estado con fines proselitistas, recomendación que aún sigue sin cumplirse.
La tercera es establecer plazos fatales para los concursos de renovación de la Función Electoral en el CPCCS, que incluyan la cesación automática de las autoridades cuyo período haya vencido y definan mecanismos de reemplazo que no dependan de la voluntad política de turno. Mientras la permanencia del árbitro dependa de que otros decidan no reemplazarlo, la raíz del problema seguirá intacta.
La cuarta es el desafío de fondo: cómo elegir a los mejores ecuatorianos para asumir tan importante responsabilidad. Aparecerán muchos obstáculos disfrazados de argumentos para impedir un proceso transparente, y es ahí donde vale recordar la elección de los miembros de la Corte Constitucional en enero de 2019: un ejercicio que demostró que sí es posible acercarnos a procesos que fortalezcan la independencia de poderes.
Ninguna de estas propuestas pretende limitar la acción del Estado. Todo lo contrario: buscan proteger la confianza ciudadana en que las elecciones siguen siendo un espacio de competencia justa.
VI. La pregunta que realmente importa
La pregunta de fondo es una sola: ¿tenemos una autoridad electoral capaz de garantizar que todos los actores políticos compitan en igualdad de condiciones? Ese es el debate que Ecuador todavía no ha querido enfrentar.
Ese es, además, el verdadero valor de un árbitro. No decidir quién gana. Garantizar que nadie compita con ventajas indebidas. Por eso la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral va mucho más allá de organizar una elección: su principal tarea es proteger la confianza de los ciudadanos en que la voluntad popular se forma en una competencia libre.
Este análisis comenzó afirmando que las democracias rara vez mueren de un día para otro. Al cerrarlo, conviene completar la idea: se van apagando en la medida en que su árbitro lo permite y el público no reclama el mal arbitraje. Ecuador todavía puede exigir un arbitraje que garantice una contienda justa, con la cancha nivelada. Lo merecemos como país. Y no es complicado.