Cuando las instituciones tienen defectos de fábrica, es imposible arreglarlas. No son motores a los que se les puede cambiar una pieza defectuosa. Están diseñadas inclusive para bloquear cualquier iniciativa que sirva para mejorarlas. Por ejemplo, incorporar a personas probas, honestas y capaces que intenten administrarlas con ética.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es, a no dudarlo, la expresión más depurada de esta anomalía institucional. Todavía sorprende que juristas, asesores legales y asambleístas de izquierda que intervinieron en la Asamblea Constituyente de Montecristi no se hayan percatado de la naturaleza corporativa de este organismo. En efecto, fue concebido como un brazo del Estado para hacer precisamente lo opuesto a lo que consta en sus objetivos. El CPCCS no promueve la participación ciudadana; la neutraliza. Tampoco facilita el control del poder desde la sociedad; al contrario, permite el control de la sociedad desde el Estado (o, más específicamente, desde el gobierno de turno).
Esta condición no solo explica la volubilidad en la que ha caído, sino la conveniencia del poder ejecutivo de tenerlo como organismo de bolsillo. Todas las fuerzas políticas lo cuestionan hasta que lo tienen cogido por el mango. Eso ha quedado claro desde el momento en que entró en vigor. Es más, cada gobierno ha perfeccionado la función utilitaria del CPCCS.
El Consejo de la Judicatura (CJ) ha corrido con la misma suerte. De organismo administrativo ha pasado a organismo politiquero de la justicia. El sistema judicial ecuatoriano ha caído en una descomposición alarmante gracias al manoseo de esta entidad. No obstante, después de casi tres décadas de corrupción e inoperancia, aún hay voces que hablan de cómo sanearlo, reformarlo o enderezarlo. Sueños de perro. El problema es el organismo, no necesariamente sus operadores.
La corrupción en una sociedad únicamente funciona si las decisiones sobre asuntos públicos se dejan en manos del menor número de personas posible. Cuando la gente participa masivamente, o cuando la mayoría está al tanto de los procesos, es imposible que se produzcan casos de corrupción, por una simple ecuación matemática: ¿cómo se reparten los beneficios ilícitos entre tantos actores? Sobornos, coimas y chanchullos solo son posibles cuando unos pocos avispados se ponen de acuerdo para ubicarse en el lado estrecho del embudo.
Tanto el CPCCS como el CJ son ese lado estrecho del embudo de la burocracia. Que siete consejeros carentes de legitimidad social tengan la facultad de designar a las principales autoridades del Estado constituye una aberración política. Que cinco consejeros avalen o desautoricen a todos los funcionarios del sistema judicial, sin que medie una intervención transparente y confiable, es el camino más corto para la perversión de la democracia. Ambos organismos tienen que desaparecer.