El último informe de la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, a propósito de la violencia generada por las organizaciones criminales, es verdaderamente desalentador. El incremento de las masacres, así como la expansión del control territorial y social mediante la imposición de la violencia, generan un escenario absolutamente adverso para los derechos humanos. Colombia sigue exhibiendo la tasa de homicidios de defensores de los derechos humanos más alta del mundo. Uno de los sectores más afectados por esta lógica destructiva del tejido social son los pueblos afros e indígenas.
La “guerra total” contra el narcotráfico, aplicada por los anteriores gobiernos, únicamente agravó el problema. Pero tampoco la “paz total” decretada por el presidente Petro ha funcionado. Algunos indicadores, como la expansión territorial de la violencia, se han incrementado en el último año.
¿Por qué dos estrategias en esencia antagónicas han producido resultados similares? Sencillamente, porque el fenómeno del narcotráfico trasciende las capacidades de un gobierno de turno. La orientación política o ideológica de un régimen resulta secundaria. El negocio del narcotráfico es tan lucrativo y gigantesco que prácticamente cubre como un manto la institucionalidad de cualquier país.
El consumo de cocaína –por señalar únicamente la droga que genera mayores movimientos comerciales y financieros a nivel global– es consubstancial al funcionamiento del capitalismo contemporáneo.
Prácticamente se ha convertido en el lubricante que posibilita el buen desarrollo del sistema. En la medida en que la economía global se acelera, la demanda de cocaína se incrementa. Es como si a un motor de combustión se le añadieran dos cilindros para incrementar su potencia y su velocidad: requerirá más litros de aceite para evitar fundirse.
Si el día de mañana, y por arte de magia, desapareciera la cocaína de los mercados mundiales, una buena parte del sistema ingresaría en cuidados intensivos. Sobre todo, en los países ricos. La alta burocracia estatal, la academia, los niveles gerenciales y administrativos de las empresas privadas, el mundo del arte, los organismos internacionales, el negocio del deporte… todos estos espacios podrían, si no colapsar, al menos entrar en una grave ralentización.
La experiencia colombiana debe servirnos como referente, particularmente ahora que hemos empezado con la primera fase de manejo del problema. Ya le declaramos la guerra interna al crimen organizado, pero no sabemos qué hacer con las causas que lo generan. La violencia criminal es solamente el epifenómeno del narcotráfico.
No podemos esperar a que la estrategia de la guerra fracase para luego sustituirla por una infructuosa estrategia de la paz. Hay que plantearse otras opciones.