La Ley Orgánica de Comunicación cargó todas las tintas y responsabilidades de los problemas que puede generar la comunicación de masas en los dueños de los grandes medios de comunicación, en los gurús de la industria del entretenimiento y la publicidad, y en los periodismos funcionales y sensacionalistas que no se frenaban ante nada para posicionar ciertas ideas o alcanzar los mayores niveles de sintonía y/o lectoría.
Posiblemente, una parte de este relato, que justificó en su momento la promulgación de esta ley, tiene vigencia y validez. Eso es cierto, pero también es cierto que brindó a las audiencias y a las fuentes —incluidos los políticos, las organizaciones sociales y los actores económicos— un manto de inocencia y un sitial de victimización, en el sentido de no tener culpa alguna en los serios desencuentros políticos, sociales y económicos que provoca la gestión de la comunicación social, y les posibilitó, a su vez, señalar a los medios como “actores interesados”, los cuales les tratan habitualmente de forma injusta y parcializada.
Parecería que las fuentes y las audiencias no tendrían ni culpa ni participación en la forma de comunicar lo importante y lo banal, lo que educa y lo que embrutece, lo que interpela y lo que es condescendiente, al contrario, son ellas —las audiencias y las fuentes— las que se autopromueven como las víctimas que sufren las más terribles consecuencias de los flujos de información. Aunque, excepcionalmente, reconozcan la honradez intelectual de algún periodista o el efecto positivo de algún contenido comunicacional.
Sin embargo, es razonable y necesario volver la mirada sobre las audiencias, el sistema educativo, los políticos, las autoridades públicas, los actores económicos, los círculos intelectuales, las organizaciones sociales y preguntarnos qué papel están jugando en la producción, distribución y consumo de los productos comunicacionales que se difunden por los medios de comunicación, incluyendo a las redes sociales y las páginas web.
Se puede intentar responder esta pregunta desde el olfato intelectual de los docentes y profesionales de la comunicación, la sociología y la política. Y de hecho así ha sucedido, aunque con poca capacidad explicativa, y menor capacidad aún para plantear mecanismos prácticos que resuelvan el problema o mejoren la situación. Para peor, el resultado de las reflexiones en nuestro país ha vuelto a cargar las culpas sobre los medios de comunicación y sobre el sistema educativo, que son presentados como instituciones sociales incapaces de forjar y entregarnos “audiencias críticas”.
En ese contexto, emerge un nuevo concepto, desde el ámbito de la educomunicación, que parece poner más claridad y orden en la situación. Se trata de la noción de “competencia mediática”, la cual alude al “conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que debe adquirir una persona para ser crítica, activa y responsable ante los medios” (Miríada X, 2017). En efecto, el desarrollo de esta competencia en al ámbito de la educación formal, no formal, el desempeño empresarial o, simplemente, en la vida cotidiana de una persona, pasa por un proceso de aprendizaje bastante bien establecido, fácilmente accesible y que se puede realizar, en su versión más básica, en un corto tiempo (20 horas de clase en línea).
Es, en este sentido, una respuesta práctica para explicar, sin grandes y abstractas teorías, por qué la construcción y desarrollo de las audiencias críticas ha sido ineficaz hasta ahora y también para revertir esa situación de una forma pragmática. Una respuesta que solo reclama voluntad de aprender.
Por otra parte, no hay que confundir la competencia mediática con la competencia digital, pues esta última está dirigida a adquirir las destrezas y conocimientos para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, las dos competencias, por separado y en conjunto, tienen una enorme y beneficiosa potencialidad en la sociedad de la información y el conocimiento.
Así pues, el mayor desarrollo de la competencia digital aplicada a nuestras actividades productivas lleva la promesa de colocarnos en una mejor posición en el sistema económico local y global, en tanto que la competencia mediática nos habilitaría para ser ciudadanos de esta era, es decir, personas que interactúen con autonomía y libertad en la producción del sentido de todo: de la vida, de la política, de la economía, de la ciencia, del derecho, del placer, del deber, etc., pues todos esos sentidos se construyen y se recrean, en buena medida, en los medios de comunicación y en las relaciones que establecemos con ellos.
Dicho simplemente, las capacidades de producción, difusión, acceso y consumo de productos comunicacionales de mejor calidad, así como las de mantener relaciones más democráticas y productivas con los medios de comunicación, parecen situarse en el desarrollo de las competencias digital y mediática de las personas, en general, y de las audiencias y las fuentes, en particular.
Esto no debe ni puede entenderse como una inversión de la carga de responsabilidad, por la cual se trasladaría, de los medios a las personas, la responsabilidad de la gestión social de la comunicación masiva. No se trata de eso, sino de señalar el hecho de que medios de comunicación y audiencias tienen derechos y responsabilidades complementarios, que pueden ser potenciados a través de las competencias digital y mediática, con el propósito de mejorar la calidad democrática de la comunicación social y de articularla al desarrollo de los pueblos y los individuos.