Cuando este portal visitó a Simón Espinosa Cordero, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales en su casa, para realizarle un perfil, mencionó que los varios juicios contra los comisionados suman casi tres millones de dólares en dinero que funcionarios del Estado reclaman por supuestos daños contra su honra. «Más me preocupa pagar mis cuentas a fin de mes», dijo en esa ocasión el periodista y activista contra la corrupción, cuando mencionó la lluvia de demandas en contra de los comisionados.
Una de esas, la que interpuso el contralor general del Estado, Carlos Pólit, por supuestas calumnias, llegó a sentencia la semana pasada, cuando una jueza de lo Penal de Pichincha condenó a los integrantes de la Comisión. Pero la condena no se hizo efectiva, porque el denunciante, como ocurre en ese tipo de demandas de honra, retiró la querella y perdonó a los denunciados.
Para algunos medios de comunicación, el gesto del contralor Pólit se debió a una sugerencia del presidente electo, Lenin Moreno, quien había escrito en la red social Twitter que se debía retirar la demanda en contra de los comisionados.
Para algunos medios de comunicación, el gesto del contralor Pólit se debió a una sugerencia del presidente electo, Lenin Moreno, quien había escrito en la red social Twitter que se debía retirar la demanda en contra de los comisionados.
La jueza Karen Matamoros, en su fallo, calificó como autores directos del delito de calumnia a todos los integrantes de la comisión y los sentenció a cárcel y al pago por daños y perjuicios.
El caso se remonta al 18 de febrero de 2016, cuando la Comisión Nacional Anticorrupción, designada por los movimientos sociales, presentó en la Fiscalía una denuncia por un supuesto sobreprecio en el avalúo de un terreno para la Refinería del Pacífico. La denuncia formulada fue por un presunto sobreprecio en la compra de un gran terreno, en el sector manabita de El Aromo, jurisdicción del Municipio de Montecristi, en donde se ha previsto construir la nueva Refinería del Pacífico, proyecto que aún sigue sin financiamiento.
La denuncia sostenía que el Estado pagó por el terreno mucho más dinero del que le correspondía en función del avalúo catastral del municipio local.
Sí hubo informe, pero no el adecuado
Para denunciar este presunto sobreprecio, la Comisión tuvo como sustento documentación oficial: informes de la Contraloría, certificados de avalúo, resoluciones, estudios, contratos, entre otros. Para la Comisión, se presume el cometimiento de cohecho, sin descartar la existencia de un posible peculado, esto en virtud del contenido de los informes de la Contraloría, que al momento de concluir sus exámenes, omite señalar indicios de responsabilidad penal por una serie de hechos irregulares, principalmente, que el terreno a inicios del 2009 haya tenido un valor de USD 21.265 y a la fecha de su compra (diciembre de 2009), en menos de un año, haya sido negociado sobre la posible falsificación de un certificado del Municipio de Montecristi que lo valoraba en poco más de trece millones de dólares.
Aunque la venta se concretó por la mitad de ese avalúo (USD 6 ́373.500), sin que haya existido justificación alguna para el pago de esa cantidad. Según la denuncia de la Comisión, entre los presuntos responsables estaban el propio contralor general del Estado, Carlos Pólit Faggioni, máxima autoridad de la institución fiscalizadora del Estado, la ex ministra de Ambiente y actual asambleísta, Marcela Aguiñaga, miembros del Directorio de la Refinería del Pacífico, y representantes de la consultora que recomendó la adquisición de los estudios.
Para la Comisión, esta denuncia tampoco tuvo un mínimo de investigación, y por el contrario, el Fiscal General solicitó nuevamente el archivo de la misma en aplicación del principio de oportunidad, por presumir la inexistencia de delito. En términos sencillos, el principio de oportunidad significa que la Fiscalía no debe gastar sus recursos en investigaciones en las que no haya indicios sólidos.
Finalmente, la denuncia fue desechada, aunque hasta la fecha, en el gigantesco lote, el Gobierno no ha logrado construir la refinería y se ha realizado solamente la remoción de la tierra. Para julio de 2016, el juez Marco Maldonado ordenó el archivo de la denuncia de los comisionados y la declaró como maliciosa y temeraria, lo que sirvió para que la jueza Matamoros sustentara su dictamen.
El juez motivó la malicia de la denuncia argumentando que las intenciones de la Comisión eran netamente políticas y que buscaban aprovechar el ambiente preelectoral. Esta valoración estaría terminantemente prohibida para un juez. La temeridad se calificó dado que los hechos denunciados, según el Juez, no son constitutivos de delitos, y por el contrario, buscaban desacreditar a las personas involucradas.
Pólit se querelló por calumnias
La acción penal por calumnias en este caso había sido interpuesta por el contralor del Estado en noviembre del 2016, en contra de María Arboleda, Byron Celi, Simón Espinosa, Isabel Robalino, Germán Rodas, Ramiro Román, Julio César Trujillo, Juan Vega y Jorge Rodríguez, pues, en su criterio, una denuncia de la Comisión lo acusa de ser parte de un cohecho.
La acción penal por calumnias en este caso había sido interpuesta por el contralor del Estado en noviembre del 2016, en contra de María Arboleda, Byron Celi, Simón Espinosa, Isabel Robalino, Germán Rodas, Ramiro Román, Julio César Trujillo, Juan Vega y Jorge Rodríguez, pues, en su criterio, una denuncia de la Comisión lo acusa de ser parte de un cohecho.
Los comisionados, en su mayoría de la tercera edad, fueron condenados a un año de cárcel y al pago de un año de salario del contralor como indemización por la jueza Matamoros, quien basó buena parte de su resolución en los argumentos del juez Maldonado.
Media hora antes de la reinstalación de la audiencia, el presidente electo, Lenín Moreno, había llamado al contralor a retirar la acción penal privada, cosa que se puede hacer en cualquier momento del proceso penal, pero al mismo tiempo, llamaba a las organizaciones sociales a actuar con mayor seriedad.
Tras la lectura de la sentencia, el abogado de Pólit, Hernán Ulloa, anunció que retiraban la querella, porque «se ha reconocido judicialmente que por parte de los querellados existió una calumnia y que con la elección del nuevo presidente de la República, la Contraloría quiere contribuir con el ambiente de paz y conciliación».
Para el abogado defensor de algunos de los querellados y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, el perdón del contralor fue una “sinvergüencería” pues no debió esperar que la jueza dicte sentencia. “Me parece que se está jugando con la administración de justicia”, dijo el presidente del gremio de abogados.
¿Realmente fue por pedido de Moreno?
No obstante, ni el contralor Carlos Pólit ni la Contraloría como institución han aceptado públicamente que el trino del presidente electo haya sido la razón para desistir de intentar encarcelar a los comisionados.
Más bien, en un comunicado, la Contraloría sostuvo que «La decisión de la jueza demuestra que la honra de un ciudadano probo fue mancillada ante la opinión pública, sin ningún sustento o prueba. Esto, en la medida que la documentación presentada ante la Dra. Matamoros, como parte de este juicio, demostró que la Contraloría General del Estado, a través del examen especial efectuado a la compra de los terrenos para la Refinería del Pacífico, cumplió con sus obligaciones constitucionales y legales, estableciendo la respectiva responsabilidad civil culposa, por el perjuicio generado a los recursos públicos», si bien los comisionados cuestionaron que no se señalaron indicios de peculado.
La Contraloría dijo también, sin mencionar en ninguna parte a Moreno que «a partir de esta sentencia, la Contraloría General del Estado –más allá de las sanciones punitivas o económicas establecidas por el cometimiento de delitos–, considera necesario que se genere un precedente respecto a denuncias infundadas, que buscan desprestigiar la honra de personas y manchan la imagen de instituciones como la Contraloría General del Estado, que trabaja a diario, con compromiso y responsabilidad, para defender los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos».