Con poco entusiasmo fue recibida la propuesta de consulta popular, con 11 preguntas, de Daniel Noboa. La comparación con el texto que propuso en su momento Guillermo Lasso es inevitable: si la consulta lassista, rechazada en todas sus preguntas en las urnas, incluía propuestas de reforma con textos precisos, la de Noboa únicamente busca priorizar temas y fijar plazos a la Asamblea Nacional, según ha explicado el propio mandatario en entrevistas en la ciudad de Guayaquil.
Noboa empezó ayer su jornada en Guayaquil, y el Ejecutivo se instaló en los salones del Palacio de la Gobernación, en el centro de la ciudad. Al llegar a la cita, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, atajó las primeras críticas y el frío recibimiento a la consulta de Noboa, en donde ya no constó una de sus ofertas de campaña: crear un sistema de jurados para juicios penales similar al que opera en la justicia norteamericana, algo totalmente ajeno al sistema jurídico que se aplicado en el país desde 1830.
Noboa había dicho también que en su consulta iba a constar la posibilidad de una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la mafia, algo que, en cambio, se concretaría con las primeras preguntas planteadas por el mandario.
Palencia llamó a evitar caer en «legalismos» ante las críticas al documento que envió el Gobierno a la Corte Constitucional, que tiene 20 días para emitir un dictamen de constitucionalidad, que consiste en declarar si las preguntas cumplen con los criterios de la Constitución o no. La jueza Teresa Nuquez es la encargada de la ponencia.
Pero Palencia anunció que el Gobierno analiza por lo menos cinco nuevas preguntas que tiene previsto mandar en un alcance a la Corte, cuyos temas no anticipó, pero dejó entrever que se les quedaron en el tintero otros temas que fueron planteados por la sociedad civil.
De momento, la mayor parte de la consulta se refiere a atribuciones de militares y policías, una pregunta habla de aumentar penas en ciertos delitos, otra atiende a evitar que reciban beneficios penitenciarios condenados que actualmente sí acceden a ellos, se plantea también retomar los controles (que en teoría ya existen) sobre los patrimonios de los judiciales; se habla de control de armas, de penalizar la tenencia de armamento de uso bélico y de facilitar la deportación de extranjeros, mientras que una última plantea la que el Gobierno considera una necesidad imperiosa: reabrir los casinos en el Ecuador, con el argumento de que contratarán empleados y pagarán impuestos.
Este es el texto del primer documento enviado por el Gobierno a la Corte Constitucional. Ver PDF
Noboa declaró sobre el tema en estaciones de radio de Guayaquil que “Es importantísimo que la gente se pronuncie claramente sobre lo que quiere. Son las preguntas que la gente quería ver y decidir”, sostuvo el mandatario, al afirmar que sus preguntas sobre la acción de las Fuerzas Armadas contra el crimen y la Policía, o sobre la extinción de dominio de los bienes son temas de amplio interés ciudadano.
Reiteró su intención de exponer públicamente a jueces y fiscales corruptos, y sobre los casinos, dijo que deberán pagar tasas para precautelar la salud mental y para la promoción turística del país. Noboa dijo que reactivar los juegos de azar podría generar hasta $300 millones en impuestos y más de $100 millones en las nuevas tasas.
El presidente atajó la crítica de sectores de oposición política: “ahora quieren mandar reformas constitucionales a la Asamblea o un referéndum que nos tomaría más tiempo, seis meses y no tres. Y la gente se sigue muriendo en la calle”.
Hasta el momento, el discurso de Noboa parece calcado del de Lasso: las preguntas de la consulta, afirmó también en su momento el ex presidente, eran supuestas inquietudes ciudadanas que serían aprobadas por amplio margen. Al final, seis de cada diez ecuatorianos rechazaron todas las preguntas de Lasso, entre las que constaba la posibilidad de extraditar ecuatorianos procesados, principalmente por narcotráfico, hacia Estados Unidos. A pesar del rechazo mayoritario a tales planteamientos hace pocos meses, la oposición legislativa, capitaneada por el Construye de María Paula Romo, insiste en que la consulta debería incluirlos nuevamente.
En un comunicado, el movimiento Construye dijo que la mayoría de las preguntas son «inverosímiles e inútiles» y que la consulta no evita el trámite legislativo, pues los propios anexos mencionan que deberán ser enviadas a la Asamblea. El movimiento opositor dijo que los anexos debieron incluir las propuestas de reforma legal, algo que sí tuvieron las preguntas de Guillermo Lasso. Entre los temas que el movimiento de Romo recomendó al Gobierno, están volver a insistir en la extradición, permitir «fuerzas de tarea conjunta con otros países» en el país, y establecer jueces sin rostro que, aseguran, hasta podrían despachar desde otro país.
Noboa cumple actividades en la Costa
Las redes y la consulta
En redes sociales, las opiniones sobre Noboa y la consulta estuvieron divididas. Según datos de la aplicación Social Alert de Golden, consultados por este medio digital, el debate en redes en las últimas horas ha estado marcado por la consulta popular y las declaraciones de Daniel Noboa sobre ella, en donde hasta un 58% de expresiones han sido negativas.
Otros temas que han interesado a las redes sociales en las últimas horas, además de Noboa y la consulta popular, han sido la designación de la nueva directora del Sercop, Debora Jones, y la polémica del mandatario con la líder de Construye, María Paula Romo, a quien descalificó por transfugismo político, al recordarle su pasado correísta, y comparó con un Pokémon, una figura del anime japonés.
Mientras en Quito el debate en redes estuvo marcado por el interés en la consulta popular, en Guayaquil tuvo más impacto la polémica entre Romo y Noboa y la designación de Débora Jones, conocida en esa ciudad como maquilladora, como directora del Sercop.
La estrategia del Gobierno: ¿plebiscito o referendo?
El abogado y analista de temas constitucionales, Salim Zaidán, cree que hay una estrategia política tras el anuncio de la consulta de Noboa, que ante todo pretende priorizar su agenda electoral, con miras al 2025. Zaidán cree que Noboa busca posicionarse con miras a su reelección, por lo que su planteamiento no está claro sobre qué mecanismo legal quiere activar. El catedrático universitario explica que hay diferencias entre un plebiscito y un referendo constitucional y otro legislativo. Zaidán cree que el documento enviado por Noboa a la Corte Constitucional es un plebiscito, que tiene ideas generales para legislar, por ello no se han plateado textos normativos concretos. Es lo que ocurre en las primeras preguntas, en donde se están planteado solamente ideas generales, sin ningún texto legal. De hecho, los anexos que el Gobierno plantea carecen de cualquier propuesta legal.
Es por esta razón que no es un referendo legislativo, pues no incluyeron reformas legales concretas, ni es un referendo constitucional, pues tampoco se propone modificar la Constitución.
Ya en el fondo de las preguntas, Zaidán recordó que la Corte Constitucional es la que deberá determinar si es que las preguntas calzan en las normas constitucionales, por ejemplo, en temas como los propuestos para blindar a policías y militares en caso de prisiones preventivas, lo que podría afectar criterios como la igualdad ante la ley y la justicia. Lo propuesto por el presidente, dice, podría constituirse en un trato diferenciado para los uniformados, lo cual no le parece estar plenamente justificado. «El documento carece de suficiente sustento técnico, hay inexperiencia en los abogados que asesoran al presidente», advirtió Zaidán.
Pero hay otra crítica desde el punto de vista legal: el presidente tiene la potestad de presentar cualquier proyecto de ley, con reformas similares a las que ya plantea por medio de estas preguntas.
«Llama la atención que consulte al pueblo sobre algo que está en sus atribuciones», por lo que Zaidán cree que lo que busca es agilitar el trámite legislativo, al marcar los tiempos de la Asamblea en no más de 60 días, cuando un proyecto de ley podría tomar hasta tres veces más tiempo.
«El presidente ha cedido a los intereses de grupos de poder, pero aún puede socializar mejor los contenidos de la consulta», sostuvo Zaidán, sobre el alcance en las preguntas que ha anunciado la ministra Palencia. Además, las críticas sobre el costo de la consulta, que podría alcanzar los 60 millones de dólares, podría afectar políticamente al Gobierno más que favorecerlo. Zaidán sostiene que la consulta de Noboa podría terminar igual que la de Lasso, siendo mucho más perjudicial que beneficiosa para el régimen.
Por su parte, el analista de temas de seguridad, Jean Paul Pinto, se mostró decepcionado con el contenido de la propuesta de Noboa: «la de Lasso era mejor», sentenció.
Según Pinto, en las preguntas sobre las Fuerzas Armadas lo que se evidencia es la intencion de militarizar la seguridad, lo «no ha funcionado en otros países», dice, en alusión a México. Por otro lado, recordó que el decreto 730 ya faculta a las Fuerzas Armadas a trabajar en seguridad interna en coordinación con la policía, que según el experto no ha querido ser acatado por las Fuerzas Armadas.
Sobre el aumento de penas, sostiene que «mayores penas no significan un mejoramiento de la seguridad, los países con pena de muerte entre los más violentos del mundo», señala. En lo referente al porte de armas, Pinto sostiene que la pregunta planteada por Noboa no es clara, pero «si su intención es derogar la flexibilización de Lasso con respecto al porte de armas, sería pertinente».
En la propuesta del Gobierno sobre que las armas incautadas pasan de manera inmediata a los arsenales de las Fuerzas Armadas y la Policía, Jean Paul Pinto recordó que muchas de ellas son pruebas en procesos judiciales y están bajo cadenas de custodia, lo que hace imposible su uso.
Para Pinto, lo que el Gobierno debe proponer, más allá de que se investigue los patrimonios de los judiciales en busca de corrupción, es fortalecer la UAFE. Apoyo que se pretenda agilizar la extinción de dominio, pero admitió que se deberá evitar el deterioro de los bienes una vez que pasen a manos del Estado, algo que ocurre con frecuencia. Para el control migratorio, Pinto cree que se debe reformar la Constitución y «eliminar los conceptos de libre movilidad y ciudadanía universal».
Sobre los casinos que el Gobierno propone reabrir, Pinto fue enfático: «es la pregunta más absurda y seguro responde a intereses económicos ligados al Gobierno, además facilita el lavado de activos»-
Las propuestas para la consulta: ¿se podrán tomar en cuenta?
Pero aunque el Gobierno no tomó en cuenta más que tangencialmente algunas recomendaciones, colectivos como Voces por la Democracia o fuerzas políticas como la Democracia Sí de Gustavo Larrea habían enviado en los últimos días del 2023 sendas propuestas de preguntas para la consulta popular.
Gustavo Larrea, de Democracia Sí, entregó en Carondelet, el pasado 27 de diciembre de 2023, una propuesta de referéndum y consulta popular con ocho preguntas. Entre ellas, constan la supresión del Consejo de la Judicatura, para que sus atribuciones vuelvan a la Corte Nacional, como ocurría con la antigua Corte Suprema de Justicia, una idea que esbozó Guillermo Lasso, pero nunca llegó a concretar.
Estas son las propuestas de preguntas de Democracia Sí Ver PDF
Larrea planteaba quitarles a los jueces ordinarios la posibilidad de conocer acciones de protección, algo que se ha prestado para la corrupción, para que sean salas especializadas en las capitales de provincia las que analicen cada caso.
Una tercera pregunta plantea asegurar las fronteras, para impedir el ingreso de delincuentes extranjeros, mientras una cuarta sostenía la necesidad de retomar al parlamento bicameral, en el que el Senado sea el que designe a las autoridades de control, lo que implica suprimir el Consejo de Participación Ciudadana.
El cuestionario de Larrea también planteaba eliminar las regiones, así como los movimientos políticos locales, para favorecer la estructura tradicional de provincias y cantones, por un lado, y a los movimientos nacionales por otro.
Para combatir el transfugismo político, Democracia Sí planteó que se ponga en la Constitución que quienes sea electos para cargos públicos los pierdan si se desafilian o apartan de la fuerza política que los patrocinó. Finalmente, propone reformas a la contratación pública.
Larrea reaccionó ante el primer cuestionario planteado por el Gobierno: «la consulta convocada no enfrenta la grave crisis: política, económica, social y de seguridad. Porque no reforma la Constitución vigente, que creó un Estado centralista, autoritario, corrupto e hiperpresidencialista, que impide el funcionamiento adecuado del Estado», aseguró.
Otra organización que planteó un cuestionario alternativo, que tampoco ha sido tomado en cuenta por el Gobierno, fue Voces por la Democracia, encabezado, entre otros, por el consejero electoral Fausto Camacho.
«En este momento no existe una ruta trazada por ningún actor estatal para salir del caos en el que nos encontramos», dijo el colectivo, y explicó que su propuesta se resume en «eliminar los partidos políticos existentes y crear nuevas reglas que mejoren la calidad de la clase política y la democracia; establecer un sistema de ingreso, educación, promoción, evaluación periódica y carrera para ser operado y servidor judicial que provoque que las y los mejores juristas asuman la misión de realización de una justicia libre de corrupción; cambio institucional del Consejo de la Judicatura; mejoramiento contundente de la justicia constitucional y el uso de las garantías; y urgente reinstitucionalización del Estado mediante un cambio en la forma de nombramiento y designación de las autoridades de control, quitando esta función al CPCCS».
Voces por la Democracia planteó también un cuestionario. Ver PDF
Así, entre las preguntas planteadas, el colectivo propone que se consulte al pueblo si todos los cargos no electos deben ser provistos por medio de amplios concursos de oposición y méritos, así como si se debe sustituir a los integrantes del Consejo de la Judicatura y nombrar un nuevo consejo, también con un amplio concurso público.
Otro planteamiento de Voces por la Democracia tiene que ver con la evaluación extraodinaria de jueces de todos los niveles y también de los fiscales, que apunta fundamentalmente a su desempeño. En la actual propuesta del Gobierno, en cambio, se plantea analizar su patrimonio, en busca de elementos de corrupción.
En esa misma línea, se plantea establecer requisitos de selección más rigurosos para los aspirantes a la Función Judicial, a cargo de una Academia Judicial.
Voces por la Democracia coincide con Democracia Sí, en que se deben crear salas especializadas en las cortes provinciales para tramitar temas de acciones de protección constitucional, con lo que se busca evitar casos de corrupción de jueces del interior del país que han emitido decisiones en ese ámbito de manera ilegal.
Por otro, en cuanto a una reforma política, el colectivo plantea elecciones primarias abiertas a todos los votantes para la elección de los candidatos (algo similar se hace en Argentina) y que también se realicen este tipo de comicios para elegir a los directivos de las fuerzas políticas, en ambos casos organizados por el Consejo Nacional Electoral a costa del Estado.
En otro apartado, Voces por la Democracia propone la extinción del actual sistema de partidos y movimientos y su reemplazo por uno nuevo, así como una reforma al Consejo Nacional Electoral, para que esté integrado por cuatro miembros representando a la ciudadanía y tres más por las fuerzas políticas.
Finalmente, la propuesta de Voces por la Democracia coincidió con unas de las planteadas por el Gobierno en su primer esbozo de la consulta: una investigación más exhaustiva del patrimonio de jueces, fiscales y personas relacionadas, en la búsqueda de bienes y recursos que pudieran tener origen en la corrupción judicial.
Hasta el cierre de este reporte, el Gobierno no había anunciado las nuevas cinco preguntas que mandaría en un alcance. La ministra Palencia dijo que el presidente será «receptivo» a las inquietudes ciudadanas, y que empezará a analizar con él las nuevas preguntas en las próximas horas.
Actualización
El 8 de enero, el Gobierno entregó en la Corte Constitucional nueve preguntas más, que se refieren a blindajes legales para las Fuerzas Armadas y la Policía, como indultos y la creación de «jueces especializados» así como darle al Gobierno la potestad de enviar leyes urgentes en varias materias, además de la económica. Habla también de trabajo por horas, de someterse a arbitrajes internacionales para inversiones, e insiste en permitir la extradición de los ecuatorianos, algo que ya fue negado en la consulta anterior. En total, la consulta del Gobierno suma 20 preguntas y está a la espera de un dictamen de constitucionalidad.
