La semana del 17 al 22 de marzo de 2025 evidencia un momento crítico para Ecuador, marcado por una combinación de maniobras políticas estratégicas, tensiones preelectorales y una gestión gubernamental bajo presión.
Algunos elementos clave:
I. La violencia verbal del debate
Luego de ver el debate presidencial, cabe preguntarse cómo pudo la sociedad ecuatoriana permitir las formas de violencia y envilecimiento político que se exhibieron impúdicamente en ese evento. Degradación de lado y lado que obliga a muchos ecuatorianos a elegir el 2025, entre dudosos liderazgos y proyectos para superar la crisis que ha fatigado la democracia nacional hasta sus límites; que ha saqueado y corrompido la economía desde sus bases, pasando por el “arranche” de los sectores estratégicos, hasta poner en riesgo la soberanía nacional bajo licencias y acuerdos de explotación de los recursos hidrocarburíferos, mineros, de telecomunicaciones, vialidad, del país, por solo mencionar algunos. Queda la sensación de que, independientemente de quien triunfe en las presidenciales del 13 de abril de este año, el Estado ecuatoriano no podrá resolver temas tan sustantivos como la reactivación de la economía mediante una gestión que fortalezca al conjunto del aparato productivo nacional; a empresarios, comerciantes, industriales, agricultores; ni a quienes sostienen las bases de la economía popular y solidaria. Tampoco se establecerán bases de gobernabilidad, acuerdos políticos mínimos, y menos aún, podrá el Ecuador desprenderse de la influencia del crimen transnacional. El debate puso en escena el modo en que opera la política nacional, manipulando un proceso de creación de la amenaza -del monstruo- y afincándose en el miedo que aquel provoca en la sociedad, hasta paralizarla; y fomentando el descrédito del adversario como fórmula para sostener verdades a medias y mentiras descaradas.
El debate no cambiaría la curva de decisión de voto, que empezó a marcarse hace aproximadamente 15 días atrás. En adelante, solo un error monumental o un gran acierto de alguna campaña podría incidir en el resultado. Ello, obviamente, sin contar con lo que pueda o no hacer el CNE y algún evento natural imprevisto. El postdebate tampoco servirá esta vez para variar los números.
Es urgente la creación de un espacio político que agrupe a las personas que no participan de la contaminación producida por el antagonismo irreconciliable. La polarización es el lugar donde viven los que no quieren ver, aunque todos te digan que algo malo es bueno. Solo porque sea la decisión más difícil, no significa que no debamos tomarla, o que sea la equivocada. Tómenla cada uno y háganse cargo. Solidaridad con el equipo de limpieza del set que sirvió de escenario para el debate presidencial. Tendrá un duro trabajo.
Es urgente la creación de un espacio político que agrupe a quienes no participan de la contaminación del antagonismo irreconciliable. La polarización es el lugar donde viven los que no quieren ver.
II. Reajustes en el Ejecutivo
La derogatoria del decreto que nombraba a Cynthia Gellibert como vicepresidenta de la República refleja una respuesta directa al cumplimiento de Verónica Abad con la disposición presidencial de trasladarse a Turquía. La maniobra táctica busca más mantener el control del Ejecutivo durante la campaña electoral que un cambio estructural significativo. La designación inicial de Gellibert había sido cuestionada legalmente, con la Corte Constitucional declarando inconstitucionales otros decretos relacionados (No. 500 y No. 505) que encargaban la Presidencia a Gellibert durante ausencias temporales de Noboa, pero no se pronunció sobre el Decreto No. 494 que la nombró vicepresidenta, dejando su estatus en un limbo jurídico hasta este punto.
Con Abad ahora en Turquía, Noboa ajustó su estrategia, reincorporándola formalmente al esquema de la Vicepresidencia, aunque persisten las dudas jurídicas al respecto.
III. Defensa de la dolarización: apuesta política de la campaña electoral
El decreto para proteger la dolarización reafirma el compromiso de Noboa con un modelo económico que, aunque ha garantizado estabilidad relativa, es objeto de debate en un país con alta desigualdad y dependencia de exportaciones. Este anuncio parece diseñado para fortalecer su base electoral conservadora y empresarial, diferenciándose del correísmo, que históricamente ha cuestionado aspectos de este sistema. No obstante, sin medidas concretas que acompañen esta defensa (como planes para mitigar la inflación o el desempleo), podría percibirse como una postura más simbólica que práctica. Adicionalmente y en medio de la fuerte tensión desatada sobre el tema en la esfera pública, en redes sociales se difundió una entrevista del actual presidente, en la que comenta reparos a la dolarización y afirma que los ecuatorianos ganan sueldos muy altos lo cual, según el mensaje que captura la entrevista, es algo que no es del agrado del mandatario:
Finalmente encontré la entrevista original del 16 de junio de 2021, donde Daniel Noboa afirma que la dolarización tiene sus contras. Además, menciona que los ecuatorianos tenemos un sueldo muy alto y que a él no le conviene que la gente gane tanto. ¿Así o más claro? Ahora… pic.twitter.com/YWsMO1ysEE
— Carlos Montaño (@montagcm) March 21, 2025
El decreto 565 reza que el Banco Central no podrá emitir moneda distinta al dólar. La torpeza retórica devenida en ley, implícitamente afirma que el Banco Central si puede emitir dólares, cuando bien sabe todo el mundo que esa no es nuestra moneda (a menos que Donald Trump lo haya autorizado guardando “sigilo bancario”. Lo que se ha venido emitiendo son monedas nacionales fraccionadas equivalentes a las fracciones de dólar, las cuales podrían no emitirse debido a la falta de liquidez en el país. Lo estamos advirtiendo: probable nueva crisis en camino.
El poder del dinero y el poder político, cuando caminan de la mano, suelen ser efectivos; de allí el adjetivo que caracteriza la entrega de peculio contante y sonante utilizado para comprar o pagar algo o a alguien: dinero en “efectivo”.
Si una de las dos campañas sabe con certeza que algunos electores se habrían decantado ya por el adversario, la jugada de redirigirlos hacia el voto rechazo o blanco es importante.
IV. La guerra informativa y desinformativa en la campaña electoral
La virulenta campaña de comunicación desde distintas esferas ha infoxicado al elector al punto que, muy probablemente, muchas de las narrativas estarían dirigidas a minar la intención de votos que en primera vuelta se decantaron por el voto blanco, o nulo, pero que para el balotaje habrían tomado una decisión de apoyo a uno de los dos aspirantes. Dicho de otro modo, cabe preguntarse ¿a quién favorece más que la indecisión o el rechazo de la primera vuelta se manifieste en la segunda vuelta? Es muy cierto que el porcentaje de nulos, blancos y ausentismo tienden a disminuir drásticamente en todo balotaje, pero dada la disputa por ganar votos afirmativos entre los contendientes, si una de las dos campañas sabe con certeza que algunos de dichos electores se habrían decantado ya por el adversario, para la segunda vuelta, la jugada de redirigirlos hacia el voto rechazo o blanco es importante. Cada voto cuenta, y “si no es por mí, que tampoco sea para el otro” es un objetivo que está en juego cuando cada sufragio cuenta.
El debate presidencial la noche del domingo 23 de marzo, apuntaló esta lógica, antes que una presentación deliberativa de estrategias para superar la crisis que atraviesa el país.
V. El CNE aviva la polarización electoral
En medio de la bataola de estrategias políticas y de comunicación, el país no podrá olvidar los actos del Consejo Nacional Electoral en medio de la campaña —lo cual es inconstitucional— y puede derivar en sanciones. Prohibir el uso de teléfonos celulares en el recinto electoral, dentro de las juntas receptoras del voto es una de las más polémicas. Sobre esta “perla” del CNE se interpuso una demanda Acción Pública de Inconstitucionalidad, en la Corte Constitucional de Justicia, institución que informó el 21 de marzo, admitirla a trámite.
Admitir a trámite la demanda contra la prohibición de celulares para la segunda vuelta sin suspensión provisional no significa nada. Una acción de inconstitucionalidad no se resuelve en veinte días. Hay casos (de agenda) en que la Corte suspende un proceso, incluso sin pedido de revisión. La Resolución del CNE es expresamente inconstitucional. Si la Corte Constitucional no se pronuncia hasta antes del 14 de abril, la sentencia carecerá de eficacia jurídica. La negativa de suspensión sorprende, considerando que a la gente le van a meter la mano en el bolsillo con multas de USD 32.000 que pueden quebrar a familias. Otra medida teledirigida del CNE, es la que cambió el calendario electoral que estaba previsto inicie el lunes 24, y retrasó ese plazo para que el candidato–presidente pueda asistir al debate presidencial del domingo 23 de marzo. El quid de la cuestión, más allá de los pretextos o justificaciones que cobijaron los votos a favor de Diana Atamaint, Cabrera y Pita, radica en que había un trance político y jurídico muy serio, dada la negativa del presidente-canditato a pedir licencia para dedicarse a la campaña, consecuentemente, ¿en calidad de qué iba a asistir al debate presidencial?; el tema se resolvió retrotrayendo el calendario electoral con los votos de los 3 consejeros que ya bastante han hecho conjuntamente, para tener la seguridad de que sobre ese organismo, no hay razón para confiar en que los procesos electorales son impolutos.
El debate presidencial es un acto proselitista en esencia pura. La participación de Noboa no abre ninguna distinción entre actos de gobierno y actos de campaña. La licencia para hacer campaña es una obligación, sea elección o reelección.
VI. Gestión de crisis como termómetro político
Los eventos de esta semana —accidentes, desastres climáticos y la persistente violencia ligada al crimen organizado— colocan a Noboa en una posición delicada. Su capacidad para responder eficazmente será utilizada tanto por sus partidarios como por la oposición (liderada por González) para evaluar su liderazgo. La percepción pública de estas crisis podría influir más en el voto que las promesas de campaña, especialmente en un contexto donde la seguridad y la economía son preocupaciones centrales.
Desde enero el régimen de Noboa asumió el control de Petroecuador, despidió técnicos y funcionarios, varias versiones dieron cuenta del manejo discrecional del del presupuesto asignado a la empresa, por parte del Ministerio de Finanzas. Lo cierto es que el desastre ambiental producido por el derrame de petróleo acabó con ríos y dejó a miles de personas sin agua potable, sin pesca, ni sustento en la provincia de Esmeraldas. El gobierno reaccionó tarde y mal, cuando se dio cuenta de que la movilización ciudadana era más ágil y concreta enarboló, nuevamente —como ya lo ha hecho en otros casos— el argumento del “sabotaje”. Las zarigüeyas inculpadas por el exministro de energía, como co-responsables de la crisis eléctrica que hundió meses atrás al país, en apagones de hasta 14 horas, no pueden ser investigadas. Se explica porque nadie conoce su identidad ni el lugar en que se han camuflado; no son personajes públicos ni pagan impuestos; además toda pesquisa se dificulta dado que roer cables de distribución eléctrica no es causal preestablecida de sabotaje; pero no se libraron de ser señaladas con severidad por el ex ministro. En medio de esa crisis, la insólita versión oficial de sabotaje sobre la presa Mazar, a la cual le habrían “vaciado el agua”, quedará como un epitafio a la idiotez política. Ahora, indirectamente y sin pruebas, la ministra titular de la misma cartera de Estado, incluyó al alcalde de Quito en una supuesta investigación que presumiblemente indicaría que hubo sabotaje en un tramo del SOTE, para provocar el derrame de crudo; aunque horas antes había explicado a la prensa, que las causas del desastre fueron climáticas.
A falta de pruebas o al menos, de argumentaciones sólidas, lo que queda es una nueva y enorme prueba de negligencia e improvisación y respuesta política que busca el efectismo y la distracción. El alcalde de Quito, militante del correísmo, inició una campaña de solidaridad ciudadana con los damnificados en Esmeraldas. Si el giro narrativo del gobierno hacia “el sabotaje” no muestra pruebas de lo afirmado, quedará la imagen de un gobierno que es capaz de cualquier cosa, para continuar con su mandato. Las medidas tomadas durante los días posteriores al desastre —tal como ya es costumbre en cuanto a los tiempos que se toman las autoridades para intervenir con asertividad en escenarios de crisis— incluyeron un decreto de pago en dinero a los perjudicados por las inundaciones y por el desastre ambiental en Esmeraldas.
La coyuntura política en esta semana revela un país en una encrucijada. Noboa busca proyectar control y continuidad, pero sus decisiones podrían ser vistas como reactivas más que estratégicas.
Un día antes del debate presidencial 2025, se emitió el decreto 578 mediante el cual se decide por parte del Ejecutivo, entregar dos pagos de USD 400 para las personas entre 30 y 64 años de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay, afectadas por las lluvias. No se dice a cuántas personas y cuánto dinero significa eso para el fisco, aunque los atrasos para entidades públicas para atender el invierno son millonarios.
Esta decisión en particular, repite la misma dosis que el Ejecutivo administró a la ciudadanía afectada por los apagones y por el desempleo. En ambas oportunidades, en medio de una curva constante de caída de su apoyo y credibilidad registrada estadísticamente, en mandatario anunció el pago de planillas eléctricas en beneficio de ciertos sectores, y el trabajo temporal (tres meses) dirigido a jóvenes que ganarían el salario mínimo. Ambas medidas surtieron efecto y lograron que la imagen de candidato presidente reflotara. La repetición de la fórmula, puede percibirse implícitamente por algunas personas, como una señal de que las previsiones electorales parecerían no serle suficientemente favorables.
La coyuntura política de Ecuador en esta semana revela un país en una encrucijada. Noboa busca proyectar control y continuidad, pero sus decisiones (como el cambio en la vicepresidencia y el énfasis en la dolarización) podrían ser vistas como reactivas más que estratégicas. Mientras tanto, el correísmo capitaliza la frustración social y los errores del gobierno, aunque enfrenta el desafío de renovar su discurso tras años de desgaste.
La combinación de una elección reñida, una ciudadanía polarizada y una serie de crisis simultáneas sugiere que el próximo presidente heredará un país difícil de gobernar, donde la estabilidad dependerá tanto de resultados tangibles como de la capacidad de unir a una sociedad fragmentada.
Gustavo Isch