El primer muerto en el contexto del paro se produjo el domingo 28 de septiembre en Imbabura. Un video difundido por la CONAIE muestra un hombre que cae luego de escucharse disparos, un puñado de manifestantes que se dispersan al percatarse la proximidad de dos vehículos militares de los que salen varios soldados que al parecer tratan de llevarse el cuerpo -y probablemente también a la única persona que permaneció a su lado-, y sobre la que los uniformados desataron una brutal agresión antes de retirarse sin lograr su propósito: patearon al herido de muerte en el piso y a la persona que intentaba salvarlo.
De este modo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador denunció la muerte de Efraín Fuerez, comunero de 46 años de Cuicocha, durante los enfrentamientos registrados en la Panamericana Norte, cerca de Ilumán. Según la organización, el hombre recibió impactos de bala de las Fuerzas Armadas y falleció tras ser trasladado al hospital de Cotacachi. La Fundación INREDH respaldó la denuncia y criticó el uso de fuerza letal contra manifestantes.
En redes sociales circuló profusamente un video que muestra el momento en que Fuerez cae herido, seguido de una violenta agresión militar contra otro manifestante que protegía a su compañero caído. La Fiscalía abrió una investigación sobre el atroz hecho.
La denuncia se produjo en pleno paro nacional y alimentó la tensión de un país ya polarizado. Incluso si peritajes posteriores intentan relativizar o desmentir la veracidad del hecho tal como se ha presentado en el video, su difusión inmediata en redes sociales y su incorporación al discurso indígena lo han convertido en un símbolo político de la represión estatal.
A falta de un pronunciamiento del gobierno, (la portavoz del régimen se negó a calificar el hecho) el movimiento ADN publicó un comunicado que intentaba desplazar la responsabilidad de la violencia hacia los manifestantes, al presentar el asesinato del comunero como consecuencia de una emboscada a un convoy de alimentos custodiado por militares. Sobre el convoy no existían imágenes, cosa que llama la atención. De su lado, las FFAA mediante un comunicado en su cuenta de X destacaron que 12 militares resultaron heridos y 17 retenidos, así como la presencia de “grupos terroristas”, reforzando la idea de una protesta infiltrada y que no es pacífica. Luego, la propaganda del gobierno puso nada menos que a la embajadora de la Unión Europea y al embajador de Italia a hablar contra el paro. Los diplomáticos aseguraron que iban en el convoy humanitario, junto al presidente Noboa, y que fueron atacados con piedras por los manifestantes. El embajador italiano fue más allá y habló de actos terroristas, sumándose al discurso oficial. Ahí cabe la pregunta: ¿qué hacían dos embajadores entrando en una zona de conflicto y alto riesgo, junto a militares armados?
Las FF.AA. destacaron que 12 militares resultaron heridos y 17 retenidos, así como la presencia de “grupos terroristas”, reforzando la idea de una protesta infiltrada y que no es pacífica.
Esta estrategia discursiva, la del terrorismo, busca blindar al Gobierno frente a una potencial indignación social, trasladando el eje del debate desde el abuso de la fuerza hacia la amenaza interna. Sin embargo, en un contexto de conflictividad creciente, el uso de estos marcos narrativos erosiona la legitimidad institucional y ahonda la brecha con los movimientos sociales.
La reforma al BIESS, ¿al asalto de los fondos previsionales?
Mientras el paro alteraba la zona de la Sierra Norte, el 26 de septiembre la Asamblea aprobó en segundo debate la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, la quinta ley económica urgente del gobierno. La norma tiene tres ejes centrales:
- Devolver los fondos previsionales cerrados a sus afiliados.
- Liquidar fideicomisos paralizados (unos USD 310 millones) para generar liquidez.
- Permitir a BIESS vender cartera vencida, contratar reportos (*) y otorgar más créditos hipotecarios o prendarios.
Según el Ejecutivo, estas reformas fortalecerán la solvencia del sistema previsional y mejorarán la eficiencia operativa del BIESS/IESS.
(*) Significa celebrar operaciones de reporto (repo): acuerdos financieros de venta con pacto de recompra de valores (p. ej., bonos). En la práctica es un préstamo a corto plazo con garantía en títulos.
Cómo funciona (aplicado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS):
Reporto activo: el IESS presta efectivo a una contraparte y recibe bonos como garantía. Al vencimiento, la contraparte devuelve el dinero más un interés (tasa repo) y recupera sus bonos.
Reporto pasivo: el IESS obtiene efectivo entregando temporalmente sus bonos como garantía y paga un interés; sirve para liquidez de corto plazo.
Para qué se usa: gestión de tesorería y rentabilización de excedentes en plazos muy breves (días a semanas). Por eso deben existir límites de plazo, descuentos sobre la garantía, valuación diaria, contrapartes calificadas y transparencia.
El eje de la controversia es que el gobierno pretende operar con recursos de los afiliados, forzando de nuevo la interpretación del artículo 372 de la Constitución, que dispone que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio son propios y distintos de los del fisco; es decir, pertenecen a los asegurados y están fuera del alcance de la caja estatal.
La preocupación de los aportantes es plenamente legítima; algo que, de nuevo, parece importarle poco a la disciplinada mayoría gobiernista que, con 77 legisladores, aprueba leyes económicas urgentes, aunque estén mal hechas. Algunos asambleístas independientes y dos disidentes expulsados de Pachakutik (José Nango y Fernando Nantipia) participan de la alianza morada. Varios aliados tradicionales de Noboa se abstuvieron o expresaron reservas sobre la aprobación de la “Ley del IESS”.
La oposición, grupos de jubilados y movimientos sociales denunciaron la ley como una forma encubierta de privatización de recursos previsionales. Se cuestiona que autorice la venta de cartera a entidades privadas y que permita que el IESS financie obligaciones estatales con sus fondos. Se anunciaron demandas de inconstitucionalidad que podrían paralizar artículos clave o imponer reformas sustanciales.
La Ley del IESS podría ser el peor error estratégico del “régimen.
La oposición, jubilados y movimientos sociales denunciaron la ley del Biess como una forma encubierta de privatización de recursos previsionales. Se cuestiona que autorice la venta de cartera a entidades privadas y que permita que el IESS financie obligaciones estatales con sus fondos.
Subsidios, ayudas y chanchos finos como estrategia compensatoria
Tras la eliminación del subsidio, para amortiguar el impacto social, aplacar a ciertos sectores de opinión y dividir a los movimientos sociales en paro, el Estado movilizó recursos del antiguo subsidio, para bonos, transferencias, programas productivos y créditos. Según el gobierno, unos USD 1.100 millones fueron reorientados. Entre los montos anunciados por el régimen destacan: USD 300 millones para más de 590.000 familias, devolución de IVA por ~USD 130 millones, créditos a la construcción, apoyo al agro y a transportistas.
También durante una entrevista con Ecuavisa, el presidente informó que el Estado incautó 15.000 chanchos finos de fincas ligadas al GDO “Comandos de la frontera”, y que esos ejemplares serán “regalados” a campesinos en un programa que el Gobierno presenta como “reincorporación productiva” de bienes obtenidos en operativos contra el delito.
En síntesis, este plan masivo busca desactivar y fracturar las protestas.
El impacto de los recursos en mucho depende de la velocidad de distribución, la focalización adecuada y la capacidad logística estatal. La prolongación del paro probablemente obligue a nuevos desembolsos, lo que tensiona la sostenibilidad fiscal en un contexto ya comprometido. Además, consolida la percepción de que estos incentivos “compran” clientela política, operan desde un favorecimiento selectivo o incluso como “chantaje social”.
Terrorismo: el nuevo renglón en el libreto de un gobierno en guerra
La estrategia represiva —apelación al “terrorismo”, traslados forzados, bloqueos de cuentas a dirigentes y defensores de DDHH, estados de excepción— puede contener la protesta en el corto plazo, pero mina la confianza institucional, incrementa la polarización y ofrece narrativa para denuncia internacional. Si no se abren vías de investigación, rendición de cuentas y defensa legal, el castigo selectivo y la impunidad podrían generar heridas políticas profundas.
Durante el paro nacional al menos una decena de dirigentes indígenas y colectivos socioambientales reportaron que sus cuentas bancarias quedaron inutilizadas. Según denuncias difundidas por las organizaciones y verificadas con capturas de banca en línea, varias plataformas —Pichincha, Guayaquil e Internacional— devolvieron mensajes de error o dejaron de mostrar los productos asociados. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) afirmó que el bloqueo alcanzó su cuenta institucional y la de su presidente, Marlon Vargas. El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que el control de las cuentas es “clave” porque, a su juicio, detrás de las protestas hay financiamiento para “desestabilizar”. El bloqueo habría sido ejecutado desde la UAFE.
El presidente Daniel Noboa ha atribuido el paro al apoyo de la organización criminal Tren de Aragua, afirmación sobre la cual, hasta ahora, no ha presentado pruebas.
Paralelamente, la caída de la Ley de Solidaridad marca un revés decisivo para la estrategia de Daniel Noboa y su chapucera asesoría jurídica. Con la declaratoria de inconstitucionalidad, se derrumba también su reglamento y el Decreto 55 que sostenían la narrativa del “conflicto armado interno”. El andamiaje jurídico levantado entre junio y julio de 2025 se desmoronó en pocas semanas, a causa de sus notorias falencias, evidenciando la fragilidad de un proyecto que pretendía blindar el manejo del régimen en su publicitada lucha contra el crimen organizado.
La Corte Constitucional recogió las demandas ciudadanas y ratificó que no existía urgencia económica ni coherencia normativa, desmontando no solo la iniciativa presidencial, sino la chapucería jurídica y legislativa de ADN en la Asamblea. El Ejecutivo pierde un instrumento clave para sostener su discurso de “guerra”, quedando sin respaldo legal en un vacío estratégico de su política de seguridad y control estatal. El “terrorismo” es el nuevo amuleto de la narrativa oficial.
El presidente Daniel Noboa ha atribuido el paro al apoyo de la organización criminal Tren de Aragua, afirmación sobre la cual, hasta ahora, no ha presentado pruebas.
Consulta popular, Constituyente y disputa por controlar la institucionalidad
Desde todo el mes de agosto y hasta la fecha, la tensión entre la urgencia política del Ejecutivo (con medidas rápidas) y los límites procedimentales de la institucionalidad se volvió un eje central del conflicto.
Antes del 21 de septiembre, el Ejecutivo había intentado incorporar la pregunta sobre una Asamblea Constituyente en el referéndum del 16 de noviembre. Ese mecanismo fue inicialmente bloqueado por la Corte Constitucional por defectos formales, lo que obligó al gobierno a emitir un nuevo decreto más ajustado. Finalmente, el 24 de septiembre la Corte autorizó la inclusión de esa pregunta junto con las ya previstas (bases militares y financiamiento partidario).
La pregunta formulada es: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución…?” con 80 miembros: 24 nacionales, 6 en el exterior y 50 electos por provincias. Con esta estrategia, el Ejecutivo buscó trasladar la tensión institucional al terreno electoral.
La propuesta de Noboa, con 80 miembros, abre un debate sobre la representatividad territorial. El esquema asigna 50 curules a las provincias según su población, pero deja a 13 con apenas un delegado y a otras 8 con dos, mientras otorga mayor peso a los migrantes en el exterior. Este diseño genera desequilibrios: provincias con más habitantes podrían tener menos representación proporcional que circunscripciones externas, lo que debilita la legitimidad del proceso y alimenta críticas por concentración de poder. La Corte Constitucional revisa estas reglas, en un momento en que la redistribución política propuesta refleja tensiones entre el control del Ejecutivo y la pluralidad democrática que debería caracterizar a una constituyente.
Las 13 provincias que quedarían con un solo representante en la Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Daniel Noboa son: Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe. Por otro lado, las ocho provincias que tendrían dos representantes cada una son: Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua, Los Ríos y Santa Elena. Esta distribución se basa en asignar por provincia un asambleísta más uno adicional por cada 471,000 habitantes.
La prospectiva inmediata es de escalada social y política, con un gobierno que se sostiene en la fuerza y en su propaganda, así como en compensaciones que distan de ser parte de políticas públicas sostenibles.
Riesgos institucionales e implicaciones externas
Este pulso está cargado de riesgos: de un lado, el gobierno puede ganar espacio político y legitimidad para reformas estructurales; del otro, se arriesga a que la Corte impugne normas, que la consulta sea deslegitimada o que organismos internacionales cuestionen la vulneración de procedimientos constitucionales. Ya algunos expertos advierten que la iniciativa podría concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar contrapesos institucionales.
Respecto al impacto internacional, la convocatoria a Constituyente será observada por organismos como la OEA, CIDH y ONGs de derechos humanos, que podrían emitir pronunciamientos críticos si consideran que se vulneran garantías democráticas. Hasta ahora, informes de prensa prevén una lectura internacional adversa si se percibe que el Ejecutivo intenta imponer su agenda sin contrapesos formales. La legitimidad del proceso estará condicionada por el respeto al control previo, publicidad del debate, participación ciudadana efectiva y eventual escrutinio judicial.
La prospectiva inmediata es de escalada social y política, con un gobierno que se sostiene en la fuerza y en su capacidad de inversión publicitaria, así como en compensaciones y ayudas que distan mucho de ser parte de políticas públicas sostenibles. No es que el régimen carezca de un horizonte de diálogo efectivo: no le interesa tener uno.
El desenlace dependerá de la intensidad de la polarización, del uso de la fuerza amparada en el “conflicto armado interno”, de la resistencia social, y del rol que jueguen actores internacionales como mediadores frente a una crisis que amenaza con extenderse y radicalizarse.
La coyuntura evidencia una estrategia de gobierno que apuesta a mayor polarización en distintos frentes clave. El riesgo de ser atrapado entre la presión social, la parálisis institucional y la incertidumbre económica es latente.
La radicalización del paro nacional es muy probable, tras la denuncia de la muerte del comunero Efraín Fuerez en Imbabura, ya que profundiza la percepción de un Estado represivo y coloca al Ejecutivo bajo la lupa internacional de derechos humanos.
La fricción militar ¿es creíble?
El 26 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa cesó al general Iván Rodrigo Vásconez Hurtado y designó al general John Eduardo Miño Razo como nuevo Comandante General del Ejército, mediante Decreto Ejecutivo No. 158. Este cambio se suma a la reconfiguración de la cúpula militar iniciada el 1 de septiembre, que ya había modificado cinco altos mandos. La maniobra busca consolidar la subordinación militar a la línea presidencial en un momento de alta tensión con los movimientos sociales. Lo que está en juego es la percepción de que las Fuerzas Armadas se usan como soporte político de la estrategia de Noboa, anclada en el “conflicto armado interno” como paraguas de ajustes económicos, despidos, incremento de deuda externa, crisis hospitalaria y, ahora, la reforma sobre el manejo de los dineros de los afiliados al IESS.
Los cambios pueden erosionar el rol institucional de las FF AA y afectar la confianza ciudadana en medio de la escalada de polarización política.
El análisis comparativo con las movilizaciones de 2019 y 2022 muestra que el Estado y los movimientos sociales aún pueden moverse en un pacto tácito de movilización y concesiones, pero hoy el riesgo de quiebre institucional es mayor.