Durante seis años, nos organizamos, documentamos y movilizamos para detener la minería en las cabeceras del río Napo, en la frágil transición Andes–Amazonía del Ecuador. Nuestras comunidades enfrentaron contaminación, violencia y la lenta desaparición de nuestra forma de vida, incluso mientras se nos decía que esta destrucción era necesaria para el “desarrollo” y la “transición energética”.
En 2025, la organización indígena y los grupos locales lograron la suspensión de la minería aluvial en toda la provincia de Napo, protegiendo alrededor de 32.000 hectáreas de territorio ancestral y cabeceras clave que alimentan la cuenca amazónica. Sin embargo, tan pronto como se alcanzó esta victoria, el gobierno ecuatoriano ha comenzado a desmantelar esa protección, mostrando al mundo cuán frágil es el progreso cuando los derechos indígenas y la tenencia de la tierra siguen siendo políticamente negociables.
Esta no es solo una historia local. Lo que ocurre en Napo expone una contradicción más profunda en el corazón del movimiento climático global. El mundo no puede afirmar que persigue una “transición justa” mientras trata a los territorios indígenas como zonas de sacrificio tanto para los combustibles fósiles como para los llamados “minerales críticos”.
Seis años de resistencia en Napo
Las cabeceras en la transición Andes–Amazonía donde trabajamos se encuentran entre los ecosistemas más biodiversos e hidrológicamente importantes del planeta. Albergan una proporción significativa de especies de plantas y vertebrados del mundo y constituyen una fuente crucial de agua y sedimentos que sostienen toda la cuenca amazónica. Durante generaciones, las comunidades kichwa han protegido estos bosques y ríos, manteniendo ecosistemas intactos y paisajes ricos en carbono que ayudan a estabilizar el clima más allá de las fronteras del Ecuador.
Desde 2020, Hakhu Amazon y sus aliados han apoyado a las comunidades en la defensa de estos territorios mediante estrategias legales, monitoreo indígena y campañas públicas. En 2025, esto contribuyó a detener la minería aluvial en toda la provincia de Napo, protegiendo cerca de 32.000 hectáreas de tierras ancestrales kichwa que resguardan cabeceras fundamentales. Hoy, el monitoreo territorial liderado por comunidades protege tramos de ríos, mientras los esfuerzos de comunicación han alcanzado a millones de personas, cambiando la opinión pública frente a la minería ilegal y no regulada.
Sin embargo, estos logros están nuevamente en riesgo. Nuevas leyes y decisiones políticas buscan debilitar las salvaguardas ambientales, acelerar la minería y priorizar sectores “estratégicos” sobre los derechos de los pueblos indígenas. Napo vuelve a estar en la mira, no porque hayamos fallado en protegerlo, sino porque nuestro éxito amenaza un modelo económico basado en la extracción.
Una transición justa no puede significar más extracción
En todo el mundo, gobiernos y empresas promueven una “transición energética justa” basada en una expansión masiva de la minería de litio, cobre, níquel y otros minerales considerados críticos. En América Latina, muchos de estos proyectos se concentran en territorios indígenas y ecosistemas frágiles, y avanzan mediante procesos acelerados que evaden consultas significativas y evaluaciones ambientales rigurosas. Desde los salares andinos hasta la Amazonía, la evidencia ya muestra impactos devastadores sobre el agua, los medios de vida tradicionales y el derecho de los pueblos indígenas a un ambiente sano.
Si la transición energética simplemente traslada la extracción desde los pozos petroleros hacia minas a cielo abierto en nuestros territorios, no es justa; es una reconfiguración del mismo modelo colonial. En Ecuador, un nuevo marco minero amenaza con eliminar protecciones sociales y ambientales para atraer inversión, mientras comunidades como las nuestras siguen enfrentando contaminación y deforestación. Al mismo tiempo, los acuerdos comerciales y de inversión se negocian priorizando la seguridad jurídica de las empresas sobre los derechos indígenas, facilitando nuevas incursiones en la Amazonía.
Para los pueblos indígenas, la “transición” no tiene legitimidad si no confronta la lógica extractiva que ha convertido nuestros territorios en fronteras de recursos durante siglos. Una transición verdaderamente justa debe partir de los territorios que han mantenido los bosques en pie, los ríos fluyendo y la biodiversidad viva, y comprometerse a protegerlos.
Desde Napo, la salida de los combustibles fósiles es inseparable de la preservación de nuestros bosques y redes hídricas. Esta transición exige respeto absoluto a los derechos indígenas.
Eliminar los combustibles fósiles sin crear nuevas zonas de sacrificio
En recientes negociaciones climáticas de Naciones Unidas, los gobiernos finalmente reconocieron la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Los pueblos indígenas han acogido este paso, pero advierten que la eliminación del petróleo y el gas no puede justificar una nueva ola de minería, especialmente en ecosistemas tan sensibles como las cabeceras Andes–Amazonía.
Desde Napo, la salida de los combustibles fósiles es inseparable de la preservación de nuestros bosques y redes hídricas. Esta transición exige respeto absoluto a los derechos indígenas —en particular, el consentimiento libre, previo e informado— como condición fundamental, al tiempo que requiere desmontar las estructuras económicas que perpetúan nuevos ciclos de extractivismo.
Nuestros ríos no son “recursos”. Son seres vivos, parientes, cuya salud está ligada a nuestra supervivencia y a la estabilidad climática global.
El financiamiento debe llegar donde están los guardianes
A pesar de la magnitud de la crisis climática y de biodiversidad, el financiamiento directo a comunidades indígenas sigue siendo mínimo. Esto ocurre incluso cuando nuestros territorios protegen gran parte de los bosques intactos y fuentes de agua. En regiones como Napo, la gobernanza indígena mantiene tasas de deforestación significativamente más bajas y almacena enormes cantidades de carbono.
Mientras miles de millones se destinan a mercados de carbono y planes corporativos, las comunidades que defienden bosques y ríos continúan luchando por recursos básicos. En Napo, inversiones específicas han permitido detener la minería aluvial, fortalecer la tenencia de la tierra y establecer monitoreo comunitario. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo fragmentados y precarios.
No podemos esperar a procesos burocráticos lentos. El financiamiento debe llegar de forma directa, flexible y sostenida a las comunidades en primera línea.
Bioeconomías, no extractivismo “verde”
Uno de los mayores mitos que sostiene la expansión minera es que no existen alternativas económicas para la Amazonía. Nuestra experiencia demuestra lo contrario. Las comunidades indígenas ya estamos construyendo bioeconomías basadas en turismo sostenible, productos forestales y producción artesanal, que fortalecen la protección territorial.
Programas de turismo comunitario, iniciativas agrícolas como la vainilla y emprendimientos liderados por mujeres muestran que es posible generar ingresos sin destruir los ecosistemas. Estas iniciativas no son marginales: son la base de una nueva economía territorial alineada con los objetivos climáticos.
Un llamado al movimiento climático global
Lo que ocurre hoy en Napo es una prueba. No podemos permitir una transición que cambie una forma de sacrificio por otra, ni celebrar el abandono de los combustibles fósiles mientras se intensifica la minería en territorios indígenas.
Desde las cabeceras Andes–Amazonía, hacemos un llamado claro: apoyar las luchas territoriales indígenas, condicionar las políticas climáticas al respeto de derechos, redirigir el financiamiento hacia las comunidades, invertir en bioeconomías y cuestionar los regímenes comerciales que profundizan el extractivismo.
La decisión entre una transición justa y el extractivismo “verde” se está tomando en este momento, en lugares como Napo. Invitamos a activistas, financiadores, responsables de políticas públicas y aliados a elegir nuestra supervivencia y, con ella, la posibilidad de un planeta habitable para todas las personas.
*Leonardo Cerda es presidente del pueblo kichwa de Shakan Amarun Kachi
