21 meses luego de la primera elección de Daniel Noboa como presidente de la república, los movimientos sociales y buena parte de la ciudadanía están despertado de su letargo. Primero fue la crisis de los servicios públicos hospitalarios que aún no se resuelve; luego la multitudinaria marcha de Cuenca contra el Proyecto Loma Larga, el 16 de septiembre, que convocó a más de 100 mil personas.
Tras la declaratoria de paro Nacional indefinido por la CONAIE el 18 de septiembre, el asesinato del comunero Efraín Fuérez, el 28 de septiembre en el sector de Gualsaquí, simboliza el costo humano de una política económica dictada por los ajustes financieros de un modelo neoliberal inclemente.
La eliminación del subsidio al diésel, acordada en el marco de un nuevo compromiso con el FMI, desató la crónica de una crisis anunciada. El paro nacional convocado por la CONAIE en contra de esa medida, se resolvió el 18 de septiembre de 2025. Aunque la declaratoria fue en esa fecha, las protestas comenzaron el 22 de septiembre de 2025.
Al 4 de octubre, el saldo de las protestas con cifras verificadas era de:
Protestas efectivas desde el 22 de septiembre, con epicentros en Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Azuay. En Imbabura se produjo la muerte del comunero kichwa, Efraín Fuérez, el 30 de septiembre. La fiscalía abrió investigación por uso ilegítimo de la fuerza tras difundirse un video del operativo militar en el que falleció el comunero.
El Ministerio del Interior reportó entre 90 y 102 detenidos desde el inicio de las protestas; 13 indígenas fueron procesadas por presunto terrorismo. Hubo 12 militares heridos y hasta 17 militares retenidos (secuestrados) temporalmente por manifestantes; parte de ellos fueron liberados en los días siguientes.
La relatora especial de la ONU para los derechos a la libertad de reunión y asociación, Gina Romero, denunció una “represión violenta de las movilizaciones” en Ecuador y pidió al Estado que respete los estándares internacionales en el manejo de protestas, según SWI swissinfo.ch . Romero criticó que el Ejecutivo ha usado “disposiciones legales no alineadas con estándares internacionales” para perseguir a la sociedad civil; señaló que dirigentes tienen sus cuentas congeladas y enfrentan imputaciones de cargos fabricados, reportó infobae.
Además, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur instó al gobierno ecuatoriano a iniciar un diálogo urgente, investigar con transparencia la muerte del comunero Efraín Fuérez, y garantizar acceso a la justicia para su familia. acnudh.org. Otros colectivos advirtieron falta de cifras oficiales consolidadas.
La CONAIE y aliados denunciaron el bloqueo de cuentas a dirigentes y organizaciones (incluida la propia CONAIE y el MICC); reportajes independientes documentaron al menos diez afectados y fallas de acceso en bancos privados.
La prensa internacional también juega un rol importante
La reacción de la prensa internacional también fue inmediata, tras la muerte de Efraín Fuérez captada en un video y viralizada por redes sociales:
El País, de España, tituló El video del maltrato de los militares a un manifestante moribundo enciende las protestas contra Noboa, mientras las agencias Associated Press y Reuters destacaron la brutalidad del operativo militar y las crecientes críticas a la represión. CNN en español publicó artículos sobre el impacto social y la urgencia de una respuesta estatal creíble; medios como Infobae y BBC Mundo coincidieron en subrayar la gravedad de la crisis política y la erosión de la legitimidad gubernamental.
De su lado, la versión oficial busca relativizar la autoría directa de las Fuerzas Armadas. El gobierno enmarca los hechos graves como emboscadas de “grupos infiltrados” y “acciones terroristas” contra convoyes y cuarteles; pero el guión se rompe cuando se viraliza otro video en el que un policía agrede a una campesina que trataba de liberar a su hijo. La narrativa oficial busca reposicionar el conflicto como problema de orden público más que como reacción social a la eliminación del subsidio al diésel, y a temas como las reformas al sistema de manejo de fondos de los jubilados del IESS, crisis del sistema de salud pública, desempleo-subempleo, entre otras.
El Ejecutivo ha advertido que no dará paso atrás. Además de la fuerte respuesta militar y policial ha desplegado una estrategia de comunicación y relaciones públicas con anuncios sectoriales, combinada con entrega de subsidios y ayudas focalizadas. El objetivo es sostener el ajuste y recuperar iniciativa. La Cámara de Industrias y Producción afirman que, en 13 días de paro, las pérdidas suman más de USD 70 millones; comercio, turismo y floricultura serían al momento los sectores más afectados. Los llamados al diálogo empezaron a generarse desde algunos sectores dentro y fuera del país, sin resultados.
El decreto restringe la libertad de reunión en las provincias afectadas, aunque permite movilizaciones pacíficas, consolidando así el uso del estado de excepción como respuesta política al conflicto social y al debilitamiento del diálogo.
El sábado 4 de octubre, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza argumentando una “grave conmoción interna” y la necesidad de contener actos “violentos”.
La medida se emitió un día después de que la Corte Constitucional anulara el último estado de excepción en cinco de las siete provincias donde el presidente había decretado días atrás esta medida; la Corte solo aceptó la constitucionalidad de la medida en las provincias de Carchi e en Imbabura.
El decreto restringe la libertad de reunión durante las 24 horas en las provincias afectadas, aunque permite movilizaciones pacíficas, consolidando así el uso del estado de excepción como respuesta política al conflicto social y al debilitamiento del diálogo.
Irónicamente en la CONAIE y Pachakutik se encuentra parte de la población indígena de la sierra central que le dio su voto al actual mandatario. En el gráfico constan los porcentajes obtenidos por Daniel Noboa versus Luisa González, del correísmo, en la segunda vuelta de las elecciones 2025 y 2023:
El sábado 4 de octubre, una declaración de Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, encendió una seria polémica: advirtió una posible toma de Quito si el Gobierno no atiende las demandas del paro. La declaración de Vargas fortaleció al presidente Noboa, quien inmediatamente aprovechó su influencia en redes sociales para mostrarse como el líder que defenderá la ciudad del asedio indígena, la misma Quito a la que simbólicamente le ha restado importancia como centro político del país, al instalarse con su Gabinete en Latacunga.
El saldo preliminar es una protesta que está desbordando lo étnico-territorial, y sumando otros actores, con demandas propias. La declaración de Vargas, es seguro, habrá causado un efecto negativo en Quito y ha fortalecido posiciones favorables al presidente y su mano dura.
¿Alguien en la CONAIE sabe de qué trata la historia del caballo de Troya?
El paro nacional evidenció la fractura política del país y la erosión del consenso. Las protestas reactivaron liderazgos locales y consolidaron una resistencia descentralizada frente al modelo de ajuste fiscal. El gobierno, atrapado entre la presión del FMI y la crisis social, direcciona al país no solo hacia un conflicto económico, sino hacia un quiebre estructural en la representación y la gobernabilidad democrática.
Que el gobierno señale según su interpretación discrecional en el marco del “conflicto armado interno”, como “terroristas” a ciudadanos ecuatorianos en contextos de crisis política, no debe tomarse a la ligera: más allá de infamar a personas que eventualmente no tienen ese perfil, conduce a la contaminación de la esfera pública, hecha más gasolina sobre la hoguera de violencia que alimenta la polarización de la sociedad, promueve la discriminación de ciudadanos inocentes convirtiéndolos en los “enemigos” que hay que combatir a cualquier precio; anula toda posibilidad de debate razonado, y corrompe el diálogo civilizado. En esas condiciones puede estarse preparando el terreno para persecuciones “a la carta” y para una escalada de abusos por poderes nefastos.
Una crisis prolongada suele ser el paso previo al reordenamiento autoritario de la institucionalidad. Mientras tanto, el gobierno opta por el black friday político: las decisiones de incrementar de ir a un feriado nacional de cuatro días por las fiestas octubrinas de Guayaquil, de bajar el IVA del 15% al 8% para este feriado además del feriado nacional del 2 y 3 de noviembre y adelantar un mes el pago del décimo tercer sueldo para cientos de miles de funcionarios públicos, a pagarse hasta dos días antes del 16 de noviembre —día convocado para votar en una consulta popular que decidirá si vamos a una Asamblea Constituyente, y «para que compren en el black friday»— es una medida que busca disolver la protesta social a la vez que patea para adelante el calendario político, con miras una campaña por el Sí, que se perfila violenta, polarizadora y sin precedentes en el uso de recursos digitales con fines electorales.
El FMI y el impagable costo de su recetario de ajustes
Las medidas de ajuste estructural impuestas o condicionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) han marcado profundamente la historia política latinoamericana.
Aunque el Fondo no ejecuta directamente los recortes, su condicionalidad financiera obliga a los gobiernos la aplicación de políticas de austeridad que incluyen reducción del gasto público, eliminación de subsidios, privatizaciones y desregulación. Estas políticas, presentadas como instrumentos de estabilización macroeconómica, han derivado reiteradamente en estallidos sociales, deterioro institucional y crisis de gobernabilidad.
El patrón ecuatoriano reproduce experiencias previas en la región. En 1989, el Caracazo en Venezuela estalló tras la eliminación de subsidios al combustible y el aumento de tarifas públicas bajo un plan de ajuste del FMI. La represión dejó al menos 300 muertos según cifras oficiales, y más de 3.000 según organizaciones de derechos humanos. En Argentina, el colapso de 2001 culminó con 39 muertos, 500 heridos y una caída del 20 % del PIB entre 1998 y 2002, tras años de disciplina fiscal exigida por el Fondo. El resultado en ambos país fue la instauración de gobiernos anti estadounidenses por varios lustros, que en el caso de Venezuela derivó en una dictadura cívico-militar desde 1998.
En Ecuador, los paros de 2019 y 2022 también estuvieron ligados a acuerdos de austeridad: dejaron 18 muertos y pérdidas por casi dos mil millones de dólares.
Los casos de Chile, México o Brasil son presentados por el FMI como ejemplos de éxito, pero todos atravesaron fases de recesión, desempleo y concentración de riqueza antes de estabilizarse. En ninguno se evitó el deterioro social inmediato. Los intentos de liberalizar o focalizar subsidios energéticos en la región muestran un patrón de costos sociales elevados y beneficios fiscales limitados.
Las medidas de ajuste estructural impuestas o condicionadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) han marcado profundamente la historia política latinoamericana..
En México, la apertura de precios de combustibles en 2017 (Enrique Peña Nieto) derivó en el gasolinazo, con aumentos de hasta 20% en un mes, cuyos ingresos terminaron en gasto corriente y deuda, mientras los hogares pobres sacrificaron más en transporte y alimentos. En Argentina, bajo Mauricio Macri (2015–2019), el fin de los controles redujo el contrabando, pero la inflación superó el 40% en 2016 y 2018, quebraron miles de pequeñas empresas y la pobreza trepó al 32% en 2019. En Perú, el programa focalizado de Pedro Pablo Kuczynski (2017) fracasó por filtraciones y exclusiones, dejando a miles de familias vulnerables expuestas al alza energética. En todos los casos, el impacto recayó en la población más frágil.
Los debates siempre han girado sobre ahorro fiscal versus costos sociales, sin embargo, una vez se han liberalizado los subsidios a combustibles, los problemas de pobreza e inequidad persisten y más bien tienden a agravarse. De ese bucle luego nadie se hace cargo.
América Latina no registra un solo proceso de ajuste estructural inspirado en el FMI, que haya logrado estabilidad política y crecimiento sostenido sin costos humanos ni pérdida de legitimidad democrática.
El Fondo Monetario Internacional no dispara las armas ni decreta los estados de excepción, pero sus condiciones a sus deudores han sido el detonante estructural de crisis sociales que, como la ecuatoriana de 2025, revelan una vez más el alto precio político del ajuste.
La toma de la Fiscalía General, como película repetida
El denominado caso Apagón es uno de los episodios más reveladores de la crisis institucional que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano. Lo sucedido el viernes 3 de octubre en el Consejo de la Judicatura, tras las diligencias impulsadas por el entonces fiscal subrogante Wilson Toainga en torno a presuntas irregularidades en los contratos de generación térmica entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la empresa Progen, investigadas por presunto peculado, expuso la pugna entre poder político y autonomía judicial que define la coyuntura actual.
La designación de Carlos Alarcón como fiscal subrogante, aprobada ese día por el Consejo de la Judicatura, ocurre en un escenario de alta fragilidad institucional y de creciente disputa por el control político de la justicia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), responsable del concurso para nombrar al fiscal titular, enfrenta severas críticas por irregularidades técnicas, filtración de puntajes y falta de transparencia, lo que ha prolongado el vacío de titularidad en la fiscalía general y acentuado la incertidumbre jurídica.
La fiscalía lleva más de seis meses sin una cabeza definitiva desde la salida de Diana Salazar en abril, quien también ejerció su cargo un mes y doce días más allá del plazo legal de seis años, lo que generó críticas y debates jurídicos sobre la legalidad de su permanencia, muy similares a los que han surgido respecto a otras autoridades cuya gestión se ha extendido por falta de reemplazo oportuno.
Esa prórroga no fue producto de una decisión expresa de la Corte Constitucional ni de un decreto, sino de un vacío institucional: el (CPCCS) no alcanzó a designar a su sucesor dentro del plazo previsto. Tampoco fue un simple hecho administrativo, sino un reflejo del deterioro progresivo de los mecanismos de renovación institucional en Ecuador. Su continuidad en funciones, aunque breve, evidenció cómo las vacancias de poder se han normalizado como parte del funcionamiento político del Estado.
El trasfondo del caso Apagón no se limita al conflicto administrativo. El reemplazo de Toainga coincide con otras causas de alto impacto manejadas por el nuevo Fiscal subrogante, como los casos Triple A, Nene y Goldbaum.
Algunos constitucionalistas sostienen que la designación del nuevo fiscal general subrogante parte de una resolución que se apoya en una interpretación forzada del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que prevé reemplazos solo en casos de ausencia definitiva, competencia exclusiva del CPCCS.
También afirman que la intervención del Procurador General del Estado como aval jurídico resulta igualmente improcedente, pues la Constitución reserva la facultad interpretativa a la Asamblea Nacional; desde esa perspectiva, el dictamen utilizado, aplicable únicamente a fiscales provinciales, habría sido extrapolado para proceder con la nueva subrogación.
El trasfondo del caso Apagón no se limita al conflicto administrativo. El reemplazo de Toainga coincide con otras causas de alto impacto manejadas por el nuevo Fiscal subrogante, como los casos Triple A, Nene y Goldbaum. En conjunto, conforman un mapa de poder judicial tensionado, donde las líneas de autonomía institucional se desdibujan ante la intervención política.
Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano encargado de designar al sucesor de Diana Salazar, arrastra una parálisis similar que ha afectado la renovación de otras entidades clave, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el Consejo de la Judicatura (CJ). Este patrón no solo refleja ineficiencia, sino también una estrategia de control institucional indirecto: mantener cargos prorrogados permite al poder político operar en un terreno de indefinición legal que favorece la discrecionalidad; no es casualidad burocrática, sino una consecuencia directa del bloqueo institucional y la instrumentalización del tiempo político.
El equilibrio de poderes se encuentra comprometido. La confluencia de un CPCCS desacreditado, una Judicatura percibida como cercana al gobierno y una Fiscalía sin titular definitivo configura una estructura judicial subordinada a la lógica del Ejecutivo. Esta coyuntura, presentada bajo una apariencia de normalidad institucional, revela un proceso de recentralización del poder que erosiona los contrapesos democráticos y reduce la independencia judicial a una formalidad cada vez más vacía.
En el mismo campo, debe entenderse la implicación de que la Corte Constitucional del Ecuador haya autorizado el viernes 3 de octubre que se incluya en el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para el 16 de noviembre, la pregunta orientada a reducir el número de asambleístas. Con esta decisión, el máximo tribunal amplía el alcance político del plebiscito, que deja de ser un ejercicio meramente consultivo para convertirse en un instrumento de reconfiguración del poder legislativo.
La aprobación se suma a las preguntas previamente admitidas, entre ellas la más trascendental: la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución para reemplazar la vigente, promulgada en 2008 durante el gobierno de Rafael Correa. Esta pregunta será la mama y taita de todas las batallas en las que Ecuador se juega su futuro para la próxima década. Será el eje de la campaña plebiscitaria de Noboa por legitimar su liderazgo mediante un cambio estructural del marco político.
De aprobarse la realización de la Constituyente, de nuevo, y dado el formato de ese proceso, el movimiento oficialista ADN se repartirá el poder con la Revolución Ciudadana.
Quimsacocha, un paraguas para la tormenta
El 4 de octubre de 2025, El Ministerio de Ambiente revocó la licencia ambiental N.º MAATE-SUIA-LA-2025-0003 otorgada el 25 de junio a la empresa canadiense Dundee Precious Metals para el proyecto minero Loma Larga, en el páramo de Quimsacocha, provincia de Azuay.
La decisión del Ejecutivo constituye un viraje político ante la creciente presión social y ambiental. El gobierno intenta así contener el desgaste provocado por el paro nacional y las críticas por represión militar, buscando mostrar sensibilidad ecológica sin romper su agenda extractivista, al tiempo que busca contener el descontento rural, particularmente en la Sierra sur, donde los movimientos comunitarios han articulado una resistencia sostenida contra ese modelo, pero abre un nuevo frente con inversionistas extranjeros y con el gobierno canadiense, que había respaldado el proyecto. Loma Larga reconfigura el tablero político-ambiental ecuatoriano.