En los más de 10 días del paro convocado por el movimiento indígena, la Fiscalía ha abierto investigaciones y procesos judiciales contra líderes indígenas, abogados, activistas, representantes de organizaciones sociales, autoridades locales y manifestantes. Organizaciones de derechos humanos consideran que estas acciones criminalizan la protesta, mientras que el Gobierno ha sostenido que, en el caso de las protestas de Otavalo, del pasado 22 de septiembre, se trató de “operaciones articuladas por estructuras criminales”.
Plan V revisó los procesos penales públicos disponibles en el sistema judicial abiertos durante el paro, las denuncias de organizaciones sociales sobre el inicio de investigaciones previas en su contra y los antecedentes penales de los involucrados en el Ministerio del Interior. Hasta el momento, la Fiscalía investiga a al menos 83 personas por cuatro delitos: terrorismo, asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y ataque o resistencia.
De esas 83 personas, solo dos tienen antecedentes penales. Uno de ellos es Marlon Vargas, actual presidente de la CONAIE, quien fue sentenciado a ocho días de cárcel en 2015 por el delito de lesiones. El segundo es Francisco M., aunque en el sistema judicial no registra un proceso penal anterior a 2025. Plan V tampoco pudo verificar los antecedentes penales de cuatro personas por falta de información.
Un comerciante de El Carmen confundido como venezolano
En el caso de terrorismo, hay trece procesados a quienes la Fiscalía los acusó por ser los presuntos responsables de los actos violentos y de la destrucción de bienes públicos y privados en las instalaciones de la Policía Judicial de Otavalo, el pasado 22 de septiembre. Según Interior, inicialmente fueron detenidas 44 personas y aseguró que todos registraban antecedentes penales, pero el medio Lupa Media informó que 11 de los 13 no registraban antecedentes. Plan V confirmó que 12 son ecuatorianos sin antecedentes y solo uno es de nacionalidad venezolana.
El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró además en su cuenta de X que dos de los detenidos eran extranjeros y que estaban siendo indagados por su relación con el Tren de Aragua: William Andrés R.L. y Jonathan Bernin A.A. Pero en la audiencia de flagrancia, el fiscal Galiano Balcázar no mencionó ninguna investigación relacionada con el grupo delictivo venezolano.
Por otro lado, Jonathan Bernin A.A. es oriundo de El Carmen, en Manabí, según contaron sus familiares y amigos en un video que circula en redes. Allí relatan que Jonathan trabaja en el mercado de El Carmen y que el joven fue de paseo a la Sierra, cuando fue detenido durante las manifestaciones en Ibarra. También mostraron la cédula de Jonathan donde registra que tiene un 40% de discapacidad intelectual. Tampoco tiene antecedentes.
En la audiencia, las defensas de los otros 11 detenidos afirmaron que son de Otavalo y coincidieron en que el parte policial no especificaba las razones de su detención. Uno de estos casos fue el de Gina K.T., cuyo abogado presentó un video para contradecir la versión de la Fiscalía.
“En dicho video se observa que, al evidenciar que un agente de policía dispara a quemarropa, la señora se acerca hacia él, pero no —como lo afirmó la Fiscalía— con armas, instrumentos o agresiones. Quien agrede o empuja la humanidad de mi defendida es el agente del orden, y es después de dos o tres empujones que aparecen otros policías y la aprehenden. (…) Lo único que portaba era una botella de agua, nada que la vincule con el hecho investigado”, explicó su defensor a la jueza anticorrupción Karol Zambrano.
En esa diligencia, Zambrano permitió la intervención de Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE, para respetar el diálogo intercultural al que tienen derecho las personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades. Sobre los hechos violentos contra la Policía Judicial de Otavalo y bienes privados, rechazó esas acciones y dijo que se comprometarán a que los procesados comparezcan durante la investigación.
La jueza dictó orden de prisión contra los detenidos. El venezolano William Andrés R.L. y los otros doce fueron enviados a la cárcel El Rodeo en Manabí. Tras esa decisión, sus familiares y movimientos indígenas empezaron una campaña para rechazar las declaraciones del ministro Reimberg y asegurar que sus parientes no son terroristas. Tres de ellos fueron devueltos a la cárcel de Ibarra por su salud, el pasado 30 de septiembre.
Una investigación masiva por supuesto enriquecimiento ilícito
El pasado 26 de septiembre, el Movimiento Campesino e Indígena de Cotopaxi (MICC) denunció y rechazó el inicio de una investigación previa de la Fiscalía contra miembros de su organización. En el documento, constan los nombres de 61 personas, de las cuales 60 no tienen antecedentes penales, según confirmó Plan V.
En la lista se encuentran Marlon Vargas, presidente de la CONAI: Rafel Negrete, presidente del MICC; Gary Espinoza, de la Fenocin, quien también anunció su adhesión al paro; Pacha Terán, excandidata a la vicepresidencia y natal de Peguche; Nayra Chalán, exvicepresidenta de la Ecuarunari; y Nanky Saant, asambleísta de la Revolución Ciudadana. También están autoridades locales de Imbabura de la Revolución Ciudadana como Richard Calderón y Paolina Vercoutère Quinche, prefecto y viceprefecta de esa provincia, respectivamente; Anabel Hermosa, alcaldesa de Otavalo.
De igual manera, se encuentra Belén Páez, presidenta de la Fundación Pachamama. “Una acusación que no solo carece de sustento legal, sino que constituye una clara forma de intimidación frente a nuestro trabajo”, reclamó la organización en un comunicado, en el que además denunciaron el congelamiento de sus cuentas.
Uno de ellos es Carlos Poveda, abogado y defensor de derechos humanos. En una entrevista con Plan V, Poveda consideró que esta medida trata de golpear el patrimonio de los sectores opositores al Gobierno. En su caso, acudió a la Superintendencia de Bancos para obtener una respuesta sobre el bloqueo de su cuenta bancaria, pero no le aceptaron su escrito. En un segundo intento, la Secretaría General de esa institución aceptó su documento.
Poveda explicó que incluso con la Ley de Transparencia recientemente aprobada menciona que la UAFE puede solicitar el congelamiento de fondos y que en ocho días un juez anticorrupción debe tomar una decisión en ocho días. Este jurista hasta el pasado 29 de septiembre no había recibido una notificación de la Fiscalía General. “¿Cuál es el delito de defender derechos humanos? ¿Qué quieren hacer con nosotros?”, se preguntó Poveda en la entrevista.
Otros casos iniciados en el paro
El pasado 26 de septiembre, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA) informó que la Fiscalía investiga a Lauro Sigcha y Yaku Pérez, presidente y coordinador de esa organización, respectivamente; y a Oscar Reinoso, Sebastián Cevallos y Édison Déleg, miembros de organizaciones sindicales, por el presunto delito de asociación ilícita. Deben comparecer el 10 de noviembre, en la Fiscalía de Cuenca. La FAO ha sido uno de los principales actores de las protestas en Cuenca contra la minería en Kimsakocha. “Esta es una acusación para criminalizar la protesta social y la defensa de los territorios y la vida”, reclamó la FOA.
El 30 de septiembre, la misma organización denunció la detención de cuatro comuneros de Molleturo durante 24 horas. Fueron acusados de “ataque y resistencia”, pero la Fiscalía abrió una investigación previa, por lo que el proceso judicial en su contra continúa, denunció la organización.
Yaku Pérez, abogado de los procesados, dijo a Plan V que sus clientes son adultos mayores. “Cerca de su casa, la policía los detuvo. Les dispararon a las llantas porque querían detenerles y porque supuestamente estaban encapuchados. Pero estaban puestos sus ponchos, sus gorras. Hay imágenes de una señora, a la que amarran a un palo como si fuera un animalito, al señor le disparan un proyectil”, relató Pérez.