El 28 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa activó una doble ofensiva legislativa al enviar a la Asamblea dos proyectos de ley económicos urgentes para su trámite legislativo. Bajo discursos de eficiencia fiscal y agilidad administrativa, ambas iniciativas anticipan un giro estructural del Estado: recentralizar decisiones clave, debilitar controles y subordinar autonomías locales y ambientales a una estrategia económica de alto costo político y social.
El anuncio de la próxima firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Canadá, presentado por el Gobierno como una “victoria comercial”, ha encendido un nuevo foco de polémica en el que se argumenta que se trata de una apuesta extractivista de alto riesgo político, ambiental y constitucional. La pieza encaja perfectamente en el entramado de la estrategia económica del régimen en el 2026.
Maniatar y amaestrar los GAD, en la antesala de las próximas elecciones
El miércoles 28 de enero de 2026 el presidente Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía y el proyecto de Ley orgánica reformatoria al código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización, ambos de carácter económico urgente para su trámite legislativo. Los dos proyectos son claves en la estrategia económica del gobierno; uno se justifica en la necesidad de garantizar sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos descentralizados, y el otro con una retórica de “agilidad administrativa” y “destrabe de inversiones” en procesos bajo responsabilidad del ministerio de ambiente, agua y transición ecológica (MAATE).
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización impone a los gobiernos autónomos descentralizados la obligación de destinar un piso creciente de sus presupuestos a inversión pública: 60 % desde 2027, 65% en 2028 y 70 % a partir de 2029, focalizada en agua potable, vialidad y saneamiento.
El esquema introduce sanciones mediante recortes por bajos niveles de ejecución, sobre la base de que entre 2021 y 2024 esta no superó el 40 %. Cabe preguntarse: ¿acaso el Ejecutivo ha tenido una mejor ejecución presupuestaria en su plan operativo anual? Evidentemente no. A duras penas rozó el 35 % en los últimos dos años. Aunque se presentan excepciones para juntas parroquiales rurales, el diseño reduce márgenes de decisión local e ignora mecanismos de participación como asambleas ciudadanas, tensionando la autonomía constitucional de los GAD.
Con una mayoría legislativa —articulada entre ADN, pachakutiks captados y algunos “independientes” a la carta— el gobierno de Daniel Noboa recurre a la calificación de urgencia económica, que acota el debate a 30 días, para sortear resistencias y precedentes constitucionales adversos.
Para los GAD, la presión por eficiencia fiscal puede ordenar cuentas, pero a costa de mayor centralización, y nada garantiza que lo poco que puedan ejecutar venga con un «control de calidad».
El oficialismo enmarca la medida como “reactivación”, mientras la oposición del correísmo y organizaciones ambientalistas denuncian un giro centralista de sesgo extractivista, con riesgos de vulnerar consultas previas y participación local.
Los GAD advierten una pérdida de autonomía financiera que puede profundizar brechas urbano-rurales y trasladar costos políticos al territorio.
Para los GAD, la presión por eficiencia fiscal puede ordenar cuentas, pero a costa de mayor centralización, y nada garantiza que lo poco que puedan ejecutar venga con un control de calidad, lo cual impacta en la calidad de vida de la población. Adicionalmente, presupuestos destinados a programas de fortalecimiento de la salud, protección a menores, a mujeres violentadas, a protección del medio ambiente, entre otros, se transformarán en gasto corriente y desaparecerán del presupuesto.
La reforma, por si fuera poco, interviene en la autonomía de los GAD. El proyecto en manos de la Asamblea esconde una perversa intención de fondo: estructura un control de la asignación de recursos que por ley le corresponden a los municipios en plena época preelectoral para renovar autoridades seccionales; en otras palabras, la reforma sirve para tenerlos sujetos del cogote, alineados y bien amaestrados.
Para el Ejecutivo, el rédito económico ofrece oxígeno frente a la deuda pública, aunque eleva el riesgo de conflictividad social, reclamos ante la Corte Constitucional y polarización política en la antesala del ciclo electoral de 2027.
El contraste entre la retórica oficial y la realidad es elocuente. Mientras el país ha mirado más de un año noticieros y redes sociales con imágenes reales de hospitales públicos en crisis y destemplados gritos vicepresidenciales en show de “visitas sorpresa”, la Alcaldía de Cuenca inauguraba el 1 de enero de 2026 un nuevo hospital municipal, una infraestructura de salud rural, en la parroquia El Valle, con más de treinta especialidades y servicios médicos. Ese hecho no es anecdótico: es una radiografía de dos modelos de gestión. Uno, centralizado, opaco e ineficiente; otro, territorial, con capacidad de planificación, inversión y ejecución cuando la eficiencia se impone a la politiquería.
La ley que impulsa el Ejecutivo habría hecho imposible esa obra municipal. Los estudios técnicos previos —indispensables para garantizar seguridad, calidad y sostenibilidad— serían reclasificados como gasto corriente, lo que impediría financiarlos. Incluso si el proyecto hubiese superado ese obstáculo, el hospital no podría operar: la contratación del personal médico también sería considerada gasto corriente y, por tanto, sujeta a severas restricciones. El resultado no es disciplina fiscal, sino parálisis institucional.
El núcleo del proyecto apunta a retirar más de mil millones de dólares a los GAD, reduciendo su margen de acción hasta volverlos administradores simbólicos de territorios sin recursos. La consecuencia es clara: la ciudadanía no solo padecería la precariedad de los servicios provistos por el Gobierno central, sino también la imposibilidad de que sus autoridades locales suplan esas carencias; se rompe el principio de subsidiariedad y se vacía de contenido la descentralización consagrada en la Constitución; al limitar la planificación y la contratación, se obliga a optar por soluciones improvisadas, proveedores de menor capacidad y proyectos de corto plazo, minando cualquier política pública seria.
El mensaje es disciplinador: castigar la autonomía local y concentrar el poder de decisión en el Ejecutivo, aun cuando ha mostrado su incapacidad para gestionar con eficiencia sectores críticos.
En este contexto, la fragmentación política de las autoridades locales es funcional al “nuevo Ecuador”. La única respuesta posible es una acción coordinada de alcaldes, prefectos y juntas parroquiales no para defender no privilegios políticos, sino para garantizar derechos. De lo contrario, no solo se debilitará a los GAD, sino que se consolidará un modelo de empobrecimiento institucional que terminará por trasladar su costo, como siempre, a la población.
El cofre del tesoro son los sectores estratégicos: ¡al abordaje!
Bajo el argumento de reducir plazos, duplicidades y “excesos regulatorios”, la iniciativa del régimen con su nueva ley económica urgente, desplaza el principio de precaución y debilita los controles técnicos, sociales y territoriales que protegen ecosistemas y derechos colectivos.
El MAATE deja de ser concebido como autoridad garante del interés público ambiental y pasa a operar como facilitador de proyectos extractivos, subordinando la gestión ambiental a objetivos fiscales y productivistas de corto plazo, en un contexto de alta conflictividad socioambiental.
Lo que esconde ese proyecto en realidad es una redefinición política del rol ambiental del Estado. Es clave entender que esa movida política no viene suelta, y que la aprobación de los dos proyectos económicos urgentes gatillados contra los GAD y sobre el MAATE son parte del mismo esquema, en el cual la tercera pata de la mesa es el TLC con Canadá.
La firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que se suscribiría entre Ecuador y Canadá próximamente encendió automáticamente las alertas y abierto rechazo de movimientos sociales, y cuestionamientos de expertos en comercio internacional, constitucionalistas y analistas políticos. El anuncio enmarcó la narrativa oficial subrayando una supuesta “victoria comercial”, pero las advertencias de que en realidad se estaría encubriendo una deriva extractivista cargada de riesgos políticos, ambientales y constitucionales se amplifican.
Amparado en un discurso de diversificación productiva y ampliación de mercados, el acuerdo afianza un esquema de inserción internacional, pero quienes advierten sus implicaciones aseguran que prioriza los intereses de las grandes corporaciones mineras, relegando la soberanía ambiental y los derechos colectivos.
En los hechos, ese TLC no inaugura un nuevo modelo productivo sino que consolida uno preexistente, reforzando el peso de un sector caracterizado por una alta conflictividad territorial, social y ambiental.
Los análisis sostienen que esta orientación no solo tensiona el marco constitucional vigente, sino que desconoce de manera explícita los límites y mandatos establecidos por la voluntad popular expresada en las urnas el 21 de abril de 2024, cuando el 74 % de la ciudadanía rechazó mecanismos que otorguen privilegios procesales a corporaciones extranjeras por encima de la jurisdicción nacional Oro, cobre y extracción minera La relación económica entre Ecuador y Canadá ha estado históricamente concentrada en la extracción de oro y cobre, y buena parte de la inversión canadiense en el país responde a ese patrón.
En los hechos, ese TLC no inaugura un nuevo modelo productivo sino que consolida uno preexistente, reforzando el peso de un sector caracterizado por una alta conflictividad territorial, social y ambiental. Empresas canadienses participan en Zamora Chinchipe (Fruta del Norte, Lundin Gold), Morona Santiago (Warintza, Solaris), Azuay (Loma Larga, Dundee Precious Metals), Bolívar (Curipamba/El Domo, Silvercorp/Adventus), Cotopaxi (La Plata, Atico Mining) y El Oro (Cangrejos, Lumina Gold), en fases que van desde exploración avanzada hasta explotación industrial.
Algunos de estos proyectos se desarrollan en zonas de alta sensibilidad ecológica, como páramos y cuencas hídricas estratégicas; otros se asientan en territorios habitados por pueblos indígenas amazónicos. La minería a gran escala en estos contextos ha sido objeto de denuncias persistentes por presión sobre fuentes de agua, afectación de ecosistemas frágiles, fragmentación comunitaria y escalamiento de conflictos sociales, con frecuencia acompañados por presencia policial o militar destinada a resguardar operaciones extractivas.
Un TLC que refuerce garantías extraordinarias a este tipo de inversiones no solo profundizaría ese tipo de impactos, sino que otorgaría una virtual inmunidad frente a regulaciones ambientales futuras, pese a que la Constitución de 2008 (la misma que el actual mandatario ha prometido tumbar; ahora algunos entenderán por qué) prohíbe expresamente la cesión de jurisdicción soberana en este tipo de controversias.
Esta orientación no es aislada. Se articula con una secuencia de decisiones que revelan su sesgo extractivo en el manejo de recursos estratégicos: la crisis estructural de Petroecuador, la ausencia de una política coherente en hidrocarburos, la militarización de territorios atravesados por minería legal e ilegal y el envío de los dos proyectos económicos urgentes a la Asamblea Nacional configuran un debilitamiento deliberado de los controles ambientales y de la institucionalidad pública, habilitando un escenario de aceleración extractiva que diversos actores sociales habían advertido con antelación.
Al insistir en esta estrategia, el Ejecutivo no solo desconoce ese mandato democrático, sino que tensiona principios constitucionales fundamentales relacionados con la consulta previa, la protección de la naturaleza y la soberanía estatal. Las advertencias de organizaciones indígenas y ambientales sobre un nuevo ciclo de despojo territorial, especialmente en la Amazonía —donde la minería ha contribuido a pérdidas significativas e irreparables de cobertura boscosa en los últimos años— no pueden ser desestimadas como mera oposición ideológica “de los correistas”.
Es evidente que el trazado estratégico opera en directa proporción con la dispersión política que le hace el juego a la polarización y a los cazabobos que semanalmente inundan medios y redes sociales.
La estructura institucional preparó anticipadamente el terreno: el 24 julio 2025, vía Decreto 60, Noboa fusionó el MAATE al Ministerio de Energía y Minas; el MAATE se subordinó al Ministerio de Energía y Minas, renombrado Ministerio de Energía, Minas y Recursos No Renovables, con Inés Manzano como ministra desde agosto 2025. Esta reingeniería generó críticas por conflicto de intereses: el regulador ambiental (MAATE) se ubica bajo el ministerio promotor de minería/petróleo.
Es evidente que el trazado estratégico opera en directa proporción con la dispersión política que le hace el juego a la polarización y a los cazabobos que semanalmente inundan medios y redes sociales cuyo objetivo siempre ha sido el mismo: desinformar para gobernar.
La amenaza real del arbitraje
El punto más sensible del TLC no está en la reducción de aranceles, sino en el régimen de inversiones que podría incorporar. Tras seis rondas de negociación cerradas en febrero de 2025 y con una firma prevista para 2026, el gobierno promueve el TLC como una oportunidad para ampliar exportaciones no petroleras —flores, camarón, cacao, atún y textiles— hacia un mercado de más de 40 millones de consumidores, con proyecciones oficiales de hasta 300 millones de dólares adicionales por año.
Sin embargo, esta narrativa de beneficios económicos ocultaría una asimetría estructural: el núcleo estratégico del acuerdo no se encontraría en la agricultura ni en la industria ligera, sino en el blindaje jurídico de la inversión minera canadiense mediante mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS), precisamente aquellos que fueron rechazados de forma contundente en la consulta popular del 21 de abril de 2024.
El ISDS funciona como un dispositivo de poder que permite a empresas extranjeras demandar directamente al Estado ante tribunales arbitrales privados cuando consideran que una regulación ambiental, social o territorial afecta sus expectativas de ganancia. Este mecanismo limita la capacidad regulatoria del Estado, genera un efecto disuasivo sobre la formulación de políticas públicas y socializa los costos de los litigios, que se pagan con recursos fiscales.
Si un país endurece normas ambientales, cancela una concesión minera o protege una fuente de agua, una empresa puede alegar “expropiación indirecta” o “trato injusto” y exigir compensaciones.
Cómo funciona la trampa de los ISDS: la demanda no se presenta en cortes nacionales sino ante tribunales privados de arbitraje (como CIADI, CNUDMI u otros). Los árbitros no son jueces públicos, sino abogados especializados en arbitraje internacional. Las decisiones son vinculantes y pueden obligar al Estado a pagar indemnizaciones millonarias. El Estado no puede demandar a la empresa en ese mismo foro; el mecanismo es asimétrico. Limita la capacidad regulatoria del Estado en áreas como ambiente, salud, agua, derechos laborales o consulta previa. Genera el llamado “efecto congelamiento”: los gobiernos evitan regular por miedo a demandas. Traslada conflictos de soberanía y política pública a foros privados internacionales. Socializa el costo: las indemnizaciones se pagan con recursos públicos. Ejemplo típico: Si un país endurece normas ambientales, cancela una concesión minera o protege una fuente de agua, una empresa puede alegar “expropiación indirecta” o “trato injusto” y exigir compensaciones, aun cuando la medida sea legal y democrática a nivel interno.
En Ecuador, la Constitución del 2008 prohíbe ceder jurisdicción soberana en controversias contractuales o comerciales. En la consulta popular del 21 de abril de 2024, la ciudadanía rechazó explícitamente el retorno del ISDS. El debate sobre el TLC con Canadá es fundamental para transparentar si incorpora o no, mecanismos equivalentes o funcionalmente similares al ISDS, aunque no los nombre así.
En la coyuntura política ecuatoriana de 2026, el anuncio del presidente Daniel Noboa el 2 de febrero sobre la firma inminente de un TLC con Canadá irrumpe como una jugada extractivista de alto voltaje, envuelta en la retórica de diversificación productiva, pero bajo la sospecha de que el núcleo de esa iniciativa sea el blindaje jurídico para inversiones mineras canadienses.
Desde el punto de vista político, el TLC debería someterse a control constitucional y ratificación legislativa, pero el oficialismo al parecer, buscará imponerlo como logro económico en un escenario de endeudamiento elevado y restricción fiscal. Canadá, por su parte, reproduce un doble estándar: promueve discursos de “inversión responsable” mientras exporta un modelo extractivo cuyos costos ambientales y sociales han sido ampliamente documentados en la región.