El costo de las festividades preelectorales
Contratos oscuros y pérdidas millonarias, contrastan con generosos subsidios, gastos publicitarios y presupuestos para cárceles “estilo Bukele”. El derroche de dineros públicos de los últimos meses es digno de una delirante festividad preelectoral, dirigida a encandilar con luces artificiales, la cercanía de la navidad y el fin de año en un país atascado en reversa.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el 5 de diciembre de 2024 la Ley de Alivio Financiero, propuesta por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente. Este cuerpo legal busca mitigar los efectos de la crisis económica y energética que afecta al país, enfocándose en aliviar la presión financiera sobre los ciudadanos y estimular la recuperación económica. La ley incluye medidas como:
• Seguro de desempleo inmediato para quienes perdieron su trabajo entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.
• Condonación de deudas e intereses en créditos educativos para personas con discapacidad y refinanciamiento de créditos hipotecarios en mora con el BIESS.
• Diferimiento extraordinario de pagos de deudas en los sectores público y privado, sin intereses.
• Suspensión temporal de pagos de planillas de electricidad por reclamos.
• Beneficios tributarios a empresas que mantengan su plantilla laboral durante los apagones.
• Incentivos financieros para microempresarios y emprendedores, así como facilidades de pago para usuarios afectados por deficiencias en servicios de telefonía e internet.
Aunque la mayoría de las disposiciones fueron aprobadas por 116 votos, algunas propuestas, como la contratación obligatoria de adultos mayores en empresas, no pasaron debido a falta de consenso.
Ya antes, el presidente Daniel Noboa ordenó la condonación de las deudas de hasta USD 5000 al Banco Nacional de Fomento en liquidación, lo que representa un monto de USD 130 millones. Así lo decidió mediante el Decreto Ejecutivo 383, firmado este 6 de septiembre, en Nueva York. En medio de la creciente polarización política y del ánimo negativo sobre el futuro inmediato, en la mayoría de ciudadanos, la reducción de los apagones y proyectos de ley que beneficien a la población se enfocan en contener el desgaste de la imagen del presidente candidato.
Sin embargo, no todo funciona a pedir de boca para el gobierno. Desde la contratación de la barcaza turca de Karpowership, alquilada por Ecuador para aportar 100 MW/h al sistema eléctrico nacional, pasando por la contratación de la empresa PacificTerminal S.A, del empresario ítalo-ecuatoriano José Dapelo Benites, que consiguió el 8 de octubre de 2024, una autorización para la construcción de un terminal marítimo en Monteverde, la semana que termina detonó otra irregularidad que prendió las alertas ciudadanas. Los generadores eléctricos adquiridos a la empresa Progen Industries LLC, con sede en Estados Unidos, para una planta térmica en Quevedo, debían llegar en noviembre de 2024, pero aún no han arribado todos a Ecuador. Los generadores corresponden a dos contratos de emergencia establecidos entre Celec y la empresa Progen, con un monto combinado de USD 149,1 millones. Uno de los proyectos contempla su instalación en Quevedo, mientras que otro incluye la dotación de equipos para la planta de El Salitral, ubicada en la provincia del Guayas, con un presupuesto de USD 99,4 millones.
Sobre estos equipos, la ministra de Energía, Inés Manzano, indicó en una entrevista de prensa, el viernes 13 de diciembre, que inicialmente se reportó que los generadores fueron fabricados en China, aunque aún no se tiene claridad sobre su origen. «Hay que proteger los recursos públicos. Yo entregué el dinero y deben entregarme los equipos comprometidos”, enfatizó la ministra Manzano. ¿Desembolsó el gobierno a través de CELEC el 70% del valor total de los contratos? No debería haberlo hecho, pues se no se ha entregado la totalidad de los 29 generadores acordados para El Salitral. Aparentemente, la estrategia de Progen es no recibir el anticipo para evitar presentar garantías de buen uso de anticipo, pero el contrato especifica que se pagaría el 70% contra presentación del packing. La ministra debe al país explicaciones serias y claras.
Pero los oscuros contratos para atender la crisis energética no son los únicos que deben preocupar a un país paralizado por la falta de inversión pública —a no ser para construir cárceles al “estilo Bukele”— en lugares donde faltan servicios elementales, como en Archidona. El régimen gestiona recursos e infraestructura presupuestados anualmente por el enorme complejo institucional del Estado, incluidos los llamados “medios públicos”, para informar a la ciudadanía; sin embargo, esa inversión se refuerza mediante una campaña de comunicación que hasta octubre de 2024 comprometía más de USD 12 millones distribuidos en tres contratos.
La Cc emitió su sentencia en el caso Furukawa, el 5 de diciembre de 2024. Este fallo reconoció graves vulneraciones a los dd.hh. de trabajadores y familias. unas 1.244 personas fueron las víctimas.
Para nadie es un secreto que esa estrategia se paga con recursos públicos; por ejemplo, que el gobierno subsidie el costo de las planillas eléctricas de los meses de diciembre, enero y febrero de 2024 —que coinciden con el período de precampaña y de campaña electoral—, para los hogares que consuman hasta 180 kilovatios por hora, tiene un costo que aún no termina de esclarecerse, pues inicialmente se anunció que sería de alrededor de USD 34 millones, y luego diversas interpretaciones al Decreto calcularon valores que oscilan entre USD 67’545.000 y llegan hasta USD 101 millones. (Hasta el momento, los alcances y valores exactos del regalo no se logran establecer con claridad; por ello están sujetos a revisión).
En medio de ese frenesí habría que tener claro cuánto se va para redes sociales en las que es evidente la participación de influencers —seguro no lo hacen gratis— y trolls. La contabilidad de una campaña electoral siempre ha sido difícil de transparentar y establecer en Ecuador, la línea entre lo legal y lo ilegítimo es leve y relativa; y más cuando un político en funciones busca reelegirse. El festín de dineros públicos opera sobre la percepción ciudadana en medio de una campaña electoral prácticamente anticipada, que marca la cancha de la contienda en la esfera comunicacional.
Furukawa: sentencia histórica de la Corte Constitucional del Ecuador
La Corte Constitucional del Ecuador (CCE), emitió su sentencia en el caso Furukawa, el 5 de diciembre de 2024. Este fallo reconoció graves vulneraciones a los derechos humanos de trabajadores y familias. Aproximadamente 1.244 personas fueron identificadas como víctimas. El modelo de explotación laboral de Furukawa Plantaciones C.A. inició en Ecuador en 1963, cuando la empresa de capital japonés se estableció en el país para el cultivo y procesamiento de fibra de abacá; este material es altamente resistente y utilizado en diversas industrias, como la automotriz y textil. Las plantaciones estaban ubicadas en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, cubriendo un total de 2.300 hectáreas distribuidas en 23 haciendas. Estas áreas se caracterizan por ser rurales y estar alejadas de los centros urbanos, lo que contribuyó al aislamiento de los trabajadores y dificultó su acceso a servicios básicos y oportunidades laborales alternativas. La empresa operó durante décadas generando ingresos significativos para la exportación, pero bajo condiciones laborales extremadamente precarias; estas incluían a hombres, mujeres y niños; los niños empezaban a trabajar desde los ocho años, lo que evidencia trabajo infantil sistemático.
El juicio contra Furukawa se inició formalmente en 2019, cuando una investigación periodística y un informe de la Defensoría del Pueblo revelaron las condiciones inhumanas y la explotación de los trabajadores. Estos incluían trabajo infantil, viviendas insalubres, accidentes laborales frecuentes, y falta de acceso a educación, salud, o seguridad social.
Las denuncias colectivas se organizaron con el apoyo de abogados voluntarios, organizaciones de derechos humanos y la intervención de la Defensoría del Pueblo. En el ámbito judicial, la movilización de los afectados permitió obtener una histórica sentencia en 2024 que reconoce a Furukawa como responsable de explotación laboral y violaciones a los derechos humanos. Además de la acción de protección ganada en 2019, que sirvió como punto de partida, el caso involucró pericias médicas, testimonios de las víctimas y auditorías para evidenciar las condiciones de esclavitud moderna sufridas por los trabajadores.
Mecanismos de explotación:
Esclavitud moderna: según lo dictamina la sentencia de la CCE, la empresa Furukawa Plantaciones C.A. es responsable de haber mantenido durante más de 50 años condiciones de «esclavitud moderna» en sus plantaciones de abacá, una forma de explotación conocida como servidumbre de la gleba.
En la Edad Media europea, la servidumbre de la gleba implicaba que los campesinos (siervos) estaban atados a la tierra y no podían abandonarla sin permiso del señor feudal. Aunque recibían protección o acceso a tierras para cultivar, su libertad personal estaba severamente restringida. Los trabajadores ecuatorianos y sus familias vivían en las plantaciones en condiciones extremadamente precarias y sometidas a diversas formas de abuso.
Aislamiento geográfico: las plantaciones estaban situadas en lugares remotos, sin transporte accesible, lo que impedía a los trabajadores buscar empleo en otros lugares. Falta de contratos y derechos laborales: Los trabajadores no contaban con contratos formales, seguros sociales ni salarios justos. Se les pagaba entre USD 200 y USD 300 al mes, una cantidad por debajo del salario mínimo. Condiciones de vida inhumanas: Las familias habitaban en chozas rudimentarias, de entre 10 y 15 metros cuadrados, sin acceso a agua potable, electricidad ni baños adecuados. En algunos casos, había una sola letrina para más de 17 viviendas.
Salud y seguridad: las condiciones laborales causaron lesiones graves, incluidas mutilaciones de dedos y enfermedades crónicas como infecciones respiratorias y de piel debido al polvo y la exposición a mecheros de keroseno Trabajo infantil y familiar: Niños a partir de los 8 años trabajaban junto a sus familias. Las jornadas laborales eran largas y sin medidas de seguridad.
Lesiones y enfermedades: muchos trabajadores sufrían mutilaciones en las manos debido al manejo de maquinaria defectuosa y padecían enfermedades respiratorias y de la piel por la exposición constante al polvo del abacá y a los mecheros de keroseno.
Dependencia económica: los bajos salarios y la falta de alternativas laborales obligaban a los trabajadores a permanecer en las plantaciones, perpetuando un ciclo de pobreza y explotación.
Muertes: se reportaron casos de muertes relacionadas con las condiciones de vida, como la pérdida de un bebé por falta de asistencia médica en los campamentos.
La sentencia obliga a Furukawa a pagar aproximadamente USD 41 millones en indemnizaciones a 342 víctimas, distribuyendo USD 120,000 por persona, con montos adicionales para mujeres, menores, personas mayores y quienes sufrieron amputaciones. Además, la empresa deberá realizar un acto público de disculpa y asumir la reparación integral. También se ordenó la intervención de la compañía para evitar la venta de bienes y acciones.
Instituciones estatales involucradas: el fallo de la CCE también responsabilizó a varias instituciones del Estado como parte de las medidas de reparación integral para los afectados y para prevenir que se repitan violaciones similares en el futuro
1. Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES): debe garantizar apoyo a las familias afectadas, incluyendo acceso a servicios sociales y programas de inclusión económica, especialmente para las mujeres y los niños que trabajaron en condiciones de explotación.
2. Ministerio de Salud: está encargado de proporcionar atención médica integral a las víctimas, muchas de las cuales sufren enfermedades crónicas derivadas de las condiciones laborales, como infecciones respiratorias y lesiones físicas severas.
3. Ministerio de Educación: tiene la responsabilidad de implementar programas educativos para los niños que fueron víctimas de trabajo infantil y garantizar que puedan acceder a una educación de calidad.
4. Ministerio de Trabajo: debe supervisar y garantizar que no se repitan prácticas de explotación laboral similares. También se le exige implementar políticas para regular mejor las condiciones laborales en el sector abacalero.
5. Registro Civil: fue mencionado debido a la falta de documentación básica de las víctimas, lo que exacerbó su vulnerabilidad. Se ordenó que garantice el acceso a documentos de identidad para los afectados.
Adicionalmente, la Corte ordenó al Estado ecuatoriano diseñar e implementar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la esclavitud moderna en el país. Esto incluye la creación de un fondo económico para la reparación de los derechos de las víctimas y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales sobre trabajo forzoso y servidumbre.
Furukawa C.A. ha cuestionado el fallo y argumenta que la responsabilidad estatal no fue debidamente considerada, critica la reparación económica ordenada, argumenta que no existió explotación ni servidumbre en sus haciendas, pues su modelo de negocio se basaba en la compra de abacá a pequeños productores independientes que operaban en campamentos, y no en relaciones laborales directas sino que se trataba de acuerdos comerciales autónomos en los que estos asumían los riesgos y beneficios de la producción, por lo que las condiciones en los campamentos no eran responsabilidad directa de la empresa, sino de las personas que los habitaban; y que la empresa cumplía con las leyes nacionales aplicables al sector agrícola.
la Corte ordenó al Estado diseñar e implantar políticas que aborden las causas estructurales de la esclavitud moderna en el país. Esto incluye la creación de un fondo económico para la reparación de las víctimas.
La sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador en el caso Furukawa, implica el reconocimiento a la falta de políticas públicas que garanticen la calidad de la inversión pública o privada en el Ecuador, y precautelen las condiciones de vida de trabajadores, familias y comunidades enteras, vulnerables ante industrias que explotan recursos del país, muchas veces ante la impavidez del estado o con su complicidad. Es tan grave y evidente la situación que, varios gobiernos ecuatorianos y organizaciones internacionales han implementado programas para mejorar las condiciones laborales y combatir el trabajo infantil.
Es muy oportuno recordar una de las dos preguntas de la consulta popular y referendo impulsada por el presidente Noboa, y que es muy pertinente en el marco del caso Furukawa: “Resolución de conflictos comerciales: ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización?”
La contundencia de los hechos y la cadena de responsabilidades sobre ellos, no necesita mayores comentarios sobre los potenciales riesgos para el país, de haberse aprobado aquella pregunta.
Ley antipillos: ¿ladrón que roba a ladrón?
Daniel Noboa envió el 9 de diciembre de 2024 la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, al Registro Oficial. Esto ocurrió después de que el pleno de la Asamblea Nacional rechazara y archivara el proyecto de Ley el 27 de noviembre, con el voto de 84 legisladores, en el primer debate. La resolución legislativa fue remitida al Registro Oficial y se publicó el 28 de noviembre.
El Ejecutivo alegó que la Asamblea no cumplió con el procedimiento adecuado como establece la normativa para proyectos de urgencia económica, según la cual, la legislatura está facultada para proceder con un segundo debate durante los 30 días de plazo desde que recibe un proyecto de carácter económico urgente. Ese plazo terminó el 8 de diciembre de 2024.
La Asamblea argumentó que el gobierno ha incumplido con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución. “Dicho artículo establece que los proyectos calificados como económicos urgentes sigan el mismo procedimiento ordinario, excepto en los plazos; y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa faculta a la Asamblea a archivar un proyecto de ley en primer debate, como ha ocurrido con 52 proyectos de ley ordinarios, desde el año 2014.
Sin embargo, una sospecha razonable fue sembrada en la esfera pública sobre el verdadero propósito en que se basa la Ley. ¿Por qué se estira el recurso constitucional, si ya la asamblea advirtió días al mandatario que no iban a ser aprobados nuevos impuestos? ¿Por qué el régimen prefirió medir a la Asamblea, si ya existen instituciones cuya función es identificar delitos y sancionar responsables?
¿Quién esquilmó la legislación en el “proyecto antipillos”? El mensaje final es político. De nuevo, el tufo de una conducta despótica que conduce al autoritarismo flota sobre una tensión que bien podría haberse evitado.
Desde el gobierno se argumentó en un canal de televisión, que era necesario mejorar “la trazabilidad” del sistema de lavado; eso quiere decir que las autoridades saben que en la compra y venta de autos usados se esconde una práctica ilegal y delincuencial, pero en lugar de perseguirlo y exigir resultados a dichas instituciones, se apuró un proyecto de Ley que sabían no se aprobaría en la Asamblea. Efectivamente, a través de la Ley, se genera un nuevo impuesto. ¿Quiere el régimen participar indirectamente del negocio, por la vía de la tributación?
La Asamblea sostiene que cualquier publicación de esta ley por parte del Ejecutivo constituiría una violación a la Constitución y podría acarrear sanciones legales. Mientras la Corte Constitucional no emita su opinión sobre el proceso que enfrenta al Legislativo con el Ejecutivo, la Ley, al haber sido publicado en el Registro Oficial, entrará en vigencia en enero del 2025.
¿Quién esquilmó la legislación en el “proyecto antipillos”? El mensaje al final del día es político. De nuevo, el tufo de una conducta despótica que conduce al autoritarismo flota sobre una tensión que bien podría haberse evitado. La pugna de poderes y las interpretaciones interesadas a mandatos, normas y reglamentos constitucionales han conducido a la absoluta decadencia de la institucionalidad en el país.
Napo resiste …y gana
Una masiva movilización ciudadana se tomó se tomó la Gobernación de Napo la noche del jueves 12 de diciembre, en rechazo a la construcción en Archidona, de una cárcel de máxima seguridad. Las protestas, particularmente en ese cantón iniciaron el 3 de diciembre de 2024, e incluyeron el bloqueo de vías principales que conectan Archidona con ciudades como Tena y Quito. Pobladores, comunidades y organizaciones indígenas de la provincia, y autoridades locales se opusieron a la construcción de la cárcel en territorio ancestral indígena. La Iglesia Católica de esa provincia, a través del Vicariato Apostólico de Napo pidió al Gobierno realizar la Consulta previa e informada contemplada en la Constitución de la República. También la Asamblea Nacional exhortó al presidente Noboa a suspender la construcción de ese proyecto cuyo presupuesto asignado es de alrededor de USD 52 millones.
El proceso se declaró como reservado, no se incluyó el nombre de la empresa a la que se le adjudicó la construcción y equipamiento de la nueva cárcel Pese a su disposición a dialogar, la falta de respuesta del régimen, ha provocado la radicalización de las protestas.
La preocupación principal de los habitantes radicaba en los impactos negativos que la cárcel podría generar, incluyendo amenazas a la seguridad de las familias, a más de 5 mil niños de la zona, afectaciones al turismo y al bienestar de comunidades educativas cercanas.
Finalmente, en un comunicado, el gobierno desistió de la ampliación de esa cárcel y, por ofrecimiento de su alcalde, dispuso que la obra se traslade al cantón Salinas, provincia de Santa Elena, territorio en el cual ya se construye otra mega cárcel de máxima seguridad.
Comunidades indígenas, autoridades, la Iglesia, estudiantes y empresarios alzan la voz contra un proyecto que pone en riesgo su tranquilidad, seguridad y economía turística. La región Amazónica, de donde se extrae el petróleo que ha sostenido durante décadas el discordante subdesarrollo nacional, es la más pobre del Ecuador. Elegir a un municipio de la zona para construir una cárcel al “estilo Bukele” habla mucho del menosprecio a la Amazonía y a sus habitantes. Los USD 52 millones para construir una cárcel, bien habría podido utilizarse para construir un hospital en Archidona …o en Salinas.