El pleno de la Asamblea Nacional rechazó y archivó el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria mediante el Combate al Lavado de Activos, calificada por el gobierno como «Ley antipillos». Según los legisladores, el texto enviado por el presidente Daniel Noboa carecía de respaldo técnico y financiero adecuado, al no incluir el dictamen obligatorio del Ministerio de Finanzas.
Además, se criticó que las medidas propuestas podrían afectar la economía de las familias y que se percibió como incompleto en aspectos esenciales para su implementación. Noboa expresó su decepción por la decisión, argumentando que buscaba combatir el lavado de activos y fortalecer la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Sin embargo, el rechazo al proyecto no provino solamente de la Asamblea Nacional; la posibilidad de que se apruebe un nuevo gravamen fue duramente criticado por expertos económicos que cuestionaron su coherencia con mecanismos financieros realmente eficientes para mejorar “la trazabilidad” (según el ministro de Finanzas) de una hoja de ruta sobre el origen y manejo del lavado de dinero; mientras que desde la esfera política se mencionó la falta de credibilidad de la UAFE, y se subrayó la sospechosa salud financiera de poderosas instituciones del sistema, que no cuadra con las cifras de la recesión económica en el país.
Es evidente que los USD 3.500 al año de lavado (según estimaciones técnicas), no se esfuman en transacciones de compra venta en efectivo de autos usados; la hipótesis de que el circuito de la corrupción en este campo podría incluir a entidades del sistema financiero y sus relaciones con la política, no es aventurada.
El jueves 28 de noviembre, Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea, notificó al presidente Daniel Noboa la negativa y archivo del Proyecto de Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos. Sin embargo, al día siguiente, el gobierno reenvió el proyecto urgente a la Asamblea, por que el legisltivo no realizó los dos debates en el Pleno, como estipula la Constitución en su Artículo 62. El gobierno advirtió a la Asamblea que los tiempos establecidos para el trámite de una ley económico urgente están determinados en la Constitución, por lo tanto “el trámite sigue su curso”, por lo que el gobierno, “en su momento, sabrá responder en base a la Constitución”.
¿Campañas políticas: solo para millonarios?
La Corte Nacional de Justicia respondió a la consulta del presidente Noboa respecto a los procedimientos para eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. La respuesta, ahora remitida a la Asamblea Nacional, confirma que este cambio requeriría una reforma constitucional.
Noboa ha manifestado su intención de promover este ajuste como parte de un esfuerzo para reducir gastos innecesarios y optimizar los recursos públicos. Bien pudo el presidente candidato promover esa reforma cuando ADN gozaba del pacto legislativo con el correísmo y los socialcristianos, a inicios de su gobierno. Conservó esa carta porque le resulta más rentable publicitarla en el marco de la precampaña electoral, y porque en ese “Acuerdo por la gobernabilidad”, la reforma no habría pasado. Los partidos políticos ecuatorianos ni siquiera se despeinaron en contra de la iniciativa de Daniel Noboa. Sin el financiamiento del Estado, solo tiendas electorales asistidas con poderosas chequeras podrán competir en elecciones ¿La previsible consecuencia?
En ese escenario se incentiva el acceso irregular de dinero en campañas plebiscitarias y electorales. Al parecer, a la reencauchada vieja política de no le interesan los procesos, sino los resultados, y mejor si pueden ser publicitados. ¿Para qué desgastar neuronas en procesos de financiamiento abiertos a candidaturas, como los que existen en varios países y que cierran los túneles de la corrupción financiera en las tesorerías de campaña?
¿Por qué no se proponen reformas de fondo al Código de la Democracia? Se requieren normas de aplicación efectiva que condicionen la entrega de recursos públicos a los partidos políticos, a la capacitación de sus militantes.
Cuentas públicas, abiertas a todo el que quiera conocer quién y cuánto aportó a una campaña, y cuál es el origen del dinero —información que debe adjuntar documentos legales que registren el gasto, y sean auditables— para garantizar su transparente utilización. ¿Por qué no se proponen reformas de fondo al Código de la Democracia? Se requieren normas de aplicación efectiva que condicionen la entrega de recursos públicos a los partidos políticos, a la capacitación de sus militantes en ética, legislación, administración pública, historia del Ecuador, geopolítica básica y a la formación de nuevos líderes. Estas propuestas hechas a vuelo de pájaro mejorarían la calidad de la representación pública y fortalecerían la democracia de cartón que se niega a morir del todo en Ecuador. Cero tolerancia a candidatos con sentencias o investigaciones en curso, por corrupción u otros delitos graves. Ningún político podrá candidatizarse si antes militó en otro partido. Hay tantas ideas para mejorar la democracia ecuatoriana, pero ¿para qué? si es más cómodo sentarse a esperar que llueva…café.
Salta a la vista la estrategia del régimen en el contexto de la intensa precampaña electoral: embestir a la Asamblea Nacional. Acudir a la “vieja confiable”, deja en el aire una pregunta ¿Por qué el gobierno esperó hasta este momento para promover ese proyecto de ley, así como la propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos?
Remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley con un nuevo impuesto para la ciudadanía es una estratagema repleta de grosera obviedad. Los asesores del régimen saben que nuevos impuestos no serán aprobados por la legislatura, pero la “genialidad” de los gurús que levitan sobre el oficialismo consiste en amplificar el rechazo social a esa institución, y conectarla con el correísmo.
El siguiente paso consiste en victimizar al líder del “Gobierno que resuelve” argumentando que la Asamblea boicotea iniciativas esenciales para enderezar el país y sembrar la idea de que lo hace en complicidad con la delincuencia organizada. Nada nuevo. Un vaso vacío de ideas políticas y un Ejecutivo que al inicio de su gobierno se definió como “anti nada” pero luego de un año de gestión ha sido intolerante con sus contradictores, sus críticos, y sus adversarios. El rechazo al proyecto podría fortalecer la percepción de distanciamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Analistas políticos sugieren que este conflicto institucional podría profundizarse si no se construyen puentes de diálogo. Además, el gobierno de Noboa podría enfrentar presiones para reformular sus propuestas, buscando mayor consenso legislativo. Desde otro flanco, la Asamblea, liderada por sectores de oposición, ha enfatizado su control político hacia el Ejecutivo, rechazando varios proyectos, lo que refleja un ambiente de tensiones crecientes entre ambas funciones del Estado. A ello se suma la impugnación a lo actuado por Cancillería y el ministerio de Relaciones Laborales contra la vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
Crisis energética en Ecuador
Los cortes de energía han persistido esta semana, afectando a varias provincias del país. Actualmente, la capacidad de generación eléctrica se encuentra en aproximadamente un 60% del nivel necesario para cubrir la demanda, lo que ha obligado al gobierno a importar electricidad de países vecinos como Colombia y Perú. El Ejecutivo asegura que se está trabajando en contratos a corto plazo para incrementar la disponibilidad energética, pero la oposición ha criticado la falta de inversión en infraestructura eléctrica durante los últimos años. Analistas económicos señalan que, a corto plazo, estas compras de energía encarecerán el costo fiscal, mientras que expertos energéticos abogan por un plan integral de inversión en energías renovables, como eólica y solar, para reducir dependencia externa y mejorar la estabilidad del sistema.
Si no se implementan medidas estructurales, el déficit energético podría empeorar en 2025. Una inversión en opciones renovables, combinada con financiamiento internacional, podría aliviar la crisis, pero requeriría al menos dos años para mostrar resultados significativos.
Sentencias definitivas en el caso Metástasis
El 25 de noviembre de 2024, en el caso Metástasis, relacionado con una red de delincuencia organizada liderada por el fallecido narcotraficante Leandro Norero, se dictaron sentencias definitivas contra 20 de los 21 procesados. La Fiscalía destacó que esta resolución representa un hito en la lucha contra la corrupción, mientras que sectores ciudadanos exigen mayor celeridad en la recuperación de los bienes malversados.
Entre los principales condenados se encuentran:
- Xavier Novillo, abogado y cabecilla de la red, recibió una pena de 10 años de prisión.
- Wilman Terán, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, fue condenado a 9 años y 4 meses por colaborar con los intereses judiciales de Norero.
- Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, y varios exfiscales, exjueces y expolicías recibieron condenas similares de 9 años y 4 meses por sus roles en la organización.
- Claudia Garzón, excomisionada para la pacificación de cárceles, recibió una pena reducida de 3 años y 4 meses por atenuantes.
- Otros involucrados, como abogados y colaboradores de la red, enfrentaron penas de entre 3 y 7 años.
- El único declarado inocente fue John Camposano, exfiscal en Guayaquil, debido a la falta de pruebas en su contra. Primicias; http://www.ecuavisa.com; https://xpreso.ec; https //www.elcomercio.com .
Campaña preelectoral y tensiones políticas
Luego de la eliminación de Jan Topiç de la contienda electoral, y arremeter contra Telconet, empresa del grupo familiar del ex candidato presidencial, resulta claro que la escalada del conflicto no se limita a verificar cuál carpintero es más vigoroso, sino que el tema de fondo es el control de las telecomunicaciones, uno de los sectores estratégicos claves para el país.
Durante la audiencia del 29 de noviembre de 2024, para resolver la acción de protección presentada por Verónica Abad contra su suspensión sin sueldo como vicepresidenta de la República, la jueza Nubia Vera cuestionó insistentemente al delegado del Ministerio de Trabajo sobre la base legal para sancionar a la vicepresidenta con 150 días de suspensión.
La jueza pidió al funcionario especificar en qué normativa o artículo estaba fundamentada esa sanción. El delegado mencionó el artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público, pero no respondió concretamente sobre los 150 días. La jueza reiteró su pregunta varias veces, y el delegado, tras un largo silencio y revisión de documentos, señaló que la sanción se había determinado bajo las reglas de la «sana crítica» debido a la imposibilidad de destituir a la vicepresidenta. Finalmente, la audiencia fue suspendida y se programó su continuación para el 9 de diciembre. La defensa de Abad argumentó que el Ministerio no tenía competencia para sancionar a una autoridad de elección popular y solicitó que se anule la suspensión. Adicionalmente pidió a la jueza anular el sumario administrativo y dictar medidas de reparación, como disculpas públicas en un mensaje a la Nación y capacitación para la ministra de Trabajo.
La Asamblea Nacional también mide fuerzas en este caso, oponiéndose a la sanción contra Abad. El viernes 29, al final de la tarde, La Corte Constitucional admitió a trámite la solicitud de interpretación presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, sobre varios artículos de la Constitución relacionados con la Vicepresidencia de la República y las atribuciones de los ministros de Estado. El bochornoso episodio registrado durante la comparecencia de la vicepresidenta Abad, se percibe como una mancha más en el forzado caso levantado contra Abad para impedir que asuma temporalmente la presidencia de la República, mientras el presidente candidato se dedica a su campaña por la reelección.
Algunos juristas destacan que eliminar el financiamiento público a los partidos políticos, podría vulnerar principios democráticos, especialmente en contextos donde los más pequeños no tienen acceso a otras fuentes de financiamiento. Otros opinan que el ahorro fiscal justificaría esta reforma, siempre que se implementen medidas que garanticen equidad electoral. El debate en la Asamblea será determinante; de aprobarse, podría transformar radicalmente el panorama político ecuatoriano, con partidos dependientes de fondos privados, lo que podría incrementar riesgos de corrupción. Noviembre cerró la semana pasada con una creciente complejidad de la coyuntura política, social y económica del Ecuador.
Gustavo Isch