El oficialismo se tomó la Comisión de Fiscalización y al correísmo se le vinieron abajo sus planes para sacar a Diana Salazar del camino. La moción de la asambleísta Pamela Aguirre, para calificar el juicio político en contra de la Fiscal General, no fue aprobada: recibió cinco votos en contra y cuatro a favor.
Este fue el resultado de un muñequeo político que duró más de dos horas, en una de las sesiones de la Comisión más bochornosas de su historia. De entrada, la presidencia de dicho foro legislativo, en manos de Aguirre, fue apelada por el asambleísta César Umajinga, de ADN, y, por tanto, la conducción de la reunión quedó en manos del también oficialista Luis Alvarado, vicepresidente de dicha comisión.
La sala estuvo llena hasta la bandera, porque legisladores de otras comisiones acudieron para “expresar sus opiniones” y “hacer veeduría” a una sesión clave, tanto para el correísmo como para el oficialismo. Durante la noche del lunes 9 y la madrugada del martes 10 hubo de todo: gritos, carajazos, colados, manos al viento, llamados a la Escolta Legislativa, desconocimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y hasta la expulsión del legislador Lenin Rogel, de las filas del socialcristianismo.
Pero quizá uno de los momentos más prosaicos de la noche ocurrió cuando Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN, indicaba al oído de Luis Alvarado los pasos a seguir en la atropellada sesión. Al lado de ellos también se mantuvo la oficialista Irene Alarcón.
La asambleísta correísta pamela aguirre dijo que la sentencia del juez édgar romero, que dispone retomar los juicios políticos a exfuncionarios del gobierno de guillermo lasso, era espuria. habló de jueces de alquiler. rechazó la intromisión de otras funciones en el legislativo. El karma político existe…
La Presidencia de la Comisión de Fiscalización fue apelada con cinco votos a favor, tras una severa confrontación con el asambleísta Umajinga. Pamela Aguirre, al inicio de la sesión, decidió no tratar sobre los juicios políticos pendientes, como dispuso la sentencia del juez Édgar Romero, y que anteceden al proceso contra la Fiscal General. Dicha sentencia es la respuesta de un pedido de acción de protección propuesto por la legisladora oficialista Alarcón.
De su lado, Auirre, asambleísta de la Revolución Ciudadana, criticaba la medida, hablaba de “jueces de alquiler», de intromisión de la Función Judicial en la Función Legislativa y ponía énfasis en que algunos asambleístas querían evitar el juicio político a Diana Salazar. De hecho, para la accidentada sesión, ADN, PSC y Gente Buena armaron una súbita mayoría.
Después de una hora y media de dimes y diretes, se sometió a votación la moción de César Umajinga de establecer el siguiente orden para los procesos de juicio político: primero, Diana Salazar, Fiscal General, y luego Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; Pablo Arosemena, exministro de Finanzas, y Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior (los tres últimos, funcionarios durante el gobierno de Guillermo Lasso). Dicha moción recibió cinco votos a favor. Pero la calificación del proceso contra la Fiscal no tuvo los votos y el Legislativo deberá retomar el trámite contra los exsecretarios de Estado.
El correísmo, sin embargo, aún cree que podrá retomar el proceso contra la Fiscal, pues en su lectura, la moción no aprobada correspondía al proceso iniciado por la legisladora Gisela Garzón (presentado el 27 de noviembre de 2023) y, según ellos, aún queda pendiente el proceso liderado por Héctor Valladares (presentado el 13 de mayo de 2024).