El 5 de agosto de 2025, el presidente de la República anunció —como tanteo del terreno político y en busca de ajustar los anexos— el temario preliminar de una nueva consulta popular, que probablemente se realizaría en diciembre.
Esta no es una simple reforma constitucional ni una nueva cortina de humo. Las siete preguntas propuestas trascienden lo jurídico y la demagogia de la última campaña presidencial: son una declaración ideológica sobre cómo el gobierno concibe al país, a sus ciudadanos y a la democracia. Más que una estrategia urdida solamente para desviar la atención de problemas urgentes como la corrupción o el colapso del sistema de salud, esta consulta puede entenderse como una operación de reconfiguración del poder político y del control institucional.
Algunas reflexiones indispensables
I. Bases militares extranjeras:
Abrir la puerta a bases militares foráneas puede reforzar la cooperación internacional en seguridad, pero debilita el principio de soberanía nacional. Salvo Honduras, ningún país de la región ha autorizado bases militares extranjeras permanentes; esa es una de las razones.
Ni Colombia ni México han logrado contener de forma sostenida la violencia, pese a sus acuerdos de cooperación militar.
En Ecuador —declarado en 2023 como el país más violento de América Latina y con más de 100 000 desplazados internos en 2024*— la militarización y las alianzas externas no han frenado al crimen organizado; al contrario, han agudizado las disputas entre bandas.
No hay evidencia regional de que este tipo de medidas genere reducciones sostenidas de violencia. La omisión estructural de causas profundas como la pobreza, la desigualdad y la corrupción política limita cualquier impacto real.
(*) El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) reporta que en el año 2024 se registraron 101 000 casos de desplazamiento interno por violencia y conflicto en Ecuador, lo que posiciona al país como el tercer más afectado de América Latina, solo detrás de Haití y Colombia. (Elpaís.com).
II. Eliminación del fondo estatal para partidos políticos:
Eliminar el financiamiento público favorece a partidos con respaldo privado, debilitando la equidad electoral. No se erradica la corrupción, simplemente se privatiza.
III. Eliminación del CPCCS:
Desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es trasladar su poder de fiscalización al Ejecutivo y a una Asamblea ya controlada por el oficialismo. Se debilita la participación ciudadana y se concentra aún más el poder político. ¿No son justamente estas funciones del Estado dos de las más proclives a la corrupción y al “muñequeo”? Cuando termine sus funciones el actual régimen ¿no ocurrirá lo mismo con el próximo?
Al final del día todos los gobiernos han manejado su poder para tener mayoría en el Cpccs, Siempre se ha dicho que esto se debe a la necesidad de que las autoridades de control les blinden de investigaciones y sanciones a algunos ases del desfalco de recursos públicos. Esa pregunta de nuevo juega con la creación del enemigo (el Cpccs), pero esconde la intención de concentrar el poder desde el gobierno de turno -cualquiera que sea- basta con ganar una elección y tener mayoría en la Asamblea.
IV. Reducción del número de asambleístas:
Reducir curules no garantiza mejor representación. El problema no es la cantidad, sino la calidad de los legisladores. La reciente reforma que permite ser asambleísta con solo haber alcanzado la mayoría de edad revela el doble discurso. Esta medida afectaría a provincias pequeñas, restándoles voz, y fortalecería a las élites partidistas.
V. Contratos por horas en turismo:
Al introducir contratos por horas, aunque sea en un solo sector, se crea un precedente legal y político que otros sectores podrían usar como justificación para exigir el mismo modelo. Bajo el disfraz de la “flexibilidad” se deslinda responsabilidades sobre la ausencia de un programa de reactivación del empleo desde el Estado, se conecta emocionalmente con la desesperación de cientos de miles de desempleados y subempleados, y se abre paso a la precarización: salarios bajos, inestabilidad, ausencia de derechos laborales y, por supuesto, aniquilación del movimiento sindical. El riesgo económico se transfiere al trabajador, mientras el régimen evade la creación de empleo digno. En medio de este escenario será más fácil despedir a los 50 mil empleados públicos. En el nuevo Ecuador siempre habrá una opción para todos…
VI. Juicio político a jueces constitucionales:
Una propuesta que amenaza la independencia judicial. Convertir a la Corte Constitucional en blanco del juicio político, exacerbando la opinión pública en contra de ese organismo desde ya, pues el régimen sabía que atravesó líneas rojas con sus leyes “urgentes”, aprovechando su mayoría en el Legislativo. Someter la justicia a intereses del Ejecutivo es muy común en países con pseudodemocracias. El mensaje es claro, el libreto del correísmo se repite, aunque se le vapulee cada vez que hay elecciones. Se busca un aparato judicial subordinado.
VII. Reapertura de casinos:
Financiar programas sociales con ganancias del juego es una política riesgosa. Normalizar el azar como fuente presupuestaria promueve modelos regresivos y altamente vulnerables a nuevos problemas sociales. ¿No es más digno apuntalar presupuestariamente una política pública para combatir la desnutrición infantil, que someter sus recursos a un porcentaje de ganancia en casinos de hoteles 5 estrellas?
Preguntas recicladas de la consulta de 2023
Al menos tres preguntas de esta nueva consulta ya fueron rechazadas por la ciudadanía el 5 de febrero de 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso:
- Eliminación del CPCCS (pregunta 3 actual): En 2023, el 56 % votó en contra de que la Asamblea asuma funciones del CPCCS. Ahora se propone eliminarlo por completo, repartiendo su poder entre Asamblea, Contraloría y Defensoría. La lógica de fondo se mantiene: garantizar al Ejecutivo mayoría para blindarse ante cualquier control.
- Reducción del número de asambleístas (pregunta 4): Fue rechazada con más del 52 % del voto en 2023. Hoy se presenta nuevamente, con ajustes mínimos, pero sin una argumentación sólida que justifique el cambio.
- Facilitar la extradición de ecuatorianos: Aunque no figura en esta consulta, se cita como antecedente de propuestas presentadas como “mano dura” pero que el electorado ya ha rechazado antes.
Reformular preguntas rechazadas no es solo una maniobra de resiliencia política desde los huéspedes de Carondelet, sino un intento de redefinir el juego democrático bajo nuevas condiciones. Insistir en estas preguntas supone una narrativa completamente renovada y convincente (fácil de lograr si el modelo a superar es el gobierno del expresidente Lasso); pero básicamente es una estrategia del ejecutivo para reintroducir reformas impopulares bajo un nuevo clima político.
Lo que verdaderamente está en juego no está en los casinos
La consulta no se trata únicamente de siete preguntas. Se juega el modelo de Estado que decidirá sobre el bienestar de familias sin empleo, jóvenes sin oportunidades, mujeres expuestas a violencia, ancianos sin atención médica y niños desnutridos que no reciben políticas públicas estructurales sino promesas financiadas por juegos de azar. Ello sin mencionar el riesgo de contaminación potencial de esa actividad en un país tomado por la delincuencia.
¿Puede sostenerse una democracia en un país donde el 82 % de las víctimas de homicidio en el primer semestre de 2025 eran personas inocentes, ajenas a la guerra mafiosa? ¿En un país en el que se asesinaron 25 personas cada día entre enero y junio de este año? ¿Es viable una democracia en un territorio que ha visto crecer su tasa de homicidios en un 580 % desde 2018, y por donde transita el 70 % de la cocaína que se consume en el mundo?
El poder del camaleón 4.0
Esta consulta impone una agenda sin deliberación. No parte del debate profundo sobre los temas urgentes. En lugar de confrontar los desafíos reales, se propone un referéndum que los maquilla y los empaca en una narrativa populista tecnificada.
En este modelo, no se pregunta si la ciudadanía aprueba el endeudamiento con el FMI sin contrapartidas productivas. No consulta sobre el colapso presupuestario del sistema de salud que empezó con los recortes desde el 2023. Ni sobre los 50 000 despidos en el sector público previstos hasta 2028.
Los camaleones políticos 4.0 cambian de colores, pero no de fondo: camuflan el autoritarismo en narrativa democrática, y el populismo neoliberal en eficiencia técnica.
La ciudadanía debe ir más allá de lo que se le presenta en forma de pregunta. Es indispensable ejercer no solo comprensión lectora, sino capacidad crítica para identificar lo que se disfraza, se omite o se oculta. No se trata de votar sí o no. Se trata de entender qué poder se legitima con cada respuesta y qué futuro vendrá más allá de las promesas.