PROVINCIA DE BOLIVAR
Casos judiciales solucionados “por las buenas”
César Javier Zurita Peña, candidato por el Movimiento Renovación Total (RETO, lista 33), trabajó en la Prefectura de Guaranda entre 2021 y 2024 como administrador y administrador del esmart-g de acuerdo con las declaraciones juramentadas de Contraloría.
Zurita Peña tiene un historial de procesos judiciales iniciados, algunos de los cuales se resolvieron a través de conciliaciones como el caso de presuntos daños a un auto del GAD de Guaranda luego de que, según declara su abogado en el expediente fiscal, se resarcieron los daños.
Zurita tuvo otro juicio por supuestos daños al bien inmueble de una persona que aceptó 600 dólares como reparación. En el historial judicial consta que luego de recibir el dinero, igual se le emitió una boleta de auxilio al denunciante contra Zurita. Existe otro proceso similar interpuesto por Galo Cherres contra Zurita por un presunto ataque violento a su auto. El juez archivó la causa.
Además, en la página web de la Función Judicial consta otra denuncia contra el candidato por presunto incumplimiento de una boleta de auxilio de su expareja. En el juicio se denuncia que César Zurita habría ido el 19 de mayo de 2019 al domicilio de su expareja para agredirla de manera verbal y física. En 2021, se determinó que el candidato no conocía la existencia de la boleta de alejamiento por lo que la jueza emitió sentencia absolutoria para Zurita. Intentamos contactarnos con el candidato, pero no obtuvimos respuesta.
PROVINCIA DE CARCHI
Dos candidatos con procesos penales
En la lista de postulantes a asambleístas por Carchi hay dos que fueron investigados penalmente, según la información registrada en el Sistema Automático de Trámite Judicial (Satje).
El otro candidato con procesos judiciales es Diego Coka Flores, quien ocupa el primer lugar en la lista de SUMA. Aparece como investigado en un caso por supuesta “violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar”, ocurrido en Ambato en 2018. Ese mismo año, la Fiscalía solicitó el archivo del caso, ya que la denunciante no siguió el caso y no colaboró con las diligencias dentro del plazo legal, por lo que no se encontraron indicios suficientes para comprobar la existencia del delito y continuar con el proceso.
De igual manera, Coka fue contactado por correo electrónico y a través de su número celular. El postulante ofreció una respuesta sobre los detalles de esta causa, pero esta no llegó.
PROVINCIA DE EL ORO
Otro aspirante es Thilmer Zambrano Santistevan, de Centro Democrático (lista 1), quien fue detenido en 2017 por supuesto incumplimiento de una boleta de auxilio relacionada con violencia intrafamiliar. Fue liberado porque en el proceso se determinó que en el sistema de la Fiscalía no constaba la razón de la notificación de la boleta que presentó la denunciante. Por esa omisión, el juez no calificó la flagrancia (es decir, fue liberado), pero el caso pasó a investigación previa y de ahí el proceso no ha avanzado. Zambrano, que es coronel del Ejército en servicio pasivo, fue jefe político de Machala entre enero de 2023 y mayo de 2024.
Los candidatos Zambrano, Álvarez e Intriago fueron consultados por esta alianza periodística para que se pronuncien sobre los casos descritos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no respondieron al requerimiento.
PROVINCIA DE IMBABURA
El otro caso es el de Luis Alberto Menacho Menacho, cuarto aspirante de Democracia Sí, lista 20. Menacho fue investigado por violencia física contra la mujer o del núcleo familiar, pero el caso fue archivado por falta de indicios. El candidato fue contactado a través de correo electrónico, teléfono y por medio de Democracia Sí. A través de esta última vía, Marcelo Merino, dirigente de la organización en Imbabura, ofreció hacer el acercamiento, pero al final nunca se concretó.
PROVINCIA DE PICHINCHA C3
Mientras que en el proceso por supuesta violencia psicológica de género estuvo vinculado Manuel Bohórquez Tapia (PSC). Pero, tras pasar el tiempo equivalente a la pena máxima, de cinco años, el caso prescribió.
Esta alianza periodística contactó a ambos candidatos para conocer sus versiones, pero hasta la fecha de esta publicación no hubo respuesta.…
De los 70 candidatos a asambleístas, los cuatro que llegaron a la Asamblea tras la muerte cruzada, en 2023, y ahora buscan regresar son: Manuel Bohórquez Tapia, por el Partido Social Cristiano (PSC, lista 6)
PROVINCIA DE SUCUMBIOS
Según el sistema de la función judicial, uno de los candidatos es Darío Domínguez Encalada, quien ocupa el primer lugar en la lista por la alianza Súmate a la Transformación, que incluye las organizaciones SUMA, Avanza y Mushuk Inti, lista 23-8-61.
Domínguez fue gobernador de Sucumbíos entre junio de 2021 y julio de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso. En el ejercicio de su gestión, fue denunciado por supuesto cohecho, un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se refiere a que un funcionario público reciba un beneficio indebido por favorecer actos relacionados con sus funciones.
En este caso, Mario Mingo señaló a Domínguez por hacer cobros indebidos a funcionarios y personas particulares mientras era gobernador. Además, el denunciante lo acusó de haberlo intimidado. La justicia archivó el caso por falta de indicios.
Fundamedios contactó a Domínguez para conocer más detalles sobre el caso. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta. En su versión, durante las investigaciones, afirmó: «No entiendo a qué cobros se refiere, de eso no sé absolutamente nada».
En octubre de 2022, el exgobernador Domínguez solicitó al Consejo de la Judicatura que borrara del sistema público el caso por estafa, ya que consideraba que había sido denunciado injustamente.
Además, Domínguez tuvo en 2017 otro caso, por presunta estafa, que también fue archivado, ya que el denunciante no colaboró con la realización de diligencias en la etapa de investigación previa y, al no encontrarse indicios suficientes, la causa no prosperó.
En octubre de 2022, el exgobernador Domínguez solicitó al Consejo de la Judicatura que borrara del sistema público el caso por estafa, ya que consideraba que había sido denunciado injustamente y que este proceso estaba afectando su vida laboral, educativa, amorosa y familiar.
También, en 2015, Domínguez fue investigado por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En febrero de ese año, la exconviviente del candidato, denunció que la había maltratado, recibiendo «dos golpes de puño en la cara», a pesar de contar con una boleta de auxilio emitida por un juez de Garantías Penales de Lago Agrio.
Domínguez fue aprehendido y procesado. Sin embargo, tras la instrucción fiscal, la Fiscalía no encontró indicios suficientes para acusarlo. Por lo tanto, tras recibir el dictamen abstentivo del Ministerio Público, el juez de la causa lo sobreseyó.