El 9 de julio del 2024 se cumplieron seis meses de haberse impuesto (Decreto 111) el Conflicto Armado No Internacional, CANI, llamado así oficialmente, o el conflicto armado interno, como de manera coloquial lo ha bautizado la prensa. Luego de esta declaratoria, suscitada tras dos semanas de una ofensiva criminal sin precedentes, los resultados, según el gobierno van de mal en peor, sobre todo en todas las provincias de la Costa, menos Esmeraldas, dos de la Amazonia y un cantón, Ponce Enríquez, de gran influencia minera, en Azuay. Tras la vigencia del CANI, el gobierno ha dictado dos decretos de excepción focalizados en las provincias mencionadas, ha situado varios hechos para justificarlo. El ultimo es el Decreto 318, que hasta ahora está bajo examen en la Corte Constitucional, pues el anterior, el más alto organismo lo echó abajo.
Para el gobierno, que el 318 se mantenga vigente es vital. Una segunda negativa de la CC demostraría que los estados de excepción no están funcionando. Pero el Gobierno, a pesar de declaraciones contradictorias ante la opinión pública, advierte en el decreto sobre la gravísima situación de la criminalidad, para lo cual se requieren medidas excepcionales, que eviten, además (y así lo dice en el Decreto) la injerencia de una justicia lenta, ineficaz y contaminada, como lo demuestran los casos Metástasis, Purga y Plaga, develados por la Fiscalía General del Estado. Los hechos relatados por el gobierno dan cuenta de que el conflicto armado tiende a prolongarse, con situaciones más violentas y virulentas aún que las que provocaron la declaración de guerra interna en el Ecuador.
Los hechos: masacres, secuestros, terror…
La noche del domingo 2 de junio una función de circo se tiñó de sangre en Manta, por obra de sicarios que dispararon y asesinaron al asambleísta alterno de RC5, Cristian Nieto, su esposa Nicole Burgos y Steven Mendoza.
Christian Nieto y su esposa Nicole Burgos, asesinados en Manta, mientras asistían a una función de circo. Foto: Redes ociales
Cuatro días después, Estados Unidos declaró que el cartel ecuatoriano Los Lobos y su cabecilla, Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, se han convertido en la más grande organización de narcotráfico del Ecuador y que «contribuye significativamente» a la violencia que azota al país. Tanto la organización criminal como su cabecilla fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Con miles de miembros (sin precisar cuántos), el Departamento del Tesoro de EEUU, dijo que el cartel «Los Lobos empezó como un grupo de sicarios a las órdenes de la banda rival Los Choneros. El asesinato en 2020 de un líder de Los Choneros dejó un vacío de poder que Los Lobos y sus aliados llenaron coordinando ataques contra la fragmentada cúpula de Los Choneros, que terminaron en motines carcelarios que dejaron decenas de presos muertos. Los Lobos ha estado implicados en narcotráfico, asesinatos a sueldo y extracción ilegal de oro y además, prestan servicios de seguridad al CJNG de México en apoyo a los esfuerzos de éste, de dominar las rutas de tráfico de cocaína en la ciudad portuaria ecuatoriana de Guayaquil. Los Lobos también está acusados de orquestar el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023. En septiembre de 2023, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre sujetos desconocidos responsables del asesinato de Villavicencio.
Policías llevan el féretro de Fernando Villavicencio, periodista y candidatdo presidencial asesinado por sicarios el 9 de agosto del 2023. Foto: EFE
En 2022, william Chavarría Barre, cabecilla de los lobos, ordenó el asesinato de sus rivales Leandro Norero y Samir Maestre para hacerse con el control de rutas de narcotráfico. Chavarría Barre sigue prófugo,y los informes públicos sugieren que podría haber huido del Ecuador bajo una identidad falsa.
Respecto al cabecilla mencionado, dijo que «Wilmer Geovanny Chavarría Barre (Chavarría Barre) es un máximo líder de Los Lobos. Durante su encarcelamiento entre 2011 y 2018, Chavarría Barre ganó notoriedad mientras dirigía un grupo de sicarios que operaba como subcomponente de Los Choneros, y asumió el nombre de Los Lobos o “los lobos” antes de su ascenso como una poderosa banda de narcotraficantes por derecho propio. En 2022, Chavarría Barre ordenó el asesinato de sus rivales Leandro Norero y Samir Maestre para hacerse con el control de sus valiosas rutas de narcotráfico. Chavarría Barre sigue prófugo,y los informes públicos sugieren que podría haber huido del Ecuador bajo una identidad falsa».
Video atribuido a Los Lobos, una banda criminal en ascenso, que para EE.UU. es por ahora el cartel más poderoso de narcotráfico y crimen organizado del Ecuador.
La OFAC designó a Los Lobos, dijo el comunicado «en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción. La OFAC designó a Chavarría Barre en virtud de la O.E. 14059 por ser o haber sido líder o funcionario de Los Lobos».
Así, el cartel Los Lobos se sumó a la designación, en los mismos términos, del 7 de febrero del 2024 por parte del Tesoro a Los Choneros, «otra importante banda ecuatoriana de narcotraficantes, y ocurre mientras las organizaciones delictivas ecuatorianas respaldadas por el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa continúan generando violencia e inestabilidad en el Ecuador». Alias Fito, cabecilla de Los Choneros escapó de prisión en diciembre del 2023 y se desconoce su paradero. De esta manera, los dos cabecillas de los dos más importantes grupos criminales de asesinos y narcotraficantes del Ecuador están fugados.
Al día siguiente de esa declaración del Departamento del Tesoro, que no mereció comentario alguno de las autoridades responsables de la seguridad pública del Ecuador, la empresa estatal Petroecuador informó el 7 de junio que sujetos armados ingresaron a las 23:00 al campo Pucuna, en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Sucumbíos, y robaron cables «indispensables para la producción petrolera» además de dos camionetas.
Siete hombres fueron asesinados en el cantón Ventanas, en la misma provincia, la tarde del domingo 9 de junio, mientras participaban en un campeonado de fútbol. En esta nueva masacre cinco quedaron muertos en la cancha mientras otros dos murieron por sus heridas de bala en el hospital.
La noche del sábado 8 de junio, se hizo público que en Quevedo, provincia de Los Ríos, una pareja de esposo fue baleada mientras iba en su auto, cerca del terminal terrestre de la populosa ciudad. El hombre falleció, era un político ex candidato a asambleísta, y su esposa quedó malherida.
Siete hombres fueron asesinados en el cantón Ventanas, en la misma provincia, la tarde del siguiente día, un domingo 9 de junio, mientras participaban en un campeonado de fútbol. En esta nueva masacre cinco muchachos quedaron muertos en la cancha mientras otros dos murieron por sus heridas de bala en el hospital. La masacre fue perpetrada por ocho sujetos que llegaron a la cancha en Rincón del Cura, en cuatro motos.
Ese mismo día, por la noche, una fuerte explosión en Durán se dio en una zona industrial y cerca de las instalaciones de la empresa Poligráfica, del alcalde esa ciudad Luis Chonillo, quien está amenazado de muerte por grupos armados que controlan ese cantón, aledaño a Guayaquil, hasta el punto de que no puede ejercer su diginidad desde la sede municipal.
En la mañana del lunes 10 de junio, se dio una balacera en los alrededores del hospital Pablo Arturo Suárez, la más grande casa de salud del Ministero de Salud en el sur de Quito. El ataque armado se dio para «rescatar» de un cabecilla de una banda criminal quien, en calidad de detenido, era trasladado a ese hospital para una atención médica. El transporte de este preso, considerado de alto valor, no estaba protegido por ninguna fuerza de seguridad privada o pública, lo cual facilitó el escape del reo.
Una fuerte balacera se registró en los exteriores del hospital Pablo Arturo Suárez, ubicado en el norte de Quito, en la provincia de Pichincha. El objetivo era liberar a un preso de «alto valor», y lo lograron.
En un colegio de Daule, Guayas, un estudiante de bachillerato fue atacado con un arma de fuego y murió. Fue la tarde del 12 de junio. En esa misma tarde, un estudiante de Manabí también fue atacado y quedó herido.
Cuatro días después, el domingo 16 de junio, durante las celebraciones del Día del Padre, tres hombres fueron asesinados en Bahía de Caráquez, Manabí. Otro quedó herido. El viernes anterior, el 14 de junio, en esa misma provincia, en Olmedo, otros tres hombres fueron asesinados por elementos armados, que les interceptaron en plena calle.
Ese mismo 16 de junio, en Samborondón, hombres armados ingresaron a una casa familiar y asesinaron a tres personas. Fue en el sector Las lechuzas. Los asesinos ingresaron a la fuerza a la casa y dispararon mientras los miembros de la familia estaban reunidos tranquilamente.
Al día siguiente, lunes 17 de junio, se informó de enfrentamientos entre el ejército y miembros de un grupo delincuencial en el cantón Camilo Ponce Enríquez, una zona minera de la provincia de Azuay, que para las autoridades de seguridad es la más peligrosa del país. Luego del enfrentamiento los uniformados capturaron a dos sujetos del cartel de Los Lobos, además de seis armas de fuego, cinco alimentadoras, 755 municiones, seis artefactos explosivos, tres tacos de dinamita.
El 26 de junio, la Dirección General de Aviación Civil reportó que a las 18:00 personas armadas ingresaron por la fuerza al aeropuerto de Santa Rosa, y atacaron una avioneta que despegaba con tres millones de dólares en efectivo y lingotes de oro valorados en cinco millones de dólares.
El 18 de junio, en el sector Barrio Lindo, en Babahoyo, Los Ríos, tras una balacera que duró media hora, tres hombres fueron asesinados.
El 26 de junio, la Dirección General de Aviación Civil reportó que a las 18:00 personas armadas ingresaron por la fuerza al aeropuerto de Santa Rosa, y atacaron una avioneta que despegaba con tres millones de dólares en efectivo y lingotes de oro valorados en cinco millones de dólares. Los atacantes dispararon contra la avioneta, cuyo piloto llegó en estado de emergencia a Guayaquil. La avioneta era de una empresa de transporte de valores.
La tarde del 27 de junio, el horror se instalaría en una de las minas que están en el cantón azuayo Ponce Enríquez. En medio de operativos militares en la zona, para enfrentar a hombres armados de Los Lobos, presuntamente, se encontraron ocho cuerpos de mineros asesinados, la mitad de ellos decapitados. Varios días después, el 2 de julio, se dio una alerta de secuestro y los efectivos militares encotraron 49 mineros que había sido secuestrados. Luego del exitoso operativo de rescate, los militares encontraron otros cinco cuerpos sin vida, tres de ellos desmembrados. Según los datos oficiales, solo en esa pequeña zona minera, se dio una masacre con 13 víctimas.
Entre el 21 y 30 de junio, varias plataformas petroleras en la Amazonía fueron atacadas por hombres armados, que en la mayoría de los casos sometieron y retuvieron temporlamente a los trabajadores, para sustraerse el cable con el cual se realizan las operaciones petroleras.
El 2 de julio, se conoció que tres jóvenes fueron asesinados, en la modalidad de sicariato, con un tiro en la cabeza de cada uno, en la entrada de una plantación bananera, en Santa Rosa, provincia de El Oro.
La Asociación de Municipalidades del Ecuador reveló, en una carta al presidente de la República, que entre enero y mayo del 2024, han ocurrido 1.920 asesinatos, entre ellas tres alcaldes y una alcaldesa y como víctimas colaterales 790 niñas y niños. Esto solo en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Los Ríos, Orellana y el cantón Ponce Enríquez.
Polarización criminal extrema
El gobierno dice que estos actos —persistentes y simultáneos— son un aumento de la criminalidad de un grado de intensidad y gravedad exponenciales, lo cual se refleja en una «polarización criminal extrema, adoptando capacidades criminales cada vez mayores».
En el Decreto Ejecutivo 318, donde se declara el más reciente Estado de Excepción en seis provincias y un cantón de una séptima provincia, el gobierno reconoce el desbordamiento del fenómeno delincuencial, la intensidad de la violencia y la subida exponencial de los índices de criminalidad. Sin embargo las autoridades responsables de la violencia hna dicho en declaraciones públicas que el índice de violencia criminal ha disminuido. En su Decreto, el gobierno es categórico al afirmar que la escalada criminal, además de afectar la seguridad ciudadana, del Estado y es una amenaza para la convivencia social, ha permeado en algunas instituciones. En el primer trimestra del año, reconoce el Gobierno, se evidenció «un despliegue criminal sin precedentes en la historia del Ecuador». Como consecuencia, Ecuador experimentó el mayor deterioro en el planeta en el Índice de Paz Global, cayendo del puesto 73 al 97, de 163 países.