¿Qué significa, en términos prácticos y simbólicos, que el Estado ecuatoriano destine ingentes recursos humanos, militares y económicos para controlar una sola cárcel del país? Según información de un alto funcionario del gobierno, a finales de noviembre, y luego de la masacre en la Penitenciaría del Litoral, se asignó un contingente de dos mil hombres (en dos turnos diarios de quinientos policías y quinientos militares) para intentar retomar el control de ese centro de detención. A pesar del esfuerzo, la misión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que llegó al país para realizar una observación directa, no pudo ingresar a los pabellones de la Penitenciaría por razones de seguridad.
El desafío de los carteles de la droga, de las bandas criminales, de las mafias o del crimen organizado (como quiera denominárselos) al Estado es un problema que trasciende el marco de la seguridad. Es un asunto eminentemente político, impugna la capacidad legítima de ejercer el poder en una sociedad. El caso de territorios enteros en manos de organizaciones criminales, como ocurre en varios países de América Latina, solamente ilustra la dimensión del fenómeno. El Estado está ausente de esos territorios no por falta de legitimidad, como podría ocurrir con un conflicto interno convencional, sino por imposibilidad: ni la represión ni la negociación ofrecen una salida al problema. El control territorial es un nivel elevado en la escala de incremento de poder que ha experimentado el narcotráfico en los últimos años. Y la pregunta inmediata surge por obviedad: ¿será eso suficiente?
Un viejo matrimonio con el poder
La relación de las mafias con el poder político data de mucho tiempo atrás. Solo como referencia vale señalar tres episodios bastante conocidos por los impactos que provocaron.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas que desembarcaron en el sur de Italia contaron con la valiosa información de la mafia italiana respecto del movimiento de las tropas fascistas y de aquellos lugares propicios para el desembarco. Incluso recibieron algún apoyo logístico para facilitar la operación. En compensación, la mafia contó durante un largo período de tiempo con una cierta permisividad desde el Estado.
Para la invasión de Bahía de Cochinos, algunas familias de la mafia italiana establecidas en los Estados Unidos proporcionaron el armamento para los mercenarios cubanos que ejecutaron la operación. Este by-pass libró al gobierno gringo de comprometerse abiertamente con una intervención política muy delicada. Obviamente, las familias mafiosas involucradas tenían suficientes motivos para apoyar la aventura: ellas habían sido uno de los mayores perjudicados por la revolución cubana.
Cuando la invasión soviética a Afganistán, a inicios de los años 80, las potencias occidentales no solo se hicieron de la vista gorda con la producción y comercialización de heroína en manos del Talibán, sino que las propiciaron como un mecanismo para que los rebeldes financiaran la guerra de resistencia. Cuatro décadas después, esos mismos recursos sirvieron para que las tropas de los Estados Unidos fueran expulsadas de ese país. Según estimaciones de Naciones Unidas, el Talibán generaba ingresos anuales por 400 millones de dólares por concepto de la producción y tráfico de heroína antes de llegar al poder.
Estos tres ejemplos sirven para entender la evolución que han experimentado los actores dedicados a actividades ilícitas en su relación con la política. De la colaboración excepcional o de la prestación de servicios han terminado en la imposición de condiciones políticas. El triunfo Talibán tiene indudables repercusiones geopolíticas, porque altera radicalmente el frágil equilibrio que se había conseguido en esa zona del planeta a punta de intervenciones externas. Con las debidas proporciones, es algo similar a lo que ocurrió en Colombia con los carteles de la droga, cuando empezaron a ocupar espacios políticos formales, a colocar a sus delegados en puestos de poder o a financiar campañas electorales. Ya no se trata de presionar al poder en forma indirecta, sino de asumir directamente la capacidad de decidir. Las negociaciones y presiones que se dieron alrededor de la extradición de los capos a cárceles de Estados Unidos implicaron la posibilidad de alterar la estructura jurídica del Estado colombiano.
Según un estudio realizado en México en 2012, el 71,5% de los municipios del país estaban controlados por el narcotráfico debido, entre otros factores, al abandono del Estado central, a la falta de presupuesto y a la ausencia de políticas económicas y sociales sostenibles. Este control implica un poder superior al de cualquier otra instancia social, política o económica de ese país.
La ofensiva de los sucesivos gobiernos mexicanos se ha concentrado en recuperar la presencia y la autoridad del Estado sobre esos territorios, a fin de devolverles a la normalidad. El problema es que esa normalidad responde a una narrativa política imaginaria desconectada de la realidad. ¿Tiene el Estado la voluntad y la capacidad de resolver los problemas estructurales (pobreza, marginalidad, desempleo) que crean una anormalidad que abona al surgimiento y desarrollo del crimen organizado? El discurso de la normalidad tiene demasiadas coincidencias con el discurso de la rehabilitación con el que se pretende reincorporar a la sociedad a los delincuentes encarcelados. ¿Puede una sociedad con profundas patologías curar a los mismos enfermos que produce de manera sistemática? La ecuación es absurda; el narcotráfico ocupa precisamente aquellos resquicios donde el sistema es incapaz de responder a las expectativas que proyecta en función de conseguir legitimidad frente a la sociedad. Para los sectores marginados, el fracaso de la promesa del progreso y la igualdad de oportunidades no puede tener más alternativa que la realidad tangible y concreta de la economía ilegal.
El caso ecuatoriano
Uno de los aspectos que más sorprende es el vértigo con el cual el poder de los carteles de la droga se ha consolidado en el Ecuador. Encandilados con el epígrafe de isla de paz con el que durante décadas nos auto complacimos como país, tardamos en darnos cuenta de la verdadera dimensión del problema. Y pese a que el negocio del narcotráfico asomó el hocico a inicios de los años 70 –es decir, hace medio siglo–, dudábamos de que alcanzara la condición de amenaza para el Estado. Centroamérica, México y Colombia eran escenarios demasiado ajenos como para preocuparnos.
En realidad, de lo que se trató fue de sobrellevar una convivencia aceptable con el narcotráfico, bajo el supuesto de que se limitaría a las actividades menos groseras del negocio (básicamente tránsito de sustancias y lavado de activos). A fin de cuentas, una buena parte de la economía nacional se asienta, de manera directa o indirecta, en estas actividades ilícitas. El Estado y la sociedad miraron de reojo las fortunas que aparecieron de la noche a la mañana y la expansión inexplicable de ciertos sectores de la producción.
De acuerdo con un estudio realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a partir de 2005 el incremento de la droga incautada en el país es incontenible. Si se comparan cifras, la tendencia es perturbadora: en 2005 se incautaron 42 toneladas; en 2020 se incautaron 128 toneladas; hasta inicios de diciembre de 2021 se habían incautado 190 toneladas de cocaína. Si se considera que únicamente se captura entre 10% y 15% de lo que se trafica, estamos hablando de un negocio que, a precio de menudeo, movería entre 50.000 y 90.000 millones de dólares al año. En buen romance, casi el PIB del Ecuador.
Incautación de drogas en Puerto de Guayaquil. El fenómeno del narcotráfico se salió de control.
Entonces, estamos hablando de un poder gigantesco que, por obvias razones, ya no se limita a presionar por mecanismos de permisividad desde el poder político. El desplazamiento del Estado de amplias zonas de un país implica, en la práctica, la aceptación de una suerte de para-Estados que ejercen un control social y territorial concreto, caracterizado además por formas monstruosas de aplicación. No se trata del viejo lumpen capitalismo que consagra ciertas prácticas ilícitas por parte de las élites empresariales (evasión y elusión de impuestos, doble contabilidad, tráfico de influencias, sobornos, chantaje, etc.), sino del ejercicio cruel, sanguinario e inhumano del poder.
Los países afectados por este fenómeno enfrentan un dilema cada vez más complejo y borroso, que nos obliga a preguntarnos cómo responderán la sociedad y el Estado ante este desafío. Hasta ahora, todos los intentos por neutralizarlo han fracasado estrepitosamente.
Las posibilidades de negociación están vedadas, so pena de criminalizar total y abiertamente la política. Catalogarlo como el enemigo más inmediato y peligroso del Estado es una obviedad que no aporta mayores elementos. Sin embargo, y aunque ofuscados por el desconcierto y la impotencia, esos mismos Estados acorralados por el narcotráfico siguen invirtiendo ingentes recursos en combatirlo, lo cual nos sitúa en otro terreno tan pantanoso como el de la inseguridad: ¿es pertinente afrontar una guerra inútil descuidando otros aspectos fundamentales para la sociedad? En Estados llenos de carencias históricas y estructurales, la definición de prioridades es inevitable.
Cuando lo prioritario se vuelve contingente
Si entendemos a la política como el campo de disputa del destino de los recursos de un Estado, entonces tenemos que colegir que las mafias del narcotráfico (y de otros negocios criminales) son un actor político preponderante en las estructuras de poder de un país como el Ecuador, por el simple hecho de que obligan a priorizar el gasto público. El dinero que un país destina a combatir al crimen organizado es un recurso que se le escamotea a los grupos sociales más necesitados; además, favorece a sectores específicos que lucran de las políticas de seguridad. Desde la óptica de una política social coherente, hay que reconocer que la construcción de cárceles, por ejemplo, es un desperdicio irresponsable de recursos.
Pero el sacrificio de otras urgencias socioeconómicas también es parte de la estrategia política del narcotráfico, porque profundiza la desestructuración y la descomposición de la sociedad, dos condiciones indispensables para garantizar y expandir su negocio. Impedir que el Estado intervenga con políticas sociales, por más tibias que sean, contribuye a perpetuar la marginalidad social y la pobreza, esas fábricas inagotables de cultivadores, traficantes, expendedores y sicarios. La ruptura del tejido social pulveriza las nociones de solidaridad y comunidad y estimula el individualismo como nuevo paradigma de comportamiento social. La ley de la selva es el itinerario donde coinciden el crimen organizado y el neoliberalismo.
Que un gobierno reduzca el presupuesto para salud y educación a fin de asegurar el presupuesto para la seguridad interna es una decisión política, y confirma esta condición impuesta por el crimen organizado.
Es una consecuencia tan política como las decisiones que se derivan de un conflicto bélico con otro Estado, cuando la producción de un país está íntegramente encaminada a sostener la guerra. En el Ecuador ya se decretó como prioridad nacional la guerra contra los carteles de la droga. En consecuencia, gran parte de nuestros recursos estarán concentrados en este objetivo.
Las Fuerzas Armadas retoman el control de los penales en todo el país. Foto: Fuerzas Armadas
El otro campo de intervención política del crimen organizado son las finanzas. En palabras simples, el lavado de activos. El vínculo del narcotráfico con sectores empresariales legales ha sido una constante desde que el negocio empezó a crecer de manera exponencial. La explicación es muy simple: el lavado de dinero necesita de procesos a gran escala, indispensables para blanquear montos exorbitantes. Y únicamente los grandes grupos económicos poseen esa capacidad sin provocar sospechas. Es ahí, precisamente, donde los paraísos fiscales entran en escena, porque constituyen el mecanismo más expedito para legalizar dineros ilícitos.
La pregunta que se deriva de esta situación es obvia e inevitable: ¿cuánto del dinero registrado a nombre de muchas empresas en los Papeles de Pandora –para tomar el ejemplo más reciente– proviene del narcotráfico? Difícil saberlo, porque los sistemas de investigación y control adolecen de deficiencias enormes. Fue necesario que un grupo de periodistas independientes hurgaran en las cuentas de estas empresas financieras para que la información saliera a la luz pública. Aun así, solamente se tienen datos generales. Grosso modo, se pueden establecer montos y accionistas; pero es imposible desentrañar el origen de esas fortunas.
La lógica de la exacerbación
En la práctica, el narcotráfico es una forma de capitalismo que no tiene límites. Es incluso más desbocado que aquel capitalismo salvaje que se consolidó a partir de actividades ilegales o inmorales, como la piratería o el esclavismo. No solo eso: la violencia criminal inherente al negocio del crimen organizado está reivindicada y naturalizada a partir de la escenificación de la atrocidad que, además, promueve un imaginario de oportunidades para los sectores marginales. El poder sobre la vida de los demás, basado en la disposición de una riqueza incalculable, es una tentación irresistible para amplias capas de la población sometidas o excluidas del sistema. En América Latina, el narcotráfico se ha convertido en la única posibilidad de movilidad ascendente para millones de pobres.
Los asesinatos perpetrados en las cárceles del Ecuador conjugan una desalmada combinación de violencia, poder y riqueza que proyecta una lógica política al margen de la institucionalidad, de los valores democráticos, de los derechos humanos y de la ley.
Es decir, al margen de los pilares sobre los que se sostiene el Estado moderno. Es, perversamente, una lógica seductora para mucha gente, que constata cómo la impunidad de los capos de la mafia es una oportunidad para disfrutar del dinero ilícito. Las masacres carcelarias elaboran un nuevo referente (político, social, económico y cultural) para el ejercicio del poder, donde ni la sociedad ni el Estado que conocemos tienen posibilidades de realizarse. Es el mundo de la anomia y la arbitrariedad absolutas.
Los motines carcelarios provocan tensión social y política. Foto: AP Marcelo Suquilanda
En este escenario, resulta por demás absurda la estoicidad con la que la élites políticas y económicas del país asumen la amenaza del narcotráfico. ¿Impotencia, desconcierto o simple oportunismo? La senda hacia un Estado fallido es una realidad, porque ese Estado tiene cada día menos posibilidades de responder a las necesidades, aspiraciones o exigencias de la sociedad. De ese modo, la dinamización de la economía en las zonas o territorios controlados por los carteles de la droga implica una sustitución del poder político formal: las mafias proveen infraestructura, generan empleo, estimulan el consumo, realizan acciones caritativas… Todo en un ambiente de violencia y descomposición frente al cual la gente responde con la sumisión y el enclaustramiento.
Por otro lado, el narcotráfico es un poder político sin discurso. De allí nace la dificultad para darle una respuesta eficaz desde el Estado. A lo mucho, transmite mensajes amenazantes frente a la competencia o frente a las iniciativas de control por parte de las autoridades. La sevicia y la ferocidad con la que asesinan a sus rivales, sobre todo durante las masacres carcelarias, advierten sobre la total ausencia de límites. El punto más alto de su poder es la distribución de la muerte, lo que Sayak Valencia denomina la necropolítica.
El narcotráfico también es la versión extrema y delirante del capitalismo: gira la rueda de los negocios sin otra perspectiva que generar dinero para la inmediatez del consumo, donde las posibilidades de acumulación están demasiado condicionadas por las dificultades legales, técnicas y operacionales.
Quienes realmente tienen esa posibilidad son las élites económicas, porque proporcionan un marco social y legal que permite procesar el dinero ilícito. Como lo señala Ricardo Vargas a propósito del problema colombiano, “la impunidad del sistema institucional en aquellos aspectos más complejos de la economía ilegal de las drogas refleja el control del Estado por parte de élites que se mueven en zonas grises de lo legal e ilegal, con nexos claros con el narcotráfico, blindando la oscuridad en los procedimientos y montos del lavado de activos provenientes de esa economía”. Los paraísos fiscales son una zona gris idónea para que esta alianza tácita entre élites empresariales y narcotraficantes se consume.
(Publicado en el libro Los paraísos de Pandora, A. Acosta, N. Saltos, N. Sierra (editores), Editorial Árbol de Papel, 2022)
Citas
1.- Gómora, Doris. “Narco controla el 71.5% de los municipios del país”, El Universal, 2 de enero de 2012. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/192540.html. Citado en: Sayak Valencia Triana, Capitalismo gore y necropolítica en México contemporáneo, Relaciones Internacionales, núm. 19 de febrero de 2012, GERI-UAM.
2.- Fiscalía General del Estado/FLACSO, Perfil Criminológico No. 13, mayo 2015. Disponible en:
https://www.flacso.edu.ec/portal/pnTemp/PageMaster/7j7a14o8nefzmd90772vbzcqanszxl.pdf
3.- Valencia Triana, Sayak. Capitalismo gore y necropolítica en México contemporáneo, Relaciones Internacionales, núm. 19 de febrero de 2012, GERI-UAM.
4.- Vargas M., Ricardo. “La readecuación del orden liberal hacia el dominio criminal. Narcopoder y resistencias”, Desde Abajo, 9 de diciembre de 2021. Disponible en https://www.desdeabajo.info/colombia/item/44036-narco-poder-y-resistencias.html