La encrucijada de Lenin y la izquierda

En homenaje a los comisionados(as)
de la COMISIÓN CIVICA ANTICORRUPCIÓN
acusados injustamente.

I. Correa y el nuevo ciclo político

No es la primera vez en la historia de las últimas décadas que el Ecuador vive una situación de conflicto político grave y peligroso. Ya en el periodo histórico inmediatamente anterior las contradicciones en curso terminaron generando el derrocamiento o recambio constitucional de los presidentes de turno. Desenlaces reiterados que fueron el resultado tanto de la potente movilización social, como de la toma de decisión de la institucionalidad vigente, particularmente el Congreso Nacional y   las Fuerzas Armadas. Subyaciendo a los conflictos en escena, estuvo siempre la disputa de hegemonía entre  sectores y fracciones dominantes.

Situación de conflicto e inestabilidad de fines del siglo pasado y comienzos del siglo XXI que creó las condiciones y dio lugar a la gestación de una propuesta contraria al establishment político ecuatoriano, dándose curso así en el 2006 a la elección de un personaje outsider, el economista Rafael Correa. Tal como se ha manifestado en innumerables ocasiones, Rafael Correa surge en aquel momento como el candidato capaz de representar la necesidad de transformar la forma de hacer política en el Ecuador, luego de un periodo de inestabilidad y ante la necesidad de implementar  modificaciones sustantivas en la representación y organización política ecuatoriana; así como ante la demanda de buena parte de la sociedad de realizar importantes reformas estructurales. Por cierto, el ascenso de Rafael Correa a la Presidencia de la República correspondió al ciclo político de los gobiernos llamados “progresistas” en la región. Luego de diez años de régimen correista se advierte la realización limitada de las propuestas fundacionales de la Revolución Ciudadana en el 2006, y una nueva situación como epílogo del ciclo de los gobiernos “progresistas” de la región.

II. Criminalización, marco legal autoritario y prepotencia

El carácter y la consolidación del régimen político en los últimos dos años, antes de las elecciones del 19 de febrero y 2 de abril de 2017, se expresaron de modo concordante en tres aspectos sustantivos.

Uno, en la criminalización de la protesta social. Se calcula que solamente durante el 2015 “existieron 98 personas procesadas, de quienes 29 ya han recibido sentencia. A esto hay que sumar las últimas detenciones ocurridas en la Amazonía sur del país en territorios afectados por la minería como es el caso del compañero dirigente Shuar Agustí Wachapá” .

Dos, a través de la definición y aprobación de marcos legales donde se puso de manifiesto la característica político-jurídica autoritaria del régimen correísta. En este caso se encuentran especialmente  las leyes de Comunicación y del Código Orgánico Penal, y la aprobación de las enmiendas constitucionales y de otras leyes que restringen derechos.

Tres, la actuación arbitraria, prepotente y autoritaria propia de la condición caudillista del Presidente Rafael Correa, que en determinadas circunstancias gobernó a través de decretos y requerimientos a la Asamblea Nacional, y de veladas o francas directrices al resto de las instituciones del Estado, lo que revela en conjunto el sesgo antidemocrático del régimen. Para que no quede rastro de duda, antes de concluir su periodo presidencial Rafael Correa envió al Parlamento un proyecto de Ley de Seguridad de los ex−presidentes, y preparo  un plan de 100 días para la gestión del próximo gobierno, que al parecer dejaría atado de manos al Presidente electo Lenin Moreno.

En continuidad con la tónica destacada por el correísmo en el periodo que fenece, la consolidación del régimen —en consecuencia— asumió formas claras de represión y coacción a los movimientos sociales, a la libre expresión de los medios de comunicación y a la organización libre de la sociedad civil. Junto con esta línea se desplegó a nivel de la política de Estado medidas de carácter regresivo, antes que progresivo, en la perspectiva de acentuar y profundizar la modernización capitalista y monopólica de corte tecnocrático, ligado principalmente al extractivismo de los recursos naturales.

Este carácter del estado y régimen ha desarticulado  organizativa, ideológica y simbólicamente una voluntad social colectiva nacional, construida en las décadas anteriores al correísmo. La modernización aludida del capitalismo ecuatoriano, ha sido implementada “desde arriba”  en base al patrón de reproducción o acumulación extractivista de los recursos naturales y la re—primarización de la economía. Proceso global de renovada dependencia y de penetración y articulación del capital financiero (modificado y agudizado como consecuencia de la crisis mundial de 2008) y por otro lado,  resultado de la disputa  de la región  por parte del capital de inversión y el  comercio Chino. Nuevas condiciones regionales que han  replanteado el contenido y la forma de la dependencia respecto a aquella que vivió América Latina en la década de los setenta del siglo pasado.

Cabe en este punto dejar situada la problemática que afirma que mientras en los años setenta del siglo pasado, la dependencia estuvo ligada a la penetración del capital transnacional productivo, hoy, en cambio se advierte la vinculación de nuestras economías latinoamericanas a las necesidades de inversión de la China, y a  la financiarización mundial,  habiendo esta cambiado sus mecanismos, lógicas y estrategias para superar los límites de la baja tendencial de la cuota de ganancia y la sobreacumulación del capital dinero.

En esta perspectiva de consolidación del régimen político correísta, el estado intervencionista y la modernización tecnocrático capitalista desde arriba – como dice Modonessi– una “revolución sin revolución”, Ecuador ha experimentado procesos  de articulación a la  financiarizacion internacional a través de la inversión del capital extranjero y la vinculación de la banca con este capital. En un estudio del Banco Mundial se constata resumidamente, que:

Mientras se registra una caída de las inversiones extranjeras a nivel mundial, en el 2008 en América Latina aumentó e incluso en muchos países  se duplicó desde el 2009 hasta el 2015. En este periodo (2009-2015) en países como Brasil la inversión aumentó de 31 a 75 mil millones; en Argentina de 4 a 12 mil millones; en México de 17 a 30 mil millones; y en Ecuador de 300 millones a mil millones para el 2015. Estas inversiones dan cuenta del movimiento de capitales sobreacumulados que después de la crisis de 2008 ubican sus inversiones en negocios más rentables en los países emergentes.

III. Las nuevas relaciones de poder

La polarización y dispersión de actores que se manifestó en la escena electoral en la primera y segunda vuelta evidenció diferencias de nichos ideológico-políticos. Pero también contrastes de representación de intereses fácticos —lo que se examinó en un artículo que circuló en octubre del 2016— y que dan cuenta de un proceso de conflicto y modificación en la estructuración del bloque de poder. Mutaciones generadas por la política modernizadora del capital antes aludida, como también por la crisis económica del 2015, y que a nivel del régimen político se da a través de la actuación “bonapartista cesarista”  del correísmo. Tensión electoral que además encuentra divididas y obsoletas a las agrupaciones políticas de oposición, en tanto no han logrado colocarse al nivel de las nuevas condiciones políticas luego de 10 años de correísmo. Algunas de ellas, al parecer, se encuentran articuladas con intereses fácticos ligados al correísmo, como sería el caso del Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot.

Se requiere entonces precisar este enfoque analítico. Los primeros años del gobierno de Rafael Correa se vieron matizados principalmente por relaciones y conflictos entre fracciones ligadas al comercio importador principalmente, y tensiones vinculadas a posiciones que planteaban la necesidad del desarrollo endógeno, por una parte, y por otra,  la promoción de acuerdos comerciales particularmente con la Unión Europea.

Niveles de tensión, así como un manejo arbitral por parte del Presidente de la República, para matizar la disputa hegemónica entre sectores dominantes, y  decidir y administrar la política económica orientada hacia las diversas demandas de los sectores empresariales; configuró el bloque dominante. Proceso que por otro lado estuvo sobre-determinado por la inclusión significativa que se dio en la economía ecuatoriana del capital, los préstamos, el comercio y la inversión de la República China, en el marco de la inversión extractivista y el desarrollo de la infraestructura nacional, dando lugar a la conformación de sectores y grupos económicos internos vinculados con esa relación económica. Y cobijados por otro lado por la ideología y política neo-desarrollista, alternativa al neoliberalismo.

La crisis de recesión del 2015 modificó las condiciones económicas coyunturales. Pablo Ospina ha sugerido el desplazamiento de la hegemonía en la lucha inter-burguesa al interior del bloque dominante, evidenciándose diferencias y tensiones como resultado,especialmente, de la crisis de 2015.  Efectivamente se restringió  al sector importador y se ingresó a una relación privilegiada con los sectores exportadores —lo que coincide con la aprobación  que hacen Perú y Colombia del Tratado de Libre Comercio negociado por el Ecuador con la Unión Europea— favoreciendo principalmente a los exportadores costeños. Dicha estructuración subordinó, por otro lado, tanto a los importadores como a los comerciantes del mercado interno; y generó un importante fortalecimiento de la relación con la banca, con quien el gobierno estableció puntos de vista comunes y acuerdos para enfrentar la recesión de la economía.

En este marco de tensión y modificación del bloque dominante se aprobó la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, abriéndose espacio a la participación de la inversión empresarial en la obra pública desde una perspectiva de política económica de corte neoliberal.
Así mismo, en abril de 2016,  cuando se discutía la conveniencia de la utilización de la moneda electrónica, el gobierno dialogó con la banca privada para facilitar la administración de ese instrumento monetario por parte de las entidades financieras privadas. Sin embargo, esto fue negado por el Presidente de la República días después de aprobada la ley.

En estas circunstancias se anunció la culminación formal del proceso de negociaciones de Ecuador con la Unión Europea, acuerdo que fue suscrito en noviembre de 2016. Por su lado, el gobierno concretó compromisos con la banca nacional y acuerdos con organismos financieros internacionales a fin de solventar la economía en el corto plazo. Además, se generó una relación urgente y decisiva con la República Popular China para alcanzar la obtención de préstamos que permitan corregir la crisis fiscal. Al mismo tiempo se  anunció una disminución importante en la inversión estatal y la provisión de empleo.

Así,  los últimos meses del 2016, se vieron tensionados  por la crisis y el terremoto de Manabí. Que se agravaron por   un ambiente de incertidumbre reflejado en la restricción del empleo, la disminución de la inversión pública, la cuasi-parálisis recesiva de empresas, el despido de trabajadores públicos y privados, y las dificultades y quiebras de numerosos pequeños emprendimientos. Se evidenció, así mismo, una situación de falta de liquidez monetaria que se manifestó en el déficit fiscal y que inclusive —se dijo— podría amenazar el mantenimiento de la dolarización. La moneda electrónica sería un mecanismo para paliar esta situación, que implicaría el crear un bi-monetarismo y, eventualmente, conducir —según la opinión de analistas— la economía a un proceso de desdolarización. Dramáticas circunstancias que han colocado al conjunto de fracciones burguesas en una línea de cerrada defensa de la moneda del águila. Circunstancias que advirtieron nuevas diferencias y tensiones en el bloque dominante, y de éste con las decisiones de política económica del gobierno. 

IV. ¿Tendrá Lenin Moreno la fuerza política?

Las elecciones de primera y segunda vuelta (19 de febrero y 2 de abril pasados) tuvieron como contexto esta estructuración del poder que se expresó de manera concentrada en las dos candidaturas finalistas a la Presidencia de la República, la de Lenin Moreno y la de Guillermo Lasso. Y que tuvieron importantes movilizaciones en oposición a la política correista por parte de sectores sociales y democráticos.

La candidatura de Alianza País, por un lado, como la expresión de la continuidad del régimen correísta  después de 10 años de gobierno de Rafael Correa. No obstante las diferencias internas y disputas de espacios de poder político de sus fracciones, como “cuerpo cierto” AP representa un bloque alrededor del agrupamiento de empresarios. Algunos emergentes. Donde se destacan como principales el Grupo Nobis (Isabel Noboa Pontón) y al Grupo Eljuri, y con ellos, grupos de la nueva burguesía, asociados al capital chino especializado en la minería extractivista, la construcción de infraestructura, el petróleo y las finanzas. Además de otras transnacionales, asi como de segmentos del viejo capital oligárquico. Y CREO, por otro lado, como representante de ciertos grupos económicos del capital bancario y el capital comercial, en el contexto de la importante vinculación con el capital financiero internacional; lo que se venía expresando desde el periodo neoliberal anterior al año 2006.

En este contexto, el gobierno de Rafael Correa mostró signos de recuperación respecto de algunas manifestaciones de la crisis económica. Logró —aunque sea limitadamente— superar la recesión, en base a un endeudamiento agresivo, y consolidar los vínculos con sectores hegemónicos ligados regionalmente a Guayaquil y la Costa, en el marco del surgimiento de nuevos grupos —partícipes del gobierno— relacionados a la importante  inversión y presencia económica de la República de China. Se dieron así mismo situaciones de negociación entre el gobierno y los principales agentes de la eventual financiarización, como son los bancos Pichincha y Guayaquil.

Con estos antecedentes en la escena de la segunda vuelta, el oficialismo promovió sin ambages a su candidato presidencial Lenin Moreno como la personificación del nuevo estilo frente al deterioro relativo de la forma autoritaria y prepotente de gobernar de Rafael Correa. Mientras que la corriente representada por el candidato Guillermo Lasso buscó posicionarse en una senda democrática opuesta al autoritarismo y al populismo de Rafael Correa, y se esforzó en articular las coincidencias tácticas de ciertas fuerzas de la derecha tradicional (Partido Social Cristiano) y de sectores de la izquierda dispersos y fraccionados.

En estas circunstancias, y frente al ofrecimiento de cambio de estilo del candidato ganador, Lenin Moreno, las inquietudes y dilemas que surgen después del 2 de abril pasado, son: ¿representa Lenin Moreno, en tanto candidato ganador de la segunda vuelta, un nuevo estilo, o esto fue únicamente un estratagema electoral? ¿Hará posible el Presidente electo los cambios que demandan el movimiento social, la izquierda y los sectores democráticos que no votaron por él y que representan “el otro” 50 % de la sociedad? ¿Será capaz de transitar de una política represiva y coactiva a una de hegemonía ideológico-cultural, que ponga el acento en el consenso? O, por el contrario ¿mantendrá las formas autoritarias, represivas y arbitrarias del periodo del correísmo quizás ligeramente maquilladas?

¿Será, por otra parte, capaz de avanzar en dirección hacia políticas progresivas antes que reiterar en las políticas regresivas  en temas claves como la tierra y el agua, el estado plurinacional y el respeto a la autonomía de las minorías étnicas, los límites al apetito del extractivismo de los recursos naturales no-renovables, la garantía a la libertad de asociación y participación, así como, en definitiva, la implementación de las mutaciones necesarias para terminar con el régimen correísta, donde se destaca el autoritarismo a través del híper presidencialismo? ¿Tendrá Lenin Moreno el arredro y las condiciones políticas para hacer retroceder a la rampante corrupción, que puede manifestarse también en la alta cúpula del flamante gobierno? ¿Tendrá el nuevo primer mandatario el valor para equilibrar el ejercicio del poder y enfrentar a facciones regionales claramente ligadas a sectores guayaquileños vinculados a la importante ligazón de nuestro país con la China?

Preguntas y problemas que se manifiestan a pocas horas de la asunción de Lenin Moreno a la Presidencia de la Republica, debiéndose tomar en cuenta que su limitada o ninguna atención y respuestas, podría generar situaciones de inestabilidad que devengan en crisis política a plazo relativamente corto. Problemáticas que nos colocan, adicionalmente en la necesidad de pulsar la situación del próximo periodo y valorar las posibles demandas programáticas que representen logros y realizaciones  en un periodo de transición, de  necesarios cambios para proyectarse estratégicamente hacia el futuro mediato e inmediato, y  formular así la táctica del momento y frente al nuevo gobierno encabezado por Lenin  Moreno.

V. Desmontar el regimen autoritario

Una formulación táctica y estratégica de la izquierda y los movimientos sociales y democráticos que aspiran en la transición del periodo a modificar el carácter del ejercicio del poder requiere responder especialmente a la siguiente  pregunta: ¿De qué depende el cambio de régimen político? Sucintamente, las determinadas características de un régimen dependen jurídicamente de las premisas constitucionales que se encuentran consignadas en la Carta Magna. En este sentido, el régimen autoritario desplegado por el correísmo en los diez años de ejercicio gubernamental tiene en el híper-presidencialismo su eje central y razón de ser, entendido como una trama institucional que acumula y concentra amplias facultades jurídico-políticas, dejándoles a las otras funciones del Estado limitadas y carentes de independencia. Formal y jurídicamente es en esta disposición constitucional que se fundamentan las formas verticalistas del régimen correísta.

Autoritarismo que también depende del tipo de liderazgo presidencial, que en el caso ecuatoriano tiene que ver con “el carisma populista–caudillista” de Rafael Correa, mismo que ha llevado a formas y mecanismos de carácter verticalista del ejercicio del poder, desde aquella concepción de Schmitt  que comprende la política como una relación entre amigos y enemigos.

La forma de régimen también depende —y sobre todo— de la correlación de fuerzas que fundan y dirigen la política y el ejercicio público, relacionada al bloque en el poder y que se encuentra determinado por  las articulaciones y compromisos de los sectores y fracciones dominantes. Como también depende de la correlación activa desde abajo de las fuerzas sociales movilizadas en contra del régimen y de sus medidas. Se complementa esta comprensión del régimen político si se atiende a la relación de contexto internacional, la inserción y dependencia del país con respecto a las potencias extranjeras, donde se requiere tomar el pulso a los conflictos y procesos  regionales en el marco de la situación hegemónica mundial.

Supuesto lo anterior ¿es posible una modificación de determinadas normas y dispositivos jurídicos del régimen autoritario ecuatoriano que derive en cierta democratización del ejercicio del poder en la nueva coyuntura? ¿No es acaso aquello una ilusión? ¿La característica jurídica del régimen obstaculiza esta modificación sino se cambia, en primer lugar, la fuente jurídica del autoritarismo, es decir la Constitución de la República?

Pero a su vez, cabe entender que la condición verticalista del ejercicio del poder en estos diez años de correísmo ha usado de modo regular recursos tales como los decretos ejecutivos de autoría presidencial (sin carácter de ley), que bien pueden ser derogados en el nuevo periodo; así como encaminar la derogatoria o reforma de ciertas leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional por iniciativa y determinación del Presidente Correa.

En esta línea del cambio democrático que se demanda al nuevo primer mandatario, ¿están la Asamblea Nacional y Alianza País dispuestos a corregir el curso anterior y avanzar en un proceso de “descorreizar” la institucionalidad del estado? ¿Qué disposición existe para ello, si en los últimos días de su mandato presidencial Rafael Correa y la Asamblea saliente se han apresurado a aprobar decretos y leyes que pueden limitar la gobernabilidad del Presidente entrante?

En esta perspectiva de cambio de conducta y de estilo de gobernar  del nuevo Presidente, cabe que nos preguntemos: ¿Hay una disposición real o voluntad política por parte de Lenin Moreno para llamar al diálogo a las fuerzas de oposición y comprometerse con determinados cambios democráticos? ¿Es aquello efectivamente viable en ese contexto estructural jurídico-político planteado? Y como uno de los resultados deseados de ese diálogo, ¿se podrá reformar o derogar ciertos decretos y leyes del periodo correísta?

Por otra parte, en lo que se refiere a la correlación de fuerzas, es necesario atender a la situación de conformación del bloque en el poder analizado líneas arriba. Correlación que en las elecciones pasadas, pusieron de manifiesto las distintas fracciones dominantes en pugna, ya las tradicionales como las nuevas, las monopólicas y las no-monopólicas. Así como también la fortaleza indudable del correísmo que ha tenido como recurso político propio (todo régimen cesarista o bonapartista lo tiene) la posibilidad de convenir acuerdos en la articulación del bloque dominante, en base a una forma de ejercicio del poder basado en el “toma y daca” de los intereses fraccionales. Así mismo es necesario comprender la situación de la escena, donde sectores de oposición se encuentran dispersos y divididos, verbigracia las fuerzas que apoyaron a Guillermo Lasso, y los sectores sociales y democráticos debilitados tras los hechos del 2 de abril pasado. De este diagnóstico de debilitamiento no se excluye  el modo conflictivo de articulación del Partido Socialcristiano y su líder Jaime Nebot.

VI. Un gobierno condenado a cumplir promesas de democratización 

En la perspectiva política que se inicia formalmente el 24 de mayo, cuando se posesione Lenin Moreno como Presidente de la Republica, se perfilan las siguientes propuestas programáticas, de cuya realización depende la definición del periodo de transición.

1. Aquellas relativas a las demandas democráticas, principalmente el indulto y la amnistía de los dirigentes y luchadores populares que fueron enjuiciados, sancionados y encarcelados. Las reformas al Código Orgánico Penal y a la Ley de Comunicación entran en este ámbito de demandas programáticas, donde debe contemplarse también la posibilidad abierta de reformar la Constitución vía Asamblea Constituyente o Consulta Popular como prevé la Carta Magna en vigencia.

2. Las medidas frente a la crisis económica de recesión y que  tenderá a responder a las exigencias del bloque dominante, en donde el “corazón” del acuerdo será la Ley de Asociación Público Privada con el objetivo de recuperar la disminuida cuota de ganancia y recomponer los niveles de acumulación (inversión) que primaban antes de la crisis. Al mismo tiempo el gobierno de Lenin Moreno deberá equilibrar medidas de política económica que no afecten a los trabajadores, sectores populares y medios.

3. Frente a la corrupción, se demanda que haya investigaciones serias y la formulación de un sistema que atienda la institucionalización y la cultura anticorrupción. En esta perspectiva, se ha destacado de forma emblemática la presencia y actuación de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, se requiere hacer ajustes institucionales que articulen los organismos de control, fiscalización y justicia, creándose, así mismo, un sistema capaz de cambiar la cultura de inclinación valorativa a favor de la corrupción por parte de la sociedad.

En todo caso, es necesario destacar que dadas las condiciones objetivas económicas, políticas y sociales, el gobierno de Lenin Moreno se enfrentará a una contradicción básica que se expresará entre las posibles medidas democráticas que asumirá obligado por las circunstancias, por un lado, y por otro,  los ajustes de política económica para paliar la crisis, misma que tenderá a afectar, principalmente, a los sectores populares y medios.

En esta perspectiva la capacidad de incidencia dependerá de la fuerza que se desplieguen por parte del movimiento social, y de su capacidad de movilización y resistencia, lo que nos lleva a reflexionar sobre algunas de las condiciones políticas del gobierno de Lenin Moreno que se instalara este 24 de mayo y que básicamente se refieren a:

• La legitimidad cuestionada resultado de una confusa situación de fraude electoral principalmente en la segunda vuelta.

• Las diferencias internas de Alianza País y dentro del gobierno de Lenin Moreno. Donde se destaca la necesidad de privilegiar la unidad de los sectores del oficialismo y, eventualmente, abrir espacios a ciertas fuerzas del entorno político social. La inercia del periodo correísta (o su “herencia”) puede posiblemente continuar vigente en el gobierno de Lenin Moreno.

• La grave crisis económica y fiscal, y la necesidad de mantener un equilibrio frente a las fuerzas dominantes hegemónicas y los sectores populares. Donde se advierte un ´punto de tensión respecto a la dolarización.

• La  corrupción que amenaza con identificar, en la cúpula gubernamental vinculaciones —tal el caso de Odebretch— y que puede debilitar al nuevo gobierno y abrir una situación de inestabilidad impredecible. En las especulaciones que se dan en la coyuntura por parte de  ciertos sectores, se pone el acento en este aspecto, que puede convertirse en la “Espada de Damocles” sobre el gobierno de Lenin Moreno. Si Moreno quiere superar esta amenaza en función del dilema: continuidad o ruptura, deberá optar por el rompimiento con la política y las prácticas autoritarias del correísmo. Donde las posibles contradicciones entre los altos mandatarios pueden encontrar en la corrupción la ocasión para expresar diferencias de intereses fácticos y regionales implícitos, lo que puede actuar como detonante de una situación  de desestabilización  política.

• Se avizora la acción de resistencia y movilización de los movimientos sociales, sectores populares y movimientos ciudadanos, así como la acción que pueda desplegar en las calles el ex candidato Guillermo Lasso, que luego de las elecciones se encuentra desmovilizado, dividido y desprestigiado, aunque con propósitos de convalecencia. En este nivel, las no resueltas diferencias entre Jaime Nebot y Guillermo Lasso, así como la insistencia en la denuncia de fraude electoral, lo han debilitado políticamente.

• En este contexto, la conformación de la Asamblea Nacional, con la mayoría oficialista y sus diferencias internas; así como la presencia de otras bancadas de oposición de la derecha y la centroizquierda, crean un ambiente relativamente inestable o incierto políticamente para la definición de leyes y otras decisiones y pronunciamientos del parlamento ecuatoriano.

• En esta caracterización de la situación política se debe considerar por último las nuevas condiciones de la región que ponen de manifiesto el cambio geopolítico y  ofensivas derechistas en el continente. En los casos de Argentina y Brasil se observa ensayos de inestabilidad y retorno a perspectivas de gobiernos neoliberales. Y en el de Venezuela una gravísimo confrontamiento político de impredecibles consecuencias, entre una parte significativa de la sociedad y el régimen “madurista”.

VII. Reconfigurar el tejido social, reconstruir la izquierda

Desde los sectores populares y las izquierdas se requiere definir una conducta frente a la situación política del próximo gobierno. En línea renovadora  las izquierdas de nuestro país precisan definir, primeramente, la importancia vital, de carácter histórico, del impulso desde abajo de un proceso de resistencia y movilización. Teniendo como premisa fundamental el anticapitalismo, se demanda recuperar, en consecuencia, la cultura contra-hegemónica, así como la fuerza y la organización social, en pos de la emancipación de la sociedad, en un proceso de desarrollo basado en sus propias fuerzas.

Posición que conduce también a cuestionar aquellas concepciones estatistas de la vieja ortodoxia estalinista de la corriente marxista, así  como  la ideología o enfoque neo institucionalista de concepción liberal. Y en esta perspectiva situar como aspecto principal y decisivo  la necesidad de cambiar, primeramente, y de manera fundamental, la sociedad, su hegemonía o dirección ideológica cultural —como diría Gramsci— para desde ese poder construido desde abajo cambiar el Estado.

Luego de los límites revelados en las últimas participaciones electorales de la izquierda en los años 2013 y 2017, algunos sectores de esta tendencia advierten la necesidad de forjar un cambio práctico, ideológico y político en una perspectiva estratégica. Se observa la presencia de distintos grupos, sectores y colectivos con vocación a la acción movilizadora y la resistencia, que representan en la actualidad —aunque germinalmente— una de las posiciones más fidedignas de esa tendencia.

Históricamente, su energía se ha orientado a generar procesos de recuperación ideológica y cultural de los sectores subalternos, en respuesta a la re-colonización hegemónica dominante. Es, sin duda, una reserva moral que en momentos de vacío constituye un acumulado histórico para superar los límites y errores de la tendencia. En esta corriente se destaca sin duda el movimiento indígena en su conjunto, y la CONAIE, los trabajadores sindicalizados y agrupados en las distintas centrales.

Actividades y desarrollo ideológico cultural que se manifiesta en la actualidad sobre todo en las zonas de resistencia a los proyectos de explotación minera y la defensa de las fuentes primarias de agua. Conducta  que se manifiesta  en la coyuntura que vivimos en el contexto del controvertido ciclo histórico de la región, mismo que se debate en una abierta lucha política a raíz de los reveses y fracasos políticos de los gobiernos llamados progresistas. Este contexto influirá sin duda en las definiciones del gobierno de Lenin Moreno y  su partido Alianza País en el próximo periodo.

La presente reflexión de la coyuntura poselectoral nos ubica en esa perspectiva estratégica, misma que requiere plantearse los modos de recuperar y recrear en su conjunto el movimiento social y la tendencia de izquierda, que ha sufrido en el Ecuador  contundentes embates ideológicos, sociales, simbólicos y políticos durante los diez años de correísmo. Posicionamiento que además demanda el despliegue de actividades ideológicas para contribuir con  el cambio  cultural, es decir la transformación del “sentido común” de los sectores subalternos. Este desarrollo teórico, ideológico y cultural será un  punto de apoyo de la renovada organización social estratégica en el futuro inmediato, mismo que debe tener como función y objetivo construir la contra hegemonía.
Comprender por otra parte, que la actuación en la  coyuntura demanda de coincidencias, alianzas y acuerdos, que deben partir de la movilización y resistencia de los sectores sociales. Participación coyuntural que debería orientarse a la creación de condiciones políticas institucionales para transitar en la organización y desarrollo desde abajo. En esta perspectiva la izquierda y los movimientos sociales deben identificar los puntos en que acordar y coincidir con otros actores, en el contexto del gobierno de Moreno.

La táctica de unidad social y política de la izquierda y el movimiento social, que exige reivindicaciones democráticas y sociales al Gobierno de Moreno, debe diferenciarse de las restauraciones conservadoras del oficialismo y  de la derecha tradicional. Es decir de las fuerzas retrógradas que presionan y aspiran a dirigir el Ecuador.

Singular característica de la realidad ecuatoriana que tiene en esta política la clave para el efectivo cambio y el desmontaje —aunque fuere parcial— del  correísmo. Y, en esa medida, poner  fin a esta etapa histórica que se ha vivido desde el 2006. Acuerdo que incluya las posiciones, los actores y las organizaciones democráticas, y se convierta en un marco de apoyo y fortalecimiento de todos aquellos procesos que se emprenden y desarrollan, desde abajo, para conducir el cambio de los sectores subalternos en perspectiva contra hegemónica. Que se diferencie y separe del pacto o unidad del bloque dominante que busca hacer recaer el peso de la  crisis económica en los trabajadores y los sectores  populares y medios.

La izquierda y los movimientos sociales como las fuerzas democráticas de oposición han  obligado al correísmo a dar un  paso atrás y en tal sentido deponer la participación de Rafael Correa como candidato en el año 2017. Se trata ahora de superar este momento. Ir más allá.  Haciendo posible los cambios necesarios de la transición frente al gobierno de Moreno, como resultado de estas exigencias y coincidencias  de tal manera que se emprenda en las reformas y rupturas, para superar la etapa que se ha vivido y avanzar en el proceso de transición. 

En la táctica sugerida hay una demanda inmediata, de indulto y amnistía a los dirigentes populares y sociales; al mismo tiempo que la derogatoria de ciertos decretos ejecutivos como el No. 16, relacionado con el control de la organización social, así como también las reformas a algunas leyes como la de Comunicación. En esta perspectiva de transición “hay que saber distinguir —como dice Gramsci— entre las luchas de posición y las luchas de movimiento”.

Para Gramsci, la guerra de posición —lo decíamos en el documento mencionado— es aquella que hace referencia a la política de los subalternos, que conquistan  espacios al interior del orden establecido en una situación de tránsito, en la disputa por la hegemonía. La estrategia en este caso integra funciones que cumple la sociedad civil de manera integral y complementaria al Estado, en tanto protegen ideológica y culturalmente el dominio político de los peligros que lo acechan: “… una estructura muy compleja y resistente a las irrupciones catastróficas (…) las superestructuras de la sociedad civil son como el sistema de trincheras de la guerra moderna (…) Se trata  por consiguiente de estudiar con «profundidad» cuáles son los elementos de la sociedad civil-reafirma Gramsci- que corresponden a los sistemas de defensa en la guerra de posición”. En consecuencia, mediante esa actuación en la sociedad civil se produce el sentido común y las relaciones sociales que sostienen el orden dominante.

La tarea estratégica de los sectores subalternos consiste en identificar cuáles son esas trincheras que posibilitan la lucha política efectiva. Cuáles son esos lugares privilegiados donde poder transformar las estructuras de dominación de la burguesía para emprender el tránsito posible y necesario: medios de comunicación, organización popular autónoma, lugares de producción teórica, etc., que permitan entonces avanzar en el cambio ideológico cultural de la sociedad, la organización subalterna y el cambio hegemónico.

En esta línea de construcción de una perspectiva estratégica es necesario considerar que en los últimos años, en el caso ecuatoriano, se ha dado un conjunto de cambios moleculares, efecto de la modernización capitalista, donde se manifiestan situaciones y procesos nuevos en los sectores sociales como el movimiento indígena, los trabajadores organizados y el movimiento social, gestándose cambios en las relaciones sociales y simbólicas. En definitiva, en la mutación del sentido común de los sectores subalternos. También se observan cambios en el campo de la organización sindical de los trabajadores principalmente urbanos. Y  el aparecimiento novedoso de organizaciones sociales autónomas, así como el despliegue de una respuesta político-barrial-territorial en las principales ciudades.

Se requiere —en consecuencia— reconocer e identificar la transformación morfológica del movimiento popular en su proceso de recuperación y configuración, misma que se enmarca en la perspectiva de la creación de una voluntad colectiva nacional popular, donde se advierten falencias organizativas-pedagógicas y de definición hegemónica del campo social y popular. Tarea del próximo periodo que se avecina será superar esos límites. Adicionalmente se requiere considerar el cambio en la configuración y crecimiento de algunos estratos de los sectores medios,  aliados importantes del campo popular.